Escrito por: Lucía Vijil Saybe, analista del CESPAD
Editado: Claudia Mendoza
Al 26 de octubre del 2021, suman 793 los días que llevan en prisión 8 defensores del Río Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, norte de Honduras. Y mientras el proceso judicial en su contra continúa dilatado, la empresa minera Los Pinares va en avanzada con su plantel de extracción, los daños al medio ambiente y la ruptura del tejido social en las comunidades. Es decir, el desmoronamiento de la territorialidad.
Puntos importantes para comprender el conflicto de Guapinol
- En el año 2012, vía Decreto No 127-2012, se declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras y, por tanto, se prohibió realizar actividades mineras, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán[1].
- En el año 2013, el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 252-2013, reformó de manera irregular el Decreto No 127-2012 con la finalidad de reducir la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36. La reducción fue de 217.34 hectáreas que coincidieron, sorprendentemente, con la ubicación de las dos concesiones mineras otorgadas a empresa Inversiones Los Pinares.
- En el 2013, se desarrollaron las primeras acciones de protestas en el Sector San Pedro y así aconteció el primer ciclo de lucha territorial. Y en el 2014, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), otorgó el permiso de operación a Inversiones Los Pinares para las concesiones ASP1 y ASP2.
- Del 2015 al 2017, se conforma el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y se desarrollan caminatas, cabildos abiertos y las primeras acciones de excavación de la empresa minera.
- Y del 2018 al 2019, el conflicto se agudizó y estuvo marcado por: a) la toma de la Municipalidad por parte de los pobladores, b) la instalación y desalojo del campamento Guapinol, c) el proceso de persecución penal inicial contra el liderazgo territorial del Sector San Pedro y el Sector de Guapinol (terminó con el sobreseimiento definitivo contra 13 líderes ambientalistas), d) el segundo proceso judicial de 31 ambientalistas, de los cuales 8 permanecen en prisión hasta el día de hoy[2], y e) acciones nacionales e internacionales de carácter jurídico, de acción política y territoriales para denunciar irregularidades en el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa Los Pinares[3].
Estrategias expropiatorias del extractivismo: Caso Guapinol
Las modalidades de los extractivismos para despojar a las comunidades del territorio son múltiples y van relacionadas con los patrones de violación de derechos humanos más comunes a nivel conflictividad socioambiental: derecho a un medio ambiente sano, acceso a justicia, reparación, derecho a la paz, etc. En el caso de Guapinol, la minera está muy ligada a la ruptura del tejido social, es decir, narrativas que afirman que el gran capital es el único generador de empleo y estigmatización de las y los defensores, recordemos que, en comunidades marcadas por la pobreza y la exclusión, los discursos sobre el “desarrollo” sostienen la lógica de extracción.
La militarización y la persecución de los pobladores en Guapinol y el Sector San Pedro, es solamente la institucionalización de la violencia hacia los defensores y defensoras, llamada de otra forma, violencia colectiva. Tal como lo diría Svampa[4]: “La violencia suele expresarse a través de figuras extremas, esto es, la emergencia de nuevas territorialidades criminales, en donde la marginalidad –y la connivencia– en relación con el Estado central se combina con el extractivismo depredador y la búsqueda de rentabilidad extraordinaria”.
Es así como todos los procesos judiciales también forman parte de esa política estatal represiva (una práctica recurrente de las fuerzas de seguridad nacional) que desvía el foco de atención al origen del conflicto que, en este caso, procura mantener a 8 defensores del Río Guapinol en prisión, en vez de revisar las concesiones ilegales[5] entregadas a Inversiones Los Pinares, una situación que muestra las claras intenciones por la apuesta económica del Estado por sobre la vida de las comunidades y su entorno.
Puntos de inflexión en el Caso Guapinol: desmoronamiento de la territorialidad
Todo conflicto socioambiental y la disputa por el territorio escala en diferentes niveles entre las comunidades locales, las empresas mineras y la institucionalidad. Estos generan una “complicada trama de producción, destrucción y reproducción de territorialidades”[6] puesto que cada sector representa sus intereses, pero también coloca sus propias perspectivas desde su posición de poder.
El desmoronamiento de la territorialidad o su reconfiguración en las comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, tomando de referencia a Flores López[7], se manifiesta de la siguiente forma:
I. Referido a la expresión cultural de la comunidad
El punto de partida para identificar la ruptura del tejido comunitario es la concepción de desarrollo. Es decir, la imposición de los modelos de desarrollo desde una lógica mercantil, interrumpen y fragmentan los ejercicios de resistencia territorial debido a que las y los pobladores desconocen otras formas de pensar y construir el desarrollo integral en sus comunidades. A lo anterior se debe sumar las diversas formas de exclusión que sobrellevan las comunidades rurales. Para Guapinol, la migración, la violencia y el desempleo condicionan su ejercicio de defensa. Sin embargo, eso no modifica el significado de los bienes comunes de la naturaleza en su concepción de cuidado y pertenencia.
II. Pertenencia a un Estado – Nación
A pesar de las múltiples denuncias sobre las diferentes inconsistencias en los procesos de otorgamiento de las licencias ambientales, incluyendo la otorgada a forma, violencia la Empresa Los Pinares para que opere, la respuesta a la génesis del conflicto sigue sin respuestas. ¿Quién podría considerarse parte de un Estado que te encarcela y persigue a través de las fuerzas policiales y militares? Ese sentido, de ser parte del Estado y creer que debería protegerte, reduce a la nada esa pretensión y aniquila el anhelo de obtener respuestas o plantear propuestas de solución del conflicto para que se trasladen a los tomadores de decisión.
III. Lógicas de capital en espacios y cuerpos
La zona del Bajo Aguán se ha caracterizado por su conflictividad agraria y la formas en que las políticas nacionales han favorecido la apropiación territorial y el acaparamiento de tierras a favor de las grandes empresas agroexportadoras, a través del modelo de monocultivo. En el caso de la empresa Los Pinares, las puertas giratorias del extractivismo son evidentes: siguen siendo las grandes familias con poder económico y político las que imponen con violencia y corrupción, sus formas y esquemas de pensamiento.
En fin, el extractivismo se constituye en un fenómeno “que irrumpe y pone en conflicto diferentes patrones de apropiación simbólica del territorio, especialmente en espacios locales”[8]. Pero que además, reinventa la forma en que el capital se acumula y perpetúa la avanzada del deterioro de los bienes comunes de la naturaleza.
Para repensar el territorio
- Por el legado político y social del trabajo organizativo de la iglesia católica, organizaciones campesinas, estructuras de base y demás estructuras comunitarias involucradas en el conflicto agrario del Aguán, la defensa del Río Guapinol recoge el acumulado histórico de la lucha por el acceso a la propiedad de la tierra y del territorio, de allí que todo ejercicio desde las comunidades, permean y pretenden construir y reformar el territorio desde una apuesta por el reconocimiento de los derechos del otro y la otra.
- Toda acción social y política que procure el bienestar de las comunidades que defienden el Río Guapinol, es un ejercicio explícito de las reclamaciones por el reconocimiento de la gestión de los bienes comunes de la naturaleza y la negativa a la mercantilización de la vida. Asimismo, son la manifestación y llamado de atención a la autoridades locales y nacionales para que el concesionamiento ilegal y corrupción sean los focos de atención de la conflictividad.
- Todas las representaciones sobre las formas culturales en las que los bienes comunes de la naturaleza son en sí mismos la vida, se convierten en los pasos previos de comprensión total sobre el funcionamiento del modelo de acumulación por desposesión, pero también, la garantía de que se está pensando en función a reconocer los derechos de las especies en los diferentes entornos.
Mientras mantener en prisión a 8 defensores del Río Guapinol es para la empresa Los Pinares la expresión de una justicia sustentada en la influencia política y la ejecución de procesos ilegales en Honduras, Los Guapinoles son la representación misma del territorio y la transformación urgente a la que deberíamos aspirar como hondureñas y hondureños.
Referencias
[1] Vea: http://v1.cespad.org.hn/2019/08/21/en-el-caso-de-guapinol-y-san-pedro-funciona-el-mecanismo-de-proteccion-de-ddhh-salvaguarda-la-vida-de-las-y-los-defensores-de-la-tierra-bosque-y-rios/
[2] Para profundizar más en el conflicto de Guapinol, lectura sugerida: “Orígenes del Conflicto Minero en el Bajo Aguán”: https://www.defensoresenlinea.com/wp-content/uploads/2020/09/Guapinol_ESP_Baja_Res.pdf
[3] Vea: https://www.guapinolresiste.org/post/minera-los-pinares-y-ecotek-se-imponen-bajo-prácticas-fraudulentas-y-corrupción
[4] Svampa, Maristella (2019). Las fronteras del Neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias. Disponible en: http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf
[5] Vea: https://www.pasosdeanimalgrande.com/es-co/denuncias/item/3086-denuncian-ante-mp-adulteracion-de-acta-para-favorecer-operaciones-de-empresa-minera-y-de-explotacion-de-hierro-en-tocoa-colon
[6] Isacson, A., Haugaard, L., Poe, A., Kinosian, S. & Withers, G. (2014). Time to listen: trends in U.S. security assistence to Latin America and the Caribbean. USA: Latin America working group education fund, Center for international policy (CIP), WOLA.
[7] Flórez López, J. A. (2012). Territorialidad étnica, territorialidad colombiana y territorialidad del capital.
[8] Sañudo, M.F., Quiñones, A.J., Copete, J.D, Díaz, J.R., Vargas, N. & Cáceres, A. (2016). Extractivismo, conflictos y defensa del territorio: el caso del corregimiento de La Toma (Cauca-Colombia). Desafíos, 28(2), 367-409. Descargue: http://dx.doi.org/10.12804/desafios28.2.2016.10
