Por: Signy Fiallos
Edición: Claudia Mendoza
En los últimos cuatro periodos de elecciones (2005 al 2017) el pueblo hondureño le ha pagado más de 500 millones de lempiras, en concepto de deuda política, a los partidos políticos. Es un costo muy alto en medio de una democracia tan débil, pues se trata de millones y millones de lempiras que se manejan a discreción y con escasa o nula rendición de cuentas por parte de los líderes y dirigentes de los partidos políticos.
Desde que Honduras ingresó al que muchos cuestionan y otros denominan “retorno al proceso democrático”, en 1981, en el país se han realizado nueve procesos electorales. El número diez se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre del 2021, y para ello el gobierno hondureño tiene dispuestos mil millones de lempiras, aproximadamente, para financiar las elecciones generales.
Pero, en medio del costo de los procesos electorales, consignado en la Ley Electoral y de Organizaciones Políticas (LEOP), se encuentra la figura de la deuda política, un dinero que se les da, a manera de contribución del Estado, a las instituciones políticas (partidos políticos) para el financiamiento de sus actividades en los procesos electorales.
Popularmente se le conoce a la deuda política como el pago por cada voto que obtienen en las contiendas electorales los partidos. Sin embargo, la deuda política contiene otras figuras/conceptos que hacen que, durante y final de cada proceso eleccionario, las instituciones políticas (grandes o pequeñas en caudal electoral) reciban millonarias cantidades de dinero.
Pero, ¿en qué utilizan el dinero de la deuda política los partidos legalmente inscritos?, ¿qué entidades estatales fiscalizan o auditan el uso de la deuda política?, ¿se desvía o no el dinero de la deuda política al bolsillo de los dirigentes de los partidos políticos?, son algunas interrogantes que surgen con el abordaje de este tema.
La LEOP de 1981 y el origen de la deuda política
Durante el gobierno de facto del militar y político Juan Alberto Melgar Castro (1977), se nombró un Consejo de ministros que creó, a su vez, el Consejo Asesor del jefe de Estado. Este Consejo tuvo entre sus atribuciones la elaboración del texto electoral denominado Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), estamento que se emitió y se aprobó mediante decreto número 572, el 31 de diciembre de ese año
La LEOP fue la base para que la Asamblea Nacional Constituyente de 1981, convocara al pueblo hondureño a la realización de las primeras elecciones políticas que se llevaron a cabo el último domingo del mes de noviembre del 1982. Y fue en esa Ley de 1981 que se incluyó, por primera vez, la figura de la deuda política y la aplicación de su pago, de acuerdo con los resultados del proceso de elecciones de 1982.
¿Qué es la deuda política?
Desde la Constitución de la República de 1982, en el capítulo referente al sufragio y a los partidos políticos, se estableció la obligación del Estado de Honduras de contribuir a financiar los gastos de los partidos políticos a través de la figura de la deuda política.
Según el artículo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas de ese entonces, la deuda política es la contribución otorgada por el Estado a los partidos políticos para el financiamiento de los procesos electorales.
La historia registra que, de acuerdo con escritos hechos por los analistas políticos Guillermo Casco Callejas y Adán Palacios (ambos fallecidos), fue Miguel Andonie Fernández quien propuso y luchó para que se incorporara la figura “deuda política” en la LEOP.
Este es un concepto que se acuñó en la Ley, a partir de las experiencias de otros países de América Latina, con la finalidad de facilitar las candidaturas independientes y fortalecer la democracia del país, después que se vio sometido a la dictadura de varios gobiernos militares, ya que “los partidos políticos existentes en esa época (Partido Liberal y Partido Nacional), estaban empobrecidos y muy debilitados”, argumentaron.
De esa forma, el Estado de Honduras se vio obligado, en principio, a proveer 20 lempiras a los partidos políticos por cada voto válido obtenido en las contiendas electorales generales. Sin embargo, la ley establecía que a esa cantidad se le debían sumar ocho lempiras por cada voto, por concepto de transporte. Pero esta última cifra varía en cada proceso electoral, desde entonces, pues se calcula de acuerdo con el índice inflacionario que reporta el Banco Central de Honduras (BCH).
La nueva Ley Electoral y la deuda política
Desde su promulgación, la LEOP ha sufrido diversas reformas. Una de las más recientes, fue la aprobada el 26 de mayo del 2021, que le dio vida a la Ley Electoral de Honduras, publicada en el Diario Oficial la Gaceta, según Decreto Legislativo No. 35-2021.
El artículo 160 del capítulo VIII del Patrimonio y Financiamiento de los Partidos Políticos, amplia el concepto anterior y señala que la deuda política es “la contribución otorgada por el Estado a los partidos político para su participación en cada proceso electoral general, se debe hacer de conformidad con la cantidad de sufragios válidos obtenidos por cada uno de ellos en el nivel electivo presidencial de la última elección general en que participaron”.
Esto significa que a partir de este proceso 2021, los partidos políticos ya no recibirán el 15% sobre el nivel electivo presidencial más votado, como lo estipulaba la ley anterior.
Citaremos un ejemplo con el Partido Vamos, el que en las elecciones del 2017 obtuvo 3 mil votos válidos. Al aplicársele la reforma a este partido, obtendría 177 mil 177 lempiras por concepto de deuda política. Pero, sobre esta base, se le debió dar como anticipo para las próximas elecciones generales del 28 de noviembre, el 60% de la deuda política. Es decir, 106 mil 306.2 lempiras. Pero, dependiendo de los votos válidos que obtenga en el proceso se le pagará el resto en el primer trimestre del año 2022.
Sin embargo, por concepto de capacitación y formación política ideológica la totalidad de los partidos políticos inscritos en la contienda electoral recibirán el 10% “de lo que se pagó en concepto de deuda política al partido ganador de las elecciones generales” (Artículo 62). Esto significa que los partidos pequeños, por el hecho de inscribirse y participar en el proceso electoral, continuarán recibiendo una alta contribución financiera del Estado.
Otra reforma importante es la contemplada en el artículo 163, que se refiere al financiamiento para el fomento al liderazgo de mujeres, que se incluye dentro de la deuda política. Este artículo señala que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público por un monto equivalente al 15% de la deuda política que cada partido político, con representación en el Congreso Nacional, hubiere obtenido en las últimas elecciones generales.
Para efectos de consulta y ampliación del tema, la deuda y el financiamiento político también están contemplados en los artículos 47, 49, 50 de la Constitución de la República, y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, artículo 7 literal b. Asimismo, en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y Candidatos (Decreto No. 137-2016 publicado oficialmente el 18 de enero de 2017), de la que nace la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización a los Partidos Políticos y Candidatos, más conocida como Unidad de Política Limpia (artículo 20).
Las elecciones 2017 y la deuda política
En el proceso eleccionario del 2017, los registros indican que por deuda política se pagó a los partidos políticos 206.2 millones lempiras, por los 3.2 millones de votos válidos del proceso.
Sin embargo, al realizarse la operación matemática y multiplicar los votos válidos por los 59 lempiras que se estableció que se pagaría por deuda política, el resultado es 193.7 millones lempiras. Es decir, hay una diferencia de 12,4 millones de lempiras, cuyo destino es desconocido.
Pero, a la inversa, si se dividen los más de 206.7 millones de lempiras entre los votos válidos, el precio por voto asciende a 62.95 lempiras pese a que, en su momento, el expresidente del extinto TSE, Augusto Aguilar, dijo que se pagarían 59 lempiras en las elecciones generales del 28 de noviembre del 2021, igual que en el 2017.
Los registros del TSE también establecen que se les dio a las organizaciones políticas un millón de lempiras para cubrir gastos de logística (relacionados con el proceso electoral), y, además, se le otorgó 750,000 lempiras a cada partido participante, por concepto de “divulgación de los planes de gobierno”, apelando al artículo 226 de la Ley.
Esos montos elevaron el costo de la deuda política de los partidos en 17. 5 millones de lempiras. Es decir, en deuda política se pagaron 224.2 millones.
En relación con la figura “principio de paridad”, se desconoce de cuánto fue el monto que se le asignó a cada partido político. Sin embargo, un informe financiero del partido LIBRE, de julio de 2021, señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE), le adeuda, entre otros rubros, 13.4 millones de lempiras por la cuota de equidad de género del proceso eleccionario del 2017.
Sobre el proceso de elecciones 2021
En relación con el proceso de elecciones 2021, mientras el partido Nacional le remitió una carta al CNE, a través de la cual le informa que su deuda política por el proceso eleccionario de 2017, se canceló entre abril de 2018 y julio de 2019, por más de 42 millones de lempiras (realizados en cuatro pagos), el partido Libertad y Refundación, en el balance general, al 31 de julio de 2021, señala que esa institución le adeuda 51.3 millones de lempiras, por los conceptos de deuda política del 2013, 1.06 millones; financiamiento a los partidos políticos, 13.4 millones; transporte de elecciones 2017, 11.4 millones; cuota de equidad de género del 2013, 12.02 millones, y por ese mismo rubro pero correspondiente al 2017, 13.4 millones.
Hay que agregar que, entre enero y marzo del año en curso, el CNE le desembolsó 13.7 millones de lempiras al Partido Nacional por concepto de capacitaciones de los miembros de las mesas electorales receptoras, para el proceso de elecciones generales del noviembre próximo. Mientras que, en junio anterior, se le entregó el anticipo del 60% de la deuda política, que ascendió a más de 28 millones de lempiras, para las elecciones generales 2021.
El siguiente cuadro muestra un panorama general de lo pagado por deuda política a los diez partidos, legalmente inscritos en los recientes procesos electorales.
La opacidad en el manejo de la deuda política
Existen muchas denuncias de activistas de los movimientos internos de las organizaciones políticas, en particular de las grandes o mayoritarias, que señalan que no hay equidad en la distribución del dinero de la deuda política porque “el movimiento que gana en un proceso electoral maneja ese dinero y les asigna lo que quiere al resto de los movimientos”, dijo una de las personas consultadas dentro de uno de los partidos políticos que compiten en este proceso de elecciones y quien pidió el anonimato tanto de su nombre como de su organización política.
Otra persona entrevistada le llamó “un tabú que genera pleitos” en lo interno de su partido y de los movimientos cada vez que alguien aborda los temas de rendición de cuentas y transparencia. “Los informes que les presentan son muy escuetos y no tienen muchos detalles”, agregó.
La deuda política, un “botín” que nadie audita
Con una histórica e impresionante participación, 14 partidos políticos se disputan los diversos cargos de elección popular en Honduras el próximo 28 de noviembre del 2021. Hasta después del día de las votaciones, se conocerán los montos asignados a los partidos políticos como pago por deuda política.
Al ser consultado sobre el tema, analistas políticos como el reconocido abogado de filiación nacionalista, Raúl Pineda Alvarado, consideran que la deuda política es parte “del botín que se reparten los grupos de poder” y afirma que es un mecanismo de control de los partidos políticos pequeños para depravar procesos electorales”. Pineda ratifica la idea de que “la política en este país es una forma de agenciarse fondos”.
“Al menos 10 partidos políticos recibirán de nueve a doce millones por deuda política para supuestas capacitaciones que, en realidad, es el pago por los servicios que prestan al grupo que controla”, cuestionó.
No hay rendición de cuentas
El sociólogo y analista político Eugenio Sosa dice que los partidos políticos no rinden cuenta por diversas razones. La primera porque se tiene un Estado incapaz de demandarlo, exigirlo y garantizarlo. “El Estado no le garantiza a la ciudadanía la transparencia del financiamiento de los partidos políticos”. El segundo punto que plantea Sosa es que quienes dirigen el Estado son poco transparentes, antidemocráticos, autoritarios y no tienen la cultura de la transparencia ni de la rendición de cuentas y, finalmente, porque Honduras tiene una ciudadanía que reclama muy poco.
“A la ciudadanía en general, con excepción de algunas organizaciones de sociedad civil, muy poco le importa si los partidos rinden cuentas o no; poco les importa si reciben dinero del narcotráfico o de redes de corrupción. Lo que les interesa es que, en tiempo de campaña, o desde ya, les regalen algo a los pobres”, critica.
Los partidos políticos son poco transparentes y coexisten en un sistema de partidos políticos en el cual ninguno rinde cuentas. Para Sosa es un apoyo mutuo, un acuerdo implícito de no rendir cuentas. “El día que uno de esos partidos políticos mayoritarios, rinda cuentas de cada uno de los centavos que recibe y cómo los recibe, y sea capaz de comunicarlo a la ciudadanía, ese día empezará a mover el sistema de partidos porque los demás partidos tendrán que hacer algo para no quedarse rezagados ante un órgano político que se presenta como transparente y democrático”, acotó.
El reto, dicen los abordados, tanto en condición de analistas como militantes de los partidos políticos, es que la institucionalidad política debe virar hacia un mejor control y auditoría de los fondos que aporta la población hondureña y que, al mantenerse en la opacidad actual, no abona en lo absoluto a fortalecer la democracia y erradicar la corrupción en Honduras.
