Campañas políticas en Honduras, sin propuestas alternativas a las ZEDE

Escrito por: Bladimir López Sánchez, analista del CESPAD

A menos de 50 días de las elecciones generales en Honduras, este texto analiza la ambivalencia de los partidos políticos sobre diversos temas: las ZEDE, la expropiación forzada de la tierra y el territorio; los retos de las organizaciones y corporaciones municipales para lograr el carácter vinculante de las declaratorias municipales libre de ZEDE, y las acciones legales impulsadas desde el Congreso Nacional, que blindan económica, legal y políticamente la lucha contra este proyecto impuesto por el partido de gobierno.

Ese escenario persiste en medio de una sociedad polarizada, dividida en tres sectores que tienen un criterio diferenciado. Los primeros, que promueven la derogación de la Ley ZEDE y se manifiestan abiertamente en contra, porque vulnera la soberanía nacional y autonomía territorial, en beneficio del gran capital nacional e internacional. Los segundos, que se muestran abiertamente a favor, argumentando que las ZEDE son un motor para la generación de empleo y desarrollo económico, aunque la evidencia empírica demuestre lo contrario. Y los terceros, que argumentan que las ZEDE pueden ser de provecho si se desarrollan en el marco de la Constitución de la República y si el Estado tiene una intervención directa sobre esos proyectos; este sector abogada por una reconversión de la ZEDE.

1. ¿Qué dicen los partidos políticos sobre las ZEDE?

Las fuerzas políticas con posibilidades de llegar a la presidencia de la República y obtener una representación importante en el Congreso Nacional son: la alianza de oposición conformada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE), y el Partido Salvador de Honduras (PSH); el Partido Liberal (PL), y el Partido Nacional (PN). Sin embargo, estos partidos políticos no mantienen una opinión unificada sobre las ZEDE, lo que resulta importante analizarlo en función a los intereses económicos que promueven y defienden.

De las cuatro corrientes políticas, y de forma individual, LIBRE es el partido político que tiene una visión más clara, puntualizando en la inconstitucionalidad de las ZEDE, poniendo en el centro del debate el despojo territorial, la pérdida de soberanía económica y nacional, entre otros temas. Es difícil ubicar la posición del PSH, ya que hasta antes de sumarse a la alianza, Salvador Nasralla había dicho abiertamente estar “en contra de las ZEDE”, aunque en otros momentos manifestó lo contrario. “Queridos amigos de las ZEDE, se pueden quedar en Honduras, pero van a ser controladas por el Poder Ejecutivo que voy a presidir yo”, dijo en algún momento ante los medios de comunicación. De igual forma, los diputados de esa institución política han expresando que las ZEDE son un “proyecto económico ingenioso e innovador que traerá beneficios al país”.

Por su parte el PL ha expresado estar en contra “debido a su inconstitucionalidad y porque pueden ser refugios para extraditables”. El PN, con su candidato Nasry Asfura no ha querido emitir una postura contundente. Lo que ha dicho ante los medios es que si las ZEDE “le hacen daño a Honduras no es posible que eso pueda seguir”. Por otro lado, ante la solicitud de un cabildo abierto por parte de las organizaciones para declarar a La Tigra libre de ZEDEs ha manifestado “que son puras mentiras; en Tegucigalpa no hay ZEDEs y no es necesario un cabildo abierto”[1]. Es decir, es clara la evidencia que el PN seguirá respaldando el proyecto de las ZEDE si logra mantenerse en el poder.

Más allá de esas posiciones, no tan claras y definidas, lo crítico es que ninguno de las tres fuerzas políticas mayoritarias ofrece una alternativa real económica y política al mega proyecto de las ZEDE.  LIBRE es el que más se acerca a una propuesta de salida, pero su plan de gobierno es débil en relación con las ideas de las transiciones postextractivistas y alternativas al desarrollo neoliberal, tan urgentes y necesarias para avanzar más allá de una crítica y oposición a las ZEDE. En ese sentido, LIBRE tiene un reto teórico, conceptual, político y estratégico de suma importancia para pensar las ZEDE, más allá de las ZEDE.

El PL ha propuesto “como alternativa la reconversión de las ZEDE a sistemas de Zona Libre y Régimen de Aportación Temporal” que, en el fondo, comparte muchas características con las ZEDE, en relación con la evasión de impuesto, el concesionamiento territorial y el debilitamiento del mercado interno, entre otros puntos. La reconversión es un discurso peligroso que implicaría que la matriz ideológica de las ZEDE seguiría intacta, promovida y con legitimidad desde el Estado.

La coyuntura indica que los partidos políticos siguen desconectados de las actuales demandas, planteamientos y alternativas que las organizaciones territoriales han posicionado con las ZEDE, y como única propuesta ofrecen la “oposición y la resistencia”, para disputarle al poder económico y político al ideal de desarrollo y de sociedad que promueven las ZEDE.

En definitiva, si las corrientes políticas de oposición llegan al poder, la derogación de la Ley ZEDE dependerá de la presión articulada de las organizaciones sociales y territoriales para incidir de manera estratégica, en sus objetivos.

2. La expropiación forzada de la tierra: el fantasma que recorre los territorios del país

Las comunidades que se han alzado en contra de las ZEDE, tienen como preocupación principal la pérdida del acceso y control de sus principales medios de vida: tierra, agua, territorio, mar, bosque y playas. De hecho, ese miedo no es infundado porque en una publicación que empezó a circular en las redes sociales, el 4 de octubre del 2021, la ZEDE-Ciudad Morazán, mediante un aviso público, informó sobre “la incorporación de nueve (9) inmuebles al régimen ZEDE. Sin embargo, pedía a las personas terceras que alegasen tener derechos sobre esas tierras, acercarse a la empresa para reivindicar u oponerse a esa acción. Pero, al no presentarse, la ZEDE solo les dejaba a las personas afectadas, el derecho al resarcimiento del valor económico de esa propiedad.

Para el abogado Edmundo Orellana lo anterior constituye un infracción, “ya que sólo el Estado puede decretar una expropiación y si no lo ha hecho se está cometiendo un delito, porque no se puede expropiar cuando el Estado todavía no ha decretado la expropiación”. En ese sentido, miembros de la sociedad civil interpusieron una formal denuncia ante el Ministerio Público (MP), contra ZEDE-Morazán “por querer expropiar de manera ilegal los inmuebles, ya que violentan la Constitución de la República”.

Con esta acción, la ZEDE- Morazán en Choloma, departamento de Cortés, evidencia la intención de emprender procesos de expropiación forzada contra comunidades rurales. Este caso acontece en un “departamento con grandes conflictos por el acceso a la tierra, donde las empresas obtienen títulos de propiedad con dudosa procedencia legal y donde los índices de criminalización y judicialización contra personas defensoras de la tierra y el territorio son los terceros más altos del país, por debajo de Colón y La Paz”[2].

Por un lado, la acción de la ZEDE-Ciudad Morazán indica que la figura de la expropiación forzada puede ser impulsada desde le misma ZEDE, sin el consentimiento del Estado. Por otro lado, se abre un espacio para que las demás ZEDE utilicen la misma estrategia para avanzar en la expropiación de tierras, tal como lo intento hacer, meses atrás, la ZEDE-Orquídea. La acción se detuvo debido a la presión social y mediática regional y nacional.

En definitiva, la acción de la ZEDE-Ciudad Morazán desafía al sistema de justicia hondureño ante acciones concretas que rompen con la normativa interna del país. ¿Sera capaz el Sistema de Justicia de actuar en correspondencia a su autonomía y en el marco de la Constitución de la República?

3. Los retos de los cabildos abiertos: lograr el carácter vinculante de las declaratorias municipales

Desde el CESPAD se ha estado desarrollando un monitoreo y/o documentación sobre los cabildos abiertos desarrollados durante la coyuntura de julio a septiembre del 2021. Se han contabilizado 35 cabildos abiertos, distribuidos de la siguiente manera: territorio-región Sur (Valle y Choluteca: 10), territorio-región Norte (15); territorio-región Occidente y noroccidente (6) y otros territorios (4).

Los cabildos abiertos se han desarrollado en medio de amenazas en contra de las Corporaciones Municipales, como bien lo manifestó el vicepresidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), David Castro. “Ya son 126 alcaldes que están peleando contra este flagelo (ZEDE)[3] que violenta la autonomía municipal, pero muchos alcaldes tienen miedo y dicen que les van a parar las transferencias y los acusarán en el Ministerio Público (MP). Pero les digo que eso es irreverente, porque si están manejando de forma ordenada su administración, no pueden ser perseguidos”.

De igual forma, desde el CESPAD hemos acompañado distintos los cabildos abiertos con intervenciones públicas sobre la temática, y la documentación de sistematizaciones que han aportado elementos y pistas analíticas para comprender las lecciones que han dejado estos ejercicios cívicos en la actual coyuntura de lucha contra las ZEDE.

Cuadro #1

Honduras: Lecciones de los cabildos abiertos en la lucha contra las ZEDE

Fuente: elaboración propia 

Los elementos de fondo que entran en juego con la instalación de las ZEDE y las lecciones de los cabildos, como expresión orgánica de la democracia popular, indican que estos ejercicios de democracia popular seguirán llevándose a cabo en el territorio nacional. Sin embargo, el ejercicio no debería quedarse en la declaratoria municipal libre de las ZEDE, sino que debe trascender del ámbito local al nacional, para lograr que las declaratorias sean plenamente vinculantes.

Cuadro#2

Oportunidades y retos en la lucha de las organizaciones territoriales por lograr el carácter vinculante de las declaratorias municipales libres de las ZEDE

Fuente: elaboración propia.

4. Las reformas impulsadas por el Congreso Nacional (CN): el blindaje de las ZEDE

De igual forma, se realizaron una serie de reformas al Código Penal en relación con la criminalización de la labor de personas defensoras de la tierra y el territorio. Algunos aspectos críticos son:

1) Desalojo preventivo.
2) Modificación de la descripción y el aumento de la figura penal del desplazamiento forzado.
3) Usurpación.

Al analizarse este escenario, son obvias las intenciones políticas, determinadas por la coyuntura-pre electoral, la actual lucha que se sostiene en el país contra la instalación de las ZEDE y por la reactivación (durante el 2021) de un amplio proceso de recuperación de tierras que no cumplen con su función social, y que son controladas por terratenientes y sectores de la agroindustria con dudosa procedencia legal.

Las reformas al código penal buscan blindar las ZEDE en relación con el acceso a la tierra y el territorio (refuerzan los desalojos). Asimismo, penalizan la protesta ciudadana en el marco de un probable escenario de crisis post electoral y radicalización de lucha nacional contra las ZEDE, al restringir el trabajo que realizan las personas defensoras de tierra y territorio.

En ese sentido, el blindaje parece desarrollarse sustentado en dos  (2) aspectos. El primero, de tipo legal: la ampliación del delito de usurpación y el desplazamiento forzado, sobre ejercicios de defensoría íntimamente relacionados con los intereses de las ZEDE (despojo de tierra y territorio). El segundo de tipo político: el perfeccionamiento de la figura del desplazamiento forzado como forma de debilitar/desaparecer todo proceso de resistencia territorial, ante la detención, prisión preventiva (como demuestra el caso de personas defensoras indígenas Lencas de La Paz) y posterior encarcelamiento de personas defensoras de la tierra y el territorio.

La política de contrainsurgencia política territorial, impulsada desde el Estado, parece entrar una nueva fase de desarrollo, con grandes costos humanos y políticos para las personas defensoras de los bienes comunes de la tierra. El blindaje legal y político de las ZEDE, arremete con terminar de abrir un nuevo ciclo de crisis en los derechos humanos y derechos territoriales.

A modo de conclusión: los riesgos políticos del blindaje de las ZEDE      

1. El blindaje acontece en un contexto en el cual las principales fuerzas políticas de oposición han evidenciado debilidades para unir fuerzas y detener la arremetida nacionalista en el Congreso Nacional. Por otro lado, la ausencia de propuestas alternativas (consolidas) a las ZEDE, pareciese indicar que, si el partido en el poder se mantiene, este será el proyecto que la élite impulsará de manera exponencial. La coyuntura indica (nuevamente) que el costo político de las decisiones de la élite de poder y la fragmentación de la oposición partidaria, la sufrirán los sectores sociales que luchan contra las ZEDE.
2. La experiencia hondureña indica que cuando la élite del poder emprende reformas que cercenan el trabajo de las personas defensoras de la tierra y el territorio, el territorio-región en disputa y resistencia, contra el gran capital nacional e internacional, entra en un amplio proceso de remilitarización y vigilancia por parte de las fuerzas estatales y no estatales. Es decir, se refuerza la persecución y la investigación de personas defensoras que posteriormente son requeridas por el sistema de justicia. De igual forma, en este marco se impulsa un proceso de “supramilitarización territorial” que conlleva a prácticas de muerte, como lo demuestra el caso de Colombia, mediante la instalación de un “extractivismo armado”, parafraseando al sociólogo estadunidense James Petras.
3. Hay un claro mensaje de la élite en el poder: las ZEDE son nuestro proyecto y como tal lo seguiremos defendiendo, aunque eso implique, como bien lo mencionó reciéntenme el diputado nacionalista Oswaldo Ramo Soto, promover “aberraciones jurídicas” en un contexto institucional en el cual el partido de gobierno desaparece en su totalidad el Estado de Derecho. Si antes se pensaba que una correlación política favorable en el Congreso Nacional bastaba para frenar el fantasma de las ZEDE, los últimos movimientos de la élite en el poder parecen indicar lo contrario. Sin duda alguna, la próxima elección en el Congreso Nacional será la primera (no la única) gran batalla que debe ganarse a favor de la lucha contra las ZEDE.
4. Las corporaciones municipales y las organizaciones territoriales tienen grandes retos estratégicos para lograr que las declaratorias de “municipalidades libres de ZEDE” tengan carácter vinculante. Las elecciones generales y los representantes de los partidos de oposición pueden significar un aliado en la defensa de la tierra y los territorios, mientras se geste un acercamiento que informe, forme y genere consciencia entre los presidenciables, a favor de la lucha por los bienes comunes de la naturaleza de los pueblos.

Referencias

[1] Expresión vertida en un medio de comunicación digital el 15 de septiembre del 2021.

[2] Situación de criminalización y judicialización de personas defensoras de tierra y territorio en Honduras. LVC-H, 2020.

[3] La cursiva es nuestra.