Por: Xiomara Orellana
Edición: Claudia Mendoza
Para las comunidades Lencas de varias zonas del departamento de La Paz, no hubo sorpresa cuando se enteraron que la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (UFERCO), solicitó información de las empresas, negocios y bienes de Gladis Aurora López, ex presidenta del Comité Central Ejecutivo del Partido Nacional y actual vice presidenta del Congreso Nacional de Honduras, de su esposo Arnold Gustavo Castro y de su hija Ana Lucía Castro López. Lejos de alegrarlos, la acción que promueve la Fiscalía solo les genera más desconfianza, ya que sienten que es una cortina de humo, un show más, que no prosperará en los tribunales de justicia porque el blindaje de los Castro-López es de alto nivel.
“No hay resultados; en Honduras no hay aplicación de la justicia”, coinciden los paceños, gentilicio aplicado a los habitantes del departamento de origen de esta política hondureña. No olvidan que pese a que Gladis Aurora López, su esposo e hija fueron acusados en el caso “Arca Abierta”, todo quedó en la impunidad porque los sobreseyeron, “ni los bienes que dicen que eran parte de lo que derrocharon, les incautaron. Ellos siguen gozando de todo”, dice una lideresa de Lenca de una zona del departamento de La Paz, que defiende los derechos humanos de las comunidades indígenas de su pueblo y quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Lo cierto es que hay impotencia, frustración y desesperanza. Las maniobras que, por años, aseguran, ha implementado los López en la zona, les permiten controlar el territorio. Por eso temen que, “mientras las autoridades sigan alineadas, la justicia no llegará”. Pero coinciden que “es hora de sentar un precedente” porque han dejado al departamento de La Paz sin desarrollo. “Usaron los fondos que iban destinados a proyectos y no se concretaron. Ocurrió con obras de carreteras y proyectos sociales que aquí nunca llegaron”, lamentan los paceños.
Proyectos que destruyeron los recursos naturales en La Paz
Con el concesionamiento de varios proyectos surgió la colusión de alcaldes que permitieron la instalación de proyectos hidroeléctricos y mineros, tanto en las comunidades de la parte alta y baja del departamento de La Paz, y eso lo tienen muy presentes los indígenas y pobladores. “Las concesiones de los ríos fue una jugada política con los alcaldes en La Paz”, recuerda Jorge Zelaya, ambientalista del municipio de Marcala, quien se refirió al tema al ser consultado.
Ahora el paisaje en esas zonas de La Paz es de destrucción. Los ríos se secaron y la deforestación es impresionante. Los consultados denuncian que, para apropiarse de esas tierras, los López “las compraron (las tierras) baratas, bajo promesas que no se cumplieron, proyectos que no llegaron y que no generaron cambio en las vidas de los habitantes, especialmente los indígenas”. Hoy operan tres proyectos, uno en San José Aguacatal que, según denuncias, fue transferido a terceras personas para evitar una investigación. Además de una mina en el municipio de Santa Elena, siempre en La Paz.
Por eso es que los Lencas y algunos paceños no se alegran con esas nuevas acciones judiciales, porque, pese a las denuncias frecuentes contra la familia López, ninguna autoridad da muestras de llevar los procesos hasta el final. El único camino que les va quedando a los pobladores, ante el temor de nuevas concesiones o proyectos que dañen los pocos recursos que les quedan, son las declaratorias de municipios libres de las Zonas Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), otra amenaza que tienen en puerta. “Quieren seguir despojándonos de los recursos y a toda costa defenderemos lo que nos queda”, afirman.
La nueva investigación registral
“Arca Abierta” volvió a ser noticia en el país. La Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el 7 de septiembre del 2021, giró una nota al Registro Mercantil en Marcala, La Paz, una acción judicial que no causa alegría entre las y los Lencas. La UFERCO busca conocer cuál ha sido el volumen de ventas que han tenido los Castro-López en sus negocios, si tienen o no permisos de operación vigentes, la dirección exacta de los negocios, entre otra información.
Todo indica que esta sería una segunda línea de investigación del caso Arca Abierta, presentada el 11 de diciembre del 2018, por la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), con apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). En esta línea, Gladis Aurora, su esposo y su hija, fueron parte de los acusados por malversación de fondos del Estado.
A esta familia se le acusa de haber sustraído 21.1 millones de lempiras (Unos 879 mil dólares) de Casa Presidencial para la Asociación Planeta Verde, y que terminaron en cuentas personas de diputados propietarios, suplentes, sus familias y terceras personas.
Como siempre, “el gancho”, fue que esos recursos iban a proyectos sociales, los que mejorarían la vida de los hondureños. Pero, como cientos de proyectos mamparas más, estos no se concretaron. Pese a la evidencia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los favoreció manejando el caso en total secretividad y emitiendo un sobreseimiento definitivo a favor de los implicados.
Con esta nueva solicitud de información que la UFERCO envió para conocer sobre las empresas y negocios de la diputada y su familia, todo apunta a la continuación del seguimiento de las líneas de investigación que el legado UFECIC/MACCIH, dejó. La UFERCO busca recopilar pruebas que construyan un caso sólido para que, en los Tribunales, ningún Juez Especial justifique medidas que los dejes libres de acusaciones que, según los consultados en el departamento de La Paz, son hechos que demuestran la corrupción con la que operan los políticos de la zona.
Si el sobreseimiento definitivo, dictado en el 2019, dejó “un mal sabor”, hoy esperan que el Ministerio Público persiga el delito, si lo hay, porque se debe castigar a los que han quebrantado la ley. “Sorprende que se solicite información porque son denuncias que vienen desde hace años. No entendemos por qué hasta ahora vienen con estas solicitudes. Ojalá sea para hacer justicia a los pueblos que no quieren más la impunidad”, refiere el ex juez, Ramón Barrios, sobre la acción de la UFERCO.
Aunque la solicitud de información crea expectativas para que se consoliden nuevos casos o acusaciones, en la mayoría de hondureños prima desconfianza en el sistema de justicia. El clima de impunidad que ha caracterizado muchos casos de corrupción de alto impacto, hace dudar que la mano de la justicia llegará a los poderosos en el país.
El caso de Gladis Aurora López fue conocido por “jueces naturales”, en lugar de haberse dirimido en el circuito anticorrupción. De allí que al compararse las pocas condenas que se han impuesto en los Tribunales en Materia de Corrupción con las de magistrados o jueces naturales, la mayoría de las sentencias favorecen, con sobreseimientos provisionales o definitivos, a funcionarios de alto perfil involucrados en casos de alto impacto.
Por eso, esta solicitud de información, en plena campaña electoral, para analistas y abogados solo es un acto que “no pasará de otro escándalo más”, porque la acción no prosperará. Pero, pese a ese desaliento, la UFERCO sigue, aunque está limitada, y hace esfuerzos con el poco personal, con los pocos insumos y logística para hacerle frente a las redes de corrupción en el país.
Antecedente
Gladis Aurora López fue incluida el 18 de mayo del 2021, en la lista Engels, junto a otros congresistas, por supuestos actos de corrupción y por vínculos con el narcotráfico. López dijo que “solo era una campaña para afectarla políticamente”.
En 2017, la organización Global Witness pidió al Estado hondureño investigar por corrupción a López, por los conflictos socio-territoriales que sus proyectos hidroeléctricos estaban causando en el departamento de La Paz.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
