Viajaron cientos de kilómetros para ser escuchados. Y con pancartas y títulos de propiedad en sus manos, miembros de diversas comunidades del Bajo Aguán, se apostaron frente al Ministerio Público en Tegucigalpa, Honduras. Su presencia la incitó la represión, la violencia y las acusaciones que viven en sus comunidades, por la defensa de sus territorios.
Se trata de las familias campesinas de una zona que lleva muchos años en conflicto y que, representadas por las cooperativas Laureles, San Isidro, Paso Aguán, Camarones, Remolinos, Trinidad y Despertar decidieron movilizarse hasta Tegucigalpa, y allí, frente a las instalaciones de la Fiscalía del país, mostrar los títulos definitivos de propiedad, que respaldan la posesión legal de las tierras que ocupan.
Para estas personas, el acto es muy simbólico y muy importante. Por eso decidieron organizar una conferencia de prensa, liderada por Esly Banegas, Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), quien en su discurso habló del contexto histórico que rodea la pugna de estas comunidades, al igual que los actos de violencia perpetrados dentro del territorio y las exigencias comunes que aún, después de 20 años, el sistema de justicia de Honduras no ha podido resolver.
Una tercera década de lucha
La disputa por las tierras de la región del Bajo Aguán comenzó en la década de 1990. En ese momento, también comenzó una férrea querella entre los campesinos de la zona y la familia Facussé. En el escenario, marcado por estafas y tráfico de influencias por parte de las familias terratenientes, las comunidades en resistencia fueron perdiendo terreno con el paso de los años.
La Reforma Agraria facilitó el acaparamiento de tierras y la explotación de los recursos a la familia Facussé. Y para los miembros de las cooperativas, esto fue un momento nefasto, pues según Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, son más de 20 años de negación de justicia e impunidad que ha vivido las familias del Bajo Aguán, ya que los órganos de justicia han hecho poco o nada para ayudar a resolver este conflicto.
Intimidaciones y asesinatos
En el 2012, las cooperativas campesinas San Isidro, Trinidad y Despertar, recuperaron sus tierras luego de un arduo proceso legal. Sin embargo, después del fallo a su favor, por parte de la Corte Suprema de Justicia, el abogado y apoderado legal de la lucha, Antonio Trejo, fue asesinado. Este acto, según lo relatado por las personas integrantes de las cooperativas, permitió la manipulación del sistema de justicia y el despojo de los campesinos.
En el mes de agosto del año 2017, la cooperativa campesina Paso Aguán recuperó sus tierras. Lastimosamente, horas después de ese logro, en la zona se encontraron los cuerpos de dos hombres cruelmente asesinados, con la intención, afirman, de intimidar el movimiento de lucha por la recuperación del territorio.
Este año (2021), las intimidaciones por parte de paramilitares financiados por los terratenientes han aumentado. La Cooperativa Camarones, que logró recuperar sus tierras el 6 de septiembre, por medio de una estrategia de reivindicación, denunció que sus tierras se encuentran permanentemente rodeadas por guardias de seguridad y hombres que se dedican a la elaboración de perfiles, y a la persecución de los campesinos.
Abandono de la justicia
Para Juan Rivera, miembro de la Cooperativa Camarones, los campesinos de la región del Bajo Aguán se encuentran en un estado de indefensión porque, pese a las denuncias interpuestas por parte de las organizaciones, no se ha recibido respuesta, y el clima de violencia y hostigamiento siguen en aumento.
En el caso particular de Rivera, quien es parte del relevo generacional, su lucha comenzó en los tiempos de su abuelo y su padre. Con tan solo 29 años de edad, lleva más de 15, protestando en contra de los despojos y los abusos por parte de los terratenientes hacia su comunidad.
En medio de este contexto, la permanencia de agentes paramilitares y la militarización que viven en su día a día “solo los ha hecho más fuertes” pues cada amanecer es una nueva batalla y una oportunidad para defender sus tierras. Lastimosamente, desde su punto de vista, las autoridades están coludidas y sin presión social difícilmente evitarán que este tipo de persecuciones y atropellos hacia su persona y vecinos, cesen.
Para los miembros de las comunidades del Bajo Aguán, que con mucho sacrificio viajaron cientos de kilómetros hasta la capital del país, el portar sus títulos de propiedad frente a la institución que históricamente les ha dado la espalda, es una pequeña inspiración. El mostrar, frente a los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos invitadas, los papeles que acreditan la posesión de sus territorios, es un grito silencioso de petición de ayuda, y una manera muy particular de visibilizar, una vez más, lo que han vivido durante décadas.
La defensa de los territorios del Bajo Aguán se agudiza diariamente. Por eso las organizaciones y cooperativas campesinas van creando alianzas para seguir defendiendo sus bienes comunes y las tierras que ocupan ancestralmente. Y es que la protesta social, dicen, es una de las armas que les queda para decirle al mundo lo que tienen que enfrentar para poseer un pedazo de tierra para sus familias.
