Autor: Mario Sorto
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
CONTEXTO DE LA CORRUPCIÓN
El caso de corrupción denominado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), Corrupción sobre ruedas, fue el caso número 13 que investigó este binomio. Actualmente, este caso de corrupción, está siendo representado ante los tribunales de justicia por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) [1].
Este caso ha sido emblemático en Honduras por ser el segundo que vinculó a una red de funcionarios de Casa Presidencial en actos de corrupción. Por añadidura, la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción, y por unanimidad de votos, confirmó, en octubre de 2020, el Auto de Formal Procesamiento en contra de los siete funcionarios de gobierno involucrados en el caso denominado «Corrupción Sobre Ruedas»[2].
De forma específica, este caso logró evidenciar la forma en cómo operó una red que estaba dirigida por Hilda Hernández Alvarado, la extinta hermana del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, perteneciente al Partido Nacional. Y aunque se deriva del Caso Pandora, el cuarto que presentó el binomio UFECIC-MACCIH, esta estructura drenó millones de lempiras de los recursos del Estado, tal como lo comprobaron los más de 100 medios de prueba y la colaboración de testigos protegidos que dieron vida a un informe preliminar de auditoría forense[3].
Este, al igual que los otros casos investigados por el binomio UFECIC-MACCIH, muestra características similares respecto al modus operandi de las asociaciones delictivas como el uso de sofisticados procedimientos y estrategias para la malversación del erario público, como la creación de empresas y organizaciones fachada y el uso de testaferros. Por otro lado, en este caso, las millonarias cantidades de dinero del Estado que estaba destinado para personas en situación de discapacidad, de la tercera edad y a jóvenes hondureños, fueron desviados y utilizados para otros propósitos indebidos como la adquisición de camionetas de lujo y, el financiamiento de la campaña presidencial del mandatario Hernández en el año 2013[4].
Por consiguiente, el caso Corrupción sobre Ruedas tuvo consecuencias significativas para la sociedad hondureña. A propósito, resulta conveniente retomar las definiciones propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera el impacto multidimensional de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente, para el goce y ejercicio de los derechos humanos. Por lo tanto, desde esta perspectiva de derechos humanos, la corrupción es un fenómeno caracterizado por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado, y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y afecta el acceso a los derechos humanos[5].
Ahora bien, la problemática es mucho más compleja cuando se tiene en cuenta que la institucionalidad hondureña, encomendada a combatir la corrupción, también está afectada en su independencia por el mismo carácter sistemático y generalizado de este fenómeno. Por lo tanto, este problema ha sido una constante con los casos presentados por el binomio UFECIC-MACCIH, pues como lo establece la CIDH, los impactos en la propia administración de justicia son objeto de actos de corrupción, pero no solamente afectado en su independencia, sino que también se constituye en un agente de corrupción, en el que agravia la correcta administración de justicia y se presentan muchos espacios de discrecionalidad que favorecen la impunidad y la continuidad de las redes de corrupción.
Ciertamente, los casos presentados por la UFECIC-MACCIH han encontrado numerosos bloqueos en las estructuras del Estado, expresados a través de diversas formas y mecanismos de blindaje a la corrupción. Y, en la actualidad, estos bloqueos se expresan, principalmente, en la aprobación y reformas de leyes en el Congreso Nacional, que limitan las capacidades de investigación y persecución de la corrupción, y las resoluciones favorables a los funcionarios estatales en el poder judicial, cuando los jueces naturales de la Corte Suprema de Justicia son seleccionados para impartir la justicia. En definitiva, este es el contexto que enmarca al juicio del caso “Corrupción sobre Ruedas”.
En cuanto a los derechos políticos y sociales, este esquema de corrupción tuvo afectaciones en el aparato electoral y sus consecuentes afectaciones en el ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía hondureña. El financiamiento de la campaña electoral del mandatario Hernández, con recursos del Estado, evidencia los alcances y la magnitud en que se pueden presentar las distintas modalidades del fenómeno de la corrupción. De tal manera, se puede afirmar que el financiamiento ilegal de la política incrementa la desconfianza de la ciudadanía en los procesos electorales y rompe con toda la idea de una sociedad democrática.
Por otra parte, esta red de corrupción denominada “Corrupción sobre Ruedas” tuvo implicaciones significativas en los derechos sociales de la ciudadanía hondureña. La malversación de los caudales públicos que estaban destinados a las familias beneficiarias del programa bono 10,000 y los proyectos sociales Fundación Acción Social y Capital Semilla[6], fueron las más perjudicadas. Es así que, tal como lo establece la CIDH, estos criminales no solamente tienen el efecto de dañar económicamente el erario público, sino que desvirtúan el fundamento mismo del Estado y sus fines propios. Es decir, propiciar el bienestar colectivo, o al menos garantizar la subsistencia y los derechos fundamentales de los sectores excluidos de la sociedad.
Finalmente, en el caso Corrupción sobre Ruedas ha quedado demostrado que la corrupción en Honduras no es un caso aislado ni esporádico, sino que es producto de estructuras organizadas que utilizan a la misma institucionalidad y que opera a través de redes de poder, cuya principal función es proteger y mantener en la impunidad los actos de corrupción que son funcionales a su grupo[7]. En este caso, se describe la red de corrupción que estuvo liderada por Hilda Hernández, una figura que en el periodo de 2013 logró desviar su poder para el beneficio personal y el de sus vínculos cercanos, y que operó de forma impune hasta que el caso fue ventilado por las investigaciones de la UFECIC-MACCIH.
La red de corrupción de la hermana del presidente: ¿cómo se llega a este punto?
Los factores contextuales que han propiciado un sistema de corrupción en Honduras son múltiples y complejos en el ámbito económico, político, institucional y social. Sin embargo, han sido dos los aspectos determinantes para el surgimiento de las élites de poder o redes ilícitas en el poder que actualmente integran las redes de corrupción. Estos son el cambio del régimen político y las transformaciones en la institucionalidad estatal y el modelo económico que aconteció durante los años ochenta y noventa en el país.
Respecto al modelo económico, desde la década de 1990 se pusieron en marcha una serie de reformas y medidas económicas que sustituyeron el modelo basado en la sustitución de importaciones, por un modelo que suprimió aranceles y liberalizó el comercio. Sin embargo, el cambio más importante del modelo fue “trasladar los recursos del sector público al sector privado”, y garantizarle a este sector la maximización de sus ganancias y beneficios, o lo que también se ha conocido como los mecanismos y estrategias que utilizaron las élites para apropiarse de los recursos políticos y económicos del país a través de acuerdos informales[8].
Paralelamente, para que esto fuera posible tuvo que darse una serie de acuerdos informales y actividades ilícitas enmarcadas en un sistema de corrupción, hasta llegar al segundo punto de la transformación de la institucionalidad estatal o la toma del poder por estos sectores, de forma que se pudiera continuar con la ampliación del capital y el uso de la institucionalidad para intereses personales y corporativos.
Por consiguiente, el caso “Corrupción sobre ruedas” es un caso específico de esta forma de gobernar bajo un sistema de corrupción. Consistió en un esquema creado para apropiarse de los recursos del Estado, destinados a grupos en situación de vulnerabilidad, de forma que estos recursos nunca llegaron a su destino. Pero, muy al contrario, los fondos fueron utilizados para el alquiler de vehículos blindados que estuvieron a la disposición y para uso personal de los altos funcionarios y sus familiares. Además de esto, se invirtieron para financiar la campaña política en el 2013, una Convención Política en el 2014 y gastos personales de las cabezas de la red.
El caso inició como una línea de investigación del binomio UFECIC-MACCIH bajo el No. UFECIC-2018-12, a fin de investigar los fondos manejados en la cuenta No.12075503 de Banco Ficensa, a nombre de la empresa Servicios e Inversiones AID[9]. Los implicados fueron un grupo de funcionarios del Gobierno de Honduras que cometieron numerosos delitos durante el periodo 2013-2014. En cuanto a los delitos cometidos, el requerimiento fiscal estableció que los involucrados incurrieron en de abuso de autoridad, uso de documentos públicos falsos, fraude y usurpación de funciones.
De acuerdo con las indagaciones realizadas por la UFECIC, se identificó que el esquema surgió a partir del interés de utilizar los fondos de BANADESA para el financiamiento de la campaña como precandidato presidencial de Juan Orlando Hernández (JOH) en el año 2013. Y, de forma conveniente, en ese entonces, la encargada de la campaña era Hilda Rosario Hernández Alvarado, hermana de Juan Orlando Hernández Alvarado, y quien también fungió como la principal persona al mando de esa estructura criminal.
Las acciones de esta red de corrupción se desarrollaron entre julio del 2013 y mayo del 2014, período en el cual se realizaron numerosas transacciones bancarias para drenar los fondos estatales provenientes de la institucionalidad del Estado, concretamente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) y del Congreso Nacional de la República de Honduras. Principalmente, los recursos sustraídos por esta estructura formaban parte del presupuesto asignado para el Bono 10,000[10]. En total, la investigación del binomio UFECIC-MACCIH señaló que entre todos los involucrados, fueron sustraídos 11, 401, 151 de lempiras en 104 créditos, entre los meses señalados, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. El total de créditos a nombre de José Adolfo Sierra Morales/Servicio e Inversiones AID
| No. | Cantidad/ Cheques | Emisor del Cheque | Total, valor | No. Cuenta Origen | Banco/Cuenta Origen |
| 1 | – | Deposito Inicial | L 5,000.00 | Efectivo | – |
| 2 | 1 | Asociación Occidental para el Desarrollo Integral de Honduras (ASODIH) | L 760,000.00 | 1100258084 | Banco Atlántida |
| 3 | 9 | Comité Central del Partido Nacional/Comisión de Campaña | L 2,303,130.00 | 1100265154 | Banco Atlántida |
| 4 | 1 | Central de Ingenieros S. A de C.V. | L 548,800.00 | 2100040597 | Banco Atlántida |
| 5 | 2 | Fundación Todos Somos Honduras | L 667,400.00 | 11-434-000121-2 | Banco de Occidente |
| 6 | 2 | Claudia Yamilia Noriega González | L 466,760.00 | 30-002283-7 | Banco Ficensa |
| 7 | 1 | Congreso Nacional | L 706,320.00 | 11101-01-000313-1 | BCH |
| 8 | 26 | BANADESA | L 4,644,855.64 | 2011070101 | BANADESA |
| 9 | 1 | Casa Presidencial | L 750,000.00 | 0006595488 | Banco Ficohsa |
| 10 | 1 | No Identificado | L 548,8000.00 | No identificado | – |
| 11 | – | Depósito de José Adolfo Sierra Morales | L 86.00 | Efectivo | – |
| 43 | Total, Créditos | L 11,401,151.64 |
Fuente: elaboración propia con base al requerimiento fiscal del Ministerio Público
Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, la estructura liderada por Hilda Hernández contó con una empresa de fachada bajo la denominación Servicios e Inversiones (AID), la que se creó para defraudar al fisco[11]. La operación se ejecutó desde las mismas oficinas del Gobierno pues la empresa AID tuvo sus despachos inicialmente en el barrio La Granja de Tegucigalpa, la capital del país, luego en el edificio de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), hasta, finalmente, ubicarse en las instalaciones de Casa Presidencial por orden de Hernández, la ministra de Comunicaciones en ese periodo [12].
A la luz del caso Corrupción sobre Ruedas, ¿cómo operan las redes de corrupción en Honduras?
Los casos de corrupción presentados por el binomio UFECIC/MACCIH han evidenciado la forma en cómo han operado las redes de corrupción en una Honduras pos-golpe. El modus operandi de las asociaciones delictivas, tal como el uso de sofisticados procedimientos y estrategias para malversación del erario público que incluyen la creación de empresas y organizaciones fachada y el uso de testaferros para la sustracción de los recursos estatales.
En términos prácticos, las redes de corrupción son estructuras conformadas por personajes y grupos pertenecientes a élites políticas y económicas que, de forma planificada, amparadas en las canonjías que les provee el sistema, utilizan los recursos estatales como un mecanismo para la acumulación de capital[13]. En tal sentido, el caso Corrupción sobre Ruedas, aporta a la comprensión de la forma en cómo operan estas redes indebidas, pues en su accionar se interrelacionaron los sectores del ámbito gubernamental/público y el sector empresarial/financiero.
De modo que, las redes de corrupción se constituyen como un tipo de estructuras de carácter mixto que utilizan de forma estratégica los instrumentos legales e ilegales, con el objetivo de transformar los recursos estatales en su principal mecanismo para enriquecerse. En estas, además, la posición que ocupan los grupos en el ámbito político y económico les brinda enormes ventajas comparativas y competitivas frente al Estado y el mercado realmente existente en un territorio determinado[14].
En el caso Corrupción sobre Ruedas, la posición de Hilda Hernández, como ministra de Comunicaciones del Gobierno, es decir, de la élite política, le otorgó una diversidad de mecanismos y estrategias para que esta red pudiera drenar los recursos del Estado hondureño. En resumidas cuentas, esta estructura operó en una zona gris, con mecanismos ilícitos y lícitos, sin ser una entidad gubernamental ni privada, desplazándose entre los intereses y ámbitos públicos y privados.
Por ende, el desfalco Corrupción sobre Ruedas permite reconocer que, en el caso hondureño, la corrupción tiene un carácter sistémico en el cual se produce un cambio en el funcionamiento del Estado, operado y administrado por autoridades organizadas en redes de corrupción. En consecuencia, las organizaciones delictivas de este tipo operan bajo el supuesto de que la corrupción es parte del funcionamiento de las instituciones del país[15].
En definitiva, las redes de corrupción operan bajo una estructura similar a la utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales y, en particular, en las redes de tráfico de drogas, con una jerarquía agrupada o centralizada[16]. De tal manera que, las redes cuentan con un núcleo central y con estructuras periféricas, como también por vínculos fuertes y débiles en la estructura. Este aspecto es de suma relevancia para comprender la forma en cómo operan estas estructuras en Honduras, pues la red del caso Corrupción sobre Ruedas es solamente una estructura periférica de todo el núcleo central que tiene capturada a toda la institucionalidad del país.
El caso “Corrupción sobre Ruedas”
Los actores, sus relaciones y sus redes
El caso “Corrupción sobre ruedas” presentado por la UFECIC con el apoyo de la MACCIH, evidenció la forma de apropiarse de las rentas públicas por las mismas autoridades, mientras ejercen importantes cargos y funciones en las instituciones. Esta entidad presentó el 24 de septiembre de 2019, un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios de BANADESA y de Casa Presidencial, por los delitos de abuso de autoridad, fraude, usurpación de funciones y uso de documentos públicos falsos[17].
De acuerdo con las fuentes oficiales, los implicados conformaron un esquema que utilizó a BANADESA para malversar 11, 4 millones de lempiras, que originalmente estarían destinados a la administración del Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición denominado “Bono 10 mil”[18]. Entre ellos están Juan Ramón Maradiaga (Gerente Administrativo de BANADESA), David Eduardo Ortiz Hawit (Gerente Financiero de BANADESA), Elmer Jeovanny Ordoñez Espinal (encargado de Control Interno de BANADESA), Gonzalo Molina Solórzano (jefe de Proveeduría-Compras de BANADESA), Carlos Josué Romero Puerto (Coordinador de Proyecto PRAF-BANADESA Bono 10 mil en BANADESA)[19].
Cuadro 3. Caracterización de los imputados y situación actual de los imputados
| Datos de los imputados | Delitos de los imputados | Medida otorgada |
| Juan Ramón Maradiaga | Uso de documentos públicos falsos y fraude | Auto de Formal Procesamiento |
| David Eduardo Ortiz Hawit | Abuso de autoridad, uso de documentos públicos falsos y fraude. | Auto de Formal Procesamiento |
| Elmer Jeovanny Ordoñez Espinal | Uso de documentos públicos falsos y fraude | Auto de Formal Procesamiento |
| Gonzalo Molina Solórzano | Uso de documentos públicos falsos y fraude | Auto de Formal Procesamiento |
| Carlos Josué Romero Puerto | Fraude | Auto de Formal Procesamiento |
| Carol Vanessa Alvarado Izaguirre | Fraude, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. | Auto de Formal Procesamiento |
| Claudia Yamilia Noriega González | Fraude en perjuicio de la Administración Pública. | Auto de Formal Procesamiento |
| Harvis Edulfo Herrera Carballo | Abuso de autoridad | Auto de Formal Procesamiento |
Fuente: elaboración propia en base a las disposiciones del Ministerio Público
Por parte de Casa Presidencial, se encuentran: Carol Vanessa Alvarado Izaguirre (Administradora de Casa Presidencial); Claudia Yamilia Noriega González (Coordinadora del Proyecto Tarjeta “La Cachureca” 2014-2018) y, Harvis Edulfo Herrera Carballo (Gerente Administrativo de Casa Presidencial). Todos los involucrados, tanto los de BANADESA como los de Casa Presidencial, trabajaron juntamente para sustraer fondos estatales para el financiamiento de campañas políticas y fines personales.
La transferencia de los fondos de BANADESA fue realizada por el Gerente Financiero de esta institución. A la vez, este funcionario (David Eduardo Ortiz Hawit), fungió como el intermediario de la operación delictiva, que posteriormente destinó los recursos a la encargada de campaña, Hilda Hernández.
Paralelamente, para tener acceso a los fondos, la autora intelectual, Hilda Hernández, instruyó al intermediario para que creara una empresa de fachada y que fingiera, inicialmente 2, 900,000 de lempiras en facturas de BANADESA. Consiguientemente, los cheques se realizaron y bajo instrucción de Hernández, el intermediario pagó al Movimiento Azules Unidos del Partido Nacional, por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas del 2012, la suma aproximada de 5 a 6 millones de lempiras. En total, con la autorización de Hernández, se destinaron 1, 300,000 para saldar las deudas de la renta de vehículos y 600,000 para cancelar una camioneta Toyota, Modelo Land Cruiser Prado, más 800,000 lempiras en efectivo para su uso personal.
Pero no todo terminó ahí. Para el mes de noviembre del 2013, Hilda Hernández solicitó nuevamente el desvío de recursos desde BANADESA hacia las cuentas de la empresa Servicios e Inversiones AID. De esta manera, dispuso que el dinero se siguiera utilizando para el pago de las deudas por la renta de los vehículos para la campaña del Partido Nacional, pero, particularmente, del movimiento de Juan Orlando Hernández. Una vez que los cheques eran depositados en la cuenta de AID, estos fondos siguieron sus próximos destinos, la cuenta del Movimiento Azules Unidos y las manos de Hilda Hernández para terminar de cancelar La Prado. El total de esta segunda transacción fueron dos cheques de 1, 600,000 y 1, 880,000 por el servicio de alquiler y 600,000 lempiras para seguir abonando el costo del vehículo para uso personal.
En toda esta trama, Hilda Hernández buscó no exponerse ni exponer a su hermano Juan Hernández. De esta manera, fueron otros los implicados que continuaron con las transferencias entre las cuentas y, que fueron directamente implicados por las investigaciones de la UFECIC y la MACCIH. Asimismo, cabe notar que, la persecución penal contra Hernández no se realizó por su muerte, producto de un accidente aéreo en 2017[20].
La actuación institucional: el rol de la Corte de Apelaciones del circuito anticorrupción
El 7 de octubre del 2020, la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por unanimidad de votos, confirmó el auto de formal procesamiento para los ex funcionarios de Casa Presidencial y de BANADESA, acusados por la UFECIC del supuesto desvío de fondos para fines personales y el financiamiento de campañas políticas[21]. Sin embargo, en la actualidad, los acusados se encuentran a la espera del juicio oral y público.
Respecto al procedimiento de la Fiscalía, se destacan las acciones de la UFECIC, ahora UFERCO, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que se llevaron a cabo en al año 2020. Se trató de acciones de aseguramiento e inmovilización de vehículos lujosos y de la empresa Representaciones Montes y Distribuidora de Productos. Cabe hacer notar que dos de los implicados, Carol Vanessa Alvarado y su esposo José Antonio Galdames, son socios o eran socios de esta empresa[22].
Para noviembre del 2020, surgió nueva información sobre el caso, que indicaba que tres de los acusados en Corrupción Sobre Ruedas se encontraban negociando con la justicia hondureña para evitar pasar a la instancia de juicio oral y público. Para el caso, de Harvis Edulfo Herrera Carballo se informó sobre la negociación vigente con la Procuraduría General de la República por el único delito por el que está acusado. Al mismo tiempo, la defensa de David Ortiz y de Juan Maradiaga, manifestó la disposición a ser sometidos a un proceso abreviado pero, para ello, tendrían que aceptar los hechos y consecuentemente, recibir una rebaja en la condena[23].
Muy al contrario, Gonzalo Solórzano y Elmer Ordoñez contestaron los cargos y rechazaron las imputaciones. Paralelamente, Claudia Noriega y Carol Alvarado se negaron a contestar los cargos en virtud de que están a la espera de la resolución de los recursos de apelación por falta de competencia ante el circuito en materia de corrupción.
En definitiva, este caso también evidencia que aún con todas las limitaciones, en el Circuito Anticorrupción se conformó una especie de reducto de eficiencia en la institucionalidad hondureña, que funciona de forma más eficiente que las otras. No obstante lo anterior, tras la salida de la MACCIH y la desaparición de la UFECIC, la lucha antocorrupción y las acciones de las instituciones encargadas de impartir justicia son aún más limitadas, bajo el entendido de que la vieja institucionalidad seguirá penetrando y ralentizando las acciones del legado de la MACCIH, es decir, el Circuito Anticorrupción y los jueces acreditados para la lucha contra la corrupción.
Lecciones aprendidas en la lucha contra la corrupción en el caso Corrupción sobre Ruedas
Primero. En este caso de corrupción, la posición de Hilda Hernández como ministra de Comunicaciones del Gobierno le otorgó una diversidad de mecanismos y estrategias para que esta red drenara los recursos del Estado hondureño. Esta posición en la élite política y la desviación de su poder, permitió que esta red operara en una zona gris, mientras realizaba actividades lícitas e ilícitas, en la apropiación de los recursos para el beneficio personal, los miembros, y el de sus vínculos cercanos, hasta que el caso fue ventilado por las investigaciones de la UFECIC-MACCIH.
Segundo. El caso Corrupción sobre Ruedas ha permitido reconocer que, en Honduras, la corrupción tiene un carácter sistémico, que ha producido un cambio en el funcionamiento del Estado, operado y administrado por autoridades organizadas en redes de corrupción. Esta complejidad también se traslada a la misma estructura de las redes ilícitas, que operan bajo una estructura jerárquica compuesta por un núcleo central y otras estructuras periféricas. La red del caso Corrupción sobre Ruedas es solamente una estructura periférica de todo el núcleo central que tiene capturada a toda la institucionalidad del país. Sin embargo, estas actividades periféricas también tienen enormes consecuencias en la sociedad y en los derechos de la ciudadanía hondureña.
Tercero. En toda esta trama, Hilda Hernández y los demás miembros de la red Corrupción sobre Ruedas buscaron no exponer a los miembros del núcleo principal de la estructura central de las redes de corrupción en Honduras. De esta manera, fueron otros los implicados que continuaron con las actividades para la sustracción de los recursos estatales. En este sentido, el Ministerio Público, a través de la UFECIC, presentó un requerimiento fiscal contra 8 personas involucradas en un millonario caso de corrupción que vulneró derechos políticos y sociales de la ciudadanía hondureña.
Cuarto. En Corrupción sobre Ruedas, se mostró una pronta administración de la justicia, pues los encargados de dilucidar este caso fueron los tribunales certificados por la MACCIH, denominados el circuito anticorrupción o la nueva institucionalidad que comprende a los juzgados y tribunales en materia de corrupción. En definitiva, este espacio institucional opera con mucha mayor independencia que la vieja institucionalidad del país. No obstante, con la salida de la MACCIH es una institucionalidad debilitada y con el riesgo de irse diluyendo en la vieja institucionalidad.
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Referencias
[1]Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, creada el 23 de enero de 2020. Ministerio Público crea Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción. Comunicado 24.01.2020.
[2] Ministerio Público, “Confirman Auto de Formal Procesamiento contra siete implicados en el caso Corrupción Sobre Ruedas”, 8 de octubre de 2020 https://www.mp.hn/publicaciones/confirman-auto-de-formal-procesamiento-contra-siete-implicados-en-el-caso-corrupcion-sobre-ruedas/
[3]CESPAD, “Corrupción sobre Ruedas: el robo de dinero destinado a sectores vulnerables que financió la campaña de la administración Hernández”, 12 de octubre de 2020 https://cespad.org.hn/2020/10/12/corrupcion-sobre-ruedas-el-robo-de-dinero-destinado-a-sectores-vulnerables-que-financio-la-campana-de-la-administracion-hernandez/
[4] Ibid.
[5] Comisión Interamericana de Derechos Humanos Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, 2020 http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
[6] La Prensa, “MACCIH presenta requerimientos fiscales por nuevo caso Corrupción sobre Ruedas”, 24 de septiembre de 2019 https://www.laprensa.hn/honduras/1321452-410/maccih-requerimientos-corrupcion-sobre-ruedas-honduras
[7] CIDH, Corrupción y derechos humanos pp.51
[8] Marvin Barahona, “Elites, redes de poder y régimen político en Honduras”. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), 2018. Resumen Ejecutivo https://cngcdn.oxfam.org/honduras.oxfam.org/s3fspublic/file_attachments/Resumen%20ejecutivo%20%20%C3%89lites,%20redes%20de%20poder%20y%20r%C3%A9gimen%20pol%C3%ADtico%20en%20Honduras.pdf
[9]Requerimiento Fiscal del Caso Corrupción Sobre Ruedas https://contracorriente.red/wp-content/uploads/2021/03/Requerimiento-Sobre-Ruedas-48-paginas.pdf
[10] De acuerdo con la Secretaría del Despacho Presidencial (SDP) el Programa Presidencial Educación, Salud, Nutrición, Bono 10,000; consiste en la entrega de un bono de 10 mil lempiras por año, en cuotas de 833 por mes, a fin de que las madres puedan mejorar las condiciones de vida de los menores en el hogar.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] CESPAD, “Las redes de corrupción, en el centro de la gestión del Estado hondureño”, 11 de octubre de 2019. https://cespad.org.hn/2019/10/11/coyuntura-las-redes-de-corrupcion-en-el-centro-de-la-gestion-del-estado-hondureno/
[14] Ibid.
[15] Diego Javier Gómez Calderón, “Redes de corrupción política: una revisión para el caso colombiano”, análisis político nº 92, Bogotá, enero-abril, 2018: págs. 180-201. https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/71106/65248
[16] Ibid.
[17] Ibid.
[18] Joaquín A. Mejía Rivera y Carlos Joaquín Méndez, “La lucha contra la corrupción antes y durante la Vigencia de la MACCIH” https://eric-sj.org/envio/la-lucha-contra-la-corrupcion-antes-y-durante-la-vigencia-de-la-maccih/
[19] Ibid.
[20] El Heraldo “Muere en accidente aéreo Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras, junto a cinco personas más”, 16 de diciembre de 2017 https://www.elheraldo.hn/sucesos/1135513-466/muere-hilda-hernandez-en-accidente-aereo-junto-a-cinco-personas-mas
[21] Criterio.hn “Confirman auto de formal procesamiento para los implicados del caso, «Corrupción sobre Ruedas» 7 de octubre de 2020 https://criterio.hn/confirman-auto-de-formal-procesamiento-para-los-implicados-del-caso-corrupcion-sobre-ruedas/
[22] Ibid.
[23] Fernando Maldonado, “Acusados de saquear BANADESA negocian con la justicia”, 23 de noviembre de 2020 https://www.elheraldo.hn/pais/1424283-466/acusados-de-saquear-banadesa-negocian-con-la-justicia
