Por: German Reyes, periodista colaborador del CESPAD
Edición: Claudia Mendoza
Congresistas que sobresalen por haberse prestado a legislar en favor de la corrupción y la impunidad, y que, incluso, han sido acusados en los tribunales de justicia de Honduras por el saqueo de los recursos del Estado, buscan reelegirse para ocupar una curul en el Congreso Nacional de Honduras y el Parlamento Centroamericano, este último, considerado por muchos, como un elefante blanco que es utilizado como refugio de criminales.
La destitución de magistrados en el 2012
Al realizarse un rastreo, la destitución ilegal de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de los Constitucional de Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la forma en que 97 diputados del Congreso Nacional, se prestaron para defenestrarlos, trasciende en diversos sitios webs y medios de comunicación digitales de Honduras.
Con el canto de los gallos, cuando todo mundo dormía, y con un Poder Legislativo rodeado de militares, los diputados del Congreso Nacional (CN), en su mayoría miembros del Partido Nacional de Honduras (PNH), en la madrugada del 12 de diciembre del 2012, derrocaron a Gustavo Enrique Bustillo, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y José Francisco Ruíz Gaekel, todos magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.
Estos magistrados del poder judicial, en uso de sus facultades, declararon inconstitucionales siete leyes que habían sido aprobadas, pero que el gobierno del entonces presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa y del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, estaban interesados en aplicar. Entre esos decretos se enlistaba la Ley de las Ciudades Modelo (hoy, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa, conocida popularmente como Ley de Secretos del Estado. Ambas leyes se consideraban violatorias de la soberanía nacional y de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de estar informado.
En otras palabras, la destitución de esos magistrados, que fue la base para que Juan Orlando Hernández lograra reelegirse ilegalmente como presidente de Honduras, años después, se concretó porque Lobo Sosa y de la bancada nacionalista no respetaron la independencia judicial ni aceptaron la declaratoria de inconstitucionalidad de esas leyes.
Para tal fin, siempre desde el Congreso Nacional, Hernández nombró una comisión integrada por los diputados nacionalistas, Rigoberto Chang Castillo, Mario Pérez, Tomás Zambrano y Armando Calidonio. También integraron esa comisión el diputado liberal, Olman Maldonado; Orle Solís, del partido Democracia Cristiana (DC), y Marvin Ponce de Unificación Democrática (UD).
Entre los que votaron a favor de esa ilegalidad están Óscar Ramón Nájera, diputado nacionalista por el departamento de Colón, quien, incluso, ha sido designado por Estados Unidos por corrupción significativa y por tener vínculos con el narcotráfico, razón por la que el gobierno norteamericano le ha cancelado la visa de ingreso a ese país y asegura que este parlamentario estuvo asociado con los líderes de la banda criminal llamada Los Cachiros.
La destitución ilegal de los magistrados también fue apoyada por Yauadet Burdara Canahuati, diputado nacionalista que, de acuerdo con el informe de producción legislativa del 2017 realizado por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF), no presentó proyectos ni mociones, pero sí corre en las elecciones generales 2021, por su reelección como diputado, en representación del departamento de Cortés.
También lo hace Alberto Chedrani, otro de los responsables de la defenestración de los magistrados atrás citados y de la aprobación de leyes contrarias a los intereses de la población.
Es importante mencionar que la Sala de lo Constitucional la conforman cinco de los quince magistrados de la CSJ, pero los diputados sólo removieron a cuatro, porque Óscar Fernando Chinchilla, sí votó a favor de las ciudades modelos y del resto de legislaciones nocivas, al gusto de los titulares del Ejecutivo y del Congreso. Chinchilla es el yerno de Rigoberto Chang Castillo, miembro de la comisión nombrada para investigar “la conducta” de los jueces y secretario del Congreso Nacional, en ese momento.
Para llenar los puestos que ocupaban los magistrados destituidos, el CN nombró a Silvia Trinidad Santos, Víctor Manuel Lozano, Germán García-García y José Elmer Lizardo Carranza, todos afines con la ideología nacionalista. Con estos magistrados se logró, no solo retornarles valor a los decretos que habían sido abolidos con los fallos de inconstitucionalidad, sino también mantener ilegalmente a Juan Hernández en la Presidencia de la República.
Entre 2010 y 2014 el Congreso Nacional estuvo conformado por 71 diputados del Partido Nacional, 45 del Partido Liberal, 5 de la DC, 4 de la UD y 3 del PINU. La situación favoreció a los nacionalistas porque los miembros de las demás bancadas, con excepciones raras, los apoyaron con la aprobación de las leyes violatorias de libertades ciudadanas y de la soberanía nacional.
| Diputados que votaron a favor de la destitución de magistrados y buscan reelegirse en el 2021 | Magistrados destituidos |
| Yaudet Burbara Canahuati | Gustavo Enrique Bustillo |
| Óscar Ramón Nájera | Rosalinda Cruz Sequeira |
| Alberto Chedrani | José Antonio Gutiérrez Navas |
| José Francisco Ruíz Gaekel |
Fuente elaboración propia, con base en registros de periódicos.
Las ZEDE o Ciudades Modelos
Una vez conformada la Sala de lo Constitucional, con magistrados obedientes al mandato de Lobo Sosa y Hernández Alvarado, el Congreso Nacional volvió a aprobar, con 110 votos a favor y 13 en contra, la nueva Ley de Ciudades Modelos, hoy con el nombre de Zonas de Empelo y Desarrollo Económico (ZEDE) y reformaron los artículos de la Constitución 294, 303 y 329.
Infructuosamente, varias organizaciones sociales presentaron en la CSJ acusaciones por traición a la patria contra el entonces presidente de la República, Porfirio Lobo, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández y los diputados que votaron a favor de las ciudades modelos.
La Ley de las ciudades Modelos o ZEDE, es la que ahora mantiene en zozobra a los vecinos de diferentes lugares del país donde el gobierno y empresarios extranjeros y nacionales tratan de instalar las zonas de desarrollo, y amenazan con desplazar poblaciones enteras.
A favor de esa Ley votaron los diputados de Francisco Morazán, David Chávez Madison, José Villanueva (Joche), Wilmer Velásquez, Johana Bermúdez, Antonio Rivera Callejas, Renán Inestroza, Juan Diego Zelaya, Óscar Álvarez, Oswaldo Ramos Soto y Waleska Zelaya. Los parlamentarios de Atlántida, Rodolfo Irías Navas, Iveth Obdulia Matute y Abigail Ramos Gómez.
Además, son responsables de la entrega del territorio a través de esta Ley, Mauricio Oliva Herrera, Carlos Roberto Ledezma Casco, Clara María Laínez Ordoñez, Selvin Ramón Rueda y María Emérita Bardales. Asimismo, los diputados por Colón, Óscar Ramón Nájera y Ariana Melissa Banegas. José María Martínez Valenzuela, Miguel Martínez Pineda y Gerardo Tulio Martínez Pineda, de Comayagua, y por Copán, Melvin Roberto Paredes Milla, Erick José Alvarado, Olga Josefa Ayala Alvarenga y Roy Dagoberto Cruz Pérez.
En la lista de los diputados que aprobaron le Ley de las ZEDE también se encuentra Celín Discua Elvir, Walter Chávez y Sara Medina, de El paraíso; Alberto Chedrani, Reynaldo Ekónomo, Gilberto Yearwood, Yaudet Burbara Canahuati, Jaime Villegas, Leo Yamir Valentino Castellón y Welsy Vásquez, de Cortés.
De igual forma, son responsables de esta Ley Román Villeda Aguilar, de Ocotepeque; Rodrigo Ávila, de Gracias a Dios; Elden Vásquez y Nelson Márquez, de Intibucá; Gladis Aurora López y Raúl Edgardo Bulnes, de La Paz; Samuel Reyes, Salvador Valeriano y Juan Carlos Valenzuela Molina, de Lempira.
Esta legislación, que violenta la soberanía nacional, también fue apoyada por los diputados Reinaldo Sánchez, Francisco Rivera, Jorge Lobo y Teresa Concepción Cálix, de Olancho. Mario Pérez, Rolando Dubón Bueso, Martha Concepción Figueroa, César Enrique Handal y Marcos Bertilio Paz Sabillón, de Santa Bárbara.
Los Diputados de Valle, Tomás Zambrano y Marco Antonio Velásquez y los de Yoro, Milton Puerto, Marco Tulio Gámez, Gabriel Rubí y Eder Mejía, también forman parte de los congresistas que entregaron el territorio nacional, para la instalación de las ZEDE
A continuación, la lista de los diputados que votaron a favor de las ZEDE y que buscan reelegirse en las elecciones generales 2021.
| Nombre | |
| David Chávez Madison | Francisco Morazán Candidato a alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa) |
| José Villanueva (Joche) | Francisco Morazán |
| Johana Bermúdez | Francisco Morazán |
| Antonio Rivera Callejas | Francisco Morazán |
| Renán Inestroza | Francisco Morazán |
| Oswaldo Ramos Soto | Francisco Morazán |
| Waleska Zelaya | Francisco Morazán |
| Iveth Obdulia Matute | Atlántida |
| Abigail Ramos Gómez | Atlántida |
| Carlos Roberto Ledezma Casco | Choluteca |
| Selvin Ramón Rueda | Choluteca |
| Óscar Ramón Nájera | Colón |
| Ariana Melissa Banegas. | Colón |
| Miguel Martínez Pineda | Comayagua |
| Gerardo Tulio Martínez Pineda | Comayagua |
| Melvin Roberto Paredes Milla | Copán |
| Erick José Alvarado | Copán |
| Roy Dagoberto Cruz Pérez. | Copán |
| Walter Chávez | El Paraíso |
| Sara Medina | El Paraíso |
| Alberto Chedrani | Cortés |
| Reynaldo Ekónomo | Cortés |
| Gilberto Yearwood | Cortés |
| Yaudet Burbara Canahuati | Cortés |
| Jaime Villegas | Cortés |
| Román Villeda Aguilar | Ocotepeque |
| Elden Vásquez | Intibucá |
| Nelson Márquez | Intibucá |
| Gladis Aurora López | La Paz |
| Raúl Edgardo Bulnes | La Paz |
| Samuel Reyes | Lempira (PARLACEN) |
| Salvador Valeriano | Lempira (PARLACEN) |
| Juan Carlos Valenzuela Molina | Lempira (PARLACEN) |
| Reinaldo Sánchez | Olancho |
| Teresa Concepción Cálix | Olancho |
| Mario Alonso Pérez | Santa Bárbara |
| Rolando Dubón Bueso | Santa Bárbara |
| Martha Concepción Figueroa | Santa Bárbara |
| César Enrique Handal | Santa Bárbara |
| Marcos Bertilio Paz Sabillón | Santa Bárbara |
| Tomás Zambrano | Valle |
| Marco Antonio Velásquez | Valle |
| Milton Puerto | Yoro |
| Gabriel Rubí | Yoro |
| Eder Mejía | Yoro |
Fuente: elaboración propia con base en registros en páginas webs institucionales y periódicos digitales.
El nombramiento irregular del fiscal general de Honduras
Por los altos índices de criminalidad existentes en el país, en junio del 2013, la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), le solicitó al Congreso Nacional la interpelación del secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, del fiscal general, Luis Rubí y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
Con 86 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en el 2012 Honduras era el país más violento del mundo y el 97% de los crímenes estaban en la impunidad. La situación de justicia sigue igual, pero el Congreso Nacional, manejado por nacionalistas, aprovechando la situación, se deshizo del fiscal Luis Rubí, de filiación liberal, y colocó a Óscar Chinchilla, de filiación nacionalista.
Rubí fue interpelado y presionado a renunciar, situación que no ocurrió con los titulares de la Secretaría de Seguridad y de la Corte Suprema, responsables también de la criminalidad y la impunidad desatada en el país.
La renuncia del Fiscal Rubí y del Fiscal Adjunto, Roy Urtecho, fue presentada el 7 de junio del 2013, y el 19 de ese mes, el Congreso Nacional nombró a Óscar Chinchilla, el único Magistrado de la Sala de lo Constitucional que no fue destituido en diciembre del 2012.
Rubí y Urtecho terminaban su mandato en marzo del 2014, pero el Congreso, dominado por mayoría nacionalista, eligió a Chinchilla para el tiempo que les faltaba y también para el próximo periodo. Esa determinación fue considerada inconstitucional por distintos actores sociales.
Los diputados que eligieron a Chinchilla vacaban en sus puestos el 25 de enero del 2014 y la elección del fiscal general, para el próximo periodo, debían realizarla los nuevos integrantes del Congreso, del que ya formaría parte la bancada de Libertad y Refundación (LIBRE).
Violentándose la ley, Chinchilla es relecto en el 2018
Cuando nombraron a Chinchilla, la Junta Proponente evaluó a 37 personas mediante pruebas psicométricas que determinaron la capacidad intelectual y emocional. Del total, 13 fueron seleccionadas como las más calificadas, pero entre ellas no estaba Chinchilla. Lastimosamente, 4 miembros de la misma Junta Proponente, inexplicablemente, aprovecharon su mayoría y lo incluyeron.
Fue así que el 29 de junio del 2018, el Congreso Nacional reeligió a Óscar Chinchilla como fiscal general para el período 2018-2023. La propuesta fue presentada por el diputado de la Democracia Cristiana, Felícito Ávila y la votación fue de 88 votos a favor y 38 en contra. Inmediatamente, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, cerró la sesión y abrió una nueva, 30 minutos después, para ratificar el acta.
El artículo 233 de la Constitución de la República establece que el fiscal general será electo por el Congreso Nacional, de una nómina de 5 candidatos seleccionados por una junta proponente, y Chinchilla no debía reelegirse porque no estaba incluido en esa nómina. Fue propuesto para participar, pero no se presentó a las audiencias públicas que realizó la Junta para escoger a los candidatos.
Diputados Partido Liberal que votaron a favor de Óscar Chinchilla en el 2018 y van por una reelección el 28 de noviembre del 2021
| Nombre | Departamento |
| José Alfredo Saavedra | Valle |
| Víctor Sabillón | Santa Bárbara |
| Yuri Sabas | Choluteca |
| Juan Carlos Elvir | Copán |
| Harry Panting | Cortés |
| Mario René Henríquez | Ocotepeque |
| Mauricio Villeda | Francisco Morazán |
| Víctor Barahona | Comayagua |
| Mario Segura | El Paraíso |
| Gloria Bonilla | Comayagua |
| Sobeyda Andino | Francisco Morazán |
| Cristian José Hernández | Copán |
Fuente: elaboración propia con base en registros periodísticos.
La reelección de Juan Orlando Hernández
De acuerdo con la Constitución de la Republica, Artículo 239, Juan Orlando Hernández no debió reelegirse como presidente. “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública”, reza la Carta Magna.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con los nuevos miembros de la Sala de lo Constitucional, nombrados por los diputados, entre ellos, algunos acusados por corrupción, usurparon funciones que solo le corresponden a una Asamblea Nacional Constituyente y, el 22 de abril del 2015, fallaron declarando inaplicable el precepto constitucional que prohíbe la reelección presidencial.
Eso indica que los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional abusaron de sus funciones y allanaron el camino para que Hernández se quedara en la presidencia, cuatro años más, con la opción de continuar en ese cargo.
El fallo, que aprovecharon los nacionalistas para la reelección de Hernández, corresponde a la resolución de dos recursos de inconstitucionalidad: el primero, presentado por Rafael Leonardo Callejas, ex presidente hondureño señalado de múltiples actos de corrupción en Honduras y ex convicto de una cárcel de Estados Unidos, donde murió pagando una condena por corrupción internacional en la FIFA. Mientras que el segundo, lo presentaron los diputados nacionalistas, Oswaldo Ramos Soto, Óscar Álvarez, David Chávez, Antonio Rivera Callejas, Tomás Zambrano, Celín Discua Elvir, Miguel Martínez Pineda, Rodolfo Irías Navas, Mario Pérez, Milton Puerto, Román Villeda Aguilar, Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Vásquez, Francisco Rivera y Edwin Pavón.
La Constitución expresa que todos esos diputados debieron cesar en sus puestos, ser encarcelados e inhabilitados por diez años para el ejercicio de cualquier función pública. De ellos, ya fallecieron sin pagar el daño que le hicieron al país, el ex presidente Callejas y Edwin Pavón, el resto, pese a que en su mayoría han sido señalados en casos de corrupción, aspiran a formar parte del próximo Congreso Nacional de Honduras.
Entre los diputados responsables de la reelección ilegal del presidente, se encuentran varios que fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), por formar parte de las redes de corrupción conformadas en el Congreso para delinquir mediante el saqueo de los recursos del Estado.
Pese a que ellos saben que la CSJ no es organismo constituyente sino un ente constituido, en varias ocasiones los nacionalistas han tratado de legalizar la reelección, a través del fallo que en el 2015 emitió la Sala de lo Constitucional, declarando inaplicables los artículos 42 numeral 5, y 239 de la Constitución de la República, y el 330 del Código Penal. Este último sanciona, con reclusión de seis a diez años, a quien habiendo ejercido a cualquier título la Presidencia del país, promueva o ejecute actos violatorios del artículo constitucional que le prohíbe ejercerlo nuevamente.
Recientemente, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, les pidió a los partidos políticos implementar una cuarta urna en las próximas elecciones generales y reglamentar la reelección presidencial. No obstante, diputados de la oposición, como Doris Gutiérrez y Juan Barahona, entre otros, afirman que no se puede reglamentar algo que no existe.
Diputados que solicitaron declarar inconstitucional ante la Corte Suprema, el artículo que prohíbe la reelección presidencial, que buscan reelegirse como diputados del Congreso Nacional y el PARLACEN.
| Nombre | Departamento |
| Oswaldo Ramos Soto | Francisco Morazán |
| David Chávez | Francisco Morazán (aspirante a la alcaldía municipal de Tegucigalpa) |
| Antonio Rivera Callejas | Francisco Morazán |
| Tomás Zambrano | Valle |
| Miguel Martínez Pineda | Comayagua |
| Mario Pérez | Santa Bárbara |
| Milton Puerto | Yoro |
| Román Villeda Aguilar | Ocotepeque |
| Juan Carlos Valenzuela Molina | Lempira (PARLACEN) |
Fuente: elaboración propia con base en registros periodísticos
Acusaciones y señalamiento de corrupción
Aparte de legislar en la aprobación de leyes que perjudican los derechos de la población, muchos diputados que ahora buscan nuevamente una curul en el CN, también se han visto inmiscuidos en otros actos de corrupción, como el saqueo de los recursos del Estado para beneficio personal. Varios de ellos fueron acusados por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), en diferentes casos.
Por ejemplo, el diputado nacionalista por el departamento de Valle, Tomás Zambrano, fue abanderado de la destitución de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que en el 2012 declararon inconstitucionales la Ley de Secretos y la Ley de Ciudades Modelos. Él es uno de los promotores de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández y apoyó esa iniciativa con su voto.
A Zambrano lo acusó la MACCIH, en mayo del 2018, por el caso Pacto de Impunidad. Y según las investigaciones, este parlamentario utilizó su cargo para realizar acciones delictivas y crear una Ley que favoreció a los diputados que estaban siendo procesados por el robo de fondos públicos.
Similar es el caso del diputado nacionalista, por Ocotepeque, Román Villeda Aguilar, promotor de las ZEDE y de la reelección de Juan Hernández. A él también lo acusó la MACCIH, en el caso Pacto de Impunidad.
Entre tanto, Óscar Álvarez legisló para la instauración de las ZEDE y es uno de los diputados que le solicitó a la Corte Suprema de Justicia, fallar a favor de la reelección ilegal que mantiene en el poder a Hernández. También se vio involucrado y procesado por el caso Arca Abierta, por su participación con otros funcionarios y diputados en la malversaron 21,1 millones de lempiras, procedentes de Casa Presidencial, del Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas, que al final, de acuerdo con las investigaciones de la MACCIH, fueron a parar en las cuentas bancarias de los legisladores.
En la lista de diputados cuestionados por su labor legislativa, también figuran los veteranos, Antonio César Rivera Callejas y Oswaldo Ramos Soto, ambos precursores de la reelección ilegal de Hernández y de las ZEDE. A Rivera Callejas lo llevó ante los tribunales la MACCIH, por considerarlo parte de los diputados involucrados en el caso Pacto de Impunidad.
Asimismo, están los diputados nacionalistas Rodolfo Irías Navas, de Atlántida; Miguel Edgardo Martínez, de Comayagua y Juan Carlos Valenzuela Molina, de Lempira, todos también promotores de la reelección ilegal y de las ZEDE y, además, involucrados en el saqueo de los recursos del Estado. Los primeros dos fueron procesados por la MACCIH en el caso Pandora y el otro, en Arca Abierta.
De igual manera se pueden mencionar a Milton de Jesús Puerto y Gabriel Rubí, ambos nacionalistas en representación del departamento de Yoro; los dos son promotores de la ZEDE y participes de la reelección ilegal de Hernández. A Puerto lo acusó la MACCIH en el caso de Arca Abierta y Rubí es el protagonista de acusaciones sobre múltiples irregularidades en las compras millonarias que realizó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), en el marco de la pandemia del Covid-19.
Elden Vásquez y Sara Medina, por su parte, han sido señalados por actos de corrupción y por legislar en contra del pueblo. Ambos son defensores de la ley de las ZEDE y también fueron acusados en el caso Pandora (Vásquez) y Pacto de Impunidad (Medina).
La diputada y su familia, vinculada a casos de corrupción
La ex presidenta del Partido Nacional y diputada de ese instituto político, por el departamento de La Paz, Gladis Aurora López, rebasó la capacidad de sus compañeros en cuanto al protagonismo en casos emblemáticos de corrupción. Pero en los casos no solo ella está involucrada, sino también a su esposo, Arnold Gustavo Castro Hernández y a su hija, Ana Lucia Castro López.
El cónyuge de la congresista fue acusado de lavado de activos en Pandora, el caso de corrupción mediante el cual se malversaron más 282 millones de lempiras de la secretaría de Agricultura y Ganadería para financiar campañas del Partido Nacional, Partido Liberal y del Frente Amplio (FAPER).
López fue acusada de malversación de caudales públicos por Arca Abierta, caso en el cual la MACCIH también involucro, a título de cómplices del delito, a su esposo Arnold Gustavo Castro y a su hija, Ana Lucia Castro López.
Esta congresista apadrinó con su voto, la reelección ilegal y la instalación de las ZEDE, y actualmente busca su reelección por el departamento de La Paz. A ella la designó Estados Unidos como funcionaria corrupta y la incluyó en la Lista Engel, mientras, el Departamento de Estado le canceló la visa de ingreso a esa nación del norte.
Su familia es la dueña de las represas hidroeléctricas Aurora I, II y III y, recientemente, el Ministerio Publico, solicitó al Registro Mercantil de La Paz, toda la información relacionada con las empresas inscritas a favor de ella, de su esposo y su hija.
Corrupción y pandemia
En la nómina de candidatos a diputados, no solo figuran los acusados por la MACCIH, sino también personas como Waleska Zelaya, quien ha sido mencionada junto con su esposo, Juan José Lagos, de suscribir un contrato con Investh-H para la venta de 474 mil tapabocas KN 95, por un valor de 50 millones de lempiras. Ella fue llamada a declarar en el Ministerio Público, el 5 de agosto del 2020.
Por irregularidades en tiempos de la pandemia, también, Gabriel Rubí, ha sido señalado en los informes de diversas organizaciones sociales de ser el responsable de la corrupción en las compras millonarias de insumos y equipos destinados al manejo de la enfermedad. Sin embargo, en las elecciones internas del Partido Nacional, él fue el precandidato más votado, en el departamento de Yoro.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), reveló haber encontrado irregularidades en la emisión de al menos 105 cheques, por valor de 49 millones once mil 281 lempiras con 21 centavos. Y aseguró que existían 17 cheques pendientes de pago por 16 millones 662 mil 388 lempiras. De estos, cuatro presentaban inconstancias de 4 millones 86 mil 848 lempiras
Corrupción en el INFOP
En ese orden, también figura, David Chávez, actual diputado del Partido Nacional y presidente del Comité Central de ese instituto político, y quien ahora busca ser electo alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña.
David Chávez fungió como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), y es señalado por la compra irregular de un software y adiestramiento automotriz para el centro de formación en Catacamas, Olancho, con precio sobrevalorado de 21.9 millones de lempiras.
Las investigaciones las reveló el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ente que sostiene que en el 2016 se drenó del Infop esa cantidad de dinero, durante la gestión del nacionalista David Chávez.
“El exdirector ejecutivo de INFOP y el representante y socio de la empresa proveedora de suministros, firmaron contrato de suministros para la provisión, instalación, configuración y capacitación de equipos para el centro regional de Catacamas Olancho, por la cantidad de 75,837,529.67”, cita la investigación revelada el CNA, organismo que sostiene que David Chávez y otros funcionarios incurrieron en los delitos de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude.
El PARLACEN
Aparte de los 128 diputados propietarios y 128 suplentes, que ocuparán cargos en el Congreso Nacional, los hondureños también elegirán a 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), un organismo regional que poco o nada hace por los hondureños. La politóloga dominicana y activista social, Silvia Soto Fernández, califica al PARLACEN como un refugio de funcionarios y políticos corruptos, que se protegen con la inmunidad que les otorga esa entidad.
Los diputados del PARLACEN devengan salarios de 4,658 dólares mensuales (112 mil 24 lempiras) y en el caso de los parlamentarios hondureños ante ese organismo, varios son señalados de situaciones irregulares con la Ley. En ese contexto se encuentra Wilfredo Francisco Cerrato Durón, ex secretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, en el periodo Porfirio Lobo Sosa, y quien fue acusado por la MACCIH de formar parte de una red de funcionarios saqueadores de los recursos públicos.
Cerrato Durón, diputado del PARLACEN y padre del actual presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato Rodríguez, fue acusado por el caso Caja Chica del Hermano , mediante el cual la MACCIH comprobó el desvió de 8,4 millones de lempiras (unos 350.000 dólares), a través de cuentas bancarias a nombre de la Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, desde las que se emitieron 72 cheques de 100 mil lempiras, cada uno a favor de personas particulares.
En esta causa también se incluyó a Ramón Lobo Sosa, hermano del ex presidente Porfirio Lobo, pero ambos fueron favorecidos con sobreseimiento definitivo en julio del 2019 .
En la lista de diputados del PARLACEN también aparece el nacionalista, ex director del Instituto Nacional Agrario (INA), José Erasmo Portillo, juzgado en los tribunales de justicia por enriquecimiento ilícito y beneficiado con un sobreseimiento definitivo, en mayo del 2018 por falta de pruebas.
Actuales Diputados del PARLACEN
| Partido Nacional | Partido Liberal | LIBRE | Otros partidos |
| Ángelo Bottazzi
Orlando Burgos Rossana Guevara José Erasmo portillo Walter R Castellanos Wilfredo Francisco Cerrato Durón Óscar Alberto Martínez |
Dilma Quezada
Bill Santos Brito Hiliana Sarmiento
|
Omar A Gonzales
Gloria Oquelí Jaime Arturo Nativi Fanny C Salinas
|
Lucas Aguilera (DC)
Matilde Bonilla (PAC) Alfredo Moya Lobo (PINU) Anthony A Pavón (FAPER) Martin Pineda (UD) Kimberly Guevara Alianza Patriótica. |
En las próximas elecciones generales aspiran a diputados del PARLACEN por el Partido Liberal, Jorge Abudoj Frixione, político, empresario y dirigente del futbol, quien ha mostrado irrespeto a los trabajadores y a las leyes laborales del país. Abudoj Frixione es dueño de Confitería Venus y de acuerdo a publicaciones en medios digitales, en marzo del 2010 amenazó y golpeó a uno de sus trabajadores para evitar la formación de un sindicato.
En Honduras, la Constitución de la República y el Código de Trabajo les dan la potestad a los trabajadores a organizarse en sindicatos para mejorar las relaciones laborales. Sin embargo, “De un puñetazo Abudoj Frixione, quien es dueño de la “Confitería Venus”, le reventó el labio a Alonso quien se vio obligado a gritar pidiendo auxilio pues el denunciado le manifestó que firmara la renuncia al sindicato o perdía la vida”, señala una publicación.
Por ese partido también aspiran a diputados de ese organismo regional, el diputado del Congreso Nacional, Manuel Iván Fiallos y Miguel Humberto Rodríguez Carrión, éste último, tendrá que ser sustituido porque fue acribillado en San Pedro Sula, junto con sus guardaespaldas, días antes de las elecciones internas en las que se escogieron a los candidatos.
Por el Partido Nacional, tratan de ser electos diputados del PARLACEN, el ex diputado y ex ministro de Defensa, Samuel Reyes, mencionado en varias ocasiones por supuestos vínculos con el narcotráfico, situación que él ha negado en repetidas ocasiones.
Por ejemplo, en octubre del 2016, Jennifer Bonilla, esposa del capitán Santos Rodríguez Orellana, denunció que a su esposo le surgieron los problemas en las Fuerzas Armadas “desde la vez que él capturó el helicóptero que, según fuentes, ese helicóptero era de Samuel Reyes con Tony Hernández”.
Samuel Reyes fue designado presidencial en la administración de Porfirio Lobo Sosa y ministro de Defensa en el periodo presidencial de Juan Orlando Hernández, antes de la reelección ilegal. En la fórmula al PARLACEN también figuran, los nacionalistas, Miguel Ángel Gámez, Ricardo Cardona López, Mario Pineda, Yovany Dubón y Juan Carlos Valenzuela, varios de ellos señalados en casos de corrupción. Valenzuela es diputado del Congreso Nacional por el departamento de Lempira y está incluido en la Lista Engel que recientemente publicó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Lista Engel
De los actuales diputados mencionados en la Lista Engel, varios buscan ser reelectos en sus cargos el próximo 28 de noviembre. Sin embargo, serán los electores quienes decidirán si los mantienen en esos puestos que, de acuerdo, particularmente, con las investigaciones de la extinta MACCIH, han utilizado para enriquecerse personal e ilícitamente.
Diputados que figuran en la Lista Engel
| Nombre | Partido | Designación por Estados Unidos |
| Óscar Ramón Nájera
|
Nacional | Vínculos con narcotraficantes “los Cachiros” y corrupción significativa. |
| Gladys Aurora López | Nacional | Corrupción significativa. La MACCIH la acusó en el caso Arca Abierta por la malversación de $800.000. |
| Gustavo Alberto Pérez | Nacional | Corrupción significativa. La MACCIH lo acusó en el caso Arca Abierta por la malversar 800 mil dólares. |
| Augusto Cruz Ascencio | DC-VAMOS | Acusado en el caso Red de Diputados, por la malversación de 8.5 millones de lempiras. |
| José Celín Discua Elvir | Nacional | Malversación de Fondos de la SAG, para campañas políticas. |
| Porfirio Lobo Sosa | Nacional-DC | Comprometido con la corrupción significativa. Mientras era presidente aceptó sobornos de Los Cachiros a cambio de favores políticos. |
| Miguel Martínez p | Nacional | Corrupción significativa. Fue acusado en el caso Pandora. |
| Sara Medina | Nacional | Acusada en el caso Pacto de Impunidad corrupción en su papel de funcionaria. |
| Elvin Santos | Liberal | Acusado en el caso Pandora por la malversación de los fondos de la SAG, para campañas políticas. |
| Juan Carlos Valenzuela | Nacional | Corrupción en Arca Abierta en la malversar 800 mil dólares. |
| Elden Vásquez | Nacional | Corrupción significativa a través de la apropiación indebida de 12.5 millones de dólares de la SAG, para campañas políticas. |
| Milton Puerto | Nacional | Acusado en el caso Arca Abierta por el desvió de 800 mil dólares de la SAG, para campañas políticas. |
Datos tomados de publicación del Departamento de Estado de Los Estados Unidos
