Por Helen Montoya, colaboración especial al CESPAD
Los recientes actos de intimidación en contra de los líderes ambientalistas de Reitoca, Francisco Morazán, ponen en perspectiva, nuevamente, la violenta respuesta del gobierno de Honduras y el surgimiento de cuestionamientos a una administración gubernamental que, como nunca en la historia, apoyó tanto una política extractiva que atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en Honduras.
El proyecto hidroeléctrico que desarrolla la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (Progelsa), en el río Petacón, es el causante de muchos problemas socio-ambientales en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, ya que se trata de un proyecto ilegal e ilegítimo porque está llevándose a cabo en tierras indígenas, sin haberse realizado el proceso de consulta con las comunidades de la zona.
A eso se suma que esa región del país es parte del corredor seco del país, donde la falta de agua, entre varios factores, mantiene sumida en la pobreza a la región. De hecho, el río Petacón es la única fuente de agua para los más de 12 mil habitantes distribuidos en 10 aldeas y 113 caseríos que pertenecen a ese municipio.
Recientes acontecimientos
El 5 de agosto del 2021 se generó un nuevo episodio de represión en el municipio de Reitoca. La Policía, con lujo de violencia, derribó las puertas de las viviendas de los líderes ambientales y los sacó de sus casas de habitación. Fue así como comenzó un proceso de judicialización en contra de los cinco líderes capturados: Orlando Rodas, Andrés Avelino Gutiérrez, Jairo Noé Oliva, Renán Zelaya Vásquez y Jorge Montes. A todos se les acusó de los delitos de incendio agravado contra una posta policial de la zona.
La denuncia oportuna de las organizaciones civiles y del Consejo Indígena Lenca de Reitoca (CILR), fue importante para dar a conocer este nuevo atropello, y ejercer presión para que se les dejase en libertad, pero, con medidas sustitutivas. Algunas de estas medidas[1] incluyen no volver a su pueblo y tampoco salir del país. No obstante, en la audiencia inicial, el 16 de agosto, se dictó sobreseimiento provisional para los defensores ambientales.
La reacción de algunos entes de derechos humanos en el ámbito internacional, no se hizo esperar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, recordó al gobierno que tiene la obligación de investigar los relatos “de uso excesivo de la fuerza, incluyendo agresiones a pobladores, uso indiscriminado de gases lacrimógenos, amenazas y daños a propiedad privada[2]”.
La organización ambientalista, Madre Tierra-Amigos de la Tierra Honduras, denunció que la persecución judicial es un “intento por amedrentar la lucha del pueblo contra las represas y en defensa de sus ríos” y exigió que “cese la persecución judicial contra los defensores del municipio de Reitoca, víctimas de un proceso por defender el río Petacón del capital extractivo[3]”. También exigieron al gobierno que detenga la “persecución judicial de los líderes y defensores”.
Por su parte, la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), en un comunicado solicitó, de manera inmediata e irrestricta, la aplicación de lo indicado en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos[4], adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5, y 12.2[5].
Un poco de historia…
El proyecto hidroeléctrico sobre el río Petacón inició en el año 2013, sin someterse a un proceso de consulta previa, libre e informada, con las aldeas y caseríos del municipio de Reitoca, pese a que este es un municipio Lenca, que posee un título ancestral que data desde 1735[6], y al hecho de que es una obligación del Estado garantizar esta consulta[7].
La consulta previa, libre e informada, tiene su asidero legal en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los pueblos indígenas, normativa que en su artículo 2 indica que “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad[8]”.
La licencia ambiental extendida a favor de Progelsa, la empresa que se ha encargado de la construcción de la hidroeléctrica, se efectuó de manera fraudulenta, en virtud de que no se realizó la consulta con los pobladores de los habitantes de Reitoca[9].
¿Por qué el gobierno apoya a los proyectos extractivos?
El Estado y gobierno hondureño, junto a la empresa privada, han visto con desdén las problemáticas que acontecen alrededor de este y muchos otros proyectos extractivos que se ejecutan en el país, y han actuado con un claro posicionamiento a favor de defender los intereses privados por encima de los derechos de los pueblos indígenas.
De hecho, la ejecución de este tipo de proyectos, pese a los problemas que han acarreado en las zonas en donde se ubican, se considera una clara subordinación del gobierno a las élites económicas del país, que han significado el despojo de territorios indígenas, con el fin de explotar, de manera indiscriminada y sin ningún cuidado, los recursos naturales para convertirlos en fuentes de capital.
Ramiro Lara, coordinador de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), coincide con esa valoración. Este defensor de los derechos medioambientales dice que las “dependencias del gobierno son las que han otorgan los permisos para la ejecución de los proyectos y no les importa pisotear los derechos y la dignidad de la gente local”, porque con eso favorecen los intereses privados y mantienen una estrategia de acaparamiento y explotación por medio de estos proyectos extractivistas.
“Lo hacen a través de los permisos”, amplió, y con ello “se apropian, a través de empresas privadas, de los recursos naturales o bienes comunes que poseen las comunidades”. Lara también cree que los territorios que el gobierno busca arrebatar, son “las tierras de los pueblos indígenas, ya que son los únicos que han cuidado los bosques y los ríos”.
De hecho, Lara, conocedor del tema, dice que el Estado “ha creado una legislación y una institucionalidad para facilitar los trámites a las empresas privadas extranjeras, en algunos casos a empresas nacionales que sirven de intermediarios”. Como ejemplo, cita el caso de Aura Mineral, una empresa minera que opera en el occidente de Honduras, la cual ha dejado una estela de destrucción en la zona, al igual que serios conflictos socio-territoriales.
David Longtin, en una entrevista brindada a la revista Nueva Sociedad (NUSO), afirma que el gobierno reacciona únicamente cuando “las organizaciones internacionales ejercen una fuerte presión, alertadas por las ONG, la sociedad civil y los medios de comunicación”, tanto nacionales como extranjeros, y exponen al mundo lo que acontece alrededor de estos proyectos extractivos.
Las comunidades indígenas y campesinas se resisten a estos proyectos, en ausencia del cumplimiento de deberes por parte del Estado[10]. Aunque el gobierno, por su parte, indique que “cumple con su responsabilidad, invocando reformas legislativas y administrativas o la continuación de las investigaciones y los procedimientos judiciales, aunque en más de 95% de los casos no llegan a sentencias[11]”.
Y por ello que difícilmente las comunidades dejarán de protestar y de realizar acciones en defensa de sus territorios y de los recursos naturales que poseen y que son la base del sustento y desarrollo de sus pueblos.
Concluyendo, las acciones violentas que han acontecido desde hace décadas en diversas regiones del país, han tenido el beneplácito del Estado y gobierno de Honduras. Se trata de estrategias que comparten estos actores, encaminadas a cansar a las comunidades, infundirles miedo y temor a través del uso de la fuerza para que, finalmente, cedan sus territorios.
Y, en ese sentido, la denuncia permanente y el acompañamiento de la sociedad civil organizada, al igual que la comunidad internacional, se hace urgente y necesaria, caso contrario, de forma silente e invisibilizada, las crisis socio-territoriales, que dejan a su paso consecuencias importantes en represiones, judicialización, encarcelamiento y el saldo más lamentable, los asesinatos de líderes y lideresas, no tendrán fin.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Pasos de animal grande. Desarraigados: Juez les prohíbe a defensores del Río Petacón volver a sus casas. 06 de agosto de 2021. https://pasosdeanimalgrande.com/es-co/denuncias/item/3239-desarraigados-juez-les-prohibe-a-defensores-del-rio-petacon-volver-a-sus casas?fbclid=IwAR0UIXs20thAJIacN5GtwaPMUzLubzcBiTBfFzaLd_xyGwQJBfxdBI-4o90
[2] Cuenta de Twitter de la OACNUDH. 17 de agosto de 2021. https://twitter.com/OACNUDHHN/status/1427631325599703052
[3] Radio Mundo Real. Reitoca: “Quieren encarcelar a los líderes y aquí hemos demostrado que todos somos defensores del río”. 31 de agosto de 2021. https://rmr.fm/entrevistas/reitoca-quieren-encarcelar-a-los-lideres-y-aqui-hemos-demostrado-que-todos-somos-defensores-del-rio/
[4] Art. 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.” https://undocs.org/es/A/RES/53/144
[5] Asociación para una ciudadanía participativa. La lucha Lenca por el Río Grande de Reitoca. 6 de agosto de 2021. https://aciparticipa.org/2021/08/06/la-lucha-lenca-por-el-rio-grande-de-reitoca/
[6] Criterio digital. Policía captura cuatro defensores del río Petacón en Reitoca. 5 de agosto de 2021. https://criterio.hn/policia-captura-cuatro-defensores-del-rio-petacon-en-reitoca/
[7] Foro Honduras-Suiza. De la mano con el sur: Derechos Humanos y defensa del territorio 2018. https://honduras-forum.ch/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/Final-De-la-mano-con-el-sur-25.01.2019.pdf
[8] Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales. 1969 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
[9] Criterio digital. “RÍO PETACÓN entre el poder y la corrupción. Entrega III: Hidroeléctrica en río Petacón socava ecosistema de Reitoca”.
https://criterio.hn/hidroelectrica-en-rio-petacon-socava-ecosistema-de-reitoca/
[10] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx%3Ffilename%3D7802%26file%3DSpanishTranslation+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ni
[11] Revista Nueva Sociedad. Honduras: luchas socioambientales bajo amenaza de muerte. Agosto, 2021.
https://nuso.org/articulo/honduras-violencia-politica-y-conflictos-medioambientales/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
