Por Helen Montoya, periodista del CESPAD
Después de un largo proceso de confrontación y negociaciones, los Partidos Nacional (PN), Libertad y Refundación (LIBRE), y Liberal (PL), lograron acuerdos para realizar reformas constitucionales a la institucionalidad electoral y aprobar una nueva Ley Electoral. Pero el texto, aprobado por el Congreso Nacional, en su mayoría conformado por diputados del partido de gobierno, que arguyeron distintas razones para su atraso, dejó una estela de dudas y cuestionamientos.
Las reformas fueron pocas en comparación con la anterior ley, pero pocas o muchas, gran parte de la población hondureña no confía plenamente en lo aprobado. Esa desconfianza tiene su asidero en la conformación de las Junta Receptora de Votos (JRV), que estarán controladas por los tres partidos políticos más fuertes del país. Además, porque no se tomó en cuenta la segunda vuelta electoral y el voto de los hondureños en el exterior.
Pero, además, la nueva Ley se centró, principalmente, en reformas a la parte operativa electoral, y entre ellas el procedimiento para organizar e implementar el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (TREP), que fue una de las pugnas generadas en lo interno de los partidos políticos.
Pero, ¿qué es el TREP y qué plusvalía le dará al proceso de elecciones 2021 en Honduras?
La nueva Ley Electoral 2021, dispone en su texto de dos artículos que hacen referencia a los temas que generan polémica: el artículo 278, “Transmisión de resultados preliminares”, y el art. 279, “Divulgación de resultados preliminares de los escrutinios”.
El artículo 278
Este artículo indica que “Una vez concluido el escrutinio en el nivel presidencial, la Junta Receptora de Votos, en pleno, por medio de los formatos y en aplicación de los procedimientos técnicos, transparentes y seguros, establecidos previamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), debe realizar la transmisión simultánea de los resultados de este nivel electivo, inmediatamente, a los partidos políticos, a las alianzas y a las candidaturas independientes participantes en el proceso”.
Para lograrlo, el CNE deberá contar con un “sistema de transmisión que tenga interconexión directa con el servidor de los partidos políticos, salas de observación y los medios de prensa acreditados”. Asimismo, la Ley detalla que el sistema de transmisión debe ser “…adjudicado como mínimo 4 meses antes de la celebración del proceso electoral”. Sin embargo, eso no se logró debido a los atrasos en el Congreso Nacional.
Por último, el artículo describe que “La inobservancia de la implementación del sistema a que hace referencia el presente artículo, hará incurrir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la responsabilidad por incumplimiento de la Ley”.
Artículo 279
El artículo 279, por su parte, indica que el CNE deberá, el mismo día de las elecciones, “… a más tardar tres horas después de haberse cerrado la votación, en sesión pública del pleno de consejeros, iniciar la divulgación de los resultados preliminares de los escrutinios de las Juntas Receptoras de Votos, y continuar la divulgación en forma periódica”.
El texto agrega que se deberá “… seis meses antes de las elecciones generales, aprobar los medios y lineamientos en materia de divulgación de resultados preliminares, donde debe expresar claramente cuál es el porcentaje de actas y votos que está divulgando y debe advertir sobre el porcentaje pendiente de divulgar por cada departamento, en forma numérica y gráfica”. La divulgación de los resultados se debe “realizar sin ninguna restricción y de manera continua y periódica desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral le dé inicio, excepto por fuerza mayor”.
Tal como establece la Ley, para operativizar estos dos artículos, se debe disponer del funcionamiento de los TREP, para el día de las elecciones. Pero, el 27 de julio venció el plazo establecido en la nueva Ley Electoral, para que el Consejo Nacional Electoral hiciera la adjudicación del TREP, debido al atraso en el Congreso Nacional. La fecha se subsana al aprobarse a inicios de agosto, y se amplió el plazo para el 25 de agosto.
Instalarán seis mil estaciones
La aprobación e instalación del TREP, con el fin de modernizar el proceso electoral e intentar rescatar credibilidad y transparencia en las elecciones, era uno de los principales escollos en el Congreso Nacional, pero en particular, para los diputados del Partido Nacional, y por ello se había atrasado la aprobación del desembolso presupuestario al CNE.
Dos días después de que el Congreso aprobara la ampliación del presupuesto, el CNE anunció que 18,396 actas serán digitadas desde cada centro de votación, y el lector de huellas estará en todas las Juntas Receptoras de Votos, según la cuenta de Twitter de Rixi Moncada, actualmente consejera Vocal.
El CNE anunció que estará instalando al menos seis mil estaciones de transmisión electoral en los centros de votación para que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos envíen los datos del nivel presidencial. En ellos se leerá la huella digital que servirá para constatar la autenticidad de la identidad del elector y prestar el servicio de transcripción y escaneo del acta original de cierre.
Dos horas después de las votaciones habrá resultados preliminares
El propósito será divulgar, dos horas después del cierre de votaciones, la primera tendencia de resultados. Cada acta original de cierre tendrá la firma de los tres miembros de la mesa, quienes le sacarán 14 copias y las distribuirán entre los observadores y partidos políticos. Posteriormente, los miembros de la JRV, presidente, secretario y escrutador se moverán a la estación de transmisión ubicada en cada uno de los 5,692 centros de votación, donde escanearán y transmitirán el documento a los servidores del CNE.
Proceso de adjudicación
Asimismo, hicieron público los parámetros o términos de referencia para que las empresas presentaran sus propuestas para adjudicarse la TREP y contratar con todos “sus requerimientos y bajo un proceso especial o de forma directa para su implementación en las Elecciones generales, con todos sus componentes, suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultorías que sean necesarios”.
El CNE, finalmente, decidió, de acuerdo con el nuevo plazo impuesto por el Congreso que vencía el 25 de agosto, adjudicar a 3 empresas el manejo de la TREP: Technology group ITG, que suministrará las regletas y generadores de energía por la cantidad de 1.9 millones de dólares; Grupo Magic Software Argentina (MSA), a la que se le comprará el software a utilizar por la cantidad de 5.9 millones de dólares, y, Comunicaciones Globales/ Datasys Group, la base de datos, a un precio de 10.9 millones de dólares
El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), destacó sobre la asignación a tres empresas en su informe de veeduría que “el proceso de convocatoria pública, recepción de ofertas y apertura de estas, se realizó conforme a parámetros aceptables de procedimientos públicos mínimos”. De igual forma, indicaron que no se detectó ningún tipo de “sesgo o interés en beneficiar alguna empresa específica” por lo que podían afirmar que se dio en un proceso marcado por la “transparencia”.
Proyecto en rojo
Ese atraso, que hubo antes de la aprobación de fondos, según Moncada, “mató” al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares. Por eso, actualmente, dice que el CNE trabaja de forma acelerada debido al impase.
«Técnicamente después de 45 días es inviable, porque con el equipo técnico elaboramos los escenarios cuando ese proyecto estaba en verde para ejecutarlo, es decir, sin riesgo. Cuando quedaba en color amarillo, con algo de riesgo, y ya cuando estaba en rojo. Los escenarios se le respetaron al Congreso; el proyecto queda en rojo por la cantidad de equipo que se contratará, porque el proceso de importación en tiempo de pandemia es complejo”, agregó.
Fue así que tuvo que recurrirse a un plan B, ya que no ajusta el tiempo para comprar el equipo necesario para “transmitir las 18 mil actas, desde los 18 mil lugares, por lo que tendrán únicamente 6 mil lugares equipados”, ese es el cambio al que tuvieron que recurrir para poder avanzar en la implementación del TREP.
¿Una jugada política del partido de gobierno?
Las aprobaciones, retrasos y situaciones que acontecen en el CNE, en el marco de las elecciones generales, generan una diversidad de opiniones. Para el caso, el ex presidente Manuel Zelaya afirma que la nueva Ley Electoral fue aprobada debido a la presión de los Estados Unidos, lo que significa que no hubo un acuerdo generalizado y el texto de la Ley se aprobó con “lagunas”. Debido a eso, se supone que el Congreso hizo nueve reformas al texto recién aprobado, hace 73 días.
Eugenio Sosa es sociólogo y analista político y sostiene que esta nueva ley “viene a equilibrar un poco las fuerzas, porque el Partido Nacional (PN), que tenía demasiado control, ahora estará más controlado”, mientras agrega que ahora los partidos más grandes (LIBRE y PL), comparten, en cierta manera, el poder en la institucionalidad electoral.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), indicó, en su momento, que era una “nueva jugada política” de los tres partidos más grandes, ya que tendrán el control de las JRV.
Para el diputado del partido LIBRE, Jari Dixon el anuncio de la instalación del TREP, que hizo el CNE, le metió “miedo” al Partido Nacional y por eso aprobó un proyecto “sin ningún consenso y sin respetar el procedimiento legislativo que obliga a tener 86 votos para cualquier reforma, tanto del RNP como de la nueva Ley Electoral”. Dixon afirma que el partido oficialista “va a seguir poniendo piedras en el camino”.
Luego del impasse en el Congreso Nacional, el 3 de agosto, se logró aprobar la ampliación del presupuesto de hasta 1, 000 millones de lempiras, solicitado por el Consejo Nacional Electoral. Con esto se autorizó la realización de los procedimientos especiales o contratación directa para la adquisición del sistema de verificación por huella digital, sistema de transmisión y divulgación de los resultados electorales preliminares, así como los suministros, bienes y servicios, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consultorías que sean necesarios para el desarrollo efectivo de los comicios electorales.
Pero el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, diputado del partido de gobierno indicó que “la aprobación de la ampliación presupuestaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), y del mecanismo para realizar contrataciones fue un acuerdo unánime entre las tres fuerzas políticas y con todos los diputados del Partido Nacional, de Libertad y Refundación y el Partido Liberal lo firmaron”.
¿Restar autonomía al CNE?
El CNE denunció el 20 de agosto, que el Decreto Legislativo 60-2021, por medio del cual se aprobó la ampliación del presupuesto “violenta las prerrogativas constitucionales otorgadas a ese ente, ya que les obliga a crear nuevas estructuras presupuestarias e identificar y registrar en el SIAFI (Sistema de Administración Financiera Integrada) a la Presidencia de la República, todos los gastos de las elecciones y los formularios del gasto (F01) con proveedores de bienes y servicios”, como si el CNE formará parte del Poder Ejecutivo”.
La Consejera Moncada dice que el CNE no forma parte del Poder Ejecutivo, puesto que el órgano administrador de los procesos democráticos no es un Ministerio, para que se pretenda controlar con el manejo de las compras y contrataciones desde un sistema administrativo y financiero como el SIAFI.
En casi los mismos términos, la también consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, en su cuenta de twitter, publicó que el CNE “… no es Secretaría de Estado y no debe ceder autonomía en ejecución/control presupuestario”.
A criterio del ex presidente Zelaya, se trata de una “maquinaria” para desprestigiar las elecciones. «Ese movimiento es producto de que los nacionalistas saben que están perdiendo las elecciones”, dice, mientras agrega que por ello tratan de restarle peso al CNE y al proceso electoral, “quitarle inconstitucionalmente la autonomía financiera al CNE”.
La atadura del Congreso al CNE refleja una intencionalidad por mantener el control de las elecciones desde el Poder Ejecutivo, restando, de esa manera, transparencia y confianza en el proceso electoral. El CNE es un órgano autónomo e independiente y sin subordinación a los otros poderes del Estado, según la Constitución de la República (art.51) y la Ley Electoral (art.6), por lo que estamos ante una nueva jugada política como forma de tergiversar el proceso electoral.
El TREP, como parte de los cambios en la Ley Electoral, puede ser un buen inicio para mejorar el conteo preliminar, evitar retrasos y reducir las posibilidades de fraude, además, para que el pueblo hondureño recupere, poco a poco la credibilidad en las elecciones.
El Cespad considera que el manejo de las reformas y ampliación del presupuesto al CNE, desde el Congreso Nacional, fue un cálculo político por parte del partido de gobierno para incumplir con el calendario electoral, y de esa manera trastocar el engranaje necesario para la buena andanza del proceso, de cara a las elecciones del 28 de noviembre. Además, de que persiste la pretensión de subordinar al órgano electoral al Poder ejecutivo como una forma o un plan preconcebido para afectar las elecciones.
El CNE debe, ahora, acelerar el proceso y, en la medida de lo posible, avanzar hacia el establecimiento de unas elecciones que, aunque generan desconfianza ciudadana, se acerquen al estándar de buenas prácticas para el fortalecimiento de la democracia.
Este es un informe del CESPAD en el marco del proyecto de Monitoreo ciudadano de elecciones generales del 2021.
