Escrito por Lucía Vijil Saybe, analista del CESPAD.
Los discursos, promesas y los compromisos con diferentes sectores de la sociedad hondureña son parte de las campañas políticas de las y los aspirantes a cargos de elección popular. Sin embargo, en un país como Honduras, con una escala compleja de violencia en muchos territorios; el desplazamiento forzado de personas y de comunidades, propiciado por la instalación inconsulta de los proyectos, en particular hidroeléctricos y de minería, ¿caben en la agenda de los aspirantes a cargos de elección popular, las demandas de las comunidades o de los movimientos sociales que luchan contra el extractivismo?
En el interior del país, decenas de comunidades se enfrentan a situaciones que son invibilizadas por los medios de comunicación pero que, para un amplio sector de la sociedad no son desconocidos, y que se vuelven indicativos de la conflictividad socioambiental en Honduras:
- a) corrupción en la instalación de proyectos extractivos (caso Fraude sobre el Gualcarque[1]),
- b) expansión de la frontera extractiva,
- c) violencia territorial, manifestada en el uso desproporcional de la fuerza (caso más reciente la captura de 4 defensores en Reitoca[2]),
- d) criminalización y judicialización (el Bajo Aguan continúa como referente nacional por la forma en cómo las autoridades de investigación en Honduras continúan procesos de criminalización y judicialización a defensores y defensoras del territorio[3]), y
- e) patrones comunes de violación a derechos humanos (a nivel nacional, la negación del derecho a la consulta, derecho a acceso a justicia, derecho a un medio ambiente sano, etc., son patrones sistemáticos que limitan la acción de defensoría y aumentan el riesgo para la vida de los y las defensoras).
En ese marco de conflictividad, es válido preguntarse: ¿ha respondido el modelo de democracia liberal en Honduras a las demandas de los movimientos socio ambientales?, ¿los partidos políticos representan los intereses o podrían asumir políticamente las demandas puntuales de los movimientos socio-ambientales? y, ¿qué retos, de cara a los próximos comicios electorales del noviembre 28, deberían asumir los partidos políticos en relación con este tema?
Deuda histórica de la democracia liberal con los movimientos socioambientales y las luchas por la defensa de los recursos naturales
Luego del período de las dictaduras militares en Honduras, en 1982 se retorna a la democracia y se abre espacio a las elecciones periódicas y al voto en las urnas, como ejercicio para validar la democracia liberal. Este tipo de democracia se adaptó de forma rápida y la representatividad de la ciudadanía, la asumieron los políticos que optaban y ganaban cargos de elección popular.
Es así que desde 1982 y hasta principios de 1999, el Estado de Honduras, mientras avanzaba en lo que para muchos era y sigue siendo un proceso democratizador, fue consolidando, paralelamente, el proyecto extractivo en el país, a través de marcos legales influenciados por la política neoliberal de la región, entre ellos: Ley Marco del Subsector Eléctrico (1994), la Ley de Concesiones (1998) y la Ley de Minería (1999). Para entonces, los movimientos socioambientales, desconocidos aún por la mayoría de la población, ya colocaban en el centro de la discusión la demanda por la desmercantilización de los bienes comunes de la naturaleza, la cancelación de las concesiones forestales y las críticas hacia el modelo neoliberal y sus implicaciones en las pequeñas economías.
Después del Huracán Mitch (1998), en el proceso de recuperación y de reactivación de la economía de Honduras, y siempre bajo la bandera de la democracia, se aprobó la Ley de Aguas (2003) y la Ley de Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables (2007). Pero luego, la disrupción de los principios de la democracia, con el golpe de Estado del 2009, la avanzada legal a favor de los extractivismos se intensificó. Más recientemente, la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE-2013) y los decretos de emergencia, en el marco de la COVID19 (PCM-030-2020 y su reforma PCM-041-2020), agudizaron la conflictividad territorial.
Es decir, durante los últimos 30 años, los gobiernos, dirigidos por el partido liberal y nacional, han cooptado y cerrado los espacios de discusión ciudadana. La falta de independencia de poderes del Estado (apropiados pesos y contrapesos) han afectado la autonomía del funcionamiento del sistema político y, por ende, a la democracia. Y si hablamos desde los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, han jugado un papel clave en la promoción de las políticas extractivistas, pero también un rol fundamental en la escalada de la violencia territorial, al ser una estructura parte del conflicto y tomar partido a favor de las empresas. Sin embargo, pese a los ejercicios de resistencia y pequeñas victorias (cancelación de concesiones y permisos de explotación de madera, declaratoria de áreas de reserva y libres de proyectos extractivos, etc.) del movimiento socioambiental, en el centro persiste la deuda histórica de los partidos políticos con los sujetos y sujetas políticas de los territorios.
Mínimos cambios, grandes batallas
Lo atrás señalado, coloca en perspectiva las acciones emprendidas por los diferentes gobiernos para la promoción de una política extractivista pero, también, la desigualdad que ha habido en no apoyar otros proyectos y políticas públicas que mejorarían las condiciones de vida en una verdadera democracia que requiere, como lo diría Touraine[4], “reconocer el derecho del otro y la otra”.
En suma, los mínimos cambios que se han logrado a favor de los movimientos sociales no han sido más que el resultado de años de acciones políticas, exigencias en las calles y manifestaciones con el objetivo de hacer eco de las demandas públicas que, hoy por hoy, ante la militarización de la sociedad y marcos legales para judicializarles y criminalizarles, tampoco encuentran espacio dentro de las propuestas y discursos de los partidos políticos (con raras excepciones).
De cara al 28 de noviembre, ¿qué retos deben asumir los partidos políticos?
Los comicios del 28 de noviembre del 2021 son decisivos para los movimientos socioambientales. Dependiendo de quién gane la presidencia de la República, las diputaciones, las alcaldías y otros puestos claves, la escalada se acrecentará en el país como ha ocurrido en los últimos dos gobiernos con el extractivismo, o con el proyecto de las ZEDEs, que se ha convertido en una seria amenaza de expansión, abanderado por el partido político en el poder y, se sobreentiende que, por el candidato a la presidencia, apoyado por el gobierno mismo. En sentido opuesto, un panorama distinto, que abra un espacio a la participación de las comunidades para definir el destino de sus vidas en los territorios, podría acontecer.
En aras de lo anterior, los siguientes puntos son un ejercicio de reflexión para los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular con poder de decisiones, no precisamente porque se considere que el único ejercicio válido de democracia son las elecciones, si no, más bien, considerando que es urgente retomar el reconocimiento “de la sociedad política y su autonomización”[5].
- Repensemos la representatividad
El caso de la reelección de Juan Hernández, que de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es un derecho humano[6], y en Honduras se instaló a través de un fraude electoral, dejó las bases para comprender la forma en que las minorías inclinan balanza hacia sus intereses, pero también, la forma en cómo se debilita la democracia cuando se excluye a las mayorías.
En ese sentido, las políticas de concentración de poder económico y militar, que han sido características de los últimos 3 gobiernos (se toman como referencia porque el marco extractivo tomó fuerza y se agudizó la conflictividad socioambiental), no han hecho más que reproducir y aumentar las brechas de desigualdad, feminizar la pobreza y aumentar la conflictividad territorial. El reto latente es lograr la correspondencia entre demandas sociales y las ofertas políticas[7] que, efectivamente, pasen del discurso a una verdadera apuesta por transformar la realidad.
2. Reconocimiento de las clases sociales
En pleno siglo XXI, se vuelve impensable que los partidos políticos desconozcan o se refieran en sus discursos a la lucha de clases vigente y, en relación con el tema que nos atañe, la embestida que sufren a diario diversas comunidades en el interior del país, por defender sus bienes naturales y evitar la expulsión de sus propios territorios.
Entonces, representar los intereses desde los movimientos socioambientales, implica: 1) retomar los principios básicos de soberanía y seguridad alimentaria, 2) el reconocimiento de la tierra y el territorio como el espacio organizativo núcleo, 3) colocar a las mujeres como centro de los ejercicios de resistencia y trabajo invisibilizado, y 4) ubicar a los bienes comunes de la naturaleza y su defensa, como principio básico de convivencia.
3. Clase política decente
Levitsky y Ziblatt[8], han colocado al debate, que, para salvaguardar las democracias, son urgentes los controles efectivos y de capacidades de los partidos políticos hacia quienes ostentan cargos públicos, es decir, ese filtro necesario de personas cuyos intereses respeten los principios básicos de derechos ciudadanos pero que permitan recuperar el ejercicio político decente.
En esa línea, los y las aspirantes a cargos de elecciones popular deben tener presente que los movimientos socioambientales les han dado seguimiento a los procesos de instalación de proyectos extractivos en sus comunidades y, por ende, a quienes los han promovido y se han favorecido con ellos, por tanto, se vuelve urgente esa tarea de control de los partidos políticos a quienes pretendan asumir cargos públicos.
En conclusión, el respeto de los derechos humanos y de las justas demandas de los movimientos socioambientales, son la punta de lanza para la construcción de sociedades verdaderamente democráticas. Por lo tanto, es urgente que las problemáticas en las que subsisten, se coloquen, de manera urgente, en el discurso público y en los planes de gobierno de los candidatos a cargos de elección popular, en aras de una verdadera lectura y comprensión que conlleve a poner fin a la conflictividad socioambiental, a la persecución, criminalización y al asesinato de las y los lideres ambientales.
Referencias
[1] CESPAD. 2020. Fraude sobre Gualcarque, el caso que devela cómo operan desde el Estado las redes de corrupción en la concesión de ríos en Honduras. Vea: http://cespad.org.hn/2020/01/15/fraude-sobre-gualcarque-el-caso-que-devela-como-operan-desde-el-estado-las-redes-de-corrupcion-en-la-concesion-de-rios-en-honduras/
[2] Vea: https://criterio.hn/policia-captura-cuatro-defensores-del-rio-petacon-en-reitoca/#:~:text=-%20Esta%20madrugada%20de%20jueves%20el,vecinos%20en%20las%20redes%20sociales.
[3] Vea: http://www.conexihon.hn/index.php/dh/39-conflictos/1884-continua-la-criminalizacion-contra-defensores-del-territorio-en-el-aguan
[4] Touraine, Alain. 2000. ¿Qué es la democracia?
[5] Ídem.
[6] CIDH. 2021. LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL INDEFINIDA ES CONTRARIA A LA CONVENCIÓN Y DECLARACIÓN AMERICANA. Vea: https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_53_2021.pdf
[7] Ídem 6.
[8] Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) Cómo mueren las democracias.
