Por Helen Montoya, analista del CESPAD
Tanto Guatemala como Honduras han vivido décadas de corrupción e impunidad debido a la cooptación de los poderes del Estado y de los órganos de seguridad que han dejado, por consiguiente, la incorrecta aplicación de la justicia. Las redes de corrupción internas, más el crimen organizado transnacional y la falta de voluntad política de las clases gobernantes, hacen que ambos se consagren como países con problemas severos de inseguridad, migración irregular, pobreza, desigualdad y falta de oportunidades para sus sociedades.
Ambos países tienen en común estructuras fuertes y complejas de poder en las que confluyen políticos, empresarios y militares que han abonado a períodos de inestabilidad, para favorecer sus intereses económicos y los de sus aliados externos. En Guatemala, luego de lograr la ansiada paz en 1996 y en Honduras, luego del golpe de Estado en 2009, la inestabilidad política se agudizó y las élites lograron obtener poderes ilimitados a favor de la corrupción e impunidad.
Los dos países también tienen en común que las élites corruptas que gobiernan, a través de pactos, se han esforzado para encontrar motivos ilegales y no constitucionales para desmontar por completo el trabajo que realizaron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que estuvo vigente en ese país entre el 2007 y el 2019, y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), que trabajó entre el 2016 y el 2019.
Por ejemplo, la CICIG con el apoyo del Ministerio Público, acusó a más de 1, 500 personas, logró procesar a más de 660 y, a julio de 2019, había conseguido 400 condenas y 34 reformas legales presentadas. Aun con esos avances, las élites corruptas guatemaltecas lograron que la Misión no siguiera y, a partir de eso, han realizado acciones judiciales y políticas para desmontar las acusaciones, procesamientos y condenas. Es por ello que para el último Comisionado que tuvo la CICIG, Iván Velásquez, el “alto grado de corrupción en el país, que se ha caracterizado como sistémica, estructural, ha producido una verdadera captura del Estado[1].
Entre tanto, la MACCIH presentó en Honduras 12 casos y 50 investigaciones que muestran poco avance al no existir voluntad política para darles seguimiento. Es conocido que por medio del “Pacto de Impunidad”, construido para expulsar a la MACCIH, la élite gobernante desmontó por completo el sistema de justicia imparcial e independiente, además de la persecución penal contra los señalados de cometer actos emblemáticos de corrupción.
Según la ex vocera de la MACCIH, Ana María Calderón: “La corrupción es un fenómeno que involucra redes de actores poderosos que tienen alcance no solo nacional, trasciende más allá de las fronteras y esos personajes son los que escriben las reglas de la administración pública[2]”.
Para Claudia Paz y Paz, exfiscal de Guatemala: “Claramente la no renovación del mandato de la CICIG en Guatemala, y la MACCIH en Honduras solo demuestran la falta de voluntad y de las más altas autoridades en este caso los presidentes de Guatemala y de Honduras contra la lucha de la corrupción y contra la impunidad[3]”.
- Las amenazas sobre la UFERCO y Luis Javier Santos Cruz
Con la no renovación de la MACCIH, también desapareció la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) y se creó la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), para “supuestamente” seguir la judicialización de los casos presentados por la Misión. Sin embargo, al ser creada, a la UFERCO se le asignó un menor presupuesto, menor cantidad de personal y competencias reducidas, como una forma de desmantelar la estructura anticorrupción y contra la impunidad que se había forjado.
Pero eso no fue suficiente para acallar la lucha contra la corrupción. El Fiscal-director de la UFERCO, Luis Javier Santos Cruz, denunció el pasado 18 de junio, a través de las redes sociales, que lo tienen en observación e investigación debido a supuestas filtraciones de información a la prensa, sobre el caso de corrupción “Hermes”.
Santos expresó en la red social twitter lo siguiente: “Cuatro días de desvelo, en audiencia de “Caso Hermes”, junto a mi compañero fiscal Juan Carlos Griffin, ¿llego cansado a la oficina y el Ministerio Público nos recibe con un equipo de supervisión para investigarme… como se puede luchar Contra la Corrupción así?”.
Y agregó: “Las preguntas, usted ha facilitado información del caso Hermes, ¿ha dado entrevistas, quien lo autorizo? Respondí porque todas estas actuaciones, formaran parte de mi libro “La corrupción en Honduras tiene nombre y apellido”. La verdad siento pena, porque no fue UFERCO que filtro (la) lista”.
La UFERCO ha tenido muchos problemas financieros, de independencia y de capital humano, que han reflejado una clara falta de voluntad política y la obstaculización de sus deberes como forma de alejar la justicia y la oportunidad de acabar con décadas de impunidad. Los resultados son visibles: muy poco avance para seguir los casos que dejó encaminados la MACCIH y que, según un análisis publicado, son unas “50 investigaciones” que han estado avanzando lentamente o están paralizadas por la falta de apoyo. Entre esas investigaciones y casos de corrupción se citan los conocidos como Pandora, Fraude sobre el Gualcarque, Caja chica de la Dama, Pacto de impunidad, Caja chica del hermano, narcopolítica, Licitación fraudulenta del Seguro Social y Red de diputados.
También se conoció de procedimientos disciplinarios en contra de al menos tres de los fiscales de la UFERCO, por parte de la Inspectoría del Ministerio Público y una nueva causa penal por parte de la Fiscalía, para el enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector Justicia, los que estarían insertos en un “patrón sistemático de criminalización de los fiscales a cargo de la investigación y litigio de casos de gran corrupción que involucran intereses poderosos[4]”.
- Destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval en Guatemala
La decisión de la fiscal general, María Consuelo Porras, de destituir al Fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el pasado 23 de julio, fue una nueva estocada a los esfuerzos de la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. Luego de su destitución, Sandoval dijo que decidió salir del país, “porque todos los actores cercanos a la fiscal general, que han sido detractores de su trabajo, empezaron a circular información relacionada a acciones a emprender en su contra y por eso fue necesario salir del país para proteger su integridad física[5]”.
La destitución según expresó en una entrevista de Sandoval: “se venía manejando en el ámbito de los operadores de justicia mi eventual destitución por el trabajo que desarrollé en conjunto con la CICIG[6].” Sandoval dijo también que “encontró muchos obstáculos en su labor, y que se le pidió no investigar a Giammattei, sin el consentimiento de Porras (la fiscal)[7], dejando entrever la posición de impunidad para el actual presidente y sus funcionarios.
Estados Unidos indicó que “hemos perdido la confianza en el fiscal general y su decisión, e intención de cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y luchar contra la corrupción de buena fe. Como resultado de las acciones de la fiscal general, el gobierno de los Estados Unidos está pausando temporalmente la cooperación programática con el Ministerio Público…[8]”.
Según la fiscal Porras, en una carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, la destitución se da ya que: “constantemente se velaba porque el ex Fiscal de Sección (Sandoval) desarrollara su actuar de manera objetiva, sin sesgos de ningún tipo, a efecto de que les investigaciones que se llevan a cabo, se realizaran apegadas al principio de legalidad. Sin embargo, incumplía reiteradamente con las directrices emanadas por la superioridad, dirigidas estrictamente al fortalecimiento de la persecución penal[9]”.
Luego de esa destitución, considerada ilegal y arbitraria, varias organizaciones internacionales que trabajan en función de promover el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en Guatemala, explicaron en un comunicado que: “La fiscal general Porras está violando la Ley Orgánica del Ministerio Público porque para destituir a un fiscal de carrera se debe seguir un procedimiento disciplinario interno y se debe comprobar que ha cometido una falta grave, como lo establece el artículo 63 de dicha ley. La destitución violenta también el derecho internacional, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la separación del cargo de un fiscal debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, faltas de disciplina graves o incompetencia y que se requiere de procedimiento previo justo, objetivo e imparcial conforme a la Constitución o la ley[10]”.
En esa misma línea de opinión se expresó la ex fiscal Claudia Paz y Paz, “la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la carrera fiscal, por lo que no son de libre remoción y no son empleados de confianza; para destruirlos se tiene que probar una falta muy grave de acuerdo con un proceso disciplinario y son las juntas disciplinarias las que están encargadas de emitir esta decisión. Un reglamento no está por encima de la ley, de una resolución así, es una resolución abiertamente ilegal, debe revisarse esa decisión por la Tribunales de la República[11]”.
Luego fue propuesto como nuevo fiscal a Rafael Curruchiche, exfiscal de Delitos Electorales, que es conocido por favorecer a financistas de campañas políticas ilícitas y que fue acusado de corrupción por legisladores opositores al actual gobierno. Sobre ese nombramiento, Estados Unidos indicó que “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción[12]”.
A manera de conclusiones, las diferentes acciones contra la UFERCO y su Fiscal Jefe, así como el despido injustificado de Sandoval, están enmarcadas en los pactos de impunidad, en ambos países, para desarticular el sistema jurídico penal que se estableció a través de las MACCIH y la CICIG. A pesar de que ya no siguen funcionando ambas estructuras, las líneas de investigación y los casos de corrupción que expusieron en sus tiempos de existencia han seguido manteniéndose, aunque sin la fuerza necesaria por las mismas acciones de auto defensa de las élites gobernantes.
La persecución penal y personal son, a grandes rasgos, las amenazas que ha conllevado en los dos países las posiciones de las fiscalías anti corrupción e impunidad. En el caso de Sandoval, que se tuvo que exiliar por temor a represalias en su contra, y en el caso de Santos, se le ha abierto expediente de investigación.
Estos casos ponen en peligro la recién creada Fuerza de Tarea Anticorrupción y Trata de Personas en el Triángulo Norte, por parte de Estados Unidos y Guatemala, el pasado 7 de junio, y que estaría llamada a complementar los esfuerzos de los fiscales del Triángulo Norte en sus trabajos para luchar contra la corrupción.
Sin embargo, aún quedan algunos vestigios de esperanza para que los corruptos en ambos países no queden impunes. La veeduría y las denuncias de una sociedad civil organizada deben de ser las herramientas para que esos casos no queden sepultados bajo trámites tramposos e ilegales, y seguir trabajando, en conjunto, para que la comunidad internacional no deje de presionar a las élites gobernantes y corruptas de Guatemala y Honduras.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Onu. La CICIG generó conciencia ciudadana y mostró que se puede luchar contra la corrupción.
https://news.un.org/es/story/2019/09/1461472
[2] Cespad. Así funciona la corrupción y los pactos de impunidad en Honduras. http://cespad.org.hn/2021/05/14/asi-funciona-la-corrupcion-y-los-pactos-de-impunidad-en-honduras/?fbclid=IwAR14huyUOFoz7lD9PUt61ZZTAHPg5F5FwEDbzb2Ad2k91M2ewXJy0eccZ-0
[3] Expediente Público. La salida de la MACCIH plantea grandes desafíos al Ministerio Público y la UFERCO
LA SALIDA DE LA MACCIH PLANTEA GRANDES DESAFÍOS AL MINISTERIO PÚBLICO Y LA UFERCO
[4] Wola. Organizaciones internacionales urgen cese de ataques contra fiscal hondureño Luis Javier Santos y expresan alarma sobre campaña de desestabilización contra la UFERCO.
https://www.wola.org/es/2021/06/honduras-ataques-uferco/
[5] Prensa Libre. Fiscal general, Consuelo Porras, habría impedido que la Feci investigara a líder sindical Joviel Acevedo, según Juan Francisco Sandoval.
[6] BBC News Mundo. La ilegalidad con la que fui destituido es un mensaje directo para el que se atreva a desafiar al régimen»: Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción de Guatemala.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57993177
[7] Deutsche Welle. Fiscal de Guatemala destituido abandona el país por seguridad. https://www.dw.com/es/fiscal-de-guatemala-destituido-abandona-el-pa%C3%ADs-por-seguridad/a-58628515
[8] Prensa Libre. “Hemos perdido la confianza en la fiscal general”: EE.UU. paraliza cooperación con el Ministerio Público
[9] Prensa libre. Jefa del MP justifica destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval en carta que le envió al Departamento de Estado de Estados Unidos.
[10] WOLA. Organizaciones internacionales rechazamos la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala
https://www.wola.org/es/analisis/los-hechos-el-legado-de-la-cicig-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-en-guatemala/
[11] Cuenta de twitter de Bertha Mendoza, corresponsal de CNN en Guatemala.
Pronunciamiento de la ex fiscal @ClaudiaPazyPaz respecto de la destitución del jefe de la #FECI @JSandoval1982 pic.twitter.com/78pB49Z8Ln
— Bertha Michelle Mendoza (@mmendoza_GT) July 24, 2021
[12] Prensa Libre. “No agrega confianza”: EE. UU. cuestiona nombramiento de Curruchiche como nuevo fiscal anticorrupción.
