Por: Xiomara Orellana
Edición: Claudia Mendoza
Colusión de funcionarios del Estado con empresarios, trámites administrativos irregulares, beneficios para adjudicar contratos y la omisión de informes e incumplimiento de requisitos, fueron parte de los hallazgos de la investigación que se realizó sobre la concesión del río Gualcarque y que ahora tiene a seis (de 16 acusados) enfrentando un juicio oral y público en Honduras.
Esos seis personajes son Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Luis Eduardo Espinoza Mejía, José Mario Carbajal Flores y Raúl Pineda-Pineda. Una investigación que realizó la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC), junto a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), les sindica a todos de formar parte de una red que facilitó que la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima S.A. (DESA), fuese beneficiada con el contrato de operación para el desarrollo de un proyecto energético en el río Gualcarque.
Berta Cáceres, la ambientalista Lenca que lideró en vida la lucha contra la instalación de DESA en la zona, sabía que no había un proceso legal detrás de esa concesión y que todo era parte de los acuerdos que se pactan en el alto nivel, para la adjudicación de este tipo de proyectos. Además, que pese a la oposición de las comunidades afectadas que cohabitan la zona de Río Blanco, en Intibucá, occidente de Honduras, nada detendría a DESA. Por eso impulsó una lucha que actualmente mantiene detenida la construcción del proyecto, y que fue determinante para que la Fiscalía llevara ante los tribunales de justicia a los implicados.
El juicio, que inicia para las personas enunciadas atrás, es de importancia trascendental para el país. “Fraude sobre el Gualcarque” le denominó el binomio MACCIH/UFECIC, a un caso mediante el cual se muestran las prácticas corruptas en los procesos de concesión de la riqueza natural, en particular los ríos, las aguas nacionales y las zonas protegidas.
Los intentos por frenar la investigación en Gualcarque
Fraude sobre el Gualcarque es el noveno caso de investigación penal que presentó el equipo formado por UFECIC/MACCIH. El requerimiento Fiscal inicial se formuló en contra de 16 personas, acusadas por los delitos de Abuso de autoridad, Violación a los deberes de los funcionarios públicos, falsificación de documentos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y fraude.
La investigación de este caso, inicialmente avanzó en acusaciones contra funcionarios de las municipalidades involucradas en los territorios en concesión. Asimismo, funcionarios de categorías bajas de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), y del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Pero Fraude sobre el Gualcarque implica a más instituciones estatales y funcionarios que, según la investigación, mantuvieron un “comportamiento sistemático coordinado”, en el cual el sector económico tuvo también una participación muy importante.
Debido a la naturaleza de los personajes involucrados en esta red de corrupción, hubo intentos por frenar el avance de la investigación y detener las acciones de la UFECIC. Incluso, se quiso evitar que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia y por eso ocurrió un ataque sistemático hacia las comunidades y a sus líderes, establece la investigación.
Faltan los diputados que participaron en la aprobación de los contratos
Para el COPINH, el juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque es apenas una acción de las muchas que aún están pendientes en este proceso. Hay otra investigación y un probable enjuiciamiento. “Falta la gente del Congreso Nacional que participó en la aprobación de los contratos”, dice Fernández, al traer a colación que desde ese Poder del Estado también hay colusión en la otorgación de contratos amañados.
Fernández agrega que también “hace falta la exhibición pública de los contratos que, a todas luces, deben tener un control, como mecanismo para evitar la práctica corrupta y violatoria de los derechos humanos que generan las concesiones como esta. Por eso son importantes las dos perspectivas que tiene el juicio “la territorial y la institucional en la lucha contra el sistema de administración de justicia”, acotó.
Es un ejercicio de defensa territorial
Más allá de la dilucidación del caso ante los tribunales de justicia, en este caso es clave, aparte del trabajo hecho en vida por Berta Cáceres, la determinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y de la comunidad de Río Blanco para luchar contra la instalación de represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque.
“Ellos pusieron en juego su integridad física, incluso, para frenar las concesiones corruptas, los acuerdos arbitrarios, sin importar las consecuencias. Además de la colusión institucional, este caso también se analiza desde la perspectiva que es la lucha territorial comunitaria por la soberanía”, afirma Víctor Fernández, el abogado que ha estado conociendo el caso desde el año 2019, fecha en la cual lo presentó la UFECIC/MACCIH ante los tribunales.
¿Qué consecuencias va a tener el juicio? “Eso es otra historia”, dicen los indígenas Lencas. Por ahora lo que les importa es cómo va a abordar el sistema de administración de justicia el caso. Para el COPINH, las comunidades y otras organizaciones vinculadas al juicio, lo importante es que llegar al juicio es producto de cómo ejercieron la soberanía de sus territorios. “Fue una lucha directa con el cuerpo, con la sangre, con controles territoriales. Pero también se defendió el territorio, la institucionalidad y se logró hacer esta fisura en la barrera de impunidad que hay en el país”, dice convencido Fernández.
El aprendizaje en el caso
La lección que deja este caso presentado por la UFECIC/MACCIH y que ahora da seguimiento la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (UFERCO), es importante porque las organizaciones y las comunidades aprendieron sobre la defensa de sus territorios y sus recursos y ahora lo aplican en sus zonas.
Por ejemplo, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización de la cual es miembro Fernández, “plantó una lucha territorial en varios proyectos de este tipo y liberó el territorio junto a las comunidades y tiene plantado un debate, una contienda a nivel institucional del sistema de administración de justicia nacional e internacional”.
Fernández dice que por eso sería importante que el Estado de Honduras le diera participación al COPINH y a la comunidad Lenca como sujeto procesal, porque es constructora de este proceso.
Los 16 implicados
En el caso Fraude sobre el Gualcarque, la investigación penal que presentó el equipo formado por UFECIC/MACCIH, implica a 16 personas. Sin embargo, los otros diez involucrados presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, una acción que ha retardado la definición del rumbo de sus casos.
A continuación, la lista de las personas, en su totalidad, implicadas en este caso de corrupción.
1) Francisco Rafael Rivas Bonilla
2) Julio Alberto Perdomo Rivera
3) Catarino Alberto Cantor López
4) Luis Eduardo Espinoza Mejía
5) Ana Lourdes Martínez Cruz
6) Aixa Gabriela Zelaya Gómez
7) Darío Roberto Cardona Valle
8) Mauricio Fermín Reconco Flores
9) José Mario Carbajal Flores
10) Óscar Javier Velásquez Rivera
11) Roberto Aníbal Martínez Lozano
12) Roberto David Castillo Mejía
13) Julio Ernesto Eguigure Aguilar
14) Raúl Pineda-Pineda
15) Carolina Lizeth Castillo Argueta y
16) Saida Odilia Pinel
