Por: Xiomara Orellana
Edición: Claudia Mendoza
Fueron dos semanas de debate en el juicio oral y público. La diferencia, esta vez, es que en el juicio que se sigue por el caso de corrupción Pandora se presentó el “testigo estrella”, Fernando Suárez. Este hombre, de mediana estatura, fue quien relató cómo se tejió desde Casa Presidencial el plan perfecto para saquear fondos de varias dependencias estatales, una de ellas la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Con lujo de detalles, narró que esa gran estafa sirvió para financiar la campaña política del año 2013, no solo del Partido Nacional, sino también del Partido Liberal.
El testigo estrella de la Fiscalía en su declaración fue claro: explicó cómo operó la estructura, quiénes estuvieron involucrados en lo que denominó “una red criminal”. Y cómo no brindar detalles puntuales y específicos si fue la persona que conoció “al dedillo” el modus operandi, ya que él fue el representante legal de las Fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, las dos Organizaciones No Gubernamentales que se crearon ficticiamente para realizar la sustracción de recursos estatales.
Durante dos días, el testigo habló de los gestores, del papel que tuvieron los acusados en la red y afirmó que los 288 millones de lempiras que se robaron desde la SAG, al final, tuvieron un destino político y personal, muy distinto al que se planteó en los proyectos agroindustriales y capacitaciones inexistentes que justificaron la salida del dinero.
En el juicio se estableció que otras instituciones de Gobierno, al igual que funcionarios públicos, estaban al tanto de las operaciones porque en el caso de presentarse algún problema, se evitaría al máximo llevar a “los cerebros” ante la justicia. El Ministerio Público planteó, también, que de esos 288 millones de lempiras que se saquearon de la SAG, Fernando Suárez “se embolsó” al menos 56 millones.
MP solicita fallo condenatorio
La cantidad de la prueba testifical, documental y pericial evacuada fue abundante. Por eso los fiscales de la UFERCO están convencidos que acreditaron la responsabilidad de los tres acusados y solicitaron al Tribunal con Jurisdicción Nacional en Materia de Corrupción, un fallo condenatorio.
“Es prueba contundente”, aseguró Luis Javier Santos, quien ha llevado la batuta en el presente juicio contra Jacobo Regalado, ex ministro de la SAG; Laura Arita, ex contadora, y Norma Montes, ex Gerente Administrativo de la SAG. Estos personajes están acusados por los delitos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos.
Mientras, las defensas de los tres acusados imputados solicitaron un fallo absolutorio porque aseguran que esa prueba es insuficiente para demostrar que sus representados participaron en el desvío de ese dinero.
El juicio
Durante las dos semanas de evacuación de la carga probatoria, la UFERCO señaló que el principal objetivo que tuvieron las dos fundaciones fue gestionar presupuestos que se dirigían a varias instituciones gubernamentales, para aparentar legalidad. De esta forma, se sustrajo dinero que sirvió para financiar la campaña política del año 2013, del Partido Nacional y Liberal.
De Jacobo Regalado, la Fiscalía afirma que “su actuar fue contrario a las facultades establecidas para su cargo y que únicamente se limitó a solicitar la ampliación presupuestaria de 30 millones de lempiras, pero que se desentendió de la supervisión y ejecución de ocho proyectos que resultaron inexistentes”. Esta información fue sustraída de los testimonios de los alcaldes de los municipios en los que supuestamente se ejecutarían los proyectos”.
Pero más allá de que Regalado se desentendió de verificar el uso de los recursos sustraídos, la UFERCO afirma que él mantuvo una relación societaria con Fernando Suárez, quién, incluso, apadrinó su boda, le pagó cuentas personales y le realizó varios depósitos bancarios.
1.6 millones para pago de tarjeta de crédito de parientes de Jacobo Regalado
La auditoría forense realizada por los peritos de la UFERCO, identificó los convenios suscritos entre la SAG y las dos fundaciones, entre los años 2011 al 2014. Pero, más allá de los montos asignados a cada Convenio, la investigación dejó en evidencia que las solicitudes de ampliaciones presupuestarias fueron parte de la estrategia utilizada para justificar la salida de fondos.
La UFERCO determinó que en una ampliación de fondos, el propio ex ministro de la SAG solicitó 30 millones de lempiras para cuatro proyectos sociales inexistentes, que se transfirieron a la Fundación Todos Somos Honduras. Sin embargo, 1.6 millones sirvieron para pagar las tarjetas de crédito de parientes cercanos del ministro de la SAG.
Conforme avanzaba la investigación se descubrieron más irregularidades, como la entrega de fondos a la Fundación Todos Somos Honduras, pese a que no tenía aún una personería jurídica que la respaldara.
Por otro lado, y en relación con la estructura, al analizarse la documentación, se identificaron tres juntas directivas que se conformaron para la operación de la fundación Todos Somos Honduras. Dos juntas estaban habilitadas para el período del 2010 al 2012. En una era presidente Leonardo Coto Cruz y en la otra Fernando Josué Suárez Ramírez. Pero en el período del 2012 al 2014, se identificó una tercera junta directiva: su presidente era Jaime Antonio Suárez, padre de Fernando Josué Suárez Ramírez.
¿Cuáles fueron algunos de los convenios que suscribió la SAG con la Fundación Todos Somos Honduras?
Cinco convenios y un addéndum se suscribieron entre el Ministro de la SAG, Jacobo Regalado Weitzemblut y Jaime Antonio Suárez Ramírez.
- El primer convenio fue firmado el 14 de diciembre del 2011, denominado “Apoyo para la implementación de un programa de capacitación de proyectos agropecuarios, agroindustriales y Hortícolas en favor de madres jóvenes”, por la cantidad de 15 millones de lempiras. Es importante mencionar que a la fecha de las firmas de este convenio, Jaime Antonio Suárez Ramírez no era el representante legal de la Fundación Todos Somos Honduras. Sin embargo, lo suscribió, pese a no formar parte de la Fundación.
- El 23 de julio del 2012 se firmó un segundo convenio denominado “Desarrollo para programas de Emprendedurismo Agrícola para fortalecer las políticas agroalimentarias en los departamentos de Olancho, Intibucá y Colón”. A través de este Convenio se desembolsaron 40 millones de lempiras. Sin embargo, cuando se firmó este Convenio, Jaime Antonio Suárez Ramírez no era representante legal de la Fundación TSH, por lo tanto tampoco debió firmarlo.
- El 15 de marzo del 2013 se firmó el tercer convenio para la “Asistencia Técnica para el Mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en los municipios de Yoro, Yorito, Victoria y Sulaco, en el departamento de Yoro”, por un monto de nueve millones de lempiras.
- El 30 de septiembre del 2013 se firmó un cuarto convenio para la “Escuela del Campo para Agricultores”, por un monto de 27 millones de lempiras. Estos fondos se sustrajeron mediante un acuerdo ejecutivo emitido por el Presidente de la República y firmado por el Secretario de Estado en los Despachos de Finanzas. Esta es una asignación presupuestaria que afectó el presupuesto de otras instituciones.
- El 4 de noviembre del 2013 se le hizo un Addéndum al convenio de la Escuela del Campo para Agricultores, por un valor de 16 millones de lempiras. Esta gestión, de igual manera, se firmó a través de una solicitud por parte del Presidente Porfirio Lobo Sosa y, posteriormente, hubo otra gestión realizada por Jacobo Regalado Weizemblut. Por lo que este convenio pasó de 27 a 43 millones de lempiras.
- El 1 de noviembre del 2013, se firmó otro convenio denominado Microriego por goteo, por valor de 50 millones de lempiras.
En conclusión, sólo a la Fundación Todos Somos Honduras se le realizaron 15 transferencias que alcanzaron la suma de 208 millones de lempiras.
Mientras, a la Fundación Dibattista se le registraron dos transferencias, una por 15 millones de lempiras, para un Convenio de Apoyo en los Procesos de Formación Laboral y Educativa de Jóvenes Rurales en Francisco Morazán y, la otra, por un valor de 64 millones de lempiras para el Convenio Desarrollando la Competitividad Agrícola en los Departamentos de Valle, Choluteca y La Paz. Sin embargo, todos esos recursos fueron a parar a personas que no tenían nada que ver con ninguno de los proyectos presentados, como justificación de la salida de recursos.
Los beneficiarios de la salida de recursos de la Fundación Todos Somos Honduras fueron las siguientes personas y empresas: Rodolfo Irías Navas, Redín Lenin Chávez, Rolando Enrique Barahona, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, José Celin Discua Elvir, Elden Vásquez, Arnold Castro, Wilson Rolando Roberto Pineda, Armando José Rivera Marroquín, Ramón Antonio Lara, Arnaldo Urbina, Luis Fernando Urrutia, Jacobo Regalado y Fernando Josué Suárez Ramírez. Asimismo, Servicios de Impresión y Edición Rodas; El Creador Publicidad, Agencia de Viaje Aerotour, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y Citibank.
Pero del caso Pandora se desprenden más líneas de investigación. Al menos 24 están siendo procesadas por la UFERCO, para seguir la pista a las redes de corrupción que se han conformado para sacar fondos del Estado, no sólo de una Secretaría de Estado, sino de varias dependencias y que dejó sin ejecutar proyectos que hubiesen cambiado la vida de las poblaciones vulnerables en el país.
Al final del juicio, el Tribunal en Materia de Corrupción no señaló la fecha para dictar sentencia, debido a que hay recursos legales que están pendientes de resolución en la Sala de lo Constitucional y, por lo tanto, se convocará para dar a conocer el fallo hasta que se conozca la resolución de esas figuras legales.
Antecedentes
El caso que investigó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (UFECIC), junto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), inició con la denuncia 561-2014, el 16 de marzo 2014, cuando Carlos Alfonso Fortín Lardizabal, apoderado legal de la Fundación Dibattista, realizó acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios de la SAG, por el delito de abuso de autoridad.
La denuncia establece que varios funcionarios de la SAG utilizaron, sin autorización, el nombre de la Fundación para la realización de operaciones atípicas y no autorizadas para desviar fondos públicos de manera indebida. Los acusados inicialmente fueron 38 funcionarios, pero a 22 se les emitió sobreseimiento definitivo.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
