Escrito por: Bladimir López Sánchez, analista del CESPAD
02 de agosto de 2021
El 20 de julio de 2021, diversas organizaciones políticas, sociales, religiosas, gremiales y territoriales se movilizaron en distintos puntos del país, con el objetivo de mostrar su descontento y rechazo hacia el proyecto de las ZEDEs, impulsado por sectores económicos y políticos del Partido Nacional (PN). Las diferentes acciones acontecieron en el marco de la convocatoria que lanzó el Movimiento Nacional contra las ZEDEs y la Soberanía Nacional, en un día especial para las luchas indígenas hondureñas, ya que coincidió con el aniversario del héroe nacional, el Cacique Lempira, primer defensor de la soberanía nacional en el contexto de la colonización española.
Alrededor de esa jornada y de las acciones de protestas pacíficas, desarrolladas durante el mes de junio, es importante rescatar algunos elementos que analizan la actual lucha ciudadana contra las ZEDEs, la que ha encontrado simpatía en distintos sectores de la sociedad hondureña. En ese sentido, es de interés analizar cuatros aspectos importantes: i) la identidad colectiva en la lucha contra las ZEDEs, ii) los principales actores en lucha-resistencia y sus discursos programáticos, iii) las principales demandas ciudadanas en la lucha contra las ZEDEs y, iv) la respuesta desde la administración de Hernández y la élite económica a la lucha ciudadana contra las ZEDEs.
La identidad colectiva en la lucha contra las ZEDEs
La identidad colectiva es un estado de conciencia, un sentimiento de pertenencia, que permite construir un sistema de acción política, con el objetivo de dar a conocer un problema social que trasciende más allá del ámbito privado. La identidad colectiva debe ser interactiva y compartida, producida por un número de individuos o grupos, en relación con sus ideologías y formas de interpretar la realidad social. En la actual coyuntura, la identidad nacional y la soberanía nacional movilizan a la ciudadanía en defensa de la patria, de la matria y del territorio cercado por el capital extranjero. Esas dos formas de identidades, cuando se politizan (se convierten en acción y movilización en la lucha contra el poder) realizan fuertes procesos de crítica hacia el sistema dominante que emprende acciones que atentan contra los intereses de la población y posicionan en la opinión pública una serie de planteamientos y salidas a los problemas.
Alrededor de esas dos identidades colectivas, se conjugan una serie de temas que le dan mayor contenido político a la identidad y que politizan la actual lucha contra las ZEDEs. En la lucha contra las ZEDEs sobresalen: territorio, racismo, patriarcado, derechos humanos y territoriales, bienes comunes de la naturaleza, medio ambiente, autonomía municipal, entre otros. En conclusión, nos encontramos ante un ciclo de lucha, con un discurso político diverso y heterogéneo, que da luces para comprender el alcance de este movimiento, en relación a sus planteamientos y demandas.
Principales actores en lucha-resistencia y sus discursos
La lucha contra las ZEDEs enlaza a distintas organizaciones del país: gremiales, profesionales, académicas, políticas, religiosas, mujeres, campesinos, indígenas, juventudes, estudiantes y territoriales. Desde su posición en el campo político, las organizaciones realizan acciones de lucha y resistencia con las siguientes características. Primero, campo institucional: son acciones en materia legal como recursos de inconstitucionalidad, iniciativas de consulta y cabildos abiertos. Segundo, campo no institucional: protestas, movilizaciones pacíficas, toma de carreteras estratégicas y foros públicos en espacios urbanos y locales. Tercero, acciones en el campo virtual: foros, declaraciones, posicionamientos, campañas de sensibilización y de comunicación.
En la lucha contra las ZEDEs se identifica tres bloques de resistencia, aunque realizan acciones de manera diferenciada, lo hacen con dos objetivos en común: derogar la Ley ZEDE y defender la soberanía nacional.
. Un primer bloque lo conforman las instituciones públicas con cierto grado de autonomía de la Administración Hernández: Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), y sectores de la empresa privada, impulsando iniciativas ciudadanas, recursos de inconstitucionalidad, análisis académicos y posicionamientos públicos.
. Un segundo bloque, lo conforman organizaciones gremiales y organizaciones urbanas, desarrollando acciones de protesta, posicionamientos públicos y acciones de carácter virtual a través de las redes sociales.
. Un tercer bloque, conformado por actores regionales, territoriales y locales, promoviendo tomas de puntos carreteros estratégicos, movilizaciones pacíficas, foros comunitarios, acciones de organización local-regional y plantones.
La importancia de identificar estos tres bloques, consiste en tratarlos de manera política. El primer bloque es táctico, el segundo coyuntural y estratégico, y el tercero es meramente estratégico. En relación con el primer bloque, su lucha es más institucional y sus acciones de incidencia giran alrededor de la institucionalidad pública. Mientras que el segundo bloque, de carácter no institucional, en mayor medida coyuntural y estratégico, limita su acción a espacios meramente urbanos y virtuales. Por tanto, el tercer bloque, de carácter estratégico, tiene la particularidad de moverse por los campos institucionales y no institucionales, pero con un mayor arraigo al segundo, considerado en la actual coyuntura como el campo legítimo y más estratégico en la lucha contra las ZEDEs, por su conexión política en clave regional, local y comunitaria.
Por último, es importante valorar, de manera rápida, los discursos que estos bloques posicionan alrededor de la lucha contra las ZEDEs. El primer bloque posiciona un discurso de carácter legal y económico, que se centra en atacar la ilegalidad y corrupción alrededor de la normativa que dio vida a las ZEDEs. Aquí la derogación de la Ley se logrará a través de la respuesta de la institucionalidad pública: Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso Nacional (CN) y Ministerio Público (MP), entre otras instancias. El segundo bloque mantiene un discurso que gira alrededor de la soberanía nacional, como identidad política, que confronta directamente con las élites políticas y económicas del Partido Nacional. Es un discurso subalterno y confrontativo que encara directamente a la administración de Gobierno. Importante mencionar que alrededor de este discurso se posicionan una serie de problemas históricos y estructurales que golpean a la sociedad hondureña: la construcción del Estado Oligárquico y el desmantelamiento de lo público en el marco de las políticas neoliberales. Aquí la derogación de la Ley se logrará a través de acciones no institucionales: lucha popular prolongada.
Por lo tanto, el tercer bloque se caracteriza por posicionar discursos alrededor de las demandas que las organizaciones territoriales han hecho en las últimas décadas: racismo, patriarcado, soberanía territorial, reforma agraria y gestión democrática del territorio y bienes comunes naturales, entre otros. Estas demandas son contra hegemónicas (atacan directamente el proyecto ideológico detrás de las ZEDEs) y ponen en el centro del debate el tema de los extractivismos, neocolonización, despojo, derechos territoriales, ambiente y violencia hacia las mujeres indígenas y campesinas. Por otro lado, es un discurso que se separa, en gran medida, del tema legal y económico, posicionado con mayor fuerza por los actores del primer bloque y en menor medida del segundo bloque. Aquí la derogación de la Ley se logrará a través de las acciones no institucionales: lucha popular prolongada y mayor articulación territorial.
Lo descrito en párrafos anteriores da elementos de análisis importantes para comprender la actual correlación de fuerzas alrededor de la lucha contra las ZEDEs, evidenciando que los procesos de articulación nacional y local son altamente complejos y marcados por discursos que en la práctica política no se terminan de encontrar y conjugar. Lo anterior obliga a repensar un proceso de organización de lucha contra las ZEDEs, de carácter dinámico, incluyente y democrático, mediante un modelo de organización capaz de aglutinar y articular a los actores, sus apuestas y objetivos estratégicos. Sin duda, una tarea difícil en una sociedad organizativamente fragmentada y políticamente polarizada, pero con un importante tejido social que se reactiva de manera sorprendente en coyunturas políticas particulares, como lo demuestra el caso de las ZEDEs.
Las principales demandas en la lucha contras las ZEDEs
Las jornadas de protesta nacional que se desarrollaron el 20 de julio, sirvieron para visibilizar mediáticamente la lucha contra las ZEDEs y para clarificar las demandas de quienes lideran el actual proceso de resistencia. Con base en los distintos posicionamientos publicados en el transcurso de la jornada, se identifican las siguientes demandas:
- Derogación de la Ley ZEDE.
- Juicio político contra los diputados y diputadas que reformaron la Constitución de la Republica para aprobar la Ley ZEDEs.
- Respeto a la autonomía municipal en relación con las declaraciones libres de ZEDEs.
- Respeto a la consulta comunitaria y al convenido 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- Implementación de políticas de desarrollo sustentable bajo un enfoque de derechos y de género.
- Retiro de los inversionistas y empresas que están construyendo ZEDEs en el país.
- Reconocer el papel y vinculación de las organizaciones socioterritoriales en la construcción de programas de desarrollo territorial que respondan a las necesidades y demandas de las poblaciones vulnerables y,
- Rechazo a toda forma de desarrollo económico que priorice la promoción de los extractivismos (en sus distintas modalidades), la pérdida de la soberanía nacional y el desarrollo de economía de enclaves que refuerzan el despojo, el neocolonialismo, el racismo, la violencia y el patriarcado.
En relación con las demandas, hay cuatro temas de interés, de mucha importancia, para avanzar en la construcción de modelos de desarrollo económico y social sustentable, desde la visión de las organizaciones y comunidades en resistencia. Primero, la instauración del Estado de Derecho Democrático, a través de la actuación de las principales instituciones públicas relacionadas con el problema de las ZEDEs. Segundo, avanzar en la construcción de un plan de desarrollo económico y social, que ponga en el centro el debate sobre los derechos humanos y derechos territoriales. Tercero, devolver y fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, en relación con su papel de gestionar democráticamente el territorio y promover el desarrollo sustentable. Cuarto, el reconocimiento e integración de las principales fuerzas socioterritoriales en las decisiones relacionadas con las políticas de desarrollo económico y social en el país.
Las demandas son de carácter político, económico y social, y abren un espacio para avanzar en la construcción de nuevas formas de desarrollo, mediante procesos de transición postextractivistas y desarrollo neoliberal. De igual forma, son un escenario para el fortalecimiento de los gobiernos locales y promover un papel más activo de las organizaciones sociales y territoriales en los procesos de gestión del desarrollo. En definitiva, las demandas de las organizaciones transcienden el tema coyuntural (derogación de la Ley de la ZEDE) y ofrecen perspectivas de cambio estratégicas para avanzar en la transformación democrática de la sociedad hondureña.
Respuesta desde la administración de Hernández y la élite económica
Como en todo proceso social, la lucha alrededor de las ZEDEs es importante analizarla al tenor de la forma en cómo operan las élites económicas y políticas dominantes, en los esfuerzos por identificar el alcance de las apuestas estratégicas de las organizaciones sociales y territoriales. En esa dirección es importante cerrar con dos ideas de fuerza:
Primero, la administración Hernández se encuentra tímidamente cómoda. Con el Congreso Nacional (CN), y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a favor de la administración actual de gobierno, la vía institucional para derogar la Ley ZEDE parece agotada. Sin embargo, mediáticamente, el Gobierno actual se encuentra en una posición política poco favorable, debido a la postura de muchas comunidades las que, incluso, han realizado cabildos abiertos y declaratorias municipales libres de ZEDEs. El incumplimiento de esos pactos locales puede desatar olas escalonadas de violencia y de protestas, que dejarían mal posicionado el proyecto de las ZEDEs ante los inversionistas extranjeros y la comunidad empresarial internacional.
Otro punto importante en esta dirección, es que las fuerzas policías y militares no han reprimido las distintas movilizaciones y protesta de lucha contra las ZEDEs y la administración Hernández no ha seguido entregando permisos para la construcción de más proyectos de esa índole. Lo anterior tiene que ver con algunos elementos de fondo que requieren de mayor análisis y precisión:
- El contexto electoral y la necesidad de mantener bajos los niveles de conflictividad social y política.
- La lucha contra las ZEDEs es de carácter nacional y las formas de organización son articuladas, lo que da mayor credibilidad y legitimidad a las acciones.
- La administración Hernández no quiere mostrar ante los actuales inversionistas, signos de debilidad y no está dispuesta a dar ningún paso de rechazo al proyecto de las ZEDEs.
En conclusión, el actual Gobierno no está del todo cómodo con el proceso de lucha ciudadana contra las ZEDEs y está consciente que si desata un proceso de represión y violencia, a gran escala, la inversión extranjera podría entrar en pánico y terminará marchándose. Lo anterior obliga a las organizaciones territoriales a realizar acciones estratégicas de lucha y resistencia en contra de las ZEDEs, con el objetivo de erosionar la crisis de legitimidad de la administración de Juan Orlando Hernández.
Segundo, la élite económica dividida y sin capacidad de respuesta. Durante el mes de junio de 2021, la empresa privada sorprendió con un comunicado en el que realizaba un riguroso análisis sobre la inconstitucionalidad de la Ley ZEDE y sus implicaciones en materia económica para el país. Los sectores sociales creyeron encontrar en la empresa privada un aliado en la lucha, sin embargo, en el mismo mes de junio el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), manifestó públicamente que estaban a favor de las ZEDEs, siempre y cuando se respetara la inversión nacional. Mientras que, por otro lado, sectores de la Cámara de Comercio de Cortés, siguen sosteniendo que están en contra de las ZEDEs.
Los hechos indican que existe una división en el seno de la élite económica, en relación con la problemática y no se avizora en el escenario una propuesta contundente desde ese sector para hacerle frente a las ZEDEs. La división puede ser una oportunidad política para establecer una alianza táctica con estos sectores. Sin embargo, lo anterior dependerá de la política de alianza interna del movimiento y de las apuestas estratégicas de ambos sectores.
En conclusión, la actual división de la élite, en el fondo, sugiere que este sector sigue temeroso a la implementación de políticas de desarrollo que contradigan sus intereses económicos y, por lo tanto, sigue manteniendo distancia de las fuerzas sociales y populares que, alrededor del tema de las ZEDEs, critica la esencia del modelo neoliberal en Honduras.
