Por: Xiomara Orellana, periodista del CESPAD.
Edición: Claudia Mendoza
Las firmas que estampó en las solicitudes de fondos que extendió desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a la Secretaría de Finanzas, tienen entre la espada y la pared a Jacobo José Regalado Weizemblut, quien desde el año 2011 al 2013 desempeñó el cargo de Ministro de esa dependencia estatal. Esas recursos, que fueron a dar a las fundaciones Diabattista y Todos Somos Honduras, dieron vida a Pandora, un caso de corrupción que lo mantiene en el centro de una de las investigaciones más profundas que realizó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Regalado Weizemblut utilizó varios Convenios firmados con las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, que solo describían los nombres de los proyectos y, sin ninguna especificidad, las comunidades y las poblaciones que se beneficiarían. Esos fondos fueron transferidos por la Secretaría de Finanzas y en total sumaron más de 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares). Por eso el binomio UFECIC/MACCIH procedió judicialmente en contra de Regalado y de 37 funcionarios más. A la fecha, 22 fueron absueltos y sólo tres iniciarán un juicio oral y público el 26 de julio del 2021. Jacobo Regalado es uno de ellos, junto a Laura Arita y Norma Keffy Montes.
En el juicio, la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), tiene como objetivo demostrar que Regalado fue pieza clave, el personaje estratégico para concretar el saqueo de fondos que financió campañas políticas tanto del Partido Liberal y Nacional, incluyendo la del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
En esa trama se conspiró a sabiendas que los convenios eran falsos. La UFECIC/MACCIH no encontró información que indicara cuál era el giro o las actividades de las dos fundaciones, y en la investigación se comprobó que Regalado no se aseguró, incluso, que cumplieran con los requisitos de ley; no revisó si estaban constituidas y autorizadas por la entidad estatal encargada de regular las organizaciones y fundaciones. Regalado sabía que era un pacto acordado desde Casa Presidencial, con el cual tanto él como el resto de involucrados, obtendrían un porcentaje de los recursos que extrajeron de las arcas nacionales.
“Si sólo Fernando Suárez recibía un porcentaje que oscilaba entre el dos y cinco por ciento, entonces, a Jacobo Regalado le daban más. Se llevaba más”, concluye Omar Menjívar, abogado defensor de Fernando Suárez, el principal testigo del caso Pandora y quien como prueba le aportó a la UFECIC/MACCIH, 170 cajas de documentos con información clave sobre cómo se gestó el saqueo de dinero desde la SAG.
Tratos directos
La investigación realizada por la Fiscalía corroboró que todo fue un plan bien montado y que para efectuarlo, se estableció una sofisticada red que drenó fondos presuntamente destinados a mujeres, jóvenes y agricultores. Regalado fue el personaje clave en ese plan; tenía un trato directo con Hilda Hernández, la entonces Ministra de Comunicación y Estrategia, y hermana del Presidente, Juan Orlando Hernández. “Ella disponía cómo, cuánto y cuándo se iba a sacar la plata y a quién se le debía entregar”, explicó uno de los analistas que conoce al dedillo el caso.
Por eso no se encontró documentación alguna de las fundaciones; solo sirvieron de gancho y de justificación. Jacobo Regalado lo sabía y por eso nunca supervisó la ejecución de los “supuestos proyectos” y mucho menos que los fondos se liquidaran como establecen los mecanismos de control interno en los procesos establecidos para ese tipo de desembolsos.
Por el contrario, la falta de monitoreo y cumplimiento de los supuestos proyectos se justificó en todo momento. Adujeron que esa ejecución, liquidación y seguimiento no le correspondía a la SAG, porque esa Secretaría sólo era intermediario, evadiendo la responsabilidad y el peso que tenía la firma del entonces Ministro de la SAG.
Incluso, la Unidad de Auditoría Interna de la SAG no efectuó la revisión de las operaciones administrativas y financieras de esos fondos, no constató cómo se usaron las transferencias.
El Juicio
El 26 de Julio del 2021, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción de la Corte Suprema de Justicia de Honduras iniciará el juicio oral y público para tres de los implicados. Jacobo Regalado es la figura emblemática y el funcionario de mayor peso que quedó en el proceso que se sigue por el caso de corrupción Pandora.
El ex Ministro de la SAG llega para defenderse de ocho delitos de violación a los deberes de los funcionarios, ocho delitos de fraude y seis por malversación de caudales públicos. La UFERCO va con todo para demostrar que Regalado fue el artífice que facilitó la sustracción de los fondos que terminaron en los bolsillos de muchas personas.
La UFERCO solicitó que Fernando Suárez (principal testigo del caso) declare en este juicio, pero está por confirmarse su participación ya que su defensa aún no recibe respuesta de la Dirección de Fiscalías, sobre el procedimiento abreviado que solicitó para su defendido, por haber entregado información clave que permitió que se abrieran 24 líneas de investigación más.
Laura Arita, por su parte, se defenderá de ocho delitos de violación de los deberes de los funcionarios y Norma Keffy Montes por un delito de falsificación de documentos públicos. Aunque ambas, al final, fueron imputadas por ocho delitos de fraude.
Mientras que a Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda, Rosibel Hernández, Claudia Noriega, Luis Urrutia, Jorge Izaguirre, Jaime Suárez, Alba Ramírez, Dalia Palma, Jean Marie, José Celín Discua, Rodolfo Irías Navas, Elvin Santos Ordóñez, Miguel Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda, Wilson Pineda, Ramón Lara, Redín Chávez, Armando Rivera, Hernán Elvir, Arnold Castro, Franklin Colindres, Josué Vásquez, José Flamenco, Ernesto Gáleas, Eduardo Lanza, Lenín Ramos, José Sierra y Félix Pacheco, se les dictó sobreseimientos definitivos y algunos cartas de libertad.
El Caso Pandora llega a juicio con solo tres funcionarios. Se trata de personajes que, según el Ministerio Público, formaron parte de una red de corrupción que realizó pactos y que fueron piezas claves en una operación que permitió el saqueo de unos 12 millones de dólares del Estado y gobierno de Honduras, para mujeres, jóvenes y campesinos que jamás los recibieron.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
