Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
Dos testigos, de cinco propuestos por la Fiscalía, pusieron en jaque a siete de los once implicados en el caso Hermes. Ambos relataron en la audiencia inicial que se desarrolló en los juzgados de Honduras, cómo se utilizó una empresa de fachada para el saqueo de más de 122 millones de lempiras desde Casa Presidencial. Además, qué papel jugaron los acusados y quiénes hicieron los depósitos a cuentas personales de los beneficiarios.
La Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (UFERCO), identificó que los depósitos se empezaron a realizar de manera sistemática, una vez que tomó posesión en su primer periodo (2014-2018) de gobierno, como Presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Pero Hernández, en su declaración, según el requerimiento fiscal presentado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que desconocía todo el proceso administrativo que se manejó; sólo afirmó que todo estaba delegado en el Ministro de Gestión Financiera, Pedro Alexander Pineda Díaz.
Así fue el proceso de Hermes
El requerimiento fiscal por el caso Hermes se interpuso el 22 de febrero del 2021. Pero fue hasta el 24 de marzo que se citó ante los juzgados a los implicados, sin embargo, la audiencia de declaración de imputado se desarrolló hasta el 11 de junio, cuando el juez asignado dictó detención para siete, mientras que a cuatro se les dictó medidas distintas a la prisión preventiva.
El lunes 14 de junio se desarrolló una prolongada audiencia inicial, para evacuar la carga probatoria. En esa audiencia, el juez admitió los medios de prueba propuestos por la UFERCO, con los que esbozó cómo se instauró la red de corrupción desde Casa Presidencial, cómo se tejieron los hilos que conectaron a funcionarios públicos para sustraer recursos de manera continua, sostenida, persistente y sistemática. Al final, el total sumó: 122.1 millones de lempiras que se sacaron durante tres años: 2014, 2015 y 2016.
La investigación que hizo la UFERCO generó que se emitiera un auto de procesamiento, con medidas distintas a la prisión, para Pedro Alexander Pineda Díaz, Secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial; Axel Eduardo Huete González, Gerente Financiero de Casa Presidencial; Harvis Edulfo Herrera Carballo, Gerente Administrativo de Casa Presidencial; Lesly Mireya Funes Sierra, Contadora General de Casa Presidencial; Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, Claudia Yamilia Noriega González y Norman Guillermo Noriega. Todas estas personas quedaron bajo la vigilancia de sus abogados defensores.
Mientras, a Gloria Margarita Vargas, Mario Alberto Villanueva, Gudit Mariel Muñoz Castañeda y José Antonio Galdámez Fuentes, se les dictó un sobreseimiento provisional, por no haber, en este momento, indicios racionales que confirmaran su participación y que hubiesen incurrido en el delito de encubrimiento.
¿Qué pasó en la audiencia inicial?
En total, la UFERCO presentó a cinco testigos, dos informes periciales, 25 carpetas con información, como parte de la prueba documental, y soportes de los cheques que fueron secuestrados en Casa Presidencial. La defensa de los implicados, por su parte, presentó prueba documental y dos testigos, uno de ellos, un motorista de la empresa de Guillermo Noriega y el otro, Henry Bendeck, esposo de la periodista Gloria Vargas.
De los cinco testigos presentados por la UFERCO, llamó la atención el testimonio de dos de ellos. Uno relató al juez la forma en cómo funcionaba la Empresa Servicios e Inversiones (AID), desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), después que dejó el local en el edificio Jade, ubicado en el Barrio la Granja, el domicilio que registró al constituirse como empresa. Según la investigación del Ministerio Público, ese era un local utilizado para el almacenamiento de materiales para la campaña del Partido Nacional.
El testigo dijo, además, que ese cambio ocurrió cuando la extinta Hilda Rosario Hernández Alvarado, hermana del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue nombrada Ministra en Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial. Es decir, desde esa dependencia se le informó que esa empresa operaría desde Casa de Gobierno.
El otro testigo de la Fiscalía aseguró al juez que él vendió una propiedad de 103 hectáreas a la imputada Claudia Noriega y que esos terrenos fueron pagados con fondos emitidos desde Casa Presidencial.
Así, con precisión, los testigos explicaron cómo la red de corrupción se montó en asocio con una empresa de fachada que se creó, exclusivamente, para el saqueo de recursos. También relataron la forma en cómo se le pagó a decenas de periodistas y medios de comunicación hondureños.
En el esquema de la sustracción se definió el papel que jugó un conserje de Casa Presidencial y otro de la SEDIS, para hacer los depósitos a las personas que aparecen como beneficiarias de los millonarios recursos que salieron de Casa de Gobierno.
Las transferencias de dinero
De tres cuentas salieron los fondos de Casa Presidencial y fueron transferidos un total de 122.1 millones de lempiras a la empresa AID. Todos fueron pagos en concepto de Publicidad y Propaganda que se giraron desde la Gerencia Administrativa de Casa Presidencial a favor de la empresa Servicios e Inversiones AID/José Adolfo Sierra Morales.
Y es que entre el 29 de enero del 2014 y el 1 de octubre del 2016, Casa Presidencial suscribió con la empresa Servicios e Inversiones AlD/José Adolfo Sierra Morales, un total de veinte y nueve (29) contratos, en concepto de Servicios de Publicidad y Propaganda, por un monto total de 98.3 millones de lempiras.
Tres (3) de esos contratos fueron firmados por la Ministra Coordinadora del Despacho de Estrategias y Comunicaciones de Casa Presidencial en ese entonces, Hilda Rosario Hernández Alvarado, mientras que veintiséis (26) por el Ministro de Administración y Gestión Financiera de Casa Presidencial, Pedro Alexander Pineda Díaz.
Pero, para la contratación no hubo licitación pública tal como lo establece la Ley de Contratación del Estado. Tampoco la UFERCO encontró una resolución o acuerdo que autoriza las compras directas que se hicieron. Pese a esas irregularidades, en los tres años los contratos se suscribieron bajo la modalidad de Contratación Directa y con el mismo objeto: «Por servicio de manejo en la entrega de publicidad a medios de comunicación empresarial e independiente de forma digital y física a medios radiales y de televisión a nivel nacional a Casa Presidencial”.
Para pagar a los proveedores se recibía una orden formal desde los diferentes despachos o unidades requirentes, las que solicitaban el desembolso de los servicios o bienes que habían recibido. Mientras, acompañadas de las correspondientes facturas y una vez revisada la documentación, la Administración procedía a verificar la disponibilidad presupuestaria para hacer los pagos.
En el caso de los proveedores de servicios de publicidad, el procedimiento de pago se iniciaba cuando el despacho de Comunicaciones y Estrategia remitía el contrato y autorizaba las órdenes de pago. En ese proceso se involucraron durante el periodo en investigación, las personas que ocuparon el cargo de Gerente Administrativo de Casa Presidencial: Carol Vanessa Alvarado lzaguirre (del 27 de enero al 7 de marzo del 2014) y Harvis Edulfo Herrera Carballo, desde el 3 de marzo del 2014 a la fecha.
En total, de los fondos trasladados de Casa Presidencial a la Empresa AID, se libraron 2, 227 cheques a nombre de 95 personas naturales, 15 a nombre de personas jurídicas y una transferencia.
La UFERCO detectó en la investigación que 102 cheques recibidos por José Adolfo Sierra Morales fueron cobrados en efectivo y que la totalidad de los fondos fueron entregados a su patrona Carol Vanessa Alvarado lzaguirre. Pero, además, la Fiscalía revisó las cuentas bancarias que Sierra Morales tenía a su nombre. En ella no se encontraron depósitos consistentes con el monto de los cheques librados a su favor, ni se observan en sus cuentas bancarias movimientos que sugieran que manejó los 42.5 millones de lempiras, de los cuales fue beneficiario.
Los bienes que identificó la UFERCO como propiedad de José Adolfo Sierra Morales, están acorde con el salario que percibía en el cargo de motorista y no se encontró indicio alguno que demostrara que fue una persona que se benefició con esos 42.5 millones.
También se detectaron fondos emitidos a favor de empresas de transporte, pagos de boletos aéreos para diversos funcionarios de Gobierno, así como el alquiler de vehículos blindados.
Todas estas transferencias para la Fiscalía no son hechos que se dieron de manera casual o por una simple negligencia de los funcionarios y empleados públicos de Casa Presidencial. Se trata de una irresponsabilidad que no resulta accidental, sino producto de actos colusorios entre particulares y funcionarios, con el único fin de defraudar al Estado a través de la contratación simulada de servicios de Publicidad para utilizarse en pagos a periodistas, beneficio de terceros, en detrimento del erario público.
El caso Hermes inicia de una línea de investigación del caso PANDORA. Hermes muestra cómo se manejaron los fondos que mantenía en una cuenta de cheques José Adolfo Sierra Morales, un motorista de Casa Presidencial que se constituyó en comerciante individual de una empresa de fachada, de la cual era gerente propietario, y que usó para el saqueo de recursos estatales.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
