Escrito por: Helen J. Montoya, colaboración especial para el CESPAD
Los Estados Unidos ha propuesto un nuevo plan de inversión que asciende a U$ 4.000 millones de dólares en cuatro años para las naciones del Triángulo del norte de Centroamérica, con el fin de tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de esa forma, según su visión, buscar el freno de la migración hacia Estados Unidos, algo que muy difícilmente pueda tener resultados positivos en el corto plazo, que es a lo que apuesta ese Plan.
Dicho plan tiene como principal herramienta la lucha contra la corrupción y la impunidad en los tres países del triángulo del norte. El plan desemboca en un nuevo intento de delinear una nueva política encaminada a sancionar a las élites corruptas y favorezca el fortalecimiento de un Estado de derecho y la lucha contra la impunidad, sin embargo, hay que estar claros que esta política, es parte de los intereses geopolíticos estadounidenses, lo que posiblemente dé lugar a negociaciones debajo de la mesa con ciertos sectores de las élites corruptas para que continúen ejerciendo el poder en sus países.
Sin duda alguna, los intereses de seguridad nacional estadounidense seguirán siendo los más importantes y no serán reemplazados plenamente por una estrategia anti corrupción.
No se puede considerar que, con esa cantidad de dinero, en ese tiempo -cuatro años- se pueda atender y solucionar los problemas estructurales de nuestros países, y que, en gran parte, los tenemos gracias a las constantes intervenciones estadounidenses en las políticas internas y que han estado destinadas a favorecer a las élites corruptas de nuestros países para mantener el poder y la injerencia estadounidense, lo que ha tenido como consecuencia unas sociedades marcadas por la pobreza y exclusión de la mayor parte de la población.
Por ejemplo, de 2015 a 2018, Estados Unidos ya ha invertido en cooperación unos 2,800 millones de dólares en programas sociales, en infraestructura, generación de empleo y otros pilares de desarrollo para el Triángulo Norte y a pesar de esa ayuda no ha disminuido ni la migración irregular ni la corrupción pública y privada en esos países.
La parcialización hacia ciertos sectores de las sociedades e incluso hacerse de la vista gorda con los retrocesos democráticos de los gobiernos que representan además de graves regresiones en la institucionalidad gubernamental, también repercute en una menor lucha contra la corrupción y, además, la aprobación de legislaciones que favorecen la impunidad de las personas envueltas en los casos comprobados de malversación de fondos.
El plan de inversión de Biden tiene un componente de lucha contra la corrupción en cada país y establece que el dinero estará: “condicionados a su capacidad (de los gobiernos) para poner fin a la corrupción, violencia y la pobreza que hacen que la gente huya[1]…” Acá la verdadera razón detrás de este nuevo plan estadounidense para el triángulo norte, “que la gente no huya”, claramente estableciendo que el fin último es evitar la migración hacia la nación del norte que, de 2016 a la fecha, el Sistema Integral de Atención al Migrante Retornado, (SIAMIR), reporta que 323 mil personas fueron retornados al país.
Dicha estrategia, estará destinando fondos para una “mayor inversión privada, mejorar la seguridad y el estado de derecho, así como esfuerzos para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico[2].”
Según Iván Velásquez, ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): «Los US$4.000 millones no van a cambiar la realidad«. Y advierte que «no se debe conceder ayuda económica si no hay un compromiso de los países por respetar el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia«.[3] Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han insistido en que los fondos del plan de inversión estarán mayormente enviados a la empresa privada, la sociedad civil, fiscalías y procuradurías anticorrupción de los tres países. Esa nueva forma de cooperar está dirigida a que se logren realizar coaliciones entre esos actores y de esa forma se estaría dejando por fuera a las instituciones gubernamentales que normalmente reciben los fondos de Estados Unidos.
La corrupción no reconoce fronteras
La vicepresidente Kamala Harris, expresó en su reciente visita a Guatemala, el pasado 7 de junio, que se logró la creación de una “Fuerza de Tarea Anticorrupción y Trata de Personas regional.” Dicha Fuerza de tarea que estará funcionando primeramente en Guatemala, será un grupo que funcionará para los tres países del triángulo norte de Centroamérica, y que según Harris estará siendo “respaldada por los Departamentos de Estado, Justicia y Tesoro y que apoyará a los fiscales de Centroamérica[4]”.
Harris también expresó en su visita que: “la corrupción no reconoce las fronteras y si se trata del combate al delito transnacional hay que seguirle la pista al dinero[5]…” Con lo que dejó entrever que los movimientos de dinero fuera de un país tendrán que ser perseguidos en las otras naciones del triángulo norte y acceder a los sistemas de las fiscalías y procuradurías anticorrupción de cada uno de ellos.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland confirmó: “el establecimiento de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha” que además de luchar contra los grupos de tráficos y trata de personas que operan en México y el Triángulo norte centroamericano, estará complementando: “los esfuerzos del Departamento de Justicia para combatir la corrupción, que aumentará su enfoque en las investigaciones, los enjuiciamientos y la recuperación de activos relacionados con la corrupción en los países del Triángulo Norte, a través de su programa de aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, enjuiciamientos antinarcóticos y la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia[6]…”
La fuerza de tarea estará trabajando sobre tres componentes para su desarrollo en los países del Triángulo Norte:
- mayor enfoque en la Iniciativa Global contra la Cleptocracia para juzgar casos de corrupción y confiscar activos que se hayan obtenido ilegalmente como resultado de la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras;
- incrementar el número de Asesores Legales Residentes que brinden desarrollo de capacidades, formación y tutoría centrada en casos al Ministerio Público de Guatemala, incluida la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), para fundamentar causas de corrupción; y
- capacidad de respuesta rápida que permita movilizar a fiscales y especialistas en aplicación de la ley estadounidenses para que brinden tutoría con el fin de preparar causas sobre corrupción[7].
El segundo punto está dirigido a Guatemala, pero sin duda estará siendo válido cuando se implemente en Honduras y El Salvador con instituciones similares. En el caso de Honduras, surge la posibilidad que la oficina pública encargada sería la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que han demostrado no tener autonomía ni independencia para llevar a cabo las investigaciones necesarias en los casos de corrupción ya conocidos por la sociedad hondureña, y estaría siendo la encargada en lugar de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Dicha Fuerza de tarea estará trabajando con los fiscales e investigadores del triángulo norte para construir y analizar los casos de corrupción de dichos países, así como darles apoyo en sus tareas, lo cual representaría una luz de esperanza para Honduras, la sociedad civil y la fiscalía anti corrupción en su lucha contra los actos de corrupción.
En teoría, el plan parece ser una nueva oportunidad de trabajo articulado para realizar incidencia para propiciar un clima favorable para la lucha contra la corrupción, para mejorar la transparencia del manejo de los fondos provenientes del plan de inversión estadounidense, desde la sociedad civil en conjunto con la empresa privada, y también de veeduría en el trabajo que realice el Ministerio Público y la fiscalía anti corrupción, así como coordinar de mejor manera el trabajo conjunto con los Ministerios y Fiscalías de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Sin embargo, estos objetivos parecen lejanos a la realidad puesto que la falta de apoyo y voluntad política serán unos obstáculos importantes para la buena implementación de la Fuerza de Tarea, al igual como sucedió con el bloqueo legislativo y cierre la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), este ente investigativo fue clave para la creación gradual de un sistema integral contra redes de corrupción compuestas por actores que retienen todavía grandes cuotas de poder.
Y aunque el trabajo de la MACCIH fue significativo, no logró ejecutar todos los objetivos para extender los procesos de investigación contra personajes claves de las élites políticas vinculadas a la corrupción gubernamental y privada de Honduras.
Todo eso recordando que los pactos de impunidad y las redes de corrupción de las élites hondureñas, estarán bloqueando posiblemente por medio de reformas o aprobaciones de leyes para proteger a los que han sido acusados de actos de corrupción, y que además mantienen un alto secretismo y falta de acceso a la información pública y que podrían seguir en esa línea para impedir la buena andanza de la Fuerza de tarea.
Como fue el caso conocido como “Red de diputados” que dio lugar a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que aseguraba en su contenido la impunidad de los diputados que cometieron algún tipo de acto de corrupción.
La Red de Diputados fue el primer caso de la UFECIC-MACCIH, y se origina en la presunta apropiación de fondos públicos para programas sociales por parte de cinco diputados, quienes utilizaron una organización no gubernamental como intermediaria para desviar esos recursos a propósitos personales.
Nueva lista “Engel” sobre corruptos en el Triángulo norte
Sumado a este plan de inversión, el día 1 de julio, la administración Biden dio a conocer una lista, denominada “lista Engels” en la cual se sanciona a funcionarios y ex funcionarios de los poderes del Estado de los tres países del triángulo norte, entre los que se incluyen a 21 hondureños, entre ellos el ex Presidente Lobo y su esposa, 13 de ellos diputados actualmente en este período, 5 ex diputados y el ex director de INVEST-H.
Ante la revelación de la lista, el Ministerio Público, expresó en su cuenta oficial de twitter que: “Para cumplir con mandato de Ley en el sentido de hacer frente a la corrupción, oportunamente, el #MP presentó acciones penales, tras una responsable y objetiva investigación contra algunos de los señalados en la lista publicada[8]…”
Asimismo, el ex Presidente Zelaya dijo a través de twitter: “Coherencia en la “nueva” diplomacia de Usa? Lista Engel; en El Salvador tiende un manto de impunidad a sus amigos de arena y condena al Presidente Bukele, y en Honduras, alienta sin disimulo la #tiranía hecha gobierno. No toca ni con un pétalo de rosa a su aliado Joh[9]”
Un hecho indudable es que las listas que están surgiendo del Departamento de Estado no incluyen a la totalidad de la élite corrupta, especialmente en el caso hondureño, siendo un cálculo político que deja abiertas las puertas para continuar teniendo como contraparte a uno de los sectores de esta élite. De mantenerse esta situación, proseguirá siendo difícil la lucha efectiva contra la corrupción e impunidad.
En 2019 el Departamento de Estado presentó una lista que involucra a funcionarios corruptos de países del triángulo norte, que incluía a diez hondureños, de los cuales ocho ya habían sido condenados en Honduras y dos en Estados Unidos. En esa ocasión la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres, denunció que “Esta no es la primera vez que este gobierno ha sido cómplice de la corrupción centroamericana[10]…”
A manera de conclusión, hay que tomar en cuenta y sumar la falta de independencia del sistema judicial de Honduras que busca los mecanismos legales para reproducir un entorno de impunidad, así como la falta de capacidades técnicas y recursos financieros de las fiscalías que han dado como resultado poco avance para seguir las líneas de investigación que la MACCIH y la UFECIC dejaron como casos abiertos y en seguimiento para los respectivos juzgamientos.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Biden supeditará su plan millonario de ayudas a Centroamérica a la lucha anticorrupción. El país, 29 de marzo de 2021. https://elpais.com/internacional/2021-03-29/biden-supeditara-su-plan-millonario-de-ayudas-a-centroamerica-a-la-lucha-anticorrupcion.html
[2] El plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica. https://joebiden.com/es/el-plan-de-biden-para-fortalecer-la-seguridad-y-la-prosperidad-en-colaboracion-con-los-pueblos-de-centroamerica/
[3] «Los US$4.000 millones del gobierno de Biden no van a cambiar la realidad de Centroamérica»: entrevista al exjefe de la Cicig Iván Velásquez. BBC mundo, 11 de marzo de 2021.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56356062
[4] “EUA confirma en Guatemala la creación de Fuerza Anticorrupción regional” El economista, 7 de junio de 2021.
[5] “Harris anuncia la creación de una fuerza de tarea anticorrupción y contra la trata de personas.” El periódico, 8 de junio de 2021. https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/06/08/harris-anuncia-la-creacion-de-una-fuerza-de-tarea-anticorrupcion-y-contra-la-trata-de-personas/
[6] “Fiscal de EE. UU. anuncia fuerza de tarea anticorrupción y delitos transnacionales.” La hora, 7 de junio de 2021.
https://lahora.gt/fiscal-de-ee-uu-anuncia-fuerza-de-tarea-anticorrupcion-y-delitos-transnacionales/
[7] FICHA INFORMATIVA: Cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala. Casa Blanca, Estados Unidos. 7 de junio de 2021.
[8] Ministerio Público de Honduras. https://twitter.com/MP_Honduras/status/1410632677447847940
[9] Cuenta de Manuel Zelaya en la red social twitter. https://twitter.com/manuelzr/status/1410707331831275522
[10] 10 hondureños figuran en lista de corruptos del Triángulo Norte. Proceso digital, 4 de abril de 2019. https://proceso.hn/en-lista-de-corruptos-del-triangulo-norte-figuran-10-hondurenos/
