Escrito por Mirna Flores, investigadora del CESPAD
2 de julio, 2021
Honduras vive una profunda crisis política desde el golpe de Estado del año 2009. A los escándalos de corrupción que detonaron con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que derivaron en las marchas y protestas de los indignados en 2015, les siguió la crisis que provocó la reelección inconstitucional del actual mandatario Juan Orlando Hernández, en el marco de un proceso electoral en el año 2017, signado por denuncias fuertes de fraude. Luego se produjeron las movilizaciones de los gremios de Salud y Educación, en contra de la privatización de esos sectores, en el año 2019. Todos estos hechos han marcado un complejo contexto de conflictividad política y social durante los últimos tres gobiernos nacionalistas, que han dejado como resultado protestas, acciones represivas de las fuerzas de seguridad del Estado que incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos, al igual que una mayor influencia y protagonismo de los militares.
A la crisis política se agregan otras crisis que confluyen entre sí, profundizando el clima de ingobernabilidad y pérdida de confianza ciudadana, entre ellas: la crisis sanitaria por la Pandemia COVID 19, que ha puesto en evidencia los altos niveles de corrupción de los funcionarios públicos; la crisis económica y la profundización de las desigualdades sociales en el contexto de la pandemia y el impacto de los huracanes Eta y Iota. Asimismo, el descontento y rechazo que provoca en distintos sectores sociales la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que atentan contra la integridad del territorial y la soberanía nacional.
Según Víctor Meza[1], la conjunción de todas esas crisis tocan todo el engranaje político, económico y social del país, debido a que impactan severamente en la menor producción de bienes y servicios, mayor desempleo, incremento de la pobreza y la desigualdad social; migración y repunte de la violencia criminal, y la reactivación de las redes del crimen organizado. En esta “confluencia de crisis y sus tendencias” se encuentra el tema de la legitimidad del gobierno, sumido en el descrédito por la corrupción y los escándalos que provocan los vínculos de políticos y funcionarios con el narcotráfico.
En el ámbito de la seguridad ciudadana, la inseguridad y la violencia no han logrado reducirse[2]. De acuerdo con el Observatorio de la Violencia, las tasas de homicidios estarían en repunte y, además, otras formas de violencia tienen mayor visibilidad en el contexto de la pandemia y el impacto de los huracanes ETA y Iota: la violencia doméstica, los abusos sexuales contra niños y niñas; la violencia política hacia los líderes de los movimientos sociales y gremiales.
La falta de legitimidad y pérdida de credibilidad del gobierno han sido enfrentadas mediáticamente, exaltando los logros con la creación de una Policía Militar del Orden Público (PMOP), la depuración policial y la aprobación de la extradición, durante la gestión de Hernández, como presidente del Congreso Nacional. Aunque la última iniciativa, cabe aclarar, es en realidad el resultado de la presión de los Estados Unidos para mostrar acciones aleccionadoras a los narcotraficantes y sus colaboradores, dada la falta de la aplicación de justicia y los altos niveles de impunidad prevalecientes en nuestro país.
Esta estrategia militarista y punitiva ha fortalecido el proceso de remilitarización de la seguridad pública y ha tenido implícita la militarización del Estado y la continuidad política del gobernante, sobre todo, su continuidad político-personal en el poder[3].
También, en los dos últimos gobiernos consecutivos de Juan Orlando Hernández se ha fortalecido un enfoque de la seguridad bajo el esquema del orden y represión, mano dura, populismo penal y militarización. El enfoque militar ha venido definiendo las concepciones y las prácticas de la seguridad pública, dejando un espacio limitado a la prevención, a la participación ciudadana y la transparencia.
El abordaje de la seguridad, bajo el enfoque mano dura y de populismo punitivo, ha implicado el quebrantamiento del Estado de Derecho y violaciones a los derechos humanos. El legado del autoritarismo y la influencia del militarismo han hecho de las medidas de mano dura y el populismo punitivo la manera de buscar los apoyos electorales, y la forma de invisibilizar los problemas estructurales y las incapacidades institucionales[4].
En los temas de inseguridad ciudadana, el populismo punitivo se fortaleció en las dos últimas décadas, al calor de la demanda de respuestas inmediatas para contrarrestar la criminalidad, y ante la falta de respuestas integrales a la seguridad. El populismo punitivo ha reforzado supuestos simplistas sobre las causas y las respuestas a la inseguridad ciudadana y ha dejado de lado a los expertos en el tema, sustituidos por militares y políticos en el poder.
De cara al nuevo proceso electoral 2021, está la interrogante sobre si los partidos políticos de oposición serán capaces de hacer contrapropuestas a la mano dura y el populismo punitivo u obviarán estos temas por cálculo político o si veremos propuestas de políticas públicas innovadoras con un enfoque integral, enmarcadas en el Estado de Derecho, los derechos humanos y fortaleciendo del desarrollo democrático.
Enfoque mano dura y el populismo punitivo
Las políticas mano dura, que inicialmente significaron la adhesión a políticas como la tolerancia cero, pero que fueron perdiendo popularidad, comprenden un conjunto de medidas legales, extralegales, policiales y militarizadas para enfrentar la violencia y la inseguridad, entre ellas: la aprobación de medidas de endurecimiento de penas; aumento de la presencia policial y militar en las calles, como medida de control de los barrios y zonas de alta incidencia delictiva; aumento de encarcelamiento, particularmente de los sectores más pobres y de los jóvenes; asociación del delito con la guerra, configurando a los nuevos enemigos que hay que confrontar a través de la guerra[5].
De acuerdo a Bernardo Kliksberg[6], en sociedades con graves problemas de pobreza y desigualdad, como sucede en los países del “Triángulo Norte Centroamericano” y en Honduras en particular, la “mano dura” ha sido la salida providencial para dar respuesta al temor que provoca la inseguridad.
El populismo punitivo es una forma de acción política basada en la generación de discursos y propuestas “populares”, mediante los que se manipulan las emociones y se promueve la respuesta penal y policial a la conflictividad social, con el fin de tener los apoyos y réditos electorales. Aun cuando se carezca de evidencia sustantiva que respalde el éxito de las medidas punitivas, lo que sí es evidente en este tipo de medidas es la afectación en el Estado de Derecho[7]. El populismo punitivo usa una retórica que exalta el uso del poder penal del Estado para acabar con la criminalidad y la delincuencia.
Las políticas mano dura y de populismo punitivo: ¿han sido efectivas?
Las medidas de mano dura y de populismo punitivo han sido un elemento central y común de las políticas de seguridad pública en América Latina y en el Triángulo Norte Centroamericano, desde hace más de dos décadas. En el caso de Honduras, estas políticas punitivas de control y represión han sido exacerbadas durante los dos gobiernos consecutivos de Juan Orlando Hernández.
A partir del populismo punitivo se ha producido una superproducción de leyes que tienden a aumentar los castigos para los delitos que impactan en la percepción de la inseguridad de la población, sobre todo los relacionados con las maras o pandillas, la extorsión y el narcotráfico[8]. Bajo un enfoque de mano dura se ha hecho uso de la fuerza policial y militar indistintamente, para enfrentar diversas formas de delitos, sin que se construyan políticas de seguridad diferenciadas para problemas diferentes.
Este marco de superproducción de leyes para el “combate” del crimen organizado han sido utilizadas por la élite en el gobierno para enfrentar el movimiento social organizado, equiparando las actividades de los movimientos sociales con las acciones del crimen organizado, lo que retrata los graves retrocesos democráticos en el país[9].
Bajo la influencia del populismo punitivo se construyó una visión maniquea de los nuevos enemigos internos, identificados con los jóvenes en pandillas y otros grupos sociales, estereotipados por su edad, vestimenta, condición socioeconómica.
Un ejemplo de la vigencia de las acciones de populismo punitivo fue la reciente comparecencia del mandatario hondureño ante el Congreso Nacional, en la que propuso nuevas estrategias de lucha contra las maras y pandillas que, según él, requerirán de nuevas reformas legislativas. La comparecencia fue hecha un día después de conocerse que un grupo de senadores estadounidenses propuso un proyecto de legislación conocido como “Proyecto de Ley Sobre Derechos Humanos y Anti-Corrupción de Honduras 2021”, que busca suspender la ayuda en materia de seguridad de parte de Estados Unidos a Honduras[10].
Además, en medio del despliegue de poder que representa la salida de militares y policías a las calles, el presidente Hernández ha dicho que el país necesita aumentar la presencia de sus fuerzas de seguridad, incluidas las unidades élite: la Policía Militar de Orden Público (PMOP), perteneciente a las Fuerzas Armadas; el grupo de Respuesta Rápida (TIGRES); la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), y la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU).
En congruencia con las medidas de populismo punitivo y sus consecuencias en el crecimiento de la población privada de libertad, han sido creadas varias cárceles de máxima seguridad, pues el mandatario hondureño afirma que las prisiones del país son «insuficientes para tantos criminales capturados”[11]. Estas cárceles siguen exhibiendo los mismos problemas de violencia que mostraban en el pasado y son resguardadas por militares y policías militares, bajo un enfoque militarista.
En conclusión:
Se carece de las suficientes evidencias que muestren que la mano dura y el populismo punitivo son exitosos en la reducción de la violencia y la inseguridad, como proclama el gobierno actual. Las medidas punitivas, militarizadas y tipo mano dura, pierden credibilidad frente a la persistencia de graves problemas de inseguridad, los altos niveles de impunidad, sobre todo en la aplicación de justicia a funcionarios del más alto nivel del gobierno y de los poderes legislativo y judicial, involucrados en casos de corrupción de alto impacto. Por otra parte, es indudable que en el marco de la aplicación de políticas punitivas y de control, se han quebrantado el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Referencias
[1] Meza Víctor (2020). Gobernabilidad democrática y crisis. En: ¿A dónde va Honduras? Tendencias y Perspectivas en un contexto de crisis. CEDOH. Honduras.
[2] Ídem
[3] Salomón Leticia, (2014). El Manejo Político de la Inseguridad: ¿con militares o sin militares? El manejo político de la inseguridad pública: tendencias, peligros e impacto. CEDOH. Tegucigalpa Honduras.
[4] Amaya, Edgardo. (2017). Ánimos punitivos y oferta electoral en el Salvador. En: La polìtica en la violencia y lo polìtico en la seguridad. Flacso, Ecuador. https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/56891.pdf
[5] Rodríguez Pinzón, EM y Rodrigues T. (2020). ¨Mano dura¨ y democracia en América Latina: Seguridad, violencia y Estado de Derecho. América Latina Hoy, 84. 89-133. https://doi.org/10.14201/alh.21156
[6] Kliksberg, B. (2008). La falacia de la mano dura. Nueva Sociedad. https://www.nuso.org/articulo/la-falaciade-la-mano-dura
[7] Amaya, Edgardo (2017). Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador. En: La política en violencia y lo político en seguridad. FLACSO Ecuador. Https//biblio.flacsoandes.edu.es/libros/digital/56891.pdf
[8] Dammert Lucia y Zúñiga, (2006). Seguridad y violencia desafíos para la ciudadanía. Flacso; Chile.
[9] Irías Gustavo. (2019). ¨Derecho Penal del Enemigo¨, la lógica que utiliza el Estado de Honduras para judicializar defensores de bienes comunes de la naturaleza. CESPAD. Recuperado de https://cespad.org.hn/2019/03/07/analisis-derecho-penal-del-enemigo-la-logica-que-utiliza-el-estado-de-honduras-para-judicializar-defensores-de-bienes-comunes-de-la-naturaleza/
[10] Proceso Digital (24/02/2021). Recuperado de: https://proceso.hn/presidente-hernandez-dice-que-seria-un-error-que-ee-uu-premie-y-crea-en-narcotraficantes-confesos/
[11]https://www.google.com/search?q=Hern%C3%A1ndez+est%C3%A1+promoviendo+la+creaci%C3%B3n+de+una+prisi%C3%B3n+de+m%C3%A1xima+seguridad+en+un+lugar+remoto+y+sin+comunicaci%C3%B3n+satelital%2C+pues+afirma+que+las+prisiones+del+pa%C3%ADs+son+%22insuficientes+para+tantos+criminales+capturados
