Análisis del impacto en los Derechos Humanos que dejarán las ZEDEs

El actual debate alrededor de las ZEDEs

La idea de la instalación de las Zonas Económicas de Desarrollo (ZEDE), surge con fuerza en el contexto del golpe de Estado de 2009, como parte de un proyecto económico de largo alcance impulsado por sectores de la élite política que (en el marco de la crisis política), aprovechándose del control del Estado y de la institucionalidad pública, aprobaron la Ley ZEDE en el año 2013. Las ZEDEs, en el sentido más amplio, son el instrumento de despojo territorial mejor diseñado en las últimas décadas, que hace recordar las implicaciones negativas del enclave minero y bananero en la economía y política del país. Si bien es cierto que las ZEDEs y los enclaves son cosas diferentes, en ambos casos lo que entra en juego es una política neocolonialista de carácter neoliberal y extractivista, que cede al capital extranjero el control del territorio y economía hondureña.

En su momento, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dictaminó que la Ley ZEDE era inconstitucional. Lo anterior se basó en los siguientes elementos de fondo: “i) vulnerabilidad del territorio nacional, en contraposición a los artículos 107 y 374 de la Constitución; ii) vulnerabilidad del régimen fiscal, contrario a lo que se establece en el artículo 205, numeral 35 de la Constitución; iii) Vulneración de la soberanía nacional, contradicción a lo mandado en los artículos 12 y 13 de la Constitución; iv) vulnerabilidad de la forma de gobierno de carácter irreformable, expresado por el artículo 374 de la Constitución y, iv) Vulnerabilidad a las declaraciones y los derechos constitucionales que por naturaleza tienen el carácter de irreformables[1]”.

Desde la Administración Hernández se afirma que las ZEDEs permitirán “un crecimiento acelerado mediante la generación de miles de empleos y desarrollo económico de las zonas beneficiadas, debido a que las ZEDEs tienen un impacto a nivel nacional, al contribuir al fortalecimiento de los operadores de justicia, educación, seguridad, infraestructura y a iniciativas sociales en beneficio de la población”[2]. Por su parte, desde las organizaciones sociales se advierte que “las ZEDEs son la entrega del territorio al capital multinacional, el despojo de los bienes naturales de las comunidades y la incesante violación de derechos humanos”[3]. Las referencias ilustran, de manera precisa, la forma en la cual el proyecto de las ZEDEs es concebido de manera diferente entre los sectores políticos que lo impulsan y sectores sociales que lo rechazan.

A la luz de las recientes reformas a la Ley ZEDE[4], aprobadas de manera irregular en el Congreso Nacional (CN), que le otorgan grandes beneficios fiscales al capital extranjero y refuerza la autonomía de las ZEDEs, las organizaciones de sociedad civil, expertos y organizaciones territoriales han posicionado en el espacio público cinco (5) elementos críticos alrededor de las ZEDEs, como punto de partida para comprender los potenciales impactos en los derechos humanos.

1. Las ZEDEs y la promesa del combate a la pobreza mediante la generación de empleo. Juan Orlando Hernández, en recientes declaraciones dijo que “el 80% de las personas están desempleadas y, así mismo, está la situación en varios puntos del país, por eso es necesario instalar esas zonas en Honduras”[5]. La contradicción principal en el tema en la generación de empleo, es que las ZEDEs se instalarán en las zonas del país con capacidades económicas instaladas, no en las zonas más pobres y con altos índices de desempleo. Por otro lado, partiendo de la modalidad económica de las ZEDEs, se prevé que empleará recurso humano técnico o especializado, es decir, personas que mínimamente hayan cursado el bachillerato o egresado de la Universidad.
2. La legalidad de la ZEDEs, que promueve alegalidades. Es recurrente escuchar a la administración Hernández asegurar “no se debe hablar sobre ilegalidad y otros temas relacionados a las ZEDEs porque ya pasó dos veces por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y tres por el Congreso Nacional (CN)”[6]. Sin embargo, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), ha enfatizado “alrededor de 8 puntos de las ZEDEs que son ilegales e inconstitucionales”[7]. En el marco de la “legalidad” la Ley ZEDE promueve una serie de “alegalidades” que son el punto de partida para “legitimar concesionamientos y despojos territoriales”, como también, las facilidades de inversión al capital multinacional. El concepto de alegalidades es de suma importancia, ya que ilustra los casos en los que se cumplen las formalidades de las normas, pero se aprovechan sus vacíos o limitaciones para lograr beneficios que tienen consecuencias en contra del sentido de esa norma.
3. Las ZEDEs, exoneraciones fiscales y profundización de las desigualdades. Desde la administración Hernández se tiene la absoluta certeza que las exoneraciones fiscales potenciarán la inversión extranjera alrededor de las ZEDEs. Sin embargo, la evidencia indica que en Honduras, en los últimos 5 años, en un marco institucional favorable, la inversión extranjera en vez de aumentar se ha reducido significativamente. En ese sentido, desde el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), se señala que “un sistema económico propio, producirá un recorte en los ingresos fiscales de Honduras, ya que el artículo 4 reconoce el derecho de la ZEDE a recaudar y administrar sus tributos y determinar las tasas que cobran por sus servicios, con lo cual el Estado pierde atribuciones propias de la administración pública como la de recaudar tributos”[8]. En ese sentido, el Colegio Hondureño de Economistas (CHE), ha expresado “el Estado dejará de percibir ingresos aproximadamente de 46 mil millones de lempiras cada año”[9]. En la misma dirección, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), expresó “la atracción de inversión extranjera directa se basa en el otorgamiento de privilegios fiscales. Sin embargo, la evidencia ha mostrado que eso no es verdad y, además, es una estrategia obsoleta del siglo pasado que no sirve para resolver problemas de la actualidad”[10]. En definitiva, no se asegura que con las exoneraciones fiscales se atraerá inversión extranjera y se analiza con preocupación que la ausencia de recaudación fiscal tendrá un alto impacto al momento de financiar la política pública de corte social, orientada a reducir las desigualdades.
4. El control del territorio en manos del capital extranjero y la agudización de los conflictos socioterritoriales. En el articulado de Ley de las ZEDEs, el control territorial sobre los bienes comunes de la naturaleza (tierra, agua, bosque, playas) que tendrá a su disposición el capital extranjero, es visto desde la administración Hernández como algo normal y necesario para el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, se ha expresado que “el pueblo ocupa chamba y debemos buscar mecanismos para seguir generando y todo lo que venga a generar empleo debe impulsarse y apoyarse”[11]. Por su parte, las organizaciones territoriales como la Organización Negra Fraternal de Honduras (OFRANEH), han expresado que “el gobierno con las ZEDEs está enviando un mensaje de muerte a las comunidades garífunas y al pueblo en general, porque está entregando el territorio más fértil e importante al capital transnacional para su exploración”[12]. Gran parte del concesionamiento territorial para las ZEDEs, se realizará en las regiones del país con alta presencia de comunidades indígenas, garífunas y campesinas, lo que podría instalar en el corto y mediano plazo un escenario de crisis y lucha socioterritorial, en un contexto en el cual las organizaciones luchan por la defensa, gestión comunitaria y sustentable de los bienes comunes naturales.
5. La autonomía administrativa y judicial de las ZEDEs, como zonas de refugios para personas señaladas de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Otra de las facilidades que ofrece la Ley de las ZEDEs es la autonomía en relación con el sistema de justicia, ya que son consideradas como zonas aduaneras y fiscales extraterritoriales, que funcionarán al margen de las leyes del país. En ese sentido, el CAH ha enfatizado que “las ZEDEs pueden ser potencialmente un santuario de criminales nacionales e internacionales, de dinero sucio y limpio, y ser un refugio para los solicitados en extradición”[13]. Por su parte, expertos en política internacional enfatizan en que “solamente son atractivas esas ZEDEs para personas involucradas en el crimen organizado y lavado de activos porque de otra forma el país no es atractivo”[14].

En ese marco de señalamientos, recientemente el Pleno de Magistrados del Poder Judicial, “aprobó un controversial circuito especial cuyo objetivo será reconocer asuntos en materia penal, niñez y adolescencia de conformidad a la Constitución de la República, tratados internacionales y demás leyes aplicables, en el cual los jueces y magistrados nombrados en los juzgados, corte de apelaciones y tribunales de sentencia, solamente tendrán jurisdicción en las ZEDEs. Es decir, que si una persona “comete un delito penal como el lavado de activos, narcotráfico, asesinato y relacionados a la corrupción, entre otros, en una de las ciudades modelo, tendrá que ser juzgado en estos nuevos órganos jurisdiccionales”[15]. Sin embargo, para algunos juristas constitucionales “esa nueva jurisdicción que ha creado la Corte es inconstitucional, violenta los principios generales de la independencia de poderes del Estado porque el artículo 329 de la Constitución que crea las ZEDEs, les da a las autoridades de las ZEDEs, la facultad de mandarle ternas al Poder Judicial para que escoja a los magistrados y jueces que van a trabajar en esas zonas”[16].

En conclusión, estos elementos expuestos indican que las ZEDEs son una iniciativa en la cual las organizaciones de sociedad civil, organizaciones territoriales y comunidades, en general, no participaron activamente en la creación de la Ley y no fueron partícipes al momento de definir los alcances estratégicos en materia de desarrollo económico y social. En definitiva, la ausencia de consensos está evidenciando la importancia de abrir paso a un proceso de desarrollo que sea capaz de incluir las voces nacionales y territoriales, con un alcance estratégico que promueva el control y gestión del territorio en manos del Estado y las comunidades.

La ZEDEs y sus posibles impactos en los Derechos Humanos

Alrededor de las ZEDEs y los derechos humanos se está abriendo un importante debate que es necesario seguir fortaleciendo y mediatizando, en los esfuerzos por analizar la manera en que implicarán grandes costos en materia de derechos humanos y derechos territoriales hacia los sectores históricamente vulnerables y excluidos de la política de desarrollo: indígenas, mujeres, campesinos y garífunas. El siguiente cuadro expone el actual debate alrededor de las ZEDEs y los derechos humanos.

Cuadro #1

ZEDEs, Derechos Humanos y Derechos Territoriales en Honduras

Fuente: Elaboración propia en base a monitoreo periodístico (mayo-junio del 2021).

El cuadro anterior expone las principales implicaciones de las ZEDEs, en relación con los derechos humanos y derechos territoriales, alrededor de los que existe un consenso generalizado: los impactos serán fuertes y de largo alcance, afectando con mayor fuerza a las comunidades y sectores históricamente vulnerables: indígenas, mujeres, campesinos y garífunas. Por su parte, ante ese cúmulo de valoraciones, la administración Hernández ha orientado el debate sobre los derechos humanos hacia una dirección meramente partidaria y en cierta medida desconectada de la realidad, expresando “solo el que no sabe leer no ha entendido que para esas zonas de empleo, el régimen implica varias condiciones que están en la Constitución y, dejen de desinformar o de inventar, los que atacan las ZEDES son los mismos que no apoyaron los bonos para los damnificados, ni vacunas, ni Policía Militar”[24].

Partiendo de las valoraciones de los actores y artículos de la Ley ZEDE,  los principales derechos humanos y territoriales afectados serán los siguientes:

• Derecho al acceso a la tierra y territorio: las ZEDEs podrán tener control absoluto sobre el territorio a través del concesionamiento territorial y expropiación forzosa. Lo anterior indica que las ZEDEs tendrán acceso a los principales medios de vida de las comunidades: tierra, agua, minerales, playas, bosque. Tal como lo evidencia la experiencia hondureña, la política de concesionamiento y despojo alrededor de los proyectos extractivistas ha traído consigo pobreza, exclusión, crisis alimentaria, desempleo, migración y desplazamiento interno.
• Derecho a la autoderminación: la Ley de las ZEDEs desconoce la consulta libre, previa e informada en zonas de baja intensidad poblacional y en aquellos territorios donde el Estado no ha reconocido/extendido títulos de propiedad sobre las tierras. Además, los mecanismos de consulta (cabildos abiertos y plebiscitos) que se proponen se desarrollarán en el marco del artículo #5 de la Constitución de la República, fuertemente cuestionado por las organizaciones territoriales en los últimos años, ya que en la práctica las declaratorias municipales libres de proyectos de extractivismo, no son ratificadas por las instituciones del Estado, debido al control que ejercen las élites políticas y económicas sobre la institucionalidad pública.
• Derecho a la paz y convivencia pacífica: las ZEDEs contarán con su propio sistema de justicia y sistema policial. Desde los actores arriba mencionados se prevé que estos entes judiciales y policiales autónomos promoverán una política de seguridad que atentará contra la convivencia sana y pacífica de las comunidades. Lo anterior abre un espacio para el debilitamiento del tejido social en las comunidades, el cual en el marco de los actuales proyectos extractivistas está generando amplios procesos de fragmentación y división en las comunidades.
• Derecho a un ambiente sano: la Ley ZEDEs deja abierta la posibilidad para que estos espacios decidan de manera autónoma la política ambiental, al margen de las leyes nacionales, tratados y convenidos internacionales pactados por el Estado de Honduras. Lo anterior instala un escenario descontrolado de contaminación ambiental y destrucción de biodiversidad de gran escala, generando grandes impactos en las regiones y comunidades donde estarán radicadas las ZEDEs.
• Derecho a la salud y educación: tal como lo advierte el Sistema de las Naciones Unidas, existen grandes posibilidades que en las regiones donde estarán instaladas las ZEDEs, los servicios públicos como la salud y la educación entren en un nuevo ciclo de privatización. Lo anterior conllevaría a un incremento significativo de las desigualdades, en un país donde 2 de cada 3 niños y niñas es excluido del sistema educativo, ante la ausencia de un sistema público educativo democrático, incluyente, gratuito y de calidad.
• Derecho al trabajo: según lo establecen distintas organizaciones la generación de empleo en beneficio de los sectores históricamente excluidos del sistema educativo es una fantasía más que una realidad, ya que las ZEDEs promoverán empleo hacia las personas con altas capacidades técnicas y especializadas. De igual forma, la política laboral y de seguridad social estará sujeta al régimen interno de la ZEDEs, retomando las disposiciones que emanan de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, en el marco de la Ley ZEDEs no se hace mención que la política laboral deberá regirse alrededor del Código de Trabajo que existe en el país.

Es importante mencionar que en el marco de la Ley ZEDEs, la violación de derechos humanos y territoriales se normaliza y se legitima alrededor de una serie de “estrategias expropiatorias y mecanismos de despojos” analizados recientemente en un documento publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). Entre las estrategias sobresalen: “i) Despojo de los principales bienes comunes, ii) Legalidad institucional , iii) Control territorial, iv) Consenso y legitimidad, v) Coaptación del derecho de los pueblos originarios, vi) Militarización y contrainsurgencia, y, vii) Desconocimiento del derecho ambiental”[25]. Las estrategias expropiatorias tienen su fundamento en el entramado legal de la normativa de las ZEDES, con fuerte contenido neoliberal y extractivista, que articula una serie de mecanismos de despojos de gran amplitud y alcance, abriendo un escenario nunca visto antes en la historia de los procesos de acumulación de capitales y de extrahección de riquezas naturales en el país.

En conclusión, la entrada en funcionamiento y la posible expansión de las ZEDEs conllevarían a un grave costo en materia de derechos humanos y derechos territoriales, con altas repercusiones políticas y señalamientos internacionales hacia el Estado de Honduras. En el marco de las ZEDEs, la actual crisis de derechos que existe en el país estaría entrando a un nuevo ciclo, (década de los 80, golpe de Estado, crisis post electoral),  en un contexto de debilitamiento sistemático del Estado de Derecho y persistencia de un régimen político altamente autoritario y concentrador del poder.

I. Recomendaciones

Desde el CESPAD consideramos que para darle respuesta de manera estratégica a la problemática alrededor de las ZEDEs, es necesario tomar en consideración los siguientes elementos:

1. Derogación de la Ley ZEDEs como punto de partida para retornar al orden constitucional en materia de soberanía territorial. La derogación debe darse sobre las bases del Estado de Derecho y la independencia de poderes, sin interferencia de los poderes fácticos que promueven e impulsan las ZEDEs. De esa forma, se estaría asegurando que un nuevo Gobierno no retomará la iniciativa de las ZEDEs como motor de desarrollo y generación de empleo, a expensas de la soberanía territorial y bienestar de las comunidades.
2. Fortalecer la articulación nacional y territorial contra las ZEDEs. El actual ejercicio de articulación que se desarrolla alrededor del Movimiento Nacional contras las ZEDEs y por la Soberanía Nacional, es un espacio de encuentro de suma importancia que tiene como desafío coyuntural cohesionar a los diversos actores que han mostrado su descontento hacia las ZEDEs. Como desafío estratégico, posicionar modelos de desarrollo alternativos a las ZEDEs, desde los imaginarios y demandas de las organizaciones sociales y territoriales.
3. Acciones de presión popular, escalonadas y articuladas. La administración Hernández ha dado signos de que no va a retroceder en las ideas de las ZEDEs y partiendo del control institucional que esa administración ejerce sobre la institucionalidad pública, las acciones de presión popular, escalonadas y articuladas, aparecen como el único mecanismo capaz de hacer retroceder a la administración de Hernández. Sin embargo, lo anterior requiere de un fuerte proceso de organización social capaz de posicionar discursos claros y precisos alrededor de la soberanía nacional y autonomía territorial.
4. Posicionar con fuerza el tema de los derechos humanos y derechos territoriales. La lucha alrededor de PROSPERA ZEDE, indica que cuando se posiciona en el espacio público la violación de los derechos humanos, los inversionistas internacionales optan por retirar sus fondos de los proyectos, como ha sido el caso de la Empresa de la Universidad Técnica de Múnich[26]. Lo anterior obliga a las organizaciones dimensionar la instalación de las ZEDEs, en relación con los derechos humanos y derechos territoriales, alrededor de amplios procesos de socialización comunitaria, comunicación e incidencia internacional, ante los organismos de DDHH.
5. Elaborar una propuesta de desarrollo alternativa a las ZEDEs. Uno de los principales señalamientos de la administración Hernández hacia los sectores que se oponen a las ZEDEs, es que carecen de propuesta para generar empleo y desarrollo económico. En ese sentido, las organizaciones sociales y territoriales tienen el desafío de elaborar una propuesta de desarrollo alternativa a las ZEDEs, que avance en la construcción y diseño de un modelo económico sustentable, democrático y participativo, capaz de articular las principales demandas de las organizaciones y comunidades, acorde a sus formas de vida y apuestas comunitarias de desarrollo territorial.La presente publicación fue realizada con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE). En el marco del proyecto: «Defender Derechos Humanos en tiempos de COVID-19 en Honduras».

Descargue: Monitoreo DDHH – CESPAD

[1] Síntesis de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley ZEDE. Disponible en: http://eleutera.org/wp-content/uploads/2014/06/Resolucion-de-la-CSJ-ZEDEs.pdf  (Consultado el 14 de junio de 2021)

[2] Honduras se convertirá en el polo de desarrollo de la región con las ZEDE. Consejo de Ministros, 23 de octubre de 2020. http://www.consejosecretariosdeestado.gob.hn/content/honduras-se-convertir%C3%A1-en-el-polo-de-desarrollo-de-la-regi%C3%B3n-con-las-zede (Consultado el 14 de mayo de 2021)

[3] Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras. Criterio.hn, 2 de noviembre de 2020. https://criterio.hn/proyectos-zede-se-expandiran-como-el-cancer-en-honduras/ (Consultado el 14 de mayo de 2021)

[4] Para mayor detalle véase: https://www.elheraldo.hn/pais/1466007-466/honduras-aprueban-reformas-a-ley-zede-que-otorgan-m%C3%A1s-exoneraciones-y-beneficios (Consultado el 16 de junio de 2021)

[5] JOH: «Los que se oponen a las ZEDEs no quieren que se genere empleo». Diario Tiempo.hn, 3 de junio de 2021. https://tiempo.hn/joh-se-oponen-las-zedes-no-quieren-empleo/ ( Consultado el 14 de junio de 2021)

[6] Ebal Diaz: ZEDEs han traído inversionistas y generados empleos en plena Pandemia. El Pais.hn, 18 de mayo de 2021. https://www.elpais.hn/2021/05/18/ebal-diaz-zedes-han-atraido-inversionistas-y-generado-empleo-en-plena-pandemia/ (Consultado el 14 de junio de 2021).

[7] Inconstitucionalidad de las ZEDEs: explicación en 8 puntos por el Colegio de Abogados. Diario Tiempo.hn, 15 de octubre de 2020. https://tiempo.hn/inconstitucionalidad-de-las-zede-explicacion-abogados/ (Consultado el 14 de junio de 2021)

[8] ZEDES impactarán en la recaudación fiscal y profundizarán la desigualdad en Honduras. Criterio.hn, 10 de mayo de 2021. https://criterio.hn/zedes-impactaran-en-la-recaudacion-fiscal-y-profundizaran-la-desigualdad-en-honduras/ (Consultado el 14 de junio de 2021)

[9]   Más sectores rechazan reformas que amplían los beneficios a las ZEDEs. Diario La Prensa, 26 de mayo del 2021. https://www.laprensa.hn/honduras/1466494-410/sectores-rechazan-reformas-ampl%C3%ADan-beneficios-zede  ( Consultado el 14 de junio del 2021)

[10] Consideran que exoneraciones otorgadas a las ZEDES son estrategias obsoletas. Confidencial.hn, 27 de mayo de 2021. https://confidencialhn.com/consideran-que-exoneraciones-otorgadas-a-las-zedes-son-estrategias-obsoletas/ (Consultado el 14 de mayo de 2021)

[11] JOH envía ley al Legislativo para otorgar exenciones de impuestos a ZEDEs. El Pulso.hn, 10 de mayo de 2021. https://elpulso.hn/2021/05/10/joh-envia-ley-al-legislativo-para-otorgar-exenciones-de-impuestos-a-zedes/ (Consultado el 14 de junio de 2021)

[12] Ciudades Modelo forman parte una política de despojo y exterminio: denuncia OFRANEH. Radioprogresohn.net, 18 de mayo de 2021. https://radioprogresohn.net/aplicacion-movil/ciudades-modelo-forman-parte-una-politica-de-despojo-y-exterminio-denuncia-ofraneh/ (Consultado el 14 de junio de 2021).

[13] Las ZEDE pueden ser un santuario de criminales, advierte Colegio de Abogados de Honduras. Criterio.hn, 1 de junio de 2021. https://criterio.hn/las-zede-pueden-ser-un-santuario-de-criminales-advierte-colegio-de-abogados-de-honduras/ (Consultado el 14 de junio del 2021)

[14] Ídem

[15] Nuevos tribunales juzgarán a narcotraficantes y lavadores de activos de las ZEDE. El Heraldo, 16 de junio de 2021. https://www.elheraldo.hn/pais/1471128-466/tribunales-narcotraficantes-lavadores-activos-zede-honduras (Consultado el 16 de junio del 2021)

[16] Ídem

[17] Naciones Unidades Honduras, 8 de junio del 2021. https://honduras.un.org/es/130598-las-zede-podrian-suponer-serios-riesgos-para-la-garantia-de-los-derechos-humanos-por-parte (Consultado el 16 de junio del 2021)

[18] CONADEH pide que se respeten territorios ancestrales ante incursión de ZEDEs. El Pulso.hn, 10 de junio del 2021.

[19] Roberto Cáceres: Las ZEDE son vulneradoras de derechos humanos. Radio Cadena Voces, 9 de junio del 2021. https://www.rcv.hn/2021/06/09/roberto-caceres-las-zede-son-vulneradoras-de-derechos-humanos/ (Consultado el 16 de junio del 2021)

[20] La cursiva es nuestra. https://elpulso.hn/2021/06/10/conadeh-pide-que-se-respeten-territorios-ancestrales-ante-incursion-de-zedes/ (Consultado el 16 de junio del 2021)

[21] La UNAH exige al Congreso Nacional derogar el decreto de las ZEDEs. El Heraldo, 15 de junio del 2021. https://www.elheraldo.hn/pais/1470822-466/unah-congreso-nacional-derogar-zede-honduras ( Consultado el 16 de junio del 2021)

[22] Sectores y organizaciones sociales articulan plataforma contra las ZEDE. Criterio.hn, 11 de junio del 2021.

[23] Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras. Criterio.hn, 2 de noviembre del 2020. https://criterio.hn/proyectos-zede-se-expandiran-como-el-cancer-en-honduras/ (Consultado el 16 de junio del 2021)

[24] Presidente Hernández pide dejar de “desinformar e inventar” sobre las ZEDEs. Hondudiario.com, 19 de mayo del 2021. https://hondudiario.com/nacionales/presidente-hernandez-pide-dejar-de-desinformar-e-inventar-sobre-las-zede/ (Consultado el 16 de junio del 2021)

[25] Para profundizar vea: CESPAD. Las ZEDES y los extractivismos: la perfecta fusión para el despojo territorial. Mayo, 2021. http://v1.cespad.org.hn/wp-content/uploads/2021/06/ACMayo-CESPADV2.pdf   (Consultado 16 de junio del 2021

[26] Para mayor detalle ver: https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/honduras-delante-de-indicios-de-violaciones-de-derechos-humanos-tum-international-se-retira-de-zede-pr%C3%B3spera/