Tiene 73 años de edad, pero eso no importó para que Silvia Bonilla Flores, una mujer garífuna e integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y defensora de los derechos territoriales, fuese detenida por elementos de la Policía Nacional y trasladada a la estación policial de Trujillo, en el departamento de Colón, Honduras. El sustento de la captura, según la policía, es que Bonilla Flores ha cometido los delitos de daños, amenazas, robo y usurpación de tierras.
A Silvia Bonilla Flores, su familia y compañeros la describen como una mujer luchadora “que día a día se esfuerza por conseguir el pan para sobrevivir”. Es defensora de los derechos territoriales de su comunidad, y nada tiene que ver con la imagen criminal que quiere imponerle la policía nacional.
La detención, que aconteció este miércoles 17 de junio, obedece al “requerimiento fiscal que presentó, en agosto del año 2020, la empresa Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA)”[1]. Por el mismo caso también fueron detenidas las hermanas Solorzano, el 03 de marzo de este año, sumando un total “32 personas de la comunidad garífuna que actualmente enfrentan órdenes de captura por defender sus territorios ancestrales, pese a que la propiedad de más de 7 mil hectáreas de tierra en las comunidades de Cristales y Río Negro está respaldada por títulos de propiedad ancestral”[2].
«La tierra es de nosotros y siempre la vamos a pelear», dijo la defensora de los territorios ancestrales garífunas”[3]. Y aunque el Juzgado de Letras del municipio de Trujillo dictó medida cautelar de arresto domiciliario, y se programó la audiencia inicial para la defensora, los días 29 y 30 de junio, es inevitable no pronunciarse ante estos hechos que desnudan, una vez más, la cooptación de la institucionalidad hondureña y cómo obedece a redes de poder y corrupción que en los últimos años han arremetido contra el pueblo garífuna.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), nos pronunciamos y exigimos:
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- Al Ministerio Público y al Instituto Nacional Agrario (INA), realizar una investigación e informe serio sobre las tierras en disputa que, se acuerdo con los garífunas, son tierras ancestrales que habitan desde hace décadas.
- A la Policía Nacional frenar los actos de criminalización y persecusión contra el pueblo garífuna.
- Al Comisionado de los Derechos Humanos, resguardar la integridad física, psicológica, cultural y espiritual del pueblo garífuna.
17 de junio, 2021, Tegucigalpa M.D.C.
[1] CESPAD, Alerta: Con un asesinato y la detención de dos defensoras, continúa el ataque a la comunidad Garífuna en Honduras
[2] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Alerta: Policía Nacional detiene a defensora de la OFRANEH Silvia Bonilla Flores.
[3] IDEM 2
