Por Xiomara Orellana
Periodista del CESPAD
Son redes bien estructuradas que se crearon desde el Estado. Cada una tuvo roles bien definidos para desviar recursos estatales. En su mayoría sirvieron para el financiamiento de campañas políticas; algunos las usaron para devolver favores al narcotráfico por el apoyo que les aportaron, mientras, en otros casos, fue dinero usado en gastos personales. Pero ese es el denominador común que se encuentra en los 14 casos que investigó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), en colaboración con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en los cuatro años de trabajó en el país.
Fueron sendas investigaciones que les tomaron varios meses de trabajo. Algunas aún siguen en proceso, pero todas revelaron la complicidad no solo de funcionarios públicos, sino también de actores privados, los que afinaron todo un sistema de privilegios y beneficios para la clase política en el poder. El objetivo: dirigir los dineros públicos hacia el financiamiento de campañas políticas, de manera notoria en los años 2013 y 2017, favoreciendo principalmente al Partido Nacional y en menor cuantía, al Partido Liberal.
Esos casos desnudaron todo un sistema de corrupción, pero no solo con énfasis exclusivo sobre el Gobierno y los funcionarios públicos. Ese entramado mostró el rol que también jugaron las empresas nacionales e internacionales y actores privados que han sido parte del modus operandi para robar recursos estatales.
Se dieron contratos, concesiones, fideicomisos para legalizar lo ilegal. La afectación para los hondureños por este robo descarado es de miles de millones de lempiras y los diputados y diputadas han sido los actores más vinculados a los hechos de corrupción. Los casos emblemáticos de corrupción judicializados por la UFECIC/MACCIH y ahora por la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), muestran no solo la complejidad en las técnicas y mecanismos irregulares que utilizaron, sino también el grave efecto generado, que dejó sin ejecutar proyectos de desarrollo para los grupos más vulnerables.
Una radiografía corta nos muestra que cada caso investigado y judicializado por los equipos integrados, explica la prevalencia de los vínculos y la colusión de diversos sectores para favorecer empresas, sobrevalorar las compras, obtener dinero en efectivo o depositarlo en cuentas personales y con ello agenciarse de miles de millones de lempiras.
RED DE DIPUTADOS
Más de un año de investigaciones revelaron cómo un grupo de diputados y diputadas desviaron fondos públicos para el uso personal y en política, que estaban destinados para proyectos sociales. Los congresistas se valieron de una Organización No Gubernamental (ONG), denominada Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), para recibir varias transferencias, desde la Secretaría de Finanzas, por 3.3 millones de lempiras, entre el 14 y 21 de diciembre de 2015.
En total se trasladaron a esa ONG, 8.3 millones de lempiras.
CASO CAJA CHICA DE LA DAMA
Es la funcionaria de más alto perfil que ha sido procesada en la historia de Honduras. Rosa Elena Bonilla de Lobo fue primera dama del país, y dirigió una red para desviar los fondos desde Casa Presidencial. Pese al vínculo directo que tiene con un presidente de la República, Bonilla de Lobo y su asistente, Saúl Escobar, fueron condenados en un primer juicio que termino anulándose. Se espera que el 15 de junio del 2021, se realice el segundo juicio en contra de ambos.
Saúl Fernando Escobar era el asistente del Despacho de la Primera Dama en el período 2010-2014 y su cuñado Mauricio Mora Padilla, era el director de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Despacho de la Primera Dama –UDECO-. Pero cuatro meses de investigación del equipo UFECIC/MACCIH, permitió detectar el desvío de más 16 millones de lempiras (unos 680.000 dólares), a través de una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado y que estaba destinado a obras sociales, entre ellos dotación de uniformes y zapatos escolares.
PACTO DE IMPUNIDAD
Un caso que demostró la colusión entre los partidos políticos en el Congreso Nacional para aprobar leyes que favorecieron a todos en el denominado “Pacto de Impunidad”. Con la aprobación anómala de leyes, como la Ley de Presupuesto, violentaron la voluntad del pleno del Congreso Nacional, para blindar a los diputados que estaban siendo procesados por el mal manejo de los fondos públicos y evitar que a futuro otros fueran investigados y procesados por hechos similares.
La información proporcionada a la UFECIC/MACCIH permitió presentar, inicialmente, el requerimiento fiscal contra los diputados, José Tomas Zambrano, y Román Villeda Aguilar, y luego contra Antonio Cesar Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo. Todos los acusados son diputados del Partido Nacional, y estos hechos originaron la investigación RED DE DIPUTADOS.
CASO PANDORA
Este es el entramado de una red política que se dirigió desde Casa Presidencial, pasando por los diputados del Congreso Nacional, hasta los coordinadores de campaña. Este caso evidencia cómo los recursos estatales van a parar a las campañas electorales. No solamente fue el Partido Nacional, también el Partido Liberal se benefició del financiamiento de recursos que salieron desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).
Fueron 38 los acusados, pero de ellos a 22 se les decretó sobreseimiento. Los coordinadores de campaña y funcionarios de alto nivel son los que resultaron beneficiados. En este caso queda Jacobo Regalado (ex secretario de la SAG), como principal funcionario implicado, que goza de casa por cárcel y espera que pronto inicie el juicio oral y público, junto a Norma Montes y Laura Arita. Mientras el testigo estrella Fernando Suárez, sigue esperando un procedimiento abreviado, por ser un colaborador eficaz que brindó la información de toda la estructura y de dos fundaciones que fueron la pantalla para el desvío de 282 millones de lempiras.
CAJA CHICA DEL HERMANO
Se revela el vínculo del Presidente de la República con su hermano, a quien le asignó 11 elementos militares para su seguridad. Entre el año 2010, hasta enero del 2014, Wilfredo Francisco Cerrato Durón libró de la Cuenta de Cheques, a nombre de Casa Presidencial/Administración), unos doce (12) cheques. También, de la Cuenta de Cheques a nombre de Casa Presidencial/Guardia de Honor Presidencial, por lo menos 72 cheques. Todos por valor de 100,000.00 lempiras cada uno: 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Omega 1 (en la investigación del caso), y 42 cheques a favor de la persona identificada como testigo protegido Alpha 1, sumando un total de 8,400.000.00 lempiras.
No había respaldo legal para emitir esos pagos. Era Ramón Lobo Sosa quien ordenaba a los beneficiarios el endoso, para luego depositarlos en su cuenta de cheques personal. Justificaba su emisión en gastos de alimentación y limpieza de los miembros de la guardia de honor presidencial que le brindaban seguridad, por su condición de hermano de Porfirio Lobo Sosa, pero ese pago aparece de fondos del Estado Mayor Conjunto. Así abusó del poder que su hermano tenía como Presidente y fue otra forma de sacar dineros desde Casa Presidencial.
CASO LICITACIÓN FRAUDULENTA DEL SEGURO SOCIAL
En este caso la UFECIC/MACCIH evidenció cómo los representantes de los trabajadores, médicos, personal del Seguro Social y la empresa privada se coludieron para favorecer a una empresa mediante compras que no eran prioritarias para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Los equipos médicos comprados se sobrevaloraron en un 114%.
Fueron 95, 244, 166. 54 millones de dólares en una compra que autorizaron los directivos de esa institución social, el 4 de abril del 2011.
CASO ARCA ABIERTA
Es una línea de investigación que se derivó del caso RED DE DIPUTADOS y que evidenció de nuevo, la colusión entre diputados de tres partidos políticos: Nacional, Libre y Unificación Democrática, los que solicitaban en el 2015, recursos para proyectos fachada.
Esos recursos se trasladaron a la organización no gubernamental denominada Planeta Verde, lo que les permitió apropiarse de 21 millones de lempiras (879 mil dólares). Los fondos aparecieron en las cuentas personales de los acusados, en la de sus familiares y de terceros, según la investigación de la UFECIC/MACCIH.
CASO FRAUDE SOBRE EL RÍO GUALCARQUE
Desde la institucionalidad se muestra, según la investigación de la UFECIC/MACCIH, la colusión del Estado con la empresa privada para favorecer con el otorgamiento del contrato energía a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. alrededor del tema, fueron 40 denuncias las que interpuso la extinta lideresa social y ambiental Berta Cáceres, sobre la irregular concesión. Eran funcionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), favoreciendo a DESA, mostrando sendas anomalías administrativas para aprobar y asignar el contrato. La colusión institucional abarcó a la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Municipalidad de San Francisco de Ojuera.
CASO PATUCA III
Este es un caso que para la UFECIC/MACCIH, significa el vínculo entre el Estado y el narcotráfico. ¿Por qué?, porque según las investigaciones fue el mecanismo que se utilizó para devolver fondos a un cartel del narcotráfico, en este caso “Los Cachiros”, que aportaron fondos de campaña, en las elecciones del año 2013. En este caso fueron notorias las irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato, la sobrevaloración y la falsedad en la recepción de bienes que se pagaron sin realizarse una entrega real de los mismos. Así se defraudó al Estado de Honduras por 14.5 millones de lempiras.
CASO NARCOPOLÍTICA
Este es el mejor ejemplo del vínculo entre el narcotráfico y la política. Según las investigaciones de la UFECIC/MACCIH, representa el financiamiento a políticos y sus campañas y la devolución con favores, en la adjudicación de contratos del Estado, específicamente en la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), obviando procedimientos. ¿Qué favores se devolvieron? Los fondos que aportaron los narcotraficantes, específicamente el cartel de Los Cachiros, a las campañas de candidatos, así como el pago de helicópteros para movilizarse en la campaña electoral durante el 2012 y 2013.
CASO ANTEJUICIO DEL ALCALDE Y REGIDORA DEL DISTRITO CENTRAL
En las investigaciones realizadas inicialmente por la UFECIC/MACCIH, y concluidas por la UFERCO, se determina cómo operan las redes de corrupción desde la Alcaldía Metropolitana del Distrito Central, a través de fideicomisos. Es un claro ejemplo de cómo salió dinero de las arcas municipales, a través de cheques a nombre de personas naturales y jurídicas distintas a las presentadas en las liquidaciones, y fue depositado en las cuentas del alcalde municipal. Incluso, hay entrega de “ayudas”, por servicios prestados por periodistas, activistas políticos, conocidos de los antejuiciados, personas que prestaron servicios en las empresas del alcalde, entre otros. En total son más de 28 millones de lempiras los que acredita en la investigación la UFERCO, que se desviaron (1.3 millones de dólares).
CASO HERMES
Es el caso de corrupción investigado inicialmente por la UFECIC/MACCIH y que da seguimiento la UFERCO. Con él se evidencia la estrategia de control que se origina desde el Estado hacia los medios de comunicación. Son 11 personas acusadas por el manoseo de 122.1 millones de lempiras, una cantidad que sobrepasa en más de 49 millones el presupuesto que anualmente se le asigna a Casa Presidencial en el rubro de publicidad y propaganda.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
