Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
15 municipios del departamento de Santa Bárbara, en Honduras, están a las puertas de ser testigos de desplazamientos y desalojos poblacionales, al igual que de pérdidas de áreas productivas, tierras boscosas y carreteras. Desde el 2009 a la fecha, 31 proyectos hidroeléctricos y 13 planes de manejo forestal para aprovechamiento de madera ha otorgado el Estado y Gobierno de Honduras en una zona que, a la vez, ha dejado un escenario de amenazas, persecución, judicialización y hasta el asesinato de defensores ambientalistas.
En noviembre del 2020, Betty Vásquez fue objeto de una campaña de desprestigio e intimidación. En julio de ese mismo año, Yovany Mejía fue requerido por la justicia municipal de San Francisco de Ojuera, debido a su lucha contra la instalación de una represa sobre el Río Gualcarque y, recientemente, en el mes de febrero del 2021, fue retenido por sujetos desconocidos que lo golpearon brutalmente.
“Los problemas surgen por la oposición a la instalación de represas en la zona; si se instalan afectarían un 75 por ciento de la población que usa el agua de los ríos para consumo diario”, lamenta Betty Vásquez, integrante del Movimiento Ambientalista Santabarbarence (MAS), estructura en la que convergen defensores que han sufrido ataques sistemáticos por defender sus recursos naturales.
Otros hechos que disparan las alertas de los ambientalistas, es lo ocurrido el 21 de marzo, cuando fue asesinado a balazos el líder Juan Carlos Cerros Escalante, quien realizaba acciones de defensoría ante la instalación de la represa hidroeléctrica “El Tornillito”, en el departamento de Cortés. Cerros era beneficiario de medidas de protección por el Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, y Operadores de Justicia, pero sus compañeros aseguraron que Cerros había comentado que el mecanismo no estaba haciendo nada por él.
En el documento Estrategias de criminalización hacia las personas defensoras del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS). Marzo, 2021, del CESPAD, se señala que desde el 2009, cuando aconteció el Golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya, el departamento de Santa Bárbara ha sido el punto de concentración de proyectos extractivistas: para el 2018 se registraban un total de 29 concesiones mineras; en el 2019, 31 proyectos hidroeléctricos y en ese mismo año se entregaron aproximadamente 13 planes de manejo forestal con fines de aprovechamiento en distintos municipios. Las y los líderes del MAS dicen que con estos proyectos extractivos, 15 municipios de Santa Bárbara son los que se verán afectados por los desplazamientos, los desalojos, las pérdidas de áreas productivas, de carreteras y de territorios.
“Estamos preocupados porque hay mucha represión contra las defensoras y defensores de Derechos Humanos. Tenemos temor en el caso de Betty Vásquez y otros líderes más, de que le pueda pasar algo”, dice muy preocupada Nohemí Dubón, del Foro de Mujeres por la vida.
Más proyectos y estrategias para debilitar la defensa de recursos y territorios
El 6 de enero del 2021, en el Diario Oficial La Gaceta, el PCM-138- 2020 ordena la construcción de 14 represas en distintas regiones del país. El argumento: para hacerle frente a las inundaciones sufridas tras el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre del 2020. Pero, de las 14 represas, tres estarán ubicadas en Santa Bárbara, justo en territorios donde habitan comunidades indígenas Lencas y existen amplios asentamientos campesinos.
Pero para aprobarse esos proyectos no ha habido consulta y es notorio el irrespeto a la autodeterminación de las comunidades, dicen los afectados. Es decir, los proyectos extractivos se instalan sin realizarse consultas en las comunidades. La institucionalidad estatal no ha respetado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al igual que las múltiples determinaciones municipales que declaran a los territorios de las comunidades libres de proyectos extractivos.
Otra característica de la imposición de los proyectos extractivos es la militarización del territorio y control paramilitar para atacar a las comunidades que se oponen a su instalación. Destaca, además, el control que ejercen los sectores extractivistas sobre la institucionalidad pública porque pese a las irregularidades que hay detrás de los proyectos extractivos y los impactos ambientales que se han denunciado, las empresas operan libremente.
Enemigos públicos
Lo grave de esta política de criminalización hacia los líderes del MAS, es que son considerados enemigos públicos, y se les acusa de perturbar el orden público y restringir el desarrollo de las comunidades. Esto genera una profunda crisis de derechos humanos y derechos territoriales ya que detrás de la criminalización se promueven estrategias de discriminación, de despojo y violencia.
Los defensores del MAS viven momentos de tensión. Se les criminaliza por la lucha social territorial, que es un reclamo que hacen al Estado por la manera inconsulta como llegan los proyectos y lo hacen para debilitar la fuerza de la lucha territorial. Por eso las denuncias y demandas del MAS no son tomadas en cuenta. Esto provoca el miedo en las comunidades que luchan por defender sus recursos y territorios aunque al final sean atacados por las fuerzas policiales y militares.
Los defensores ambientales dicen que para los grupos de poder y las autoridades es más fácil estigmatizar y desprestigiar el trabajo de defensoría que realiza el MAS, e implantar campañas de odio. Ahora avanzan y van hacia asesinatos selectivos, otra estrategia de criminalización que se orienta también a desarticular las luchas territoriales.
Demandas del MAS
El MAS pide al Estado de Honduras que asuma su responsabilidad política y brinde respuesta a las causas de fondo que han generado la política de criminalización en las comunidades de Santa Bárbara. Piden que se derogue los decretos que dieron vida a las concesiones mineras, que se consulte a las comunidades sobre la construcción de las represas y suspender los planes de manejo forestal hasta que las comunidades decidan sobre la forma de aprovechamiento de sus bienes comunes forestales.
Solicitan, además, que se reconozca públicamente el papel fundamental que ejercen las personas defensoras del MAS, para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho, en todos los niveles: estatal, municipal, regional y nacional. Piden ordenar a los sectores extractivistas que se abstengan de realizar declaraciones que estigmaticen a las personas defensoras por el hecho de realizar labores de promoción y protección de los derechos humanos y derechos territoriales.
Otra petición, es que el Sistema de Justicia tramite las denuncias interpuestas por el MAS, para judicializar a los responsables de criminalizar y asesinar a los defensores. Y, por último, piden que los entes encargados aseguren el respeto de los derechos humanos a los indígenas Lencas, que se promueva el diálogo y respeto para frenar las campañas de estigmatización y desprestigio.
