Mientras las condiciones socioeconómicas se volvieron precarias durante la pandemia para miles de hondureños que identifican, a la vez, al desempleo, la salud y la corrupción como principales problemas de país, la población, ante los altos índices de corrupción y el descrédito de las principales instituciones del Estado, demanda la conformación de una Misión Internacional Anti-corrupción.
Los datos anteriores son parte de los resultados de un sondeo de opinión pública que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), a través de encuestas telefónicas, entre el 29 de abril y 7 de mayo de 2021. De un total de 1,996 personas contactadas, se obtuvo una tasa de respuesta del 99.6%, logrando 1,888 encuestas completadas, excluyendo los rechazos, no aceptación de las llamadas o encuestas interrumpidas, sin completarse.
El sondeo de opinión, intitulado “A un año de la pandemia: valoración de la ciudadanía sobre la gestión de la crisis sanitaria, la corrupción y la demanda de una Misión Internacional Anticorrupción”, se realizó en los 18 departamentos de Honduras.
Los hallazgos
Sobre los efectos de la pandemia
En relación con la situación económica de las familias, uno de los efectos de la pandemia en los hogares hondureños ha sido la precarización de sus condiciones de vida. Al menos seis de cada diez personas (61.6%) aseguraron que sus condiciones empeoraron, porcentaje muy similar con los resultados de la encuesta de septiembre del 2020 (63.2%) realizada también por del CESPAD, acentuando las limitadas condiciones preexistentes antes del COVID-19. Estas condiciones se han visto más agravadas en la población joven y en personas mayores de 59 años de edad.
Uno de los aspectos más críticos de esta pandemia es la disponibilidad de las vacunas contra el Covid19. La mayoría de la población (71.3%) se muestra evidentemente preocupada y esa intranquilidad se profundiza en las mujeres y personas de las zonas rurales, las que muestran mayor ansiedad en comparación con los hombres y las personas que viven en zonas urbanas. Esta percepción, inevitablemente está marcada por la constatación de las graves dificultades e ineficiencia de las autoridades gubernamentales para gestionar ese problema.
Los principales problemas del país
La población hondureña identifica como principales problemas del país, los siguientes: el desempleo (69%), la salud (59.9%) y la corrupción (48.6%). El desempleo es registrado con mayor preocupación por las mujeres y la población rural. La salud es una preocupación generalizada dado el contexto de la pandemia. Mientras, la corrupción es percibida con mayor inquietud por los hombres y la población de las zonas urbanas.
Sobre corrupción y manejo de la pandemia
La encuesta muestra un alarmante dato. Al menos nueve de cada diez personas (93.2%) aseguran que la corrupción en el país es alta (19.3%) o muy alta (73.9%). Esta es una percepción similar (94%) a la encuesta de septiembre del 2019. Igualmente, es similar la proporción (72.9%) de la ciudadanía que considera que este problema endémico se ha profundizado durante la pandemia del COVID-19.
Adicionalmente, al menos cinco de cada diez (52.6%) personas asegura que el manejo de los fondos para combatir la pandemia ha afectado mucho sus vidas, probablemente explicado por el manejo del asunto de los hospitales móviles y las múltiples denuncias sobre el uso irregular de los fondos públicos en la compra de material y equipo de bioseguridad.
Valoración sobre el desempeño de la función social del Estado
Una de las explicaciones a la alta percepción de corrupción radica en la valoración ciudadana sobre el desempeño de la función social del Estado. Resaltan, como limitantes en este desempeño: la corrupción de funcionarios, ineficiencia, falta de transparencia y diálogo, los vínculos con el crimen organizado y la escasez de recursos. En tales circunstancias, no resulta extraña la alta percepción de desconfianza en las principales instituciones públicas del país, especialmente en el Congreso Nacional, la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Finanzas. El índice de confianza de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción de las instituciones públicas es apenas de 2.1 (una medición en la que 5 es el valor mayor).
De manera más específica, la ciudadanía percibe poco esfuerzo de parte de las instituciones públicas especializadas en combatir la corrupción en el país (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Tribunal Superior de Cuentas). El bajo índice de progreso en la lucha contra la corrupción y la impunidad de estas instituciones es de 1.9 (siendo 5 el valor máximo). Tan alarmante es la valoración, que en un porcentaje importante de la población (54.8%) se ha reafirmado el convencimiento de que Honduras es un Narco-Estado y que las campañas políticos electorales son financiadas, en su mayor proporción, por el crimen organizado.
Hondureños desaprueban gestión de Juan Orlando Hernández
La alta desconfianza en la Presidencia de la República y la percepción de una generalizada corrupción, también se refleja en la desaprobación de la gestión gubernamental de Juan Orlando Hernández. El 66.3% de la ciudadanía hondureña desaprueba el manejo realizado en este largo contexto de la pandemia, ligeramente superior a la de los resultados de la encuesta de septiembre del 2020 (64.2%).
Al mismo tiempo, los niveles de aprobación han caído de un 16.6% (en septiembre, 2020) a 11.1% (en mayo, 2021). Esto ayuda a explicar porque solo para un 9.2% de las personas consultadas, el país avanza por el camino correcto.
Sobre la MACCIH, su legado y la UFERCO
En lo referente a la institucionalidad legada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), todavía está, débilmente instalado en la ciudadanía, el conocimiento de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO) y su labor. Aunque, en relación con la encuesta de septiembre del 2020 del CESPAD, hay una mejoría en la identificación de esta institución del 9% al 11% (en la encuesta de mayo, 2021). Pero, al igual que en la encuesta anterior, la buena noticia es que entre quienes conocen de su existencia, se expresa una apreciable expectativa de sus aportes en la lucha anticorrupción (68.1% de los y las encuestados).
No obstante lo anterior, la valoración ciudadana del aporte de la MACCIH en la lucha contra la corrupción es alta. Esto se ve reflejado en la abrumadora desaprobación por la población consultada (80.4%), respecto a los sobreseimientos definitivos otorgados por el Poder Judicial a favor de los funcionarios públicos, presuntamente involucrados en los casos judicializados por la MACCIH-UFECIC. Esta desaprobación es significativamente mayor a la registrada en la encuesta anterior (62% en desacuerdo/muy desacuerdo). En esta encuesta se indagó sobre los casos Pandora y Fraude Sobre el Río Gualcarque.
Ciudadanía cifra esperanzas de lucha en una Misión internacional
En general, la percepción ciudadana sobre la lucha contra la corrupción expresa una mezcla de pesimismo, con algunos leve signos de esperanza, pero si la salida a este problema se produce desde fuera del país.
Este pesimismo se acentúa en torno a las instituciones y capacidades que tiene actualmente el país para enfrentar la corrupción. Al menos seis de cada diez personas (65.9%) está de acuerdo (34.3%) o muy de acuerdo (31.6%) con que nunca se erradicará la corrupción debido a que las autoridades son muy corruptas.
Para el caso, apenas el 38% de las personas consultadas están de acuerdo con que “en la actualidad están pasando cosas que permiten tener la esperanza de que se erradicará la corrupción, y se respetarán las leyes”.
El espacio de esperanza se abre cuando se menciona como opción, la probable presencia de una Comisión Internacional anti-corrupción, desvinculada de las instituciones del país para erradicar la corrupción. Al menos seis de cada diez personas (64.7%) está de acuerdo (23.2%) o muy de acuerdo (41.5%) con esta alternativa en la lucha contra la corrupción e impunidad.
A pesar de que las expectativas de la ciudadanía sobre el futuro de la lucha contra la corrupción e impunidad son razonablemente pesimistas. La mayoría de la población todavía deposita su esperanza en una Comisión Internacional anti-corrupción que podría enfrentar este grave flagelo que golpea a la sociedad hondureña. La experiencia y legado dejado por la MACCIH parece fundamentar esta posición.
Descargue: Presentación Segunda Encuesta
