Las organizaciones que conformamos la Coalición Contra la Impunidad (CCI), por medio de la Mesa Tierra y Territorio de Bienes Comunes, nos pronunciamos ante las recientes declaraciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), sector que el pasado 13 de mayo del 2021, en un programa de televisión, expresó púbicamente “hay que parar criminales armados invadiendo tierras”, a la vez que exhortó a las “instancias judiciales y policiales del Estado a defender la propiedad privada”.
Por eso, a la opinión pública nacional e internacional, comunicamos lo siguiente:
- Enfatizamos que los sectores campesinos y pueblos originarios no somos invasores de tierra, somos defensores de territorio y del ambiente ante la política extractivista y concesionaria que ha implementado con fuerza la administración de Juan Orlando Hernández, gobierno que ha ejecutado una visión de desarrollo entreguista al sector empresarial del país.
- Defendemos el territorio y luchamos por el acceso a la tierra, en un país en el cual más del 65% de hombres y el 85% de la mujeres en la zona rural, no tienen acceso a la tierra, ante la falta de políticas agrarias incluyentes que promuevan los derechos de las personas en el territorio, el irrespeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la falta de aplicación de los principales pactos y convenios internacionales que el Estado ha ratificado en materia agraria y territorial.
- No somos invasores somos víctimas de un sistema agrario concentrador de la tierra que obliga a las personas a recuperar tierras. Según informes de la FAO, en Honduras se desconoce la procedencia del 82% de las tierras. Es decir, no se sabe si son tierras nacionales, ejidales, privadas o nacionales.
- Reiteramos que las políticas neoliberales implementadas en los últimos 30 años, han privatizado los principales bienes públicos y han priorizado una política agraria focalizada en la agroexportación que ha beneficiado, especialmente, a los sectores empresariales. Datos oficiales indican que esas políticas agrarias han acrecentado la reconcentración de la tierra en manos y beneficios para terratenientes y sectores de la agroindustria. Las mayores hectáreas de tierra (50 y 500) están en manos de terratenientes que se dedican a la agroindustria, mientras que el sector campesino apenas tiene acceso a tierras menores de 5 hectáreas. Lo crítico de esos datos es que la producción de las tierras en manos de la agroindustria y los terratenientes es de un 30%, mientras que las tierras del sector campesino tienen una producción del 71%.
- Aclaramos que las tierras de los terratenientes y de los sectores de la agroindustria son destinadas a la producción agroindustrialcafé, banano, palma y caña de azúcar), mientras que las tierras en manos del sector campesino son orientadas al cultivo de granos básicos (maíz, frijol y arroz) para el consumo de la población hondureña. Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señalan que en Honduras la producción agrícola está enfocada en un 60% a la producción agroindustrial, mientras que la producción de granos básicos para el consumo nacional es del 9% de la producción agrícola total. Los anteriores datos indican que los alimentos que las familias hondureñas tienen en sus hogares son producidos por el sector campesino de pequeña escala, el cual representa el 54% de las familias productoras de granos básicos, y no por la agroindustria y terratenientes, esos mismos a los que el COHEP defiende, respalda y promociona.
- Denunciamos que el Instituto Nacional Agrario (INA), como instancia gubernamental encargada de desarrollar el proceso de Reforma Agraria, ha sido debilitada por el Estado en sus capacidades técnicas, administrativas y financieras, y, en contraposición, ha reforzado a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), instancia que históricamente ha defendido los intereses del sector terrateniente y agroempresarial, y ha estado vinculada al caso de corrupción Pandora, por la malversación de 250 millones de lempiras en perjuicio del sector campesino. En relación con el tema tierra, el INA, según fuentes oficiales, en el período del 2010 al 2017, apenas entregó 769 títulos de propiedad, mientras que en el período del 2000 al 2009 concedió 2, 205. Lo anterior acontece en un contexto de país en el cual, producto del golpe de Estado del 2009, y la radicalización del proceso de reconcentración de la tierra en beneficio del sector empresarial, se acrecentaron los conflictos socioterritoriales en las distintas regiones del país.
- Lamentamos que debido a la injusta distribución de la tierra en el país, más del 66% de la población se encuentre en situación de crisis alimentaria, acentuando la crisis en el campo rural y promoviendo la migración de personas hacia Estado Unidos y Europa. Lo anterior beneficia directamente a los sectores del COHEP, ya que las remesas van a parar a sus sistemas financieros y circuitos comerciales. Por eso no es extraño que el COHEP no se posicione de manera crítica y propositiva alrededor de los grandes problemas que aquejan a los territorios indígenas, campesinos y garífunas, y, en contraposición, defienda a una administración gubernamental antidemocrática, que promueve los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que despojan de los servicios públicos y bienes comunes naturales (tierra, agua, bosque, playas y territorio) a la población hondureña.
- Indigna que en el marco de la pandemia del Covid19 y la crisis alimentaria y climáticas que generaron Eta y Iota, desde la administración Hernández se aprobaran 5 PCMs ( 030,041, 060, 138, 141) o Decretos Ejecutivos que desconocen el derecho de los indígenas, mujeres, campesinos y garífunas de acceder a la tierra, y abre todo un proceso de reconcentración de la tierra y control del territorio en favor de los terratenientes y agroindustriales, los que deberán pagar 100 lempiras por año, por las tierras concesionada. De igual forma, es importante mencionar que en el marco de esa crisis se han aprobado una serie de Decretos Ejecutivos que dan paso a que los sectores privados gestionen la crisis climática y territorial que enfrentan las comunidades en el país.
- Preocupa que en el marco del Plan de Reconstrucción de Desarrollo Sostenible (PRDS), la política extractivista y agroindustrial se siga reforzando, mediante una gran cantidad de millones de lempiras que el actual gobierno ha entregado al sector agroindustrial, a través del programa agrocrédito 8.7% y 5%, y la construcción de 14 represas, 5 de ellas ubicadas en territorios indígenas Lencas y campesinos de Santa Barbara, La Paz y Choluteca; estas represas se construirán sin la debida consulta previa, libre e informada. Lo anterior indica que el gobierno de Hernández seguirá gestionando de manera antidemocrática la crisis agraria, territorial y climática, a la vez que prioriza y promueve los grandes intereses afines a los sectores económicos que defiende el COHEP.
- Preocupa que en el periodo comprendido entre enero y abril del 2021, en el país se hayan asesinados a 6 personas defensores del territorio, se registren más de 200 acciones de criminalización y se haya desarrollado un aproximado de 100 procesos de persecución penal, contra personas defensoras del territorio y que luchan por el acceso a la tierra[1]. Lo anterior es crítico, considerando que las recientes declaraciones del COHEP prácticamente hacen un llamado para que las fuerzas represoras del Estado emprendan acciones de desalojos, criminalización, persecución y judicialización de personas defensoras, en un contexto de crisis socioterritorial sin precedentes en la historia del país.
En ese contexto, las organizaciones de la Coalición Contra la Impunidad (CCI) demandamos:
- Que el COHEP se disculpe públicamente con las organizaciones campesinas, indígenas y garífunas que han emprendido procesos de recuperación de la tierra y del territorio, a la vez que desarrolle procesos de resolución de conflictos, en los cuales las organizaciones territoriales puedan participar en igualdad de condiciones. Si el COHEP continúa expresando declaraciones desconectadas de la realidad, será culpable de las acciones de violencia que se desaten en los territorios que actualmente luchan por el acceso a la tierra, y será el responsable directo del ataque a la integridad física y psicológica de las personas defensoras del territorio.
- Al Congreso Nacional (CN), hacer los acercamientos necesarios para conocer y aprobar la “LEY DE EMERGENCIA PARA LA REACTIVACION DEL SECTOR AGRICOLA, PECUARIA Y FORESTAL PARA EL COMBATE A LA POBREZA”, presentada en el 2020 por el sector campesino, en los esfuerzos por darle respuesta a la crisis agraria, alimentaria y climática que golpea con fuerza a la sociedad hondureña.
- Al Sistema de Justicia, a la Secretaría de Derechos Humanos y al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), prestar atención a las declaraciones del COHEP y emprender acciones encaminadas a esclarecer las motivaciones de sus declaraciones, las que discriminan y estigmatizan al sector campesino, indígena y garífuna.
- Al Sistema Nacional de Protección, prestar atención a la crisis de criminalización, judicialización y asesinatos que se puedan desarrollar en los territorios, ante las declaraciones del COHEP, y tomar las acciones necesarias para evitar una escalada de violencia en los territorios.
- A la Cooperación Internacional, parar las intenciones de financiar el Plan de Reconstrucción de Desarrollo Sostenible (PRDS), hasta que se cuente con la participación de las comunidades y organizaciones territoriales, con el objetivo de definir de manera democrática, estratégica sostenible la forma en la cual se va a gestionar la crisis agraria, alimentaria y climática en las comunidades del país. A la vez, que presionen para avanzar en la construcción de un PRDS participativo, que recoja las principales necesidades y demandas de los sectores históricamente vulnerables.
- A la Corporación Televicentro, a través del Programa Frente a Frente, invitar a las organizaciones campesinas, indígenas y garífunas que no somos afines a la administración de Juan Hernández, para plantear nuestros problemas y demandas alrededor del tema tierra y territorio en Honduras, con el objetivo de conocer y posicionar en el espacio público las otras realidades territoriales que el COHEP desconoce, ignora, margina y criminaliza.
[1] Monitoreo de medios y redes sociales desarrollado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), abril, 2021.
