Autores del documento: Francisco Saravia, Daniel Santos y Leonel Santos
El presente escrito, sistematiza el caso “Fraude Sobre el Gualcarque” (FSG), documentado y judicializado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC). Este caso fue presentado ante el sistema de justicia el 4 de marzo del 2019. El objetivo de esta sistematización es presentar un rápido análisis, con base en el requerimiento fiscal, otros documentos e informantes clave, sobre cómo han funcionado y operado las redes de corrupción en la concesión del Río Gualcarque. La sistematización documenta las formas, mecanismos e instrumentos que utilizaron las redes de corrupción para favorecer a la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), entre el año 2010 y el 2019. En vista de que el caso aún no llega a su etapa final, esta sistematización tiene un horizonte de tiempo del 4 de marzo del 2019, hasta diciembre de 2020.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), aspiramos a que este documento contribuya a entender la relación entre las concesiones de los recursos naturales, la corrupción e infracción de los derechos humanos.
1. Contexto: Berta Cáceres y la lucha por la defensa del patrimonio ambiental
En marzo del 2016, la nación hondureña se conmocionó con el asesinato de la lideresa indígena lenca y ambientalista, Berta Cáceres. La causa: su decidida lucha por la defensa del patrimonio ambiental de la comunidad lenca y, específicamente, contra el Proyecto Agua Zarca, que pretendía explotar el Río Gualcarque.
Así como Berta Cáceres y la comunidad Lenca incontables líderes y comunidades luchan contra una abierta política extractivista, promovida desde las esferas gubernamentales y las cúpulas empresariales del país, en el marco de un Estado claramente neoliberal que concibe la concesión de los recursos ambientales, como el horizonte ideal de su afán privatizador.
La opacidad con la que se impulsa esta política extractivista, especificamente en la generación de energía eléctrica, ha hecho que la oposición comunitaria sea creciente. Esta política se sustenta, entre varios factores, en los siguientes: la aprobación, en pleno contexto del golpe de Estado del 2009, de la Ley General de Aguas[1] que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. En base a esta ley, un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la licitación internacional 100-1293-2009, para la contratación de 250 MW de energía renovable. Finalmente, en abril del 2010, durante el gobierno de Porfirio Lobo, el Ministerio de Recursos Naturales procedió a adjudicar la licitación a 47 empresas nacionales, cuyos contratos con la ENEE, fueron aprobados por el Congreso Nacional en octubre de ese mismo año. Para diversos sectores, esta adjudicación favoreció a los mismos grupos económicos, los que controlan casi la totalidad de la generación térmica en el país[2].
El caso investigado por la MACCIH-UFECIC, que hoy analizamos, confirma la validez de esa desconfianza ciudadana: “Fraude sobre el Gualcarque”, se le llamó al caso de corrupción que se presentó en marzo del 2019 y que muestra una fuerte evidencia probatoria sobre cómo funcionarios gubernamentales y representantes empresariales se coludieron para que la empresa DESA, resultara beneficiada con la concesión del Proyecto Agua Zarca, pese a la falta de méritos de la empresa, las advertencias desde diversos informes técnicos y las flagrantes violaciones a la legalidad en su aprobación.
La impunidad con la que actuaron estos funcionarios y lo incuestionable de las violaciones a la legalidad son altamente preocupantes, y crean la duda de si este fenómeno está generalizado dentro de la ENEE. Por este motivo, cuando la representante de MACCIH, Ana María Calderón, presentó este caso, sugirió revisar “los contratos que aún estén vigentes y la normativa que los regula”, ya que “es posible que todos los contratos atados a fuentes renovables, se encuentren bajo la misma modalidad, con lo cual “podría producirse un desbalance del mercado que podría llevar a la quiebra a la ENEE”[3].
Según el director de la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO[4]), Luis Javier Santos, el modus operandi en el proceso de adquisición de licencias, permisos y contratos otorgados a DESA, es igual o similar a más de 40 concesiones hidroeléctricas que fueron aprobadas en el periodo 2010 al 2014[5].
Como lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres fue el rostro visible de la lucha por la defensa del territorio y la vida, en contra de los proyectos hidroeléctricos que irrespetan la autodeterminación del pueblo Lenca. Cáceres tenía claro que estos proyectos pretendían arrebatarles el control de sus territorios y eso significaría una mayor precarización de sus derechos. Eso la impulsó a presentar más de 40 denuncias “ante el Ministerio Publico sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en diferentes concesiones de recursos hídricos, que afectarían a la comunidad lenca”[6].
En 2015, la lucha de Berta Cáceres fue reconocida internacionalmente al otorgársele el premio ambiental Goldman para el Sur y Centroamérica. Ese reconocimiento no hizo desistir a quienes planificaron su asesinato, el que se materializó en marzo de 2016.
Sin embargo, la lucha de Berta en defensa de los recursos de la naturaleza no fue en vano: más de 40 denuncias que presentó ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades cometidas en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad Lenca, fueron el cimiento para que la UFECIC- MACCIH iniciara una investigación penal integrada, enfocada en el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Esta investigación contó, además, con el apoyo de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural y de la Fiscalía Especial de Protección del Medio Ambiente[7].
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[1] http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC092441/
[2] https://copinh.org/2010/11/movimientos-sociales-se-movilizan-ante-privatizacion-de-los-recursos-naturales/
[3] OEA-MACCIH, comunicado del 4 de marzo 2019. Referencia: MCH-004/19.
[4] La UFERCO se creó en 2020 para sustituir a la UFECIC-MP, luego que no se ratificara el acuerdo de la MACCIH. Actualmente la UFERCO es la encargada de continuar con el trabajo que inicio la UFECIC-MP
[5] Luis Javier Santos, entrevista, 13 de enero 2021.
[6] OEA/MACCIH, “MACCIH-OEA y UFECIC-MP presentan noveno caso de investigación penal integrada: “Fraude sobre el Gualcarque”, 2.
[7] https://www.observatoriohonduras.org/sitio/project/caso-penal-ocho-fraude-sobre-el-gualcarque-o-caso-agua-zarca/
