Revisión de estilo: Claudia Mendoza
Agradecimiento especial:
El CESPAD agradece el apoyo solidario en la formulación de este análisis a los hombres y mujeres del MAS que, mediante una serie de entrevistas, brindaron información de mucha importancia para el desarrollo del análisis sobre la criminalización y las repercusiones que enfrentan en sus territorios, al igual que para el esbozo de las líneas de acción para su mitigación.
Introducción
El Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), es una organización de base que realiza acciones de defensoría y protección en distintas comunidades del departamento de Santa Bárbara, alrededor del tema tierra y territorio. Santa Bárbara pertenece a los departamentos del Occidente de Honduras, que se caracterizan por la abundancia de bienes comunes de la naturaleza como: agua, bosque, vida silvestre, minerales y tierras fértiles. La zona, en la que también se ubica el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara, se caracteriza por su diversidad cultural y antropológica, debido a que en sus comunidades habitan personas pertenecientes a la etnia Lenca.
En ese contexto, las personas que realizan acciones de defensoría se han vuelto víctimas de una criminalización constante. La defensora y coordinadora del MAS, Betty Vásquez, en noviembre del 2020, fue objeto de una campaña de desprestigio e intimidación a través de medios de comunicación, con el objetivo de dañar su imagen y limitar su trabajo de defensoría. De igual forma, el defensor Yovany Mejía, en julio del 2020, fue requerido por la justicia municipal de San Francisco de Ojuera, debido a su lucha contra la instalación de una represa sobre el Río Gualcarque y, más recientemente, en el mes de febrero del 2021, fue retenido por sujetos desconocidos que lo golpearon brutalmente.
Mientras, el pasado 21 de marzo fue asesinado a balazos el líder Juan Carlos Cerros Escalante, quien realizaba acciones de defensoría ante la instalación de la represa hidroeléctrica “El Tornillito”, en el departamento de Cortés. Cerros era beneficiario de medidas de protección por el Mecanismo de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, y Operadores de Justicia pero, según había comentado a sus compañeros, el mecanismo no estaba haciendo nada por él.
Este documento analiza las diversas manifestaciones de la criminalización de la lucha, que enfrentan las personas defensoras del territorio y ambiente que pertenecen al MAS. En el primer apartado se establecen los principales elementos de fondo que determinan el proceso de criminalización. En el segundo acápite se identifican las principales características de la política de criminalización. En el tercero se describen ampliamente las principales estrategias de criminalización que el Estado y los sectores extractivistas (empresarios, terratenientes y partidos políticos) utilizan para debilitar el trabajo de defensoría que realiza el MAS. Y en el cuarto capítulo, se recomiendan una serie de acciones para que el Estado dé respuestas a la crisis de derechos humanos y territoriales que enfrentan las comunidades y se recomiendan una serie de acciones al MAS, con el objetivo de potencializar el trabajo político y organizativo en defensa del territorio.
I. Contexto de criminalización hacia las personas defensoras del territorio en Santa Bárbara
En el contexto del Golpe de Estado del 2009, Santa Bárbara fue uno de los territorios donde el proyecto extractivista se asentó con fuerza. En el 2018 se registraron un total de 29 concesiones mineras, en el 2019 se registraron 31 proyectos hidroeléctricos y en ese mismo año se entregaron aproximadamente 13 planes de manejo forestal[1] con fines de aprovechamiento en distintos municipios. Las y los líderes del MAS sostienen que con la vigencia de estos proyectos extractivos, 15 municipios de Santa Bárbara se verán afectados por los desplazamientos, los desalojos, las pérdidas de áreas productivas, de carreteras y de territorios.
El pasado 6 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficia la Gaceta el PCM-138-2020, el que ordena la construcción de 14 represas en distintas ecorregiones del país, como medida para hacerle frente a las inundaciones sufridas tras el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre del 2020. De las 14 represas, 3 estarán ubicadas en el departamento de Santa Bárbara en territorios donde habitan comunidades indígenas Lencas y amplios asentamientos campesinos. En un análisis publicado por el CESPAD, se sostiene que la construcción de represas en Santa Bárbara dejará grandes impactos ambientales, culturales, económicos y sociales, en una ecorregión donde los bienes comunes naturales son los principales medios de vida de las comunidades.
Santa Bárbara experimenta un fuerte proceso de contraofensiva extractivista que se caracteriza por los siguientes elementos. 1) Ausencia de consulta e irrespeto a la autodeterminación de las comunidades. Los proyectos extractivos se han instalado sin realizar consultas en las comunidades y la institucionalidad estatal no ha respetado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las múltiples declaratorias municipales que las comunidades han realizado, declarando a sus territorios libres de proyectos extractivos. 2) Militarización del territorio y control paramilitar. Ante la lucha y rechazo de las comunidades a los proyectos extractivistas, las empresas han recurrido a la violencia, instalando en las comunidades un clima de miedo y terror. 3) El control que ejercen los sectores extractivistas sobre la institucionalidad pública. Las ilegalidades detrás de los proyectos extractivos y los impactos ambientales han sido denunciadas desde el MAS, pero no han encontrado eco en las instituciones debido al control y presión que ejerce ese sector. 4) Recolonización del territorio y de las formas de vida comunitaria. Lo anterior está implicando que los sectores extractivistas emprendan acciones encaminadas a desconocer y desnaturalizar la cultura indígena Lenca, como práctica cultural y ancestral que orienta los procesos de transformación política territorial que emprende el MAS. Lo anterior ha instalado en los territorios un amplio proceso de discriminación étnica hacia las personas defensoras y en particular a las mujeres indígenas.
La tensión entre desarrollo, democracia y derechos humanos ha conllevado a que el MAS realice, desde el 2009, acciones de lucha y resistencia a favor de la defensa del territorio y los bienes comunes naturales. Esta lucha se ha caracterizado por procesos de organización comunitaria, formación ciudadana sobre derechos territoriales, incorporación masiva de las mujeres en las tareas de defensoría, acciones de autodeterminación territorial (declaratorias municipales libres de proyectos extractivos), rescate y difusión de la cultura indígena Lenca y la puesta en marcha de proyectos alimentarios alternativos, desde una mirada agroecológica.
El MAS goza de legitimidad política entre las comunidades y sus demandas trascienden del ámbito local al regional y del nacional al internacional. Esa legitimidad y posicionamiento estratégico ha conllevado a que los sectores extractivistas emprendan acciones de criminalización constante, destacándose: i) La militarización de las comunidades, b) Acciones directas de violencia por parte de las fuerzas policiales y militares, c) Hostigamiento, atentados, asesinatos, persecución política y acciones de persecución penal, y, d) Discriminación racial desde los medios de comunicación, espacios en los que persiste una burla a la cultura indígena Lenca y de los rituales ancestrales.
II. Principales características de la política de criminalización hacia las personas defensoras del MAS
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece en sus distintos informes que la criminalización significa “atribuir carácter criminal a alguien o algo”. También enfatiza que la criminalización no sólo es la represión, es una política más compleja que incluye el entramado político/ jurídico/ social y hasta el cerco mediático comunicacional que permite que la protesta y la lucha social sea mirada como un factor del delito.
i) Principios de acción de la política de criminalización hacia el MAS
La política de criminalización hacia las personas defensoras del MAS, que se impulsa desde el Estado y los sectores extractivistas, contiene un carácter contrainsurgente. Las personas defensoras del MAS son consideradas como enemigos públicos que perturban el orden público y restringen el desarrollo de las comunidades. Por otro lado, esta política promueve mecanismos de control territorial funcionales a los patrones de acumulación de capital y despojo extractivista del siglo 21.
La política de criminalización comprende cuatro principios de acción en los ámbitos: estratégico, represivo, institucional y contrainsurgente. Es estratégica porque busca debilitar el actual proceso de lucha y resistencia territorial; es represiva porque el Estado y los sectores extractivistas intentan imponer el proyecto extractivo a través de la violencia y de la fuerza; es institucional porque se utiliza a gran parte de la institucionalidad pública para emprender acciones de criminalización; y es contrainsurgente porque existe una intencionalidad política para desaparecer organizativamente y políticamente al MAS.
Esas acciones tienen implicaciones políticas en el trabajo de defensoría que realizan las personas en las comunidades, ya que ponen en riesgo la vida y la integridad física de las personas defensoras mediante acciones de criminalización y asesinatos.
De igual forma, esta política abre un espacio para que se instale en los territorios una profunda crisis de derechos humanos y derechos territoriales, ya que detrás de la criminalización se promueve un proceso de recolonización territorial, con matices racistas y misóginos que mediante estrategias de despojo y extrahección (extraer con violencia) de los bienes comunes naturales, incrementan los niveles de conflictividad socio territorial, impactos ambientales, desigualdades, desalojos y desplazamiento forzado.
ii) Principales modalidades de criminalización
Por modalidad de criminalización se entiende el uso de mecanismos con los que se lleva a cabo la política de criminalización. Partiendo de las valoraciones críticas de las personas defensoras del MAS, se identifican las siguientes modalidades:
- Creación de enemigos públicos: el Estado y los sectores extractivistas han categorizado a las personas defensoras como enemigos públicos, sosteniendo que se oponen al desarrollo y que promueven conflictos y caos en las comunidades. Lo anterior es crítico porque si el Estado no reconoce la labor de defensoría, se abre un escenario de violación constante de derechos humanos y derechos territoriales, tal como lo indica la experiencia de criminalización de las y los líderes del MAS.
- Vigilancia individual, colectiva y comunitaria: como manifestación de la persecución política, las personas defensoras del MAS son vigiladas constantemente, en un plano individual (labores diarias) y en el plano colectivo (quehacer organizativo). Es importante mencionar que estas vigilancias trascienden al plano comunitario ya que, en el afán de mantener el control y generar miedo en las comunidades, las fuerzas policiales y militares mantienen constante presencia en los territorios en disputa.
- Acciones de violencia directa: se manifiestan a través de hostigamiento, amenazas, persecución, ataques, tortura y atentados, al igual que con acciones de advertencia para que las personas defensoras desistan de su trabajo de defensoría y lucha territorial. En el caso del MAS, la modalidad de acción violenta en conjunto con la modalidad de vigilancia, es la más recurrente en los territorios en conflicto. Lo anterior hace que persista una “guerra psicológica” entre las comunidades, orientada a debilitar el espíritu de lucha y de resistencia de las personas que integran el MAS.
- División y enfrentamientos en las comunidades: ante la solidez y legitimidad de la organización territorial, los sectores extractivistas emprenden acciones orientadas a generar división en las comunidades con la intención de debilitar el tejido organizativo y político comunitario del MAS. Desde el liderazgo de esta organización se señala que estas acciones, en su mayoría, son emprendidas desde algunos gobiernos locales y desde sectores del Partido Nacional.
- Discriminación y racismos hacia las mujeres lencas: las mujeres participan activamente en acciones de defensoría y cumplen un rol estratégico en el actual proceso de lucha territorial. Además, son las principales protagonistas en el cultivo, difusión y promoción de la cultura Lenca, como un bien común cultural que reinventa la práctica política y organizativa del MAS. Lo anterior ha conllevado a que desde los medios de comunicación local (controlados por los sectores extractivistas) se les tilde de brujas y se les denigre por sus actos culturales y rituales en invocación a la madre naturaleza.
- Asesinatos selectivos hacia las personas defensoras: cuando las anteriores modalidades de criminalización no logran apagar las voces de las personas defensoras, los sectores extractivistas optan por poner en práctica el asesinato selectivo de líderes territoriales. En el MAS, esta práctica ha sido puesta en marcha contra dos personas defensoras, y la experiencia indica que cuando los niveles de conflictividad y resistencia son altos, los asesinatos son el modo de operar de los sectores extractivistas.
En el caso del MAS, las modalidades de criminalización son mecanismos de control territorial que en el corto plazo buscan los siguientes objetivos: i) desaparecer la actual lucha socioambiental que se desarrolla en las comunidades, ii) asegurar la instalación/operación de los diversos proyectos extractivistas, iii) infundir miedo y terror hacia las comunidades que en el corto plazo decidan sublevarse contra la actual política extractivista, y, iv) normalizar una política de racismo y de odio hacia las mujeres que cultivan y politizan la cultura Lenca.
iii) Actores que promueven la criminalización
Las modalidades de criminalización son ejecutadas por una serie de actores políticos que haciendo uso de la institucionalidad pública, son los responsables de la actual infracción de derechos humanos hacia las personas defensoras del territorio. El actor principal es el Estado, a través de sus diferentes órganos como las secretarías, fiscalías, alcaldías y juzgados.
Los grupos empresariales son otro actor significativo, pues normalmente son los demandantes y contribuyentes a la aplicación de esta política. Actualmente son las empresas extractivistas las más involucradas en esta estrategia y son las que se encargan de extender la idea de que todo hecho de protesta es una amenaza o atentado contra la seguridad y desarrollo comunitario.
Los miembros de la fuerza pública, la policía y los militares que, aunque son parte del Estado, son un actor particular y determinante en este fenómeno ya que actúan con una lógica diferente, priorizando el uso de la violencia. Por último, sobresalen los medios de comunicación locales, responsables de estigmatizar y señalar de manera despectiva a las personas defensoras, instalando en el espacio público un discurso de odio hacia las mujeres y promoviendo el racismo mediante desconocimiento de la cultura Lenca.
III. Estrategias de criminalización hacia las personas defensoras del MAS
En el caso del MAS, sobresalen las siguientes estrategias de criminalización:
A. Estrategia política: criminalizar la lucha social territorial
Toda forma de lucha social territorial es una forma de reclamo; como una vía no institucional, es un derecho constitucional que no está reconocido con ese nombre, pero que está implícitamente reconocido en la libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia, en la libertad de expresión, en la libertad de reunión, en la libertad de opinión y en la libertad de asociación.
Principal objetivo:
El objetivo político de la estrategia de criminalización, es debilitar la fuerza creciente de la lucha territorial, inmovilizar las denuncias y demandas del MAS. De igual forma, busca generar un clima de miedo en las comunidades que luchan y resisten contra la instalación de proyectos extractivos.
Métodos utilizados:
Para criminalizar la lucha social territorial, el Estado y los sectores extractivistas han recurrido a las principales instituciones públicas, solicitando apoyo de las fuerzas militares y policiales para ejercer acciones de persecución, intimidación, hostigamiento, vigilancia comunitaria y militarización del territorio. También sobresalen actores no estatales.
B. Estrategia de desinformación: estigmatización y desprestigio
Gozar de información objetiva y transparente es un elemento básico para la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de la vida democrática en los territorios. Lo anterior permite que la solución de los conflictos se dé mediante mecanismos de diálogo y participación de los actores involucrados en el marco de la deliberación política, respeto y tolerancia. Sin embargo, en Santa Bárbara la evidencia empírica indica que el discurso político y mediático de los sectores extractivistas ha estado orientado en dos aspectos: estigmatizar y desprestigiar el trabajo de defensoría que realiza el MAS.
Principal objetivo:
El objetivo de esta estrategia de criminalización ha sido la estigmatización y desprestigio hacia las personas defensoras, con la intención de debilitar el trabajo de defensoría que, mediante fines concretos, busca generar el rechazo de la población hacia las personas defensoras, desacreditar, discriminar, excluir y exponerlos de manera pública, como enemigos del desarrollo y del Estado.
Métodos utilizados:
Para desinformar a la población, los sectores extractivistas se han valido de la influencia que ejercen sobre los medios de comunicación local y las redes sociales, exponiendo públicamente a las personas defensoras, señalándolas de estar en contra del desarrollo.
C. Estrategia de discriminación clasista y racista: odio político hacia las mujeres Lencas
En las sociedades democráticas, las mujeres indígenas son un actor central en los procesos de democratización social y cultural en los territorios. En ese marco, su participación en los procesos de lucha y defensa territorial abren el debate sobre los temas de fondos que cruzan la vida y sus cuerpos, en relación con sus problemáticas y demandas.
Principal objetivo:
El objetivo político de la estrategia de la criminalización clasista y racista ha sido pretender desplazar el tratamiento de las demandas de las mujeres a un plano normativo de la política patriarcal, en el cual las indígenas tienen que someterse al poder del Estado y a los intereses extractivistas. En ese marco, la estrategia ha estado orientada en normalizar tres aspectos: i) devolver las mujeres Lencas a la vida privada, ii) desnaturalizar la cultura ancestral Lenca en su versión política y transformadora, y, iii) cerrar el debate sobre la importancia de la visión indígena y feminista en los procesos cambio y transformación territorial.
Métodos utilizados:
Para esta criminalización, los sectores extractivistas han hecho uso de los medios de comunicación local para producir mensajes de odio hacia las mujeres. Y el Estado, alrededor de la política de militarización territorial, ha emprendido acciones de persecución hacia las mujeres que participan activamente en los procesos de lucha y defensoría territorial.
D) Estrategia de contrainsurgencia: asesinatos selectivos
Los asesinatos selectivos son la estrategia de criminalización que emprenden los sectores extractivistas para desarticular las luchas territoriales. En ese sentido, lo que se evidencia es la forma en la cual se diseñan estrategias de contrainsurgencia en los territorios que tienen como naturaleza política e ideológica el “desconocimiento del otro”, como sujeto de derechos y como ser humano.
Principal objetivo:
El objetivo detrás de esta estrategia ha sido desconocer las labores de defensoría de las personas, impidiéndoles el ejercicio legítimo de defender derechos, desacreditando las causas que motivan el ejercicio de resistencia territorial.
Métodos utilizados:
La experiencia de lucha social territorial hondureña indica que los métodos más utilizados son: desaparición forzada, la tortura, persecución permanente y asesinatos selectivos en los que intervienen actores estatales y actores no estatales (empresas privadas, guardias de seguridad privada, paramilitares y sicarios). En el caso del MAS, se encuentran presente los tres últimos métodos y las fuerzas no estatales que se disputan el control de los territorios con las comunidades en resistencia.
IV. Recomendaciones
Se le demanda al Estado de Honduras que asuma su responsabilidad política y brinde respuesta a las causas de fondo que han generado la política de criminalización en las comunidades de Santa Bárbara.
Primera demanda. La derogación de los decretos que dieron vida a las concesiones mineras, consultar a las comunidades sobre la construcción de las represas y suspender los planes de manejo forestal hasta que las comunidades decidan sobre la forma de aprovechamiento de sus bienes comunes forestales. Lo anterior debe orientar un proceso de transición que permita avanzar en la transición de un modelo de desarrollo departamental basado en los extractivismos, hacia un nuevo modelo de desarrollo que promueve el buen vivir, en una versión indigenista, feminista, campesina, ambientalista y ecologista.
Segunda demanda. Reconocer públicamente el papel fundamental que ejercen las personas defensoras del MAS, para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho, cuyo compromiso se refleja en todos los niveles estatales, sea municipal, regional y nacional y en todas las esferas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Tercera demanda. Ordenar a los sectores extractivistas que se abstengan de realizar declaraciones que estigmaticen a las personas defensoras por el hecho de realizar sus labores de promoción y protección de los derechos humanos y derechos territoriales. De igual forma, el Estado debe asegurar que el Sistema de Justicia tramite diligentemente las denuncias interpuestas por el MAS, con el objetivo de judicializar a los actores responsables de criminalizar y asesinar a las personas defensoras.
Cuarta demanda. El Estado, mediante los entes encargados, debe asegurar el respeto de los derechos humanos a la cultura indígena Lenca, promover la cultura de diálogo y respeto a través de acciones vinculantes, encaminadas a detener las actuales campañas de estigmatización y desprestigio, promovidas desde los diferentes espacios de generación de información y opinión pública en Santa Bárbara.
De igual forma, se proponen una serie de recomendaciones al MAS, con el objetivo de fortalecer el actual proceso político y organizativo contra la criminalización y resistencia territorial en defensa de los bienes comunes naturales:
Primera recomendación: propiciar espacios de encuentro y articulación entre las distintas organizaciones territoriales y organizaciones que acompañan el actual proceso de lucha en Santa Bárbara, con el objetivo de establecer estrategias comunes, orientadas a darle respuesta a las causas (de fondo) que generan las actuales políticas de criminalización contra las personas defensoras.
Segunda recomendación: ante el actual estado de suspensión de las garantías constitucionales, es de suma importancia el fortalecimiento y construcción de redes comunitarias de vigilancia, resguardo y cuidado, orientadas a preservar la vida y la integridad física de las personas defensoras que se encuentran en riesgo y peligro de ser asesinados.
Tercera recomendación: reforzar el actual proceso de incidencia política que se realiza a nivel nacional, como un móvil encaminado a presionar al Estado para que tomen las medidas políticas vinculantes, encaminadas a darle respuesta a los problemas de fondo que han generado el conflicto y el actual proceso de criminalización.
Cuarta recomendación: es de suma importancia darle mayor fuerza y consistencia a las acciones políticas y legales encaminadas a detener a los principales actores que promueven las distintas estrategias de criminalización, presentes en el actual conflicto, como medida de presión orientada a disminuir los riesgos en el trabajo de defensoría.
Quinta recomendación: emprender acciones estratégicas encaminadas a construir y movilizar un modelo de desarrollo departamental bajo una lógica comunitaria, indigenista, campesina y ambiental, que coloque en el centro los derechos de la naturaleza, el buen vivir de las comunidades y la protección de los medios principales de vida, presentes en los territorios. Lo anterior deberá estar enfocado en la generación de empleos sostenibles, la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza que golpea a las comunidades.
Descargue: Coyuntura – CESPAD Marzo
[1] Desde el liderazgo del MAS se sostiene que estos planes de manejo forestal, en su mayoría se encuentran en tierras de carácter privado. Lo anterior permite comprender la forma en la que se distribuye la tierra y su tenencia, al igual que su impacto en los derechos humanos y derechos territoriales.
