Eugenio Sosa, profesor de sociología e investigador del CESPAD.
I. Introducción
Marzo 2021 cerró con duros golpes políticos al régimen de Juan Orlando Hernández. El hermano del presidente Juan Antonio “Tony” Hernández fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años y a una multa de 138.5 millones de dólares[1], tras haber sido declarado culpable el 18 de octubre de 2019 por los delitos de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos, conspiración para usar y poseer ametralladoras y artefactos destructivos y brindar declaraciones falsas a funcionarios federales[2]. En el mismo mes de marzo, durante el juicio en el que se encontró culpable al narcotraficante hondureño, Geovany Fuentes, el régimen de Juan Orlando Hernández (JOH) fue directamente señalado de ser un facilitador de las operaciones de los carteles del tráfico de drogas. JOH ante su legitimidad cada día más erosionada, insiste en argumentar que ha reducido la violencia y el tráfico de drogas, pero todos los juicios en el Distrito Sur de Nueva York contra narcotraficantes hondureños lo colocan como uno de los actores centrales del narcotráfico en Honduras en las últimas dos décadas.
El día de la sentencia, 30 de marzo del 2021, el juez Castel afirmó que “Tony” Hernández, junto a su hermano, “ha estado por años en el centro del narcotráfico patrocinado por el estado, fueron parte de las operaciones del narcotráfico más grandes y violentas del mundo, convirtiendo a Honduras en un virtual narco estado”[3]. Esta situación se produce en un momento en que la política exterior de los Estados Unidos hacia los países del norte de Centroamérica, y en especial hacia Honduras, ha tomado un giro significativo. Estados Unidos en relación a la región ha logrado entender que su gran problema sobre los masivos flujos migratorios hacia Estados Unidos, es producto del fracaso de estos países para garantizar estabilidad política y social en la región. En la base de la migración está el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y la inestabilidad política.
El gran desafío para los Estados Unidos es frenar, o al menos controlar, la migración de los países del norte de Centroamérica, donde los grupos oligárquicos ven funcional a sus intereses la migración porque les proporciona millones de dólares y se ha convertido en una válvula de escape para evitar estallidos políticos permanentes. Como lo plantea el ex–guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos, “el problema es que las remesas han fortalecido el modelo extractivo creando una economía de consumo artificialmente financiada cuyas ganancias van a parar a las familias dominantes de cada país. Al igual que la renta petrolera, que permite ser rico con poco esfuerzo, la renta de las remesas está deformando las economías, acabando con los incentivos para producir, multiplicando la riqueza de los oligarcas, creando una desigualdad de proporciones trágicas, destruyendo familias y comunidades y generando violencia social y criminal a gran escala”[4]. Villalobos reafirma, “los ricos de Guatemala, Honduras y El Salvador se han vuelto totalmente insensibles a la realidad que les rodea. Se protegen con sus propios guardias, pagan salarios de hambre, no invierten en sus países y se resisten a pagar impuestos. Son fanáticos de la idea de Estados raquíticos a los cuales la inversión externa les resuelva los problemas”[5].
Villalobos sostiene que este problema no es un asunto ideológico, “la debilidad institucional les permite a los ricos del Triángulo Norte vivir como reyes en un basurero. Las llamadas “maras” son una catástrofe social sin precedentes en el continente, no es crimen organizado como el que padecen otros países. En ningún otro lugar de Latinoamérica un problema social acabó convertido en una violencia criminal masiva tan feroz, porque en ningún otro lugar tienen las elites niveles tan altos de irresponsabilidad e insensibilidad. Es decir, que estos países entre peor están, mejor les va económicamente a las élites, porque reciben más remesas resultado de que más gente emigra. No hay ninguna señal de que las élites económicas y políticas de estos países quieran sacar o sepan cómo sacar a sus países de este círculo vicioso. Esto es así porque se trata de grupos primitivos, poco ilustrados, socialmente insensibles, políticamente irresponsables, con propósitos fundamentalmente extractivos y sin visión estratégica”[6].
Así las cosas, todo lo que haga Estados Unidos para frenar la migración hacia sus fronteras de los países del norte de Centroamérica, si al interior de estos no hay cambios sustantivos, será infructuosa y cosechará nuevos fracasos como hasta ahora. Se necesita un cambio en la política (buenos gobiernos), una nueva economía (distributiva) y un Estado que garantice políticas sociales incluyentes y acceso a la justicia. En este sentido, la estrategia de Biden para los países del norte de Centroamérica está orientada a crear algunas condiciones mínimas para que los habitantes opten por quedarse y no por migrar hacia los Estados Unidos.
Se puede visualizar, que una primera fase del plan Biden, sobre todo para el caso de Honduras, será asfixiar el régimen de Juan Orlando Hernandez atacando la corrupción, el tráfico de drogas y la impunidad en las altas esferas del régimen, por considerarlo uno de los gobiernos más corrupto y aliado de los narcos en la región. Los demócratas en los Estados Unidos y la administración Biden, están dando muestras de estarse tomando en serio su agenda centrada en la migración, el combate a la corrupción e impunidad[7].
Se prevén ataques simultáneos al régimen provenientes de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las acciones del Congreso liderado por los demócratas, y el Ejecutivo nombrando funcionarios especiales para trabajar la región y aconsejen la aplicación de las medidas que corresponden al Departamento de Estado. Dicho de otra manera, acciones del Congreso de los Estados Unidos, de la Fiscalía Sur de Nueva York y del Departamento de Estado, penden como una espada de Damocles sobre el cuello de Juan Orlando Hernández y sus cercanos y leales funcionarios de su régimen.
II. Congreso y Senado de los Estados Unidos: Leyes con fuertes sanciones al gobierno de Juan Orlando Hernández
Desde el año 2019, algunos congresistas de los Estados Unidos se han pronunciado sobre algunas acciones de actos de corrupción y narcotráfico por parte de Juan Orlando Hernández. El 18 de octubre de ese año, líderes del Caucus Progresista del Congreso[8] declararon de manera conjunta sobre el régimen del gobierno en Honduras: “La administración Trump debe poner fin a su apoyo al represivo y corrupto régimen hondureño de Juan Orlando Hernández[9]. La administración Trump debe dejar de financiar de inmediato a la policía y el ejército hondureños corruptos y dejar de celebrar al presidente Hernández como un aliado amistoso y socio en la guerra contra las drogas[10].
A lo anterior se suma que 74 miembros del Congreso apoyaron la Ley de Derechos Humanos de Berta Cáceres en Honduras, que exige la suspensión inmediata del financiamiento estadounidense para las fuerzas de seguridad hondureñas hasta que su gobierno investigue y lleve ante la justicia a los perpetradores de violencia en Honduras”[11]. El 13 de agosto 2020, un grupo de 28 miembros del Congreso de Estados Unidos mostraron su oposición, a los planes de la Casa Blanca de entregar unos mil millones de dólares a Honduras durante los próximos años, por los actos de corrupción cometidos por el régimen de Juan Orlando Hernández y sus vínculos con el narcotráfico[12].
El 22 de diciembre de 2020, el Congreso aprobó la denominada Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte que tiene dos componentes, orientados en frenar la migración ilegal y publicar una lista anual de personas vinculadas a actos de corrupción[13]. Este listado ha comenzado a conocerse como la Lista Engel, en referencia a Eliot Engel, uno de los congresistas que impulsó la legislación. La normativa prevé sanciones, entre las cuales sobresalen la negación o revocación de visas y la imposibilidad de ingresar a los Estados Unidos.
El 25 de enero de 2021, la congresista Norma Torres y el congresista Albio Sires enviaron una propuesta a Joe Biden, solicitando dentro de los puntos claves de su petición que la nueva administración tome como tema prioritario la lucha contra la corrupción e impunidad en Centroamérica. Los puntos medulares de la petición son los siguientes:
- Utilice la Ley Magnitsky y las autoridades delegadas en virtud de la legislación de asignaciones del Congreso aprobada recientemente para sancionar a los funcionarios corruptos.
- Apoyar a los investigadores y defensores de la lucha contra la corrupción tanto dentro como fuera de gobierno, aprovechando los $ 45 millones que el Congreso asignó para los esfuerzos anticorrupción y el estado de derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador.
- Designar embajadores comprometidos con la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos en El Salvador y Honduras.
- Colaborar con el Congreso y una amplia gama de actores de la sociedad civil en el desarrollo de la estrategia de cinco años por mandato legislativo para “promover la prosperidad económica, combatir corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y mejorar la seguridad civil “en el Triángulo del Norte.
- Trabajar con los gobiernos en la reforma fiscal, y específicamente para poner fin a la elusión fiscal y la evasión al cerrar las lagunas y los paraísos fiscales.
- Instar a las instituciones financieras internacionales a implementar medidas anticorrupción y mecanismos de supervisión para todos los préstamos y donaciones que apoyan la recuperación económica[14].
El 23 de marzo, ocho senadores demócratas[15] fueron más agresivos al presentar un proyecto de ley que pide al gobierno de Biden, imponer sanciones al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, por «actos de corrupción significativa y violaciones de derechos humanos»; así como por su supuesta implicación en el tráfico de drogas[16]. En ese sentido, la “Ley sobre los Derechos Humanos y Anti-Corrupción del 2021” prohibiría a Hernández ingresar a los Estados Unidos con la suspensión de la Visa América y también, suspendería la ayuda estadounidense a la Policía y las Fuerzas Armadas hondureñas[17]. El proyecto de ley, también establece que Hernández debe ser investigado bajo la llamada “Ley Kingpin” para determinar si merece recibir la designación oficial de narcotraficante[18].
El proyecto de Ley sobre Derechos Humanos y Anti-corrupción de Honduras 2021 busca suspender todo elemento de ayuda en materia de seguridad de parte de Estados Unidos a Honduras. La propuesta es que la suspensión de la ayuda se mantenga hasta que la corrupción, la impunidad y violaciones a los derechos humanos ya no sean sistemáticas en Honduras. Los proponentes consideran que existe un fracaso de la administración pública en proteger los derechos, intereses y seguridad física de los pueblos indígenas en conflictos sobre la tierra y recursos naturales, así como en cumplir la legislación laboral. El proyecto de legislación destaca que las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno hondureño tomaron pasos para bloquear la supervisión de fiscales nacionales e investigadores internacionales y eximir a altos funcionarios y parlamentarios de responsabilidad penal. Destacan que el Departamento de Estado norteamericano y organismos internacionales, en sus informes, han reportado que la Policía y las fuerzas militares de Honduras cometen violaciones a los derechos humanos con impunidad, incluyendo asesinatos extrajudiciales, tortura y uso de la fuerza y armamento letal en contra de protestantes[19].
El Senador Merkley aseguró que “Estados Unidos no puede permanecer en silencio ante la corrupción profundamente alarmante y los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en los niveles más altos del gobierno hondureño”[20].
En resumen, la ley propone las siguientes medidas[21]: 1. Imposición de sanciones sobre el Presidente Juan Orlando Hernández por actos significativos de corrupción y violación de derechos humanos, y determinar si este es un narcotraficante con designación especial. 2. Prohibición de la emisión de licencias de exportación de los artículos y servicios de defensa especificados a la policía o las fuerzas militares a la república de Honduras. 3. Suspensión de asistencia en materia de seguridad a la policía o fuerzas militares de la República de Honduras, incluida asistencia con equipo y entrenamiento. 4. Asignación de $2 millones para apoyar el trabajo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La pregunta obligada, es si este proyecto de “Ley sobre los Derechos Humanos y Anti-Corrupción del 2021”, será aprobado y ratificado por el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. No es algo que esté muy claro todavía, pues más allá de la voluntad de los congresistas y senadores demócratas, se requiere del apoyo de los congresistas y senadores republicanos, y éstos no se han expresado públicamente sobre JOH en los términos que lo han hecho los demócratas. Buscar la aprobación de esta Ley debería ser, parte del cabildeo y la incidencia de la oposición política y social al régimen de Juan Orlando Hernández.
III. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York: ha colocado en el centro del narcotráfico en Honduras al presidente Juan Orlando Hernández
Como lo hemos expresado en el CESPAD en diferentes documentos, todos los juicios en el Distrito Sur de Nueva York conducen al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. El 22 de marzo 2021, Geovanny Fuentes, capturado en Estados Unidos en el 2020, fue declarado culpable de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos y otros cargos relacionados con armas en un Tribunal de Nueva York[22]. Los fiscales de la Corte Federal de Manhattan aseguran que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue socio en el tráfico de drogas del acusado Fuentes Ramírez y de su hermano “Tony” Hernández, declarado culpable de narcotráfico a gran escala en Nueva York en 2019[23] y sentenciado el 30 de marzo de 2021.
Cuando trascendió la propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Honduras 2021, el presidente Hernández se presentó junto con el Gabinete de Seguridad y Defensa ante un Congreso Nacional vacío, para negar sus negocios con narcotraficantes y destacar supuestos logros en el combate al crimen organizado[24]. Dijo que los narcotraficantes están utilizando la “llave mágica” del falso testimonio para lograr beneficios y afirmó que será un retroceso en la lucha contra el crimen “si determinadas oficinas en los Estados Unidos cometen el error de premiar a los narcos que dan falso testimonio, en lugar de aumentar sus penas”[25].
Eric Olson, director de políticas e iniciativas estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle y miembro del Wilson Center dijo poder asegurar que los fiscales estadounidenses “nunca actúan solamente en base a la declaración de un testigo que también está vinculado a procesos criminales. Eso es una parte de la investigación, quizá la más sensacional, cuando una persona denuncia al presidente, pero ellos nunca se quedan solamente con ese señalamiento. Sería una burla del sistema jurídico y cualquier defensor legal cuestionaría eso y con buena razón”[26].
El caso de la sentencia de “Tony Hernández” sólo vino a poner la “joya de la corona” a la larga lista de acusaciones e implicaciones de Juan Orlando Hernández como co-conspirador y facilitador del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. La pregunta ha ido cambiando, se pregunta menos ahora si JOH comparecerá ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y se pregunta más ahora cuándo, si comparecerá ante la justicia de los Estados Unidos durante sus funciones de presidente de la república o en su condición de expresidente.
IV. El Plan Biden y las primeras avanzadas del Departamento de Estado
En esta parte se retoma, por su importancia para un abordaje más integral del tema, el plan Biden ya presentado y analizado en otro documento del CESPAD[27]. Biden, desde antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos propuso una estrategia de cuatro años con un apoyo financiero de 4 mil millones de dólares para Centroamérica. El contenido general de esta estrategia es el siguiente:
- Desarrollar una estrategia regional integral de cuatro años y 4 mil millones de dólares para abordar los factores que impulsan la migración desde Centroamérica;
- Movilizar la inversión privada en la región;
- Mejorar la seguridad y el Estado de derecho;
- Abordar la corrupción endémica;
- Priorizar la reducción de la pobreza y el desarrollo económico[28].
Pero esta estrategia integral y los prometidos 4 mil millones de dólares implican que la orientación de la actuación de los Estados Unidos avance hacia que:
- Los países asignen una cantidad sustancial de sus propios recursos y emprendan reformas significativas, concretas y verificables;
- Establezcan condiciones sólidas para un progreso verificable con el fin de garantizar que los fondos de los contribuyentes estadounidenses se utilicen de manera efectiva;
- Pongan la lucha contra la corrupción en el centro de la política de los Estados Unidos en América Central;
- Dirijan la inversión del sector privado, incluyendo las alianzas público-privadas; para complementar los fondos del gobierno.
- Inviertan principalmente en organizaciones de la sociedad civil que están en la primera línea al lidiar con las causas fundamentales;
- Renueven los esfuerzos para trabajar de manera constructiva con México, Canadá y otros socios regionales de América Central y del Sur; y
- Reconozcan el papel central de las mujeres como una fuerza poderosa para el desarrollo[29].
Una de las primeras avanzadas de Biden fue el nombramiento de Juan González, como Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional y el principal asesor del presidente Biden en su política hacia Latinoamérica, quien en una entrevista a El Faro[30], dejo en claro cinco cosas: Primera. La migración, será el tema principal del Gobierno de los Estados Unidos en su relación con Centroamérica. Segunda. Estados Unidos no apoyará la instalación de comisiones internacionales anticorrupción en cada país por separado. Tercera. Estados Unidos trabajará con la institucionalidad ya existente en los países, especialmente con los fiscales generales. También, en esa misma entrevista, afirmó que se creará una “fuerza de tarea” (puede ser una Comisión Internacional Anticorrupción regional) para que el Departamento de Justicia estadounidense ayude a los fiscales generales de Centroamérica a investigar estructuras de corrupción y crimen organizado. Cuarta. Sanción a los corruptos con las herramientas que tiene Estados Unidos, como la lista de corruptos y quitar visas. Quinta. Se ampliarán los espacios para el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil.
La segunda avanzada del Departamento de Estado de los Estados Unidos fue el 22 de marzo, con la designación de Ricardo Zúñiga como enviado especial para los países del llamado Triángulo Norte. Zúñiga dirigirá sus esfuerzos en “detener la migración irregular” y buscará responsabilizar a los socios regionales para “abordar las causas fundamentales de la migración y el aumento de las llegadas de niños no acompañados a la frontera sur de los Estados Unidos”. “También tendrá la función de implementar la política del presidente Biden que implica 4 mil millones de dólares para abordar las causas de la inmigración”. El Departamento de Estado indicó que parte de su trabajo será involucrar a la sociedad civil y al sector privado en la búsqueda de soluciones[31].
El presidente Biden nombró el miércoles 24 de marzo a la vicepresidenta Kamala Harris como la encargada de dirigir las acciones del Gobierno estadounidense frente al aumento del flujo migratorio hacia el país. Esta tarea le implica tender puentes diplomáticos con México y los países del Triángulo del Norte, en un momento en el que en Estados Unidos hay más de 14 mil menores de edad que cruzaron solos la frontera sur y están en albergues provisionales[32]. El nombramiento de Kamala Harris en esta tarea, es una muestra de la importancia que tiene Centroamérica en la política exterior estadounidense, especialmente en el tema migratorio, y los factores expulsores de migrantes, entre los que se encuentran la violencia, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad entre otros.
Así las cosas, el tiempo y el espacio se le han reducido al presidente Juan Orlando Hernández, su capacidad de maniobra política en el nivel nacional puede ser amplia todavía, pero en el ámbito de la relación con los Estados Unidos es casi nula. Su escenario más claro es que después de ser inquilino de Casa Presidencial, sea un nuevo inquilino en una de las cárceles de Estados Unidos. La política exterior de los Estados siempre ha sido complicada, tienen intereses permanentes, pero no amigos ni enemigos permanentes, sin embargo, no hay que descartar que, bajo el asombro y la sorpresa, al señor Juan Orlando Hernández no le ajuste el tiempo para entregar la banda presidencial el 27 de enero del 2022.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Tony Hernández es sentenciado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico, La Prensa, 30 de marzo 2021, https://www.laprensa.hn/honduras/1453173-410/tony-hernandez-sentencia-estados-unidos-narco-hondure%C3%B1o-
[2] Embajada de Estados Unidos en Honduras, acusaciones contra exdiputado hondureño, 26 de noviembre 2018 https://hn.usembassy.gov/es/acusaciones-contra-exdiputado-hondureno/
[3] Twitter de Emily Palmer @emilypalmer, 30 de marzo 2021 https://twitter.com/emilyepalmer/status/1376978696066760711
[4] Joaquín Villalobos, Niños inocentes y oligarcas voraces, El País, 11 de julio 2014 https://elpais.com/elpais/2014/07/11/opinion/1405107829_400238.html
[5] Ibíd.
[6] Joaquín Villalobos, Trump y el infierno centroamericano, Nexos, 01 de enero 2017, https://www.nexos.com.mx/?p=30956
[7] EEUU marca la cancha a Triángulo Norte de cómo serán sus relaciones, Proceso Digital, 24 de febrero 2021, https://proceso.hn/eeuu-marca-la-cancha-al-triangulo-norte-de-como-seran-sus-relaciones/
[8] Se trató de los representantes: Jan Schakowsky, Hank Johnson, Pramila Jayapal y Mark Pocan.
[9] Declaración de Schakowsky, Johnson, Jayapal y Pocan sobre Honduras, 18 de octubre 2019, https://schakowsky.house.gov/media/press-releases/schakowsky-johnson-jayapal-and-pocan-issue-statement-honduras
[10] Ibíd.
[11] Ibíd.
[12] Congresistas de EEUU piden no entregar mil millones de dólares a JOH por vínculos con el narcotráfico y corrupción, Confidencialhn, 14 de Agosto 2020, https://confidencialhn.com/congresistas-de-ee-uu-piden-no-entregar-mil-millones-de-dolares-a-joh-por-vinculos-con-el-narcotrafico-y-corrupcion/
[13] Ernesto Mejía, “EUA aprueba ley que creará lista de corruptos de Centroamérica”, El Economista, 22 de diciembre 2020, https://www.eleconomista.net/actualidad/EUA-aprueba-ley-que-creara-lista-de-corruptos-de-Centroamerica-20201222-0028.html
[14] Congresista Norma Torres y Albio Sires envían propuesta a Joe Biden para combatir la corrupción en Centroamérica, Pro-Honduras Network, 25 de enero de 2021, https://prohondurasnetwork.com/2021/01/25/congresistas-norma-torres-y-albio-sires-envian-propuesta-a-joe-biden-para-combatir-la-corrupcion-en-centroamerica/
[15] El proyecto de ley fue co-patrocinada por los senadores Jeff Merkley, Bernie Sanders, Patrick Leahy, Ed Markey, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse y Chris Van Hollen
[16] Ley anticorrupción presentada por senadores de EEUU pretende sancionar al presidente Hernández, 24 de febrero 2021, https://hondudiario.com/2021/02/24/ley-anticorrupcion-presentada-por-senadores-de-ee-uu-pretende-sancionar-a-joh/
[17] Ibíd.
[18] Ibíd.
[19] Senadores de EEUU presentan Proyecto legislativo de suspensión de ayuda al gobierno contra la corrupción, la impunidad y violaciones a los derechos humanos, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, 2 de marzo 2021 https://www.business-humanrights.org/es/%C3%BAltimas-noticias/honduras-senadores-de-eeuu-presentan-proyecto-legislativo-de-suspensi%C3%B3n-de-ayuda-al-gobierno-contra-la-corrupci%C3%B3n-la-impunidad-y-violaciones-a-los-derechos-humanos/
[20] Ley anticorrupción presentada por senadores de EEUU pretende sancionar al presidente Hernández, Hondudiario, 24 de febrero 2021, https://hondudiario.com/2021/02/24/ley-anticorrupcion-presentada-por-senadores-de-ee-uu-pretende-sancionar-a-joh/
[21] Wilson Center: Estados Unidos no seguirá tolerando la corrupción en Honduras, Expediente Público, 2 de marzo 2021, https://expedientepublico.org/eric-olson-de-la-fundacion-seattle-y-wilson-center-el-mensaje-es-claro-estados-unidos-no-seguira-tolerando-la-corrupcion-en-honduras/
[22] Declaran culpable al narco hondureño Geovanny Fuentes en EEUU, La Prensa, 22 de marzo 2021 https://www.laprensa.hn/honduras/1451618-410/geovanny-fuentes-hondure%C3%B1o-juicio-estados-unidos-narcotrafico-armas-culpable
[23] Fiscal de EEUU dice que presidente de Honduras fue socio de narcolaboratorio, DW, 19 de marzo 2021 https://www.dw.com/es/fiscal-de-eeuu-dice-que-presidente-de-honduras-fue-socio-de-narcolaboratorio/a-56935943
[24] Wilson Center: Estados Unidos no seguirá tolerando la corrupción en Honduras, Expediente Público, 2 de marzo 2021, https://expedientepublico.org/eric-olson-de-la-fundacion-seattle-y-wilson-center-el-mensaje-es-claro-estados-unidos-no-seguira-tolerando-la-corrupcion-en-honduras/
[25] Ibíd.
[26] Wilson Center: Estados Unidos no seguirá tolerando la corrupción en Honduras, Expediente Público, 2 de marzo 2021, https://expedientepublico.org/eric-olson-de-la-fundacion-seattle-y-wilson-center-el-mensaje-es-claro-estados-unidos-no-seguira-tolerando-la-corrupcion-en-honduras/
[27] Ver: CESPAD. Análisis. ¿Es Estados Unidos un aliado confiable en la lucha contra la corrupción? http://cespad.org.hn/2021/02/11/analisis-es-estados-unidos-un-aliado-confiable-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
[28] Biden Harris, “El plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica” https://joebiden.com/es/el-plan-de-biden-para-fortalecer-la-seguridad-y-la-prosperidad-en-colaboracion-con-los-pueblos-de-centroamerica/ (Consultada enero 2021).
[29] Biden Harris, “El plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica” https://joebiden.com/es/el-plan-de-biden-para-fortalecer-la-seguridad-y-la-prosperidad-en-colaboracion-con-los-pueblos-de-centroamerica/ (Consultada enero 2021).
[30] José Luis Sanz, “El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos”, El Faro, 29 de enero 2021 https://elfaro.net/es/202101/internacionales/25187/
[31] Ricardo Zúñiga, el hombre de Biden para el problema centroamericano, El País, 23 de marzo 2021 https://elpais.com/mexico/2021-03-23/ricardo-zuniga-el-hombre-de-biden-para-el-problema-centroamericano.html
[32] Kamala Harris liderará la respuesta de EEUU para frenar la migración, France 24, 25 de marzo 2021, https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210324-estados-unidos-kamala-harris-lider-migracion-frontera-sur
