Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
La condena del hondureño Geovanny Fuentes Ramírez (lunes 22 de marzo del 2021) es una cadena que seguirá destapando nombres, dando paso a nuevas acusaciones de políticos, funcionarios y empresarios que se coludieron en esta trama que empezó a tejerse en el 2004 y que tomó una fuerza asombrosa, llegando al nivel más alto en el país: al Presidente de Honduras. Según lo establecen las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York, esta situación empezó a cobrar mayor fuerza, desde el juicio en contra de Juan Antonio Hernández Alvarado “Tony Hernández” y ahora con el de Fuentes Ramírez.
Pero si esos dos juicios evidenciaron cómo, a vista y paciencia de los hondureños, la narcoactividad se convirtió en la “mano que cooptó” todo lo que pudo a su paso en la institucionalidad del Estado de Honduras, no es menos importante la cantidad de hondureños que están en espera de juicios, de audiencias, de sentencias y esperan continuar colaborando, para contar cómo operan, quiénes les facilitaron el camino para sus actividades y sacar a luz, la colusión de las autoridades, todo en busca de rebajar la pena.
La Semana Santa también será una semana caliente en Nueva York. Por lo menos hay en plan dos audiencias de sentencia: la primera, la de Juan Manuel Ávila Meza (29 de marzo), un oficial de Policía que fue pedido en extradición pero que se entregó a las autoridades norteamericanas en el mes de julio del 2016. Según fiscales, fue un hombre clave en las operaciones de Los Cachiros y ha sido mencionado en tres juicios: uno con la Jueza Lorna Schofield, que será quien le impondrá la sentencia el lunes a la 1:00 pm, por su participación en una reunión que grabaron los Cachiros con Fabio Lobo, y dos juicios con el Juez Kevin Castel, el de Tony Hernández y Geovanny Fuentes Ramírez, vinculado a las operaciones de seguridad en el trasiego de drogas.
“Como miembro de los Cachiros, participó en reuniones sobre objetivos criminales con familiares inmediatos de los dos últimos presidentes de Honduras, en un período de seis meses, entre febrero y junio de 2014. Pero el delito del imputado no comenzó en el 2014. Se integró a los Cachiros aproximadamente en 2004. Abusó de sus cargos como agente del orden público y abogado para apoyar varias facetas de la empresa criminal de Los Cachiros, incluido el tráfico de drogas, el lavado de dinero, las sanciones, evasión y cobranza de deudas”, señala la Fiscalía en la presentación de sentencia del 20 de enero del 2021.
La Fiscalía está pidiendo para él como pena mínima, 210 meses (17 años seis meses), y una máxima de 262 meses (21 años con ocho meses), de prisión, al igual que la cantidad de $42,000 como multa.
Mientras, el 30 de marzo, comparecerá a la audiencia de sentencia Juan Antonio Hernández Alvarado, ante el Juez Kevin Castell, en la Sala 11-D, a las 2:00 p.m. hora de Nueva York, 12:00 del mediodía en Honduras. La Fiscalía ha solicitado para “Tony”, cadena perpetua, y el Juez determinará el tiempo a cumplir en prisión y también la cárcel a la que será enviado.
Otros casos en puerta
Para el 7 de abril a las 10:30 am, comparecerá Mauricio Hernández Pineda, llamado “El Primo”, por la Fiscalía. Estará frente al Juez Kevin Castell en una audiencia que se llama The Curcio, que se realiza cuando hay un conflicto de interés por contar con un bufete de abogados que defiende a otro acusado. Al parecer, Hernández estaría sometiéndose a un juicio rápido, del cual aún no se señala fecha, mientras se continúa en la etapa de audiencias de proceso. Hernández Pineda se entregó a la DEA en Guatemala, en el mes de marzo del 2020, cuando salió a luz la acusación que contra él formuló la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El ex policía Ludwing Criss Zelaya, mencionado por la Fiscalía de Nueva York como parte de la estructura de sicarios de Los Cachiros, tiene prevista la audiencia de sentencia para el próximo 10 de mayo, a las 4:00 pm, ante la Jueza Lorna Schofield. Fue capturado el 16 de julio del 2016 por las autoridades y extraditado a Estados Unidos el 13 de diciembre del 2016. Ha sido un largo proceso para Zelaya, quien se someterá a un juicio rápido, en el cual solicitó hacer valer su derecho a hablar ante la Corte en el momento de su sentencia.
Un día después, aparecerá en el Palacio de Justicia de Thurgood Marshall, Fredy Renán Nájera Montoya; la audiencia de sentencia contra el exdiputado hondureño será en la sala 705, de Nueva York, ante el juez Paul G. Gardephe. La Fiscalía de Nueva York, en la presentación de sentencia, ha establecido que Nájera no ha hecho nada para “mitigar su aborrecible conducta criminal desde que se rindió en este caso”.
Según la Fiscalía, no ha mostrado remordimiento por sus crímenes, ha mentido, minimizado y obstruido la justicia en repetidas ocasiones. “El acusado mintió al Tribunal sobre su abogado anterior, en un esfuerzo de mala fe por retrasar su juicio en diciembre de 2018; afirmó falsamente ante la Corte que en realidad era inocente del cargo uno de la acusación, después de declararse culpable de dos cargos, en diciembre de 2018 y antes de volver a hacerlo en febrero de 2020; y afirmó, falsamente ante la Corte, que un testigo colaborador lo había amenazado en prisión”.
Nájera retiró su declaración de culpabilidad del 10 de diciembre de 2018 pero, a pesar de ese acuerdo, Nájera presentó recientemente otra comunicación más, alegando falsamente que fue amenazado por un testigo colaborador en la prisión.
La sentencia que recomienda la Oficina de Libertad Condicional, basándose en los delitos de traficar cocaína en una escala monumental, corrompió su cargo electivo, contribuyó al deterioro de las condiciones en Honduras y mintió repetidamente a la Corte, es para el Gobierno sinónimo de imponer una sentencia que incluya cadena perpetua, una multa de $10 millones y $39 millones en decomiso de bienes.
Mientras los otros acusados: Alexander Ardón Soriano, Mario Guillermo Mejía Vargas, Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga; Víctor Hugo Díaz Morales y Bayron Ruíz, en Nueva York, aún no tienen definida la fecha de sus audiencias de sentencia o juicio; la mayoría colaboran con la Fiscalía y en puerta hay varios casos en los que comparecerán y han aportado evidencia.
Panorama para el Presidente Hernández
“Hay suficiente evidencia para acusar al Presidente Juan Orlando Hernández; todo va a depender del departamento de Justicia y seguro hablarán con el Presidente Biden, por el impacto de la política o pueden esperar a que salga de la presidencia”, dice Mike Vigil, exjefe de Operaciones Especial de la Agencia para la Administración de Drogas (DEA).
La experiencia de Vigil, de 31 años, le permite pronosticar que sí hay prueba suficiente para acusar al mandatario y que parte de la evidencia son los testimonios de los capos locales. “En Estados Unidos utilizamos en muchos casos este tipo de gente porque son los que saben, los que están metidos en esas actividades criminales, pero cuando el gobierno hace un trato les dice mira, si nosotros tomamos la información que tienes y te agarramos en una sola mentira, entonces la oferta de reducir condena o lo que sea, se termina. Ellos saben que deben decir la verdad”, sostiene.
Lo cierto es que la sentencia de Tony Hernández la próxima semana, así como el mensaje publicado en Twitter por Dan Restrepo, quien fue Asistente Especial del Presidente Barack Obama, en el que dice:
“Una ruptura clara con las élites corruptas que tratan a la gente de CentroAm como mercancías de exportación. Acusar o quitar la visa de @JuanOrlandoH AHORA y luego repita para otros funcionarios corruptos y sus facilitadores.#GovernanceFirst es el pilar fundamental para abordar las causas fundamentales de migración”, cobra fuerza para que una acusación esté pronta a emitirse.
Esto lo ratifica también, en las afueras de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el abogado defensor de Geovanny Fuentes, Avraham Moskowitz, quien dijo a los periodistas que Fuentes era «un daño colateral en el afán del gobierno por perseguir al presidente Hernández«. Dijo que parecía claro que el gobierno planeaba intentar llevar a Hernández a los tribunales.
Todo apunta, entonces, a que las sanciones para hondureños involucrados en política, en las fuerzas de seguridad, funcionarios de Estado y empresarios estarían a la vuelta de la esquina. Y que la acusación para el mandatario hondureño es un objetivo claro de la Fiscalía de Nueva York, la que con fuerza señala los negocios ilícitos en los que participó y cómo utilizó la institucionalidad para permitir el trasiego de drogas. Y así, los hondureños seguirán siendo testigos de cómo las salas de Nueva York, seguirán saturadas de juicios contra hondureños que operaron al calor del poder político en Honduras.
