Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
El sudor caía por la frente de Auristela Argueta, mientras estaba afanada con la venta de pupusas. Le faltaban manos para atender la demanda que tiene en el pequeño negocio que montó en su casa de habitación. Y mientras sus clientes ordenaban los pedidos, la mujer no paraba de palmotear para dar forma a la masa, rellenarla y luego tirarla al comal. Tuvimos que esperar hasta que terminara de atender su clientela para conversar con ella. Al conocer el por qué le buscábamos, entre pupusas, palmadas y clientes, dijo: “el dinero de los pandoros nos hubiera cambiado la vida”.
“Me dan una espera”, dijo, mientras seguía frente al fogón cuidando que no se le quemaran las pupusas. “Esto es para sostener a mi familia. Somos ocho, pero aquí hasta mis hijos me ayudan”. Auristela vive en el municipio de San José, departamento de La Paz, centro de Honduras. En la zona, es lideresa de la sede regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y presidenta de la Empresa Nivel de Base en San José.
Esta indígena Lenca ha sido parte de la lucha histórica de la CNTC, por el derecho a la tierra. Pero para sacar adelante a su familia, creó una microempresa de venta de pupusas. Por eso la esperamos hasta que concluyera y al finalizar nos ubicamos en una mesa, afuera de la cocina. Entendimos que ante la falta de apoyo y oportunidades, Auristela es una de las muchas mujeres que en el municipio busca la manera de agenciarse unos centavos para sobrevivir. Ha tenido que dejar las tareas de cultivo de hortalizas, maíz y frijoles porque el grupo de agricultores no tiene dinero para implementar un sistema de riego y cosechar. “Estamos gestionando el micro riego para producir, porque con el cambio climático no logramos una buena cosecha”.
El acceso al agua para las campesinas y agricultores en La Paz es vital, y pese a que tocan puertas para obtener financiamiento, hasta ahora no tienen respuestas. “En nuestro grupo no tenemos apoyo de nadie. Da tristeza porque sabemos que los políticos gestionan recursos que dicen que vienen para estos grupos y nunca vemos nada”, lamentó.
Como campesinos y campesinas les sobran ganas de producir, de tener sus parcelas abonadas y listas para cosechar maíz y frijoles, pero no pueden porque a sus grupos no llegan ayudas. Si accedieran a ellas, dicen que estarían en condiciones diferentes pero el Estado y los gobiernos los han olvidado. “Si pusieran los ojos en nosotros y de verdad trajeran los dineros que sacan a nombre de nuestros grupos, aquí hubiera desarrollo. Están en deuda. Imagínese, todo ese dineral que salió para esos pandoros, cómo nos hubiera cambiado la vida”, dijo en alusión al caso de corrupción Pandora.
Las y las campesinas buscan mejorar sus vidas y las de sus familias, pero enfrentan grandes dificultades: la mayoría de los 24 miembros del grupo campesino que dirige Auristela viven en extrema pobreza. “Estos compañeros, si tuvieran acceso a los fondos tendrían una familia digna y una vida diferente”, dice con un hálito de malestar en sus palabras.
Y es que grupos de campesinos como estos, logran producir la tierra a “puro esfuerzo propio” y en pequeña escala. Luchan por obtener ingresos y mantener las parcelas, pero cada vez les es más difícil comprar fertilizantes porque de una cosecha a otra, los precios suben. “Se vuelve inalcanzable para nosotros, especialmente en el grupo porque tenemos ocho mujeres y la mayor parte son de la tercera edad y no digamos los compañeros. Así que todo está cuesta arriba”.
¡Con solidaridad salen avante!
Pero si algo caracteriza a este grupo es que “el mal de uno es el de todos” y Auristela ha sido un bastión para no dejar sin alimento a sus compañeros y compañeras. Ella ha llegado, incluso, a invertir las ganancias de su emprendimiento de pupusas en la producción de granos básicos del grupo, para comprar fertilizantes para la siembra. “Es una manzana de tierra la que sembramos, pero para nosotros representa la sostenibilidad de las familias”.
Las necesidades son muchas pero les faltan fondos para comprar los insumos propios de la siembra. “Analizamos alternativas ante la ausencia del Gobierno que no hace llegar la ayuda que dice que saca para estos grupos. Aquí no se ha visto nada”, dice la lideresa campesina, quien junto a sus compañeros se las ingenian ante los elevados precios en el mercado. Una opción, entre otras más, es producir su propio abono orgánico. Es la única forma de sembrar sus parcelas.
Proyectos de Desarrollo
Los pequeños productores de San José le reclaman al Gobierno de Honduras que a sus caseríos y aldeas no llegan los proyectos de desarrollo o inversión que anuncian con “bombos y platillos”. Todo queda en discurso y en sus bolsas, dice Auristela, porque el campesino no conoce nada de los proyectos que ejecutan en nombre de los indígenas, de los productores y los campesino/as. “Aquí solo es nuestro esfuerzo, inventando y viendo cómo sacamos fondos”.
Otra alternativa que tienen estos pequeños agricultores para subsistir, es trabajar con los terratenientes, devengando entre 100 y 200 lempiras diarios por lo que llaman “jornal”. Para mantenerse es lo poco que queda por hacer. “Duele que los compañeros den su pulmón en tierras ajenas, en tierras de terratenientes que no pagan bien, pero lo hacen para llevar el sustento. Lo sano sería trabajar en lo propio pero estamos maniatados”, afirma Auristela.
Esta mujer y sus compañeros resienten las acciones de diputados y funcionarios de Gobierno que, abusando de su poder, manosean dinero que sustraen del erario del pueblo a su nombre. “A mí me da mucha pena porque los funcionarios se involucran en corrupción y nos avergüenzan. La mayoría de hondureños somos luchadores, pero ese grupito nos lleva a que cuando se habla de Honduras, todos piensen en corrupción”.
Auristela dice que si llegaran los proyectos que pregona el Gobierno, estarían en mejores condiciones. “Solo luchamos en el sector campesino y les pedimos que no se roben los fondos, nos están afectando, nos dejan más hundidos”.
La valoración que hace Auristela no alude solamente a quienes sustrajeron los fondos en Pandora, el caso de corrupción mediante el cual ex funcionarios, funcionarios públicos, diputados, empresarios y otros actores más, se robaron más de 280 millones de lempiras del erario del país. También su reclamo es hacia los jueces. Auristela reflexiona sobre el olvido (intencionado o no) que hubo de la toma en consideración en el juicio, de las víctimas del caso de corrupción. Es decir, las mujeres, los hombres, familias y niños de los distintos grupos de diversas comunidades que fueron utilizados para sacar el dinero del caso de corrupción Pandora.
Pese a este aspecto, los encargados de impartir justicia dejaron en libertad y sin responsabilidad alguna a 22 de los 38 implicados en el desfalco en contra del Estado. “Como lamentamos que las leyes sean tan débiles, que los Jueces no apliquen la justicia, porque conociendo que estos funcionarios tenían méritos para quedar presos, no los dejaron. Nosotros somos las víctimas de ese saqueo”, lamenta Auristela.
Entre los campesinos y campesinas permanece el recuerdo de sus luchas pasadas por la vindicación del derecho a la tierra. Las presentes, entre tanto, han ido afianzando el objetivo de exigir atención y justicia desde el Gobierno. Todos conocen sobre los millones de lempiras que se sustrajeron con el caso Pandora, pero nadie visibiliza a las miles de mujeres y hombres campesinos y de otros grupos que fueron “el anzuelo” para ese robo. “No se tocan la conciencia, perdieron los recursos que eran para nosotros y ellos están bien, con los tres tiempos, y nosotros aquí buscando cómo no morirnos de hambre”.
La fe de estos campesinos y campesinas se afinca en las estructuras a las que pertenecen y que cuentan con algo de apoyo internacional. Ya no creen en promesas, en proyectos que no llegan, ni tampoco en autoridades que en su nombre hablan para robar dinero. “No se puede confiar en nadie; aquí pagamos las consecuencias de esos dineros que se llevan los funcionarios. Es hora que nos devuelvan lo que nos han quitado”, critica Auristela.
Con tristeza pero convencida que debe seguir luchando, Auristela se levantó al concluir la entrevista y continuó en su cocina haciendo pupusas. Tiene su rostro y sus brazos rojos por estar frente a la hornilla durante horas, soplando la leña para mantener vivo el fuego. Ella no olvida que su grupo de campesinos fue utilizado para sacar dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y que el financiamiento para asegurar el alimento a los suyos nunca llegó. Tampoco olvida que la justicia los marginó y dejó libre a los ladrones de cuello blanco, sin pensar en cuántos campesinos dejaron de comer mientras los diputados, ministros y viceministros, y personas particulares gastaban esos fondos en campañas políticas y pagos personales.
“No olvidamos. Reclamamos lo que nos pertenece”, dijo al concluir.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
