Juan Carlos Cerros Escalante era un líder indígena Lenca y miembro del Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS). Junto a las comunidades del municipio de Chinda, declararon “NO” a la instalación del proyecto Hidroeléctrico “El Tornillito”, sobre el río Ulúa, porque generaría el desplazamiento del 75% del territorio municipal.
Cerros Escalante radicaba en la comunidad de Nueva Granada, municipio de San Antonio, Cortés, Honduras, y era coordinador de comunidades organizadas de Chinda, Santa Bárbara y San Antonio, en Cortés. Fue víctima de un atentado en el año 2020, por eso contaba con medidas emitidas por el Mecanismo de Protección de Derechos Humanos. Como parte del protocolo, el líder indígena estuvo viviendo fuera de su comunidad durante un tiempo pero regresó porque ya que no quiso abandonar a su familia y sus medios de vida. Sin embargo, a su retorno fue asesinado.
En medio del duelo, el miedo y la impotencia, sus compañeros de lucha denuncian ante la comunidad nacional e internacional el asesinato de un líder que luchó hasta el último momento, por la defensa de los bienes comunes de sus comunidades. “No es nada fácil todo lo que las y los defensores/as tenemos que enfrentar”, resiente al ser consultada, Betty Vásquez, coordinadora del MAS.
De acuerdo con los defensores y defensoras, los departamento de Santa Bárbara y Cortés están en la mira porque son dos regiones en las que se pretende instalar 14 proyectos hidroeléctricos que se contemplan en el Decreto Ejecutivo PCM-138-2020, y que forman parte de la dinámica política y económica que se plantea en el Plan de Reconstrucción del gobierno hondureño.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), condenamos el asesinato de Juan Carlos Cerros Escalante. Nos unimos a las exigencias de los defensores y sus familiares, y demandamos:
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- La creación urgente, desde el Estado y Gobierno de Honduras, de un plan integral que revierta los daños que ha causado a las comunidades, y a las y los defensores de los bienes comunes de la naturaleza, la aprobación de leyes y concesiones de los recursos naturales en el país.
- Al Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH), el involucramiento y seguimiento a la demanda de justicia por este y otros crímenes de líderes y lideresas que han perdido la vida por su labor de protección a los recursos naturales.
- Al Ministerio Público, la urgente realización de una investigación competente y transparente que dé respuesta a los familiares y compañeros de los diferentes líderes y lideresas asesinados/as, incluyendo Escalante.
22 de marzo, Tegucigalpa M.D.C
