La comunidad Garífuna de Honduras nuevamente está en el ojo del Huracán, esta vez por el asesinato del líder garífuna Martín Abad Pandy (2 de marzo), quien era el presidente del patronato de la comunidad de Corozal, en el municipio de La Ceiba, Atlántida, y por la detención de las hermanas Marianela y Jennifer Solórzano (3 de marzo del 2021), por autoridades policiales.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), deploró el crimen del líder Garífuna, quien de acuerdo con el relato de los testigos, fue acribillado por varios individuos armados que lo atacaron a balazos, junto a las personas que le acompañaban. Pandy y sus acompañantes se encontraban a la orilla de una calle cuando sorpresivamente llegaron los asesinos y los asesinaron. Al presidente del patronato de Corozal, quien falleció minutos después de ser trasladado a un centro hospitalario, los aldeanos lo describen como un líder que se había ganado el cariño de su gente por el trabajo que realizaba a favor de los derechos humanos de la comunidad. Los pobladores, tras conocer su crimen, realizaron protestas a través de las redes sociales, pidiendo justicia.
Apenas un día después de este crimen, las comunidades Garífunas volvieron a sacudirse con la detención de Jennifer y Marianela, las hermanas Solórzano. Jennifer fue detenida cuando se conducía hacia el municipio de Santa Fe. Su hermana Marianela, al enterarse del hecho, se presentó a las instalaciones de la posta policial de Trujillo, en el departamento de Colón, en donde también fue detenida.
De acuerdo con la información proporcionada por sus representantes legales, sobre las hermanas Solórzano pesaba una orden de captura, sustentada en los delitos de daños, amenazas, usurpación y robo con violencia e intimidación. Con su detención, ambas se convierten en las primeras personas procesadas, que están consignadas en un requerimiento fiscal que se presentó en agosto del año 2020, por la empresa Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA); Rosario Dima Fajardo Ruiz, Mario Alberto Murillo Rivas y Eva Maribel Murillo Rivas.
No obstante lo anterior, las jóvenes afirman que desconocen a las personas que las inculpan de esos delitos, al igual que los hechos que rodean los delitos mismos. Ellas identifican este hecho como actos de amenazas e intimidación por defender de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y los territorios ancestrales garífunas y, además, en el caso de Jenifer, como una estrategia política para manchar su imagen, ya que es precandidata a una diputación en el partido Libertad y Refundación (LIBRE).
El crimen y la detención de estas tres personas acontecen en medio de una avalancha de ataques, por la defensa de la tierra y el territorio que por derecho ancestral le pertenece a las comunidades garífunas. Esta población ha sido severamente golpeada por la violación de derechos humanos en uno de los países más peligrosos para defender la vida y el territorio. En los últimos meses, los ataques, los secuestros y el asesinato de miembros de este grupo étnico hondureño se han agudizado, causando zozobra e inseguridad por los altos índices de impunidad.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), nos solidarizamos con el pueblo garífuna y demandamos:
- Al Estado de Honduras, investigar la violencia sistemática en contra la población Garífuna.
- A las instancias encargadas de impartir justicia, investigar los crímenes de las y los líderes Garífunas, acontecidos en los últimos meses.
- A la Secretaría de Derechos Humanos que tome las medidas pertinentes para resguardar la vida y la integridad de las y los defensores de la tierra y territorio de la comunidad Garífuna.
06 de marzo, 2021, Tegucigalpa M.D.C
