Marcada por la politización partidaria, la manipulación y aprobación tardía de la Ley que le dio vigencia, y limitaciones presupuestarias, administrativas, de personal técnico y logístico, operó la Unidad de Política Limpia (UPL), en el proceso electoral del 2017. Sin embargo, de cara al próximo proceso de elecciones 2021, la Unidad sigue con mayores limitaciones que nuevamente ponen en precario el control y supervisión del origen y destino de los fondos con los que se financian las campañas políticas de los aspirantes a cargos de elección popular.
El estudio “Valoración ciudadana del rol de la Unidad de Política Limpia en las Elecciones Generales 2017”, que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), hace un análisis de los obstáculos que enfrentó la UPL en el periodo de elecciones pasado. El documento valora, en principio, el proceso organizativo, las tareas en relación con su mandato de fiscalización del financiamiento de la política y el papel de las organizaciones de sociedad civil en el contexto de la aprobación, al igual que la aplicación de la Ley de Política Limpia. Finalmente, plantea conclusiones y recomendaciones de cara al proceso electoral 2021.
Como se recordara, en octubre de 2016, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos/as, también llamada Ley de Política Limpia. Esta Ley, que fue una iniciativa planteada por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH-OEA), dio vida, en el año 2017, a la Unidad de Política Limpia.
En el mes de noviembre se realizarán en Honduras las elecciones generales 2021, sin embargo, el proceso electoral se llevará a cabo sobre la base de una UPL mucho más diezmada que en el proceso electoral 2017 ya que, de acuerdo con el análisis del CESPAD, persisten las limitaciones presupuestarias, de personal técnico y equipo de cómputo. Pero, en especial, la UPL carece de un sólido equipo de auditoría para realizar las pesquisas documentales in situ, que le permita verificar la información de los informes de gastos de campaña, presentada por los sujetos obligados que establece la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos.
Los hallazgos
El documento de análisis del CESPAD establece que desde un inicio, las condiciones institucionales del surgimiento de la Unidad de Política Limpia no fueron alentadoras. Se caracterizaron por el reducido tiempo entre la toma de posesión de los comisionados (30 de mayo) y las elecciones generales (27 de noviembre de 2017); la ausencia de personal y de infraestructura; una seria debilidad presupuestaria; la aprobación del reglamento de la Ley así como de los protocolos y manuales que debieron ser procesados mientras se desarrollaba la campaña política (uno de las áreas clave de vigilancia de la Unidad); y la carencia de una plataforma tecnológica que facilitara procesar los movimientos financieros de las campañas políticas.
Y es que aunque muchas son las atribuciones que la Ley le otorga a la UPL, la Unidad se creó con el objetivo de garantizar la transparencia y rendición de cuentas, en relación con el financiamiento de la política. Sin embargo, uno de los mayores bloqueos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil, y los y las ciudadanas de “a pie”, es la falta de acceso a la información sobre las donaciones y los donantes de las campañas electorales sustentada en las contradicciones de la Ley de la UPL y en la interpretación antojadiza de la Ley de Acceso a la Información, sobre la protección de datos personales.
Por otro lado, la crisis sociopolítica poselectoral de 2017 marcó una especie de segunda fase para la UPL porque inició un proceso de reforma político electoral que genera preguntas pendientes de responder: ¿cómo se incorpora la Unidad en el órgano electoral recién creado?, ¿con qué capacidades institucionales y presupuesto contará?, ¿la Unidad será un ente independiente? y, además, el contexto de desarrollo institucional de la Unidad cambió con la no renovación de continuación de la MACCIH en Honduras, ya que los organismos de cooperación internacional giraron su enfoque a otras materias y consecuentemente la capacidad de la Unidad se ha reducido sustantivamente en comparación con el periodo 2017-2018.
Un sistema financiero que no colabora
Un aspecto importante que destaca el informe es que para la operatividad de la Unidad, está obligado a cooperar el llamado “Sistema de Inteligencia Financiera”, conformado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la Administración Tributaria y Aduanera, y la Comisión Interinstitucional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo, como está establecido en la Ley, una solicitud de información a estas dependencias está sujeta a los procedimientos diseñados por cada entidad a la que se le pide información y, por otro lado, la Unidad no tiene acceso directo a los que este sistema llama secretos bancarios. Sus facultades investigativas son muy restringidas. Adicionalmente, el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas no están cumpliendo con las responsabilidades en materia de financiamiento político electoral.
Un raquítico presupuesto
En el 2017, a la Unidad se le asignó un presupuesto de 57 millones de lempiras, del cual solo ejecutó 8 millones financiado por el TSE. Durante el periodo fiscal 2018, la Unidad no contó con asignación directa en su cuenta presupuestaria y fue hasta principios de 2019 que recibió asignación de 30 millones por parte de la Secretaría de Finanzas. Para el año 2019, la Unidad proyectó la necesidad de contratar 15 técnicos para realizar trabajo de auditoría. Y a mediados de ese año, la Unidad solicitó un incremento de 10 millones de lempiras con el propósito de implementar mejoras en la plataforma tecnológica de la Unidad. Sin embargo, no hubo aumento presupuestario y en la actualidad, la asignación presupuestaria de la Unidad está por debajo de los 58 millones acordados entre el Estado de Honduras y la MACCIH-OEA.
En el informe el CESPAD analiza otros aspectos sobre el funcionamiento de la UPL. Sin embargo, en el documento se concluye con que la UPL estuvo afectada por reformas político-electoral y su politización partidaria, al igual que por una élite política que manipuló el contenido original de la Ley, sobre todo en aspectos centrales relacionados con la transparencia y acceso a la información pública en torno al financiamiento privado de la política. Por estos y otros elemento, quedan algunas preguntas que probablemente no tendrán respuesta: ¿de dónde provendrá el dinero que financiará las campañas políticas de quienes buscan un cargo de elección popular?, ¿es dinero lícito o ilícito?, ¿cuánto dinero recibirá, en la realidad, cada aspirante a cargo de elección popular?
Para el CESPAD, el proceso electoral pasado y el presente, están caracterizados por fuertes denuncias sobre el financiamiento ilícito de las campañas. Y en el actual contexto, sostiene la organización, es preocupante que las elecciones 2021 se realicen en medio de un vacío en la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, que facilita la cooptación de los partidos políticos, los candidatos, del Estado e instituciones públicas, por parte de las redes de corrupción y el crimen organizado.
Descargue: Informe UPL WEB – CESPAD
Tegucigalpa M.D.C., 25 de febrero del 20201
