Por José Ochoa
9 de febrero, 2021
Las sesiones de la Asamblea Legislativa en enero han destacado, más que por los decretos sancionados, por lo que no se ha aprobado: por un lado, la suspensión temporal de la discusión de la nueva Ley Electoral y, por otro, el voto de la bancada del Partido Nacional en contra del juicio político al titular del Poder Ejecutivo.
En adición, se ha sacado adelante una iniciativa, presentada por la bancada nacionalista, que se escuda en la pandemia para suspender la obligatoriedad de realizar cabildos abiertos, que es el mecanismo de participación ciudadana por excelencia a nivel municipal.
A continuación se reseñarán las principales iniciativas en temas de democracia, transparencia y territorio, que hayan sido turnadas a comisiones de dictamen o aprobadas en las cinco sesiones realizadas en el primer mes del año: tres correspondientes al período 2020 – 2021 y dos de la última legislatura del cuatrienio, ya en curso.
Eje temático: Democracia
A pesar que en la primera sesión del año (7 de enero) la directiva del Congreso anunció que pronto reiniciaría el debate de la nueva Ley Electoral, ésta continúa suspendida desde diciembre por el rechazo de la bancada nacionalista a ciertos cambios sí acuerpados por los partidos Liberal y LIBRE. Éstos proponen, por ejemplo, integrar las mesas electorales con cinco representantes: uno por cada partido mayoritario y dos tomados del resto aleatoriamente, pero el nacionalismo pretende que partidos de menor caudal o nuevos sean mayoría en la mesa o, al menos, que accedan a los principales cargos que les toca escrutar los votos).
Este proyecto de ley sólo lleva algo más de la mitad de artículos discutidos (tiene más de 300). De acuerdo a los portavoces de las principales facciones, las conversaciones para resolver los disensos no prosperan y, puesto que de todas formas la nueva ley no se aplicará en las elecciones primarias, no les urge aprobarla ahora sino previo a las generales de noviembre próximo.
Otro hecho relevante es la utilización de la Ley Especial de Juicio Político[1] vigente desde el año 2013. Dos diputados del Partido de Innovación y Unidad (PINU) y uno de LIBRE presentaron, en la secretaría del Congreso Nacional, “formal[2] denuncia para la realización de juicio político para el titular del Poder Ejecutivo… por actuaciones contrarias a la Constitución de la República, ser vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes (…) que lesionan el interés nacional». Una vez presentada al pleno (sesión del 25 de enero), la solicitud no se admitió porque, según la ley, requería 3/4 partes de la Cámara (96 congresistas) y toda la bancada nacionalista votó en contra, en un punto de agenda que no llevó más de nueve minutos y sin dar la palabra a quienes estaban de acuerdo con abrir el juicio político contra el gobernante. La directiva del Congreso aprovechó a tratar este relevante tópico al final de la sesión de instalación de la última legislatura, que normalmente sólo ha sido protocolaria.
Semejante a otros debates, el Partido Nacional no actuó sólo en este tema y contó con la solidaridad de aliados pertenecientes a otras bancadas, como la Democracia Cristiana, a pesar de que no los necesitaba al contar con 61 escaños. El portavoz del Partido Liberal, por su parte, al hacer uso de la palabra explicó que «como bancada no hemos tomado una decisión sobre el asunto (…) así que cada diputado va a razonar su voto» en forma individual. Cuando circuló en redes sociales un presunto listado de congresistas que habrían votado en contra, se apresuraron a aclarar públicamente[3] que la bancada liberal respaldaba el juicio político, aunque de acuerdo a la secretaría del Congreso únicamente seis diputados liberales votaron a favor del mismo[4].
Eje temático: Transparencia
Como si no les bastase todas las denuncias y los reclamos ciudadanos por la gestión de la pandemia y de las tormentas durante 2020, la bancada nacionalista y sus socios han dado el visto bueno para que las Corporaciones Municipales del país suspendan -por los riesgos del coronavirus- los cinco cabildos abiertos que manda la Ley de Municipalidades, que no sólo son mecanismos de participación ciudadana sino de rendición de cuentas e información pública. No obstante, el decreto aprobado (7 de enero) también advierte que podrán hacer cabildos “virtuales” a solicitud de la ciudadanía.
Esta iniciativa ya había sido introducida en noviembre de 2020, pero fue interrumpida ante los fuertes cuestionamientos de las bancadas opositoras. Al ser finalmente aprobada y entrar en vigencia el pasado 11 de enero, con su publicación en La Gaceta[5], este decreto libera a las Corporaciones de la responsabilidad de realizar -al menos en forma presencial- el cabildo del Día de Rendición de Cuentas y de revisión del Programa de Transparencia Municipal, que debe convocarse en el primer mes del año, según ordena la Ley de Municipalidades[6].
La bancada del PINU, que se encuentra entre las más beligerantes y propositivas, no ha acompañado este decreto y, al contrario, ha expuesto la necesidad de fortalecer e incrementar los procesos de transparencia a nivel local, a raíz de los recientes antecedentes de corrupción en el ámbito nacional. En esa línea, este partido argumenta que hoy día existen suficientes tecnologías de la información y la comunicación, para que en los cabildos se multiplique el número de personas.
Eje temático: Tierra y territorio
En este mes se ha introducido las siguientes iniciativas que serán debatidas posteriormente, si fueren agendadas por la directiva del Congreso ya que han sido presentadas, en su mayoría, por partidos de oposición.
- Declárese estado de emergencia en los deptos. de Intibucá y Lempira por sus condiciones de pobreza y extrema pobreza (Partido LIBRE).
- Créase el Observatorio de la Pobreza y la Pobreza Extrema de Honduras (Partido LIBRE).
- Declarar emergencia ambiental en Islas de la Bahía, por el derramamiento de aceite y combustibles de los buques.
- Autorizar que las lenguas indígenas y la lengua garífuna se declaren como oficiales dentro de La Mosquitia (Partido LIBRE).
PRINCIPALES INICIATIVAS LEGISLATIVAS (ENERO 2021)
| EJE TEMÁTICO | INICIATIVA LEGISLATIVA | CONTENIDO DE LA INICIATIVA | STATUS |
| 1. Democracia | Denuncia para realizar juicio político al titular del Poder Ejecutivo | Destitución de quien preside dicho Poder del Estado por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República, estar vinculado en múltiples juicios contra narcotraficantes y lesionar el interés nacional. | No admitida |
| 2. Transparencia | Suspensión en 2021 de la realización de los 5 cabildos a que están obligadas las Corporaciones Municipales. | Durante la vigencia de la emergencia por Coronavirus, las Corporaciones no quedan obligadas a lo dispuesto en el Art. 32B de la Ley de Municipalidades. Cuando la Corporación requiera socializar o sea solicitado por los encargados de proyectos, pueden realizar cabildos virtuales. | Aprobada |
| 3. Tierra y Territorio | Declación de estado de emergencia en los deptos. de Intibucá y Lempira, para erradicar pobreza y extrema pobreza. | Garantiza la dignidad y los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y políticos, mediante la articulación de fondos nacionales e internacionales focalizados en inversión de impacto y nutrición. | A dictamen |
| Creación del Observatorio de la Pobreza y la Pobreza Extrema de Honduras | Establece un organismo independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con sedes municipales en Intibucá y Lempira | A dictamen | |
| Declaración de emergencia ambiental en Islas de la Bahía, por el derramamiento de aceite y combustibles de los buques | Crear comisión Gobierno, munis para identificar embarcaciones y realizar la remoción con medidas ambientales | A dictamen | |
| Autorizar que las lenguas indígenas y la garífuna se declaren oficiales dentro de La Mosquitia | Tendrán categoría de idioma (misquito, garífuna, tawahka y pech), que serán usados en los diferentes escritos y documentos oficilaes. | A dictamen |
Análisis de coyuntura legislativa
Las sesiones del Congreso de la República, en el mes de enero, han revelado aspectos ilustrativos de cómo se hace política en Honduras y, a partir de esa realidad, permite sugerir algunos desafíos que tiene el sistema político y la sociedad misma para la instauración de la democracia.
- La Asamblea Legislativa sí puede (y debe) sesionar en forma presencial.- La instalación de la legislatura 2021 – 2022, el 25 de enero pasado, ha demostrado que ya están dadas las condiciones de bioseguridad para que, en lo sucesivo, todos los debates se realicen en forma presencial y contando con menos de 60 congresistas, cantidad que puede estar en el hemiciclo legislativo con el respectivo distanciamiento según han informados los propios directivos. Como lo realizan otros parlamentos del mundo, las facciones políticas podrían estar representadas sólo por sus portavoces y mocionantes de los proyectos de ley agendados, mientras el resto sigue la discusión y participa en línea. El retorno a sesiones presenciales (la última de las cuales fue en abril de 2020) no es un detalle menor, pues las bancadas de oposición han reiterado que el formato virtual no enriquece el debate, el uso de la palabra es más restringido y, quizá lo más importante, se presta a manipulación la evidencia de cómo y quiénes votan.
- Hacia un acuerdo ciudadano (y político) por institucionalizar la revocatoria de mandato.- Uno de las debilidades que más resiente Honduras para su fortalecimiento democrático es no contar, en momentos de crisis como los actuales, con mecanismos que faciliten remover a funcionarios de Gobierno, Presidente de la República, congresistas y alcaldes que no respondan a las expectativas ciudadanas. Las normas que regulan el juicio político e incluso las figuras de democracia directa (plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana) tienen los suficientes candados como para no aplicarse y para que, en última instancia, sea la misma élite política quien apruebe o desapruebe la realización de una consulta popular. Por tanto, más allá de lo que suceda en el proceso electoral en curso, es pertinente que la sociedad hondureña comience a influir en tal sentido y provocar un debate para una mayor participación del soberano en la resolución pacífica de este tipo de conflictos.
- Las disputas por espacios de poder y financiamiento presionarán más al nivel territorial.- Las tensiones políticas y la creciente posibilidad de que el Partido Nacional pierda parte del poder en las próximas elecciones, están teniendo un mayor reflejo en las reformas y medidas aprobadas en forma autoritaria por el Congreso Nacional y algunas Corporaciones Municipales, presididas por nacionalistas. Esto con el propósito de no perder totalmente el control de la institucionalidad pública, en conjunto, para el próximo período constitucional. Con lo cual, la rendición de cuentas y la veeduría social en los territorios debe desarrollarse, fortalecerse y ponerse en sobre aviso ante las presiones desde el poder, en pleno año electoral.
Referencias
[1] https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Ley_especial_de_jucio_politico_2013.pdf
[2] https://elperroamarillo.news/documentacion/?post_id=2021_14_01-juicio-joh
[3] https://m.facebook.com/VHPAVON/posts/comunicadola-bancada-del-partido-liberal-en-el-congreso-nacional-ante-las-versio/2133123350157373/
[4]http://tiempo.hn/diputados-liberales-a-favor-del-juicio-politico-a-joh/
[5] Decreto No. 154-2020, La Gaceta 35.484 del 11 de enero de 2021.
[6] Artículo 59-D de la Ley de Municipalidades, reformado por Decreto 143-2009 y publicado el 23 de enero de 2010.
