Mario Sorto, sociólogo e investigador del CESPAD
06 de febrero, 2021
La lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos que tiene la sociedad hondureña. Pero, también continua siendo uno de los principales temas que pueden brindar la posibilidad de la unificación de esfuerzos, acciones y recursos de los grupos de amplios sectores de la sociedad en busca de una salida a la crisis multidimensional. El posicionamiento de las autoridades de la institucionalidad hondureña dificulta este combate, teniendo en cuenta que en la actualidad, las instituciones están controladas por redes de corrupción integradas por el sector público, privado y por el crimen organizado, tal como lo evidenciaron los casos de corrupción develados por el binomio MACCIH-UFECIC[1].
De igual forma, las elites burocráticas también mantienen un sistema que garantiza la impunidad y que, a su vez, bloquea todas las acciones que surgen desde la ciudadanía. Entre algunas de las estrategias utilizadas incluyen las reformas y creación de leyes, el blindaje de la acción penal contra las elites señaladas por delitos de corrupción, el debilitamiento o la desaparición de instituciones, como en el caso del binomio MACCIH-UFECIC y, la creación de nuevas instituciones que favorecen un ambiente de corrupción o que generan incertidumbre en esta lucha. Una de estas entidades de reciente creación y que ha generado numerosos cuestionamientos en la sociedad hondureña es la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia[2], creada mediante el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020[3].
Entre los cuestionamientos a la Secretaria de Transparencia, en primer lugar, se destacan los del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). En un comunicado, el Consejo expresó no estar de acuerdo con la creación del Ministerio, al argumentar que este es “ilegal y no coherente con la situación económica del país” y que “…los recursos de esta nueva institución deben ser destinados a reactivar la economía de los hondureños”. Asimismo, el COHEP también apuntó que el Estado de Honduras ya cuenta con institucionalidad suficiente y con competencia específica para garantizar la transparencia, como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Por su parte, la instancia de sociedad civil, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) estableció que la nueva Secretaría de Transparencia no representa un avance en el combate a la corrupción, sino que es una instancia creada para poner trabas en la lucha contra la impunidad, con la intención asfixiar financieramente a instituciones como el IAIP, el TSC y al propio CNA. De igual manera, el CNA cuestionó que la nueva entidad forma parte de una estrategia de las autoridades estatales para minimizar los indicadores obtenidos en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional[4].
Ahora bien ¿Cuál es la función de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia? ¿Cuál ha sido el papel de esta Secretaría desde su creación a finales del 2020? ¿Es esta un obstáculo para la lucha contra la corrupción? Como primer punto, el Decreto Ejecutivo PCM-111-2020, establece que esta entidad estará encargada de coordinar, facilitar, promover e institucionalizar la debida implementación de la Política Nacional de Transparencia, Probidad, Integridad y Prevención a la Corrupción y la Estrategia de Transparencia y Anticorrupción[5].
Paralelamente, estas funciones contrastan con las últimas declaraciones de la Ministra de Transparencia María Matamoros con respecto a los resultados del último Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, este mismo que ubicó a Honduras en la posición 157 de 180 países evaluados[6]. Según este estudio, Honduras registró su puntuación más baja en los últimos ocho años del Gobierno de Juan Hernández, sin embargo, la Ministra descalificó el informe sugiriendo que este “se basa única y exclusivamente en materia de percepción” y agregó “se levanta un estudio en donde le preguntan a las personas cree usted que hay corrupción en Honduras o no, si la persona contesta que sí, bueno obviamente eso ya incrementa la percepción de corrupción en nuestro país”[7].
Por lo tanto, se puede inferir que la Secretaría de Transparencia tendrá como principal objetivo una estrategia de comunicación que favorezca la imagen del Gobierno con respecto a su desempeño en los temas de transparencia y anticorrupción, es decir, otorgar una imagen de transparencia. La evidencia de esta afirmación se encuentra en el mismo testimonio de la funcionaria, al mismo tiempo que destacó la necesidad de realizar un estudio que “realmente mida todos los esfuerzos que se han hecho en materia de transparencia y lucha contra la corrupción”; y seguidamente, sugirió que su dependencia estaría encargada de la elaboración de un informe “con información tangible y no uno basado exclusivamente en un tema de percepción”.
A todo esto ¿Qué tan tangibles pueden ser los datos que son incluidos en un informe de este tipo? o dicho de otra forma ¿Es posible la medición objetiva de la corrupción en ámbitos específicos del quehacer político? Para responder a estas interrogantes, Transparency International apunta que aunque ha habido avances en la metodología para la investigación de la corrupción, en la actualidad no existe un indicador que pueda medir de forma objetiva, directa y exhaustiva este tipo de delito, por eso la importancia de los indicadores de percepción.
Por otra parte, la construcción de un indicador se dificulta por el hecho de que la corrupción implica un conjunto de actividades ilícitas que se ocultan de forma deliberada, y solo pueden salir a la luz a través de escándalos, investigaciones o requerimientos fiscales[8]. En definitiva, el estudio objetivo, con información tangible que pretende hacer la Secretaría de Transparencia no será posible, y por ende, esa intención sigue siendo parte de la estrategia de comunicación para favorecer la imagen del Gobierno en el tema de corrupción y transparencia.
La hipótesis de que la Secretaría de Transparencia se encargará de velar por la imagen del Gobierno en el ámbito de la corrupción termina por confirmarse con otra información brindada por la Secretaría de Transparencia, María Matamoros, en una emisora radial, en la que mencionó de forma particular el daño a la imagen que causaba el resultado del Índice de Corrupción de Transparencia Internacional. A propósito, Matamoros reveló que este tema deteriora la imagen en dos ámbitos “no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional teniendo repercusiones económicas y de otro tipo”…asimismo, expuso unos datos que desde su perspectiva eran tangibles, como el hecho de que la corrupción en el país se le atribuye en alrededor de un “40% al crimen organizado, un 31% al sector privado y un 24% al sector público”[9].
Ciertamente, las afirmaciones de la Secretaria son controvertidas y debatibles, y aunque la intención no es refutar sus afirmaciones, si conviene apuntar que existe suficiente evidencia en Honduras para poder asegurar que la corrupción es la principal fuente de acumulación de capital de las redes de corrupción conformadas por los tres sectores mencionados, es decir, el crimen organizado, el sector privado y el sector público[10].
Por otra parte, aunque el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional recoge la evaluación y percepción de la corrupción por parte de expertos y expertas en el área, y que parte de una metodología que utiliza indicadores de percepción sobre una variedad de comportamientos corruptos en el sector público, esta calificación se puede verificar con los numerosos casos de corrupción a gran escala y de conocimiento público en Honduras, de forma particular, en el manejo de la Covid-19 en el país, especialmente en los delitos de abuso de autoridad y fraude en el caso de los hospitales moviles[11] y el mal manejo administrativo de los recursos para enfrentar los desastres ocasionados por el paso de los huracanes Eta y Iota en el año 2020.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] CESPAD, 2020 ¿Qué lecciones dejó la MACCIH? Perspectivas actuales y probables escenarios en la lucha anti-corrupción en Honduras http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2020/03/InformeFinal-MACCIHCESPAD.pdf
[2] David Zapata “COHEP rechaza creación de Ministerio de Transparencia”, La Prensa, 10 de noviembre de 2020 https://www.laprensa.hn/honduras/1421355-410/honduras-cohep-rechaza-creacion-ministerio-transparencia
[3]Ver contenido de PCM: https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-111-2020.pdf
[4] Redacción Criterio.HN “ Nueva secretaria de transparencia nace con los antecedentes del gobierno actual, 10 de noviembre de 2020 https://criterio.hn/nueva-secretaria-de-transparencia-nace-con-los-antecedentes-del-gobierno-actual-cna/
[5] La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, 6 de noviembre de 2020 https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-111-2020.pdf
[6]Transparency International, 2020 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
[7] Foro Canal 10, entrevista a la Secretaria de Transparencia María Matamoros, 28 de enero de 2020 https://twitter.com/mariandreamc/status/1354990871427616768?s=21
[8]Transparency International, Corruption Perception Index 2020, Frequently Asked Questions https://images.transparencycdn.org/images/2020_CPI_FAQs_EN_2021-01-27-165709.pdf
[9]La Tarde, HRN, entrevista a la Secretaria de Transparencia María Matamoros, 29 de enero de 2020 https://twitter.com/mariandreamc/status/1354990871427616768?s=21
[10] Sarah Chayes, When Corruption is the Operating System: The Case of Honduras. Carnegie Endowment for International Peace, 2017 https://carnegieendowment.org/files/Chayes_Corruption_Final_updated.pdf
[11] CNA, “El CNA interpone fuerte denuncia identificando delitos de abuso de autoridad y fraude en el caso de los supuestos hospitales móviles”, 3 de agosto de 2020 https://www.cna.hn/2020/08/03/el-cna-interpone-fuerte-denuncia-identificando-delitos-de-abuso-de-autoridad-y-fraude-en-el-caso-de-los-supuestos-hospitales-moviles/
