Por CESPAD
23 de enero del 2021
El 23 de enero del 2020 el Ministerio Público de Honduras anunció la creación de la UFERCO. Lo hizo con “bombos y platillos” y anunció que este ente tendría como objetivo primordial “la investigación imparcial, aplicación de la ley y el enjuiciamiento de los responsables por la comisión de delitos relacionados con la corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción”. Sin embargo, luego de un año, la UFERCO opera en completo aislamiento, sin acompañamiento y con la amenaza de su desaparición.
Pese a la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), y el cierre de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), el anunció de la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), continuó significando un halito de esperanza en la lucha contra la corrupción en Honduras.
Sin embargo, desde ese entonces, tanto el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, como el director de Fiscales, Daniel Arturo Sibrián Bueso, se olvidaron de la Unidad Fiscal. Algunos agentes investigadores y Fiscales de otras Unidades afirman que a la UFERCO la dejaron sola. “Ni las condiciones para el personal que antes era de la UFECIC y ahora de la UFERCO, es el mismo. Les bajaron el salario y el interés del mismo Fiscal General decayó al grado que, desde entonces, no hay comunicación ni con él, ni con los mandos superiores”, relató un ex agente del Ministerio Público.
Pero, sin el apoyo de las máximas autoridades de Ministerio Público, ¿qué le espera a la UFERCO?
“Hay un antecedente, el Ministerio Público en realidad nunca apoyó a la UFECIC/MACCIH. Los casos que se presentaron por la corrupción, era evidente que iban sin el aval del Fiscal General porque se atacó a la clase política, especialmente al Gobernante y al Congreso Nacional”, dice el exjuez Ramón Barrios, al consultársele sobre el tema.
Barrios dice que hay que entender que el Fiscal General “es un parto de la clase política”, incluso del propio Congreso Nacional, el ente desde donde se originan los principales casos de corrupción que vinculan a diputados por malversar fondos públicos. “Era evidente que desde el Congreso, el Presidente del Congreso y Poder Ejecutivo, presionaron la salida de la MACCIH y avalaron la salida y no continuar con el convenio. Al transferirse esa unidad al Ministerio Público, pues era seguro que no iba a contar con el apoyo. Por eso está aislada y se refleja porque los casos de corrupción de hospitales, compras de emergencia se la trasladaron a otra fiscalía”.
Gabriela Blen, directora ejecutiva de la Organización Ayudamos Honduras (OAH), considera que la extinta MACCIH representaba una voz certificada y calificada en el combate a la corrupción, que daba visibilidad a nivel internacional. Pero, “al irse se debilita a la nueva Unidad, se le restan capacidades tanto técnicas e instaladas y, además, al no existir un convocante que se agrupe alrededor de lo que pasa en la UFERCO, la sociedad civil deja a la Unidad sola y sin la presión social”, agrega.
Preocupación
Los representantes de Sociedad Civil organizada que siguen de cerca el trabajo de la UFERCO, están preocupados porque apostaron por el seguimiento de casos de impacto de alto nivel, para develar la forma de operar de las redes de corrupción, por eso no ven “con buenos ojos” que esa Fiscalía esté aislada y abandonada.
“Para la sociedad civil la UFERCO, como legado de la MACCIH, representa el único ente dentro de la institucionalidad del Estado que cuenta con la objetividad y la transparencia que se requiere para un verdadero combate a la corrupción, pero es necesario que la Fiscalía General de la República brinde las condiciones y el apoyo necesario. La ciudadanía también debe empoderarse y brindarle acompañamiento”, cuestiona Blen.
Lo cierto es que hay una marcada diferencia entre el apoyo político, logístico, técnico-científico y hasta moral que le dan a la UFERCO, en comparación con otras unidades fiscales. Esa Unidad Fiscal necesita el acompañamiento institucional, además de un presupuesto acorde con sus actividades y mucha voluntad de quienes hoy dirigen las riendas del Ministerio Público.
Fuga de Recurso Humano
El debilitamiento es más que evidente en la UFERCO. Está saliendo personal calificado y con experiencia, que conocen “al dedillo” cada caso documentado y presentado ante el Poder Judicial. Se trata del personal que lleva los casos más complejos y que está abandonando la institución porque les ofrecen mejores condiciones en otros espacios de trabajo.
Pese a que el CESPAD quiso hablar con fiscales y agentes de la UFERCO, para corroborar las denuncias sobre lo que acontece dentro de esa unidad fiscal, nadie habló. Hay temor a las represalias. Sin embargo, el personal ajeno a esa fiscalía sí confirmó que hay investigadores y fiscales que están renunciando porque les ofrecen empleo en otras instituciones. “Las convencieron con un mejor sueldo y se ve también que hay gente cercana a las personas investigadas para llevarse al personal y con ello debilitar el operar de la UFERCO”, dijo una empleada del Ministerio Público.
Todo el abandono y la fuga del personal hace que el equipo de trabajo se frustre y considere una traición el hecho que desde el más alto nivel no se valora ni atiende a la Unidad Fiscal que debería ser la Fiscalía insigne en el Ministerio Público.
Para los analistas, el ensayo de lucha contra la corrupción en Honduras desde el Ministerio Público, presenta dos caras: la primera, la que mostraron las autoridades mientras estuvo vigente el convenio con la UFECIC/MACCIH, volcando apoyo y esfuerzos para mostrar una presunta incondicionalidad a la lucha contra la corrupción. Y la segunda, la actual, la que surgió con la finalización del convenio de la MACCIH y que se manifiesta con la falta de respaldo a la UFERCO y sus investigaciones.
Hasta la fecha nadie sabe por qué el Fiscal General de Honduras cambió de discurso. Mientras, la convicción sigue moviendo el trabajo de fiscales y agentes de la UFERCO. Están convencidos que en este país se debe seguir la pista a los corruptos y llevarlos a la cárcel. Saben que no es una tarea fácil porque se protegen, modificando y creando leyes a su favor.
Por eso los analistas coinciden en que sólo con el acompañamiento tanto nacional como internacional, así como con una sociedad civil unida y ejerciendo presión social se podrá avanzar en la lucha contra las redes de corrupción en Honduras. De lo contrario, la UFERCO, afirman, desaparecerá y con ello la única esperanza de llevar ante los tribunales a quienes tienen sometido al país bajo el yugo de la corrupción.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
