Escrito por Asís Castellanos
En octubre de 2016, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos/as, también llamada Ley de Política Limpia. El proceso de formulación y aprobación respondió a un intrincado juego de negociaciones de alta politización partidaria, dominado por el Partido Nacional.
En lo referente, la Ley de Política Limpia fue una iniciativa planteada por la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH-OEA), puesto que conformaba uno de los mandatos del Acuerdo de enero de 2016, suscrito entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El contenido de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, se originó en una decisión fundamentalmente externa que no necesariamente respondía a los intereses del sistema de partidos políticos. Además, se reconoce que la Ley de Política Limpia se aprobó y aplicó en un contexto altamente polarizado en torno a la reelección presidencial en las vísperas de las Elecciones Generales 2017, sin que pudieran generarse consensos sobre aspectos torales de la reforma político electoral, una situación que se prolongó y persiste de cara al próximo ciclo votante 2021.
Ese contexto estatal también se caracterizó por el bloqueo permanente del gobernante Partido Nacional ante cualquier iniciativa de reforma político electoral profundo: las polémicas alrededor del contenido original de la Ley de Política Limpia y el mismo aceptado, es prueba de ello. Por otro lado, se caracterizó por la imposibilidad de articularse consensos entre los llamados partidos de oposición que claramente no ha podido agrupar una mayoría calificada para impulsar reformas políticas sustantivas, ante un sistema político que cada vez se vuelve más antidemocrático y una institucionalidad político electoral más frágil y propensa a operar como una especie de extensión del partido gobernante.
En lo que concierne a estas advertencias, el informe aborda las fases iniciales del proceso organizativo de la Unidad de Política Limpia y las tareas inherentes en su mandato de fiscalización sobre el financiamiento de la política en las secciones uno y dos, respectivamente. De igual forma, se puntualizan algunas dimensiones del papel de las organizaciones de sociedad civil en el contexto de la aprobación y aplicación de la Ley de Política Limpia.
Asimismo, en las secciones cuatro y 5 CESPAD Honduras: Valoración ciudadana del papel de la Unidad de Política Limpia en las Elecciones Generales de 2017 cinco, se describe y analiza lo que desde la mirada del informe se consideran las principales acciones impulsadas por la Unidad, así como las principales barreras. En definitiva, se plantean un conjunto de conclusiones generales, mediante las que se señalan algunas de las implicaciones de la no renovación del convenio de la MACCIH; en último término, y no menos importante, el informe indica algunas recomendaciones de cara al proceso electoral 2021.
En resumen, desde el Centro de Estudio para la Democracia, esperamos que este informe contribuya al debate informado y al accionar ciudadano de organizaciones que trabajan en esta materia.
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