Por Alessandra Bueso
Periodista del CESPAD
La implicación de altos funcionarios del gobierno de Honduras en el narcotráfico pareciera una serie de Netflix. Pero es una realidad que la Fiscalía del Distrito Sur Nueva York, desde hace más de dos años, ha estado evidenciando con la documentación de diferentes procesos incoados contra varios hondureños que son acusados y algunos condenados, por vincularse con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Todo apunta, sugieren expertos, a evidenciar cómo los carteles de narcotráfico penetraron a alto nivel del gobierno y que el Presidente hondureño, ha sido una figura importante en ese esquema.
Para el caso, el ex ministro de Gobernación en Guatemala, durante la administración de Álvaro Colom, Carlos Menocal, considera que a la luz de las experiencias de procesos judiciales internacionales, hay una alta posibilidad de que el sistema de justicia norteamericano lo tenga como objetivo. “Sí se puede ver a Juan Orlando Hernández como un objetivo de persecución penal, lo asumo por la experiencia en Guatemala”, dice con contundencia.
Pero, para Menocal, ante semejantes señalamientos, el sistema de Gobierno en Honduras se está atrincherando. “Estamos ante escenarios de un sistema dictatorial que se blindará bajo todos los esquemas habidos y por haber. Hay que analizar a la luz del cambio de gobierno de Biden, cuál es la propuesta que tendrán para Centroamérica, porque todo apunta a que será una agenda para combatir la impunidad y corrupción”, agrega.
Este analista dice que si algo está claro, es que con el nuevo Gobierno norteamericano, la agenda para los países del Triángulo Norte cambiará. Eso se colige por los anuncios que desde su campaña, Joe Biden y los Congresistas Demócratas han anunciado en relación con los señalamientos y el abordaje de la corrupción y los corruptos de estos tres países (Guatemala, El Salvador y Honduras). Por eso las revelaciones de la Fiscalía de Nueva York son una evidencia de acusaciones serias, no de simples sospechas.
“Es una Fiscalía en la cual los casos que se presentan tienen un alto nivel de efectividad. Es la más alta en todo el país; no realizan acciones judiciales sin tener sustento. Tiene a los mejores fiscales, diría que los más efectivos, porque casi todos los que salen van a cargos de elección popular. Ojo, la Fiscalía de Nueva York no especula”, afirma el entrevistado.
Diferencias entre el caso Hernández y el General Salvador Cienfuegos
Hay una enorme diferencia, considera Carlos Menocal, entre lo que pasa con Juan Orlando Hernández Alvarado (mencionado en los documentos Fiscales como Co Conspirador cuatro “CC4”) y la acusación del General Salvador Cienfuegos Zepeda, conocido con el apodo de “El Padrino” (Secretario de Defensa en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto en el período 2012-2018), y quien fue detenido el 15 de octubre de 2020, por la Agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA), en el aeropuerto de Los Ángeles, California.
Es que Cienfuegos “era un estrecho colaborador en actividades de narcóticos, que dejaba pasar a unos y perseguía a otros, pero no significaba que dejara de ser un aliado sospechoso, aliado con tachas, pero, aliado de la agencia estadounidense”. Y a esto suma el analista guatemalteco que México, con una diplomacia fuerte, sólida, independiente del Gobierno, hizo una jugada diplomática audaz a favor del General Cienfuegos, al grado que la misma Fiscalía Neoyorquina pidió a un Juez Federal que desestimara los cargos contra el General por “consideraciones sensibles e importantes de política exterior, que superan el interés del Gobierno en continuar con la acusación”.
¿Pasará lo mismo con Juan Orlando Hernández?
Menocal dice al CESPAD que no, que Honduras no tiene esta dinámica. “Nuestras relaciones exteriores están en la calle. Además, no sé qué tanta fortaleza tendría Juan Orlando Hernández en el sistema político y diplomático estadounidense, de cara a un nuevo Gobierno. A Hernández no se le ha visto como aliado de las agencias antinarcóticas. Si comparamos a funcionarios guatemaltecos como el expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a ellos les dieron helicópteros y vehículos militares para combatir el narco, pero al final los acusaron, tanto a la Vicepresidenta y al exministro de Gobernación, Héctor Mauricio López Bonilla. Hubo apoyo de Estados Unidos, pero no significó que fueran aliados en la lucha contra el narcotráfico”, explica.
La duda en la institucionalidad
Para Tiziano Breda, analista para Centroamérica de Crisis Group, las acusaciones contra el Presidente de Honduras siguen revelando la penetración del narcotráfico y el poder que ha tenido en Honduras. Dice que los relatos de los testigos cooperantes coinciden: “se confirman los esquemas de cómo operaron y se pone en duda la institucionalidad hondureña en su totalidad. Son varios órganos del Estado implicados en estas organizaciones a los más altos niveles”.
Pero el consultado considera que no solo es el nivel de infiltración, es también como los señalamientos de la Fiscalía incomodan al principal socio estratégico del país: Estados Unidos. “Los pone en esta posición incómoda. Por un lado, tener información, tener la idea de que posiblemente el Presidente y otros puedan participar en esta actividad de tráfico, al mismo tiempo que han sido considerados y apoyados como socios por las autoridades estadounidenses. Entonces tiene una doble consecuencia, no solo por la imagen interna, sino por las relaciones entre ambos países”, explica el analista.
Las pruebas de la Fiscalía, la mayoría, o al menos la que ha salido a luz pública, se ha concentrado en declaraciones de testigos, pero hay otro tipo de evidencia. “Son testigos cooperantes, son acusados en estos procesos, pero siguen coincidiendo sus relatos y evidencian las dinámicas de acontecimientos que podría llegar a formular una acusación formal. No sabemos cuándo esto puede pasar”, agrega Breda.
El 2021 es un año particularmente convulsionado, caótico, tanto por las elecciones primarias y generales que se avecinan, así como por la pandemia. “El departamento de Justicia tiene cálculos menos políticos, relacionados con la lógica de justicia. Pero en el caso de Juan Orlando Hernández, es un reto para Joe Biden lo que pueda pasar con Honduras en su administración. Hay que ver si apuesta por una nación exclusivamente punitiva, de persecución de los corruptos, que sea eje central o una estrategia más integral”, refiere.
Si bien la influencia del narcotráfico llegó a las instituciones más importantes del Estado y a altos niveles, la situación de Honduras no se resuelve con sancionar o detener a algunos representantes de los más altos cargos, sino que apostar a mecanismos de reforma y rendición de cuentas de más largo aliento, consideran los analistas.
“Veremos si Biden se va por línea dura o por esfuerzos a mediano y largo plazo. Es un súper reto. Veremos cómo será su enfoque, si formalizará una comisión regional con un marco legal, que todavía está poco claro para funcionar. Pero ese es el reto mayor, revertir o contener los reveses que se han dado en Honduras”, sugiere.
En lo que sí coinciden los analistas es que la Fiscalía de Nueva York, es una fiscalía que tiene la valentía de investigar casos de muy alto nivel y que tiene un interés muy fuerte en los ámbitos de corrupción y crimen organizado en Centroamérica. “Es una Fiscalía que cuando inicia un proceso es porque tienen elementos suficientes. Tanto la Fiscalía y la DEA verifican las pruebas para encaminar los procesos. No son casos que se montan, porque es una de las Fiscalías más creíbles”, dice Breda.
¿Por qué Honduras es atractiva para la narcoactividad?
No solo es por estar ubicada en un punto estratégico, una ruta geográfica que facilita el paso de la droga. A ello se suma la debilidad institucional y la ausencia, a propósito, de las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en las regiones que se volvieron corredores del narcotráfico. Eso es para Carlos Menocal, lo que volvió seductora a Honduras para operar ante el cierre de espacios que, desde el 2008, inició Guatemala contra los carteles “chapines” que, unido a los mexicanos, operaban abiertamente e hicieron de la reserva de la Biósfera Maya el santuario de la droga en ese país.
Menocal analiza los antecedentes y colige que a partir de allí el narcotráfico cooptó la institucionalidad hondureña. Es un patrón muy similar a lo vivido en Guatemala, dice al CESPAD, sobre todo en el Gobierno de Alfonso Portillo, presidente de ese país entre el año 2000 y el 2004, cuando, a propósito, también se debilitó a la Policía Nacional Civil (PNC), y se nombró a civiles como directores de la institución policial.
Ese fue el inicio de las acusaciones para afirmar que el Gobierno del vecino país tenía vínculos con el narcotráfico. “Del 2004 al 2008, fue notoria la debilidad institucional civil y en ambos gobiernos, tanto de Portillo como de Oscar Berger, su relación fue estrecha con militares. Esto provocó que el tema de seguridad se convierta en seguridad nacional y no democrática, y pasa la gestión de seguridad a manos militares”.
La debilidad hecha, a propósito, marcó, además, una reducción de la Policía y fue el momento en que los narcotraficantes aprovecharon y convirtieron a Guatemala en un punto importante para los carteles. Pero cuando asumió, en el 2008, el Presidente Álvaro Colom, empezó una nueva agenda antinarcótica. Aconteció un reacomodo y se generó el equilibrio entre fuerzas militares y civiles. En ese momento el Departamento de Estado demandó dos cosas al Gobierno de Colom: incautación de drogas y recuperar de la reserva de la Biosfera Maya, el santuario de los narcotraficantes.
Es en ese entonces, cuando se limita la acción del narcotráfico, se captura a extraditables, se forman batallones verdes, se recupera la reserva de la Biósfera Maya y se articula la agenda de lucha contra drogas. Mientras, por otro lado, en Honduras se da el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, Presidente entre los años 2006 y junio del 2009. Es en ese quiebre que refiere Menocal, que el narco apunta hacia Honduras y se traslada. Se instala en el Atlántico. “Ni lerdo ni perezoso el narco se traslada al litoral Atlántico y los mapas de la DEA muestran que merman las trazas en Guatemala y se incrementan en Honduras”.
La discrecionalidad de altos funcionarios de Gobierno para manipular la agenda de seguridad, en alguna medida, considera el analista que tanto para Guatemala y Honduras provocó que el narcotráfico se fortaleciera y consolidara, de nuevo, sus relaciones con la política. En el caso Guatemalteco, la relación con el narco volvió a fortalecerse en ese país en el año 2015. “Es cuando de nuevo vuelve a presenciarse la participación del crimen organizado en acciones del Estado. Fue interesante porque fueron investigaciones que hizo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y que llevó a la captura del Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina”, agrega el analista.
Es cuando, según Menocal, se investiga la relación del sistema político en el Triángulo Norte y los ojos de la justicia se vuelven hacia estos países pero, especialmente, ponen su mirada en Honduras. “Esas son las consecuencias y por eso el sistema de justicia en Nueva York, tiene sus ojos puestos en Hernández”.
