Eugenio Sosa[1], sociólogo e investigador del CESPAD
18 de enero, 2021
El 2021 es un año electoral clave para el pueblo hondureño, en marzo se realizarán las elecciones primarias de los partidos Nacional, Liberal y Libre, y en noviembre se realizarán las elecciones generales. ¿Cuáles serán los factores determinantes de las tendencias electorales? Honduras es una sociedad en una crisis profunda, amplificada por la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota. Varios factores influirán en los electores, entre los que seguro no faltarán el deterioro de las condiciones de vida, en especial el desempleo. También pesará en las decisiones ciudadanas electorales el carácter inconstitucional, ilegal y fraudulento con que se reeligió Juan Orlando Hernández.
La administración Hernández, y el Partido Nacional en general, ha estado denunciado de manera sistemática por supuestos vínculos con las redes del narcotráfico y las redes de corrupción. ¿Qué tanto peso tendrá las implicaciones del Partido Nacional en los casos de corrupción? Algunos miembros del Partido Nacional, como el secretario de la presidencia, Ebal Díaz ha afirmado, palabras más palabras menos, la gente no votará por la corrupción, ni por los muertos de la pandemia, sino que para votar lo importante será si tiene dinero en el bolsillo[2]. Esta forma de pensar de miembros del Partido Nacional demuestra el desprecio que tienen hacia la ciudadanía y el pueblo hondureño, que los creen incapaces de racionalizar y de construir un acto político reflexivo mediante el voto.
En los últimos años, sobre todo después del golpe de Estado de 2009 se han producido cambios, leves todavía, pero significativos en la cultura política de los y las hondureñas. La ciudadanía hondureña ha colocado, en diferentes encuestas, el problema de la corrupción como uno de los tres problemas más importantes del país. Produjo un vigoroso movimiento ciudadano contra la corrupción en el 2015 y existen expresiones de las organizaciones de la sociedad civil activas en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde esta perspectiva, hay sectores ciudadanos jóvenes, urbanos y de la precaria clase media, para los cuales el problema de la corrupción será un factor importante a la hora de hacer el sufragio. Para rematar, los precandidatos del Partido Nacional en las elecciones primarias, y quien surja como candidato presidencial para las elecciones generales, tiene que cargar sobre sus espaldas las vinculaciones con la corrupción del Partido Nacional y la participación en supuestos casos de corrupción en los que a ellos se les implica directamente. Un precandidato busca la presidencia de la república desde la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa, Nasry “Tito” Asfura, con dos periodos al frente del Gobierno Local. El otro precandidato nacionalista lo hace desde la Presidencia del Congreso Nacional, por dos periodos consecutivos. Ambos precandidatos han apoyado al presidente Juan Orlando Hernández, sin importar las supuestas implicaciones de éste en las redes del narcotráfico y de la corrupción.
La búsqueda de la presidencia desde la Alcaldía, en medio de investigaciones por casos de corrupción
El alcalde capitalino, Nasry “Tito” Asfura, quien busca la presidencia de la república a través del movimiento “Unidad y Esperanza” asumió por primera vez este cargo en el año 2014 y fue reelecto en el 2018. Al inicio del mandato del edil capitalino, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ya estaba en la mira por varios actos de corrupción, especialmente por el Trans-450. A la fecha, este medio de transporte no ha iniciado operaciones a pesar de que el país ya comenzó a pagar por los préstamos otorgados para este proyecto, que se le vendió a la ciudadanía como una solución al problema del transporte público del Distrito Central. Varios sectores del Partido Nacional ven en Asfura al candidato idóneo para la presidencia de la república para las elecciones del 2021, ya que ha mantenido un nivel alto de popularidad en el Distrito Central y por, estar menos implicado en casos de corrupción, en comparación con su adversario interno Mauricio Oliva.
Sin embargo, a finales de octubre de 2020, la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino por el presunto desvío de más de 29.4 millones de lempiras[3]. La investigación de UFERCO establece que, entre 2017 y 2018, Asfura y Nilvia Ethel Castillo Cruz, otra funcionaria municipal, extrajeron fondos de un fideicomiso creado con dinero de la alcaldía para respaldar cheques que luego eran depositados en tres cuentas abiertas en un banco privado a nombre del alcalde[4]. Los dos funcionarios son acusados por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública, la fe pública y la economía del Estado de Honduras[5].
La UFERCO admitió que por cada cheque recibido por Asfura, él presentó una liquidación, las que fueron analizadas encontrándose una serie de inconsistencias entre las que figura que a las personas a las que se les entregó el dinero son distintas a las establecidas en las liquidaciones[6]. Algunos políticos allegados al alcalde Asfura consideran que estas acusaciones no se tratan más que de una jugada política, aunque el Fiscal Santos asegura que este asunto no tiene nada que ver con asuntos políticos y que esta investigación lleva más de un año en curso y que se planteó el antejuicio porque así lo impone la Ley de Municipalidades. El artículo 28 de dicha Ley establece: “El alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes… 2) No ser responsables por sus propuestas dentro de la Ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces; 6) No ser removidos ni suspendidos, sin que previamente se les siga el antejuicio correspondiente, conforme el procedimiento establecidos por la Ley[7]. Este es otro de los mecanismos y procedimientos que dificulta la lucha contra la corrupción y perpetúa la impunidad.
El Fiscal Santos amplió que en la Sala de lo Constitucional hay una sentencia de 2013 que establece que no se debe seguir un antejuicio, sin embargo, la Sala de lo Penal sostiene lo contrario, que sí se debe seguir el antejuicio[8]. Sin embargo, en otros casos no se ha seguido este procedimiento, demuestra un trato diferenciado, dependiendo de quién es el alcalde acusado. Para el fiscal Santos, el criterio de la Corte ha sido cambiante de acuerdo con el perfil del funcionario acusado. Santos enfatiza que, “esto no puede ser, se supone que estamos en un estado de derecho” entonces el criterio debe mantenerse independientemente si es el alcalde de Reitoca[9], de la Capital o de San Pedro Sula[10].
En el mes de noviembre de 2020, la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción admitió el antejuicio que interpuso en octubre del mismo año la UFERCO contra el edil capitalino y la cuarta regidora municipal. Los magistrados solicitaron que se rindiera un informe sobre los hechos en un término de 3 días posterior a esta decisión. Días después, la defensa de Nasry Asfura presentó una solicitud para ampliar el plazo de la entrega del informe sobre los hechos en la solicitud de antejuicio, por lo que los magistrados declararon con lugar el escrito[11].
Es importante destacar que, la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha estado bajo el gobierno del Partido Nacional por más de 2 décadas. Los cuatro últimos alcaldes han sido señalados por actos de corrupción, comenzando por la administración de Vilma Reyes de Castellanos señalada por el caso “Vaso de Leche[12]”. Le siguió Miguel Rodrigo Pastor a quien el Tribunal Superior de Cuentas le encontró delitos por gastos indebidos en el pago de servicios profesionales y de comisiones por sobregiros bancarios sin la autorización de la Corporación Municipal[13]. Posteriormente, Ricardo Álvarez inauguró el Bus de Transporte Rápido (BTR) más conocido como Trans-450, sin que se hubiera terminado su infraestructura. Por lo anterior, en febrero de 2017, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron una inspección técnica sobre el fallido e inconcluso proyecto[14]. El Trans-450 tiene un costo aproximado de $50 millones de dólares,[15] se comenzó a construir en el año 2012, debía culminarse en el 2017, y en septiembre de 2018 se aseguraba que en el 2020 comenzaría a operar[16]. Sin embargo, a la fecha sigue sin funcionamiento. Es importante señalar, que todos estos casos de corrupción han quedado en la impunidad.
Retomando el caso del juicio contra Nasry Asfura, si éste prospera, el Partido Nacional podría tener un candidato presidencial que corre el riesgo de ser inhabilitado. ¿Qué se puede esperar? No mucho, conociendo el control que tiene el Partido Nacional de la institucionalidad y los niveles de impunidad con que actúa este instituto político.
Oliva, y la búsqueda de la presidencia desde el Congreso Nacional, considerado el espacio principal de construcción de la impunidad
Mauricio Oliva se ha lanzado a la búsqueda de la presidencia de la república, por el movimiento interno del Partido Nacional, “Juntos Podemos”. Oliva ha estado al frente del Congreso Nacional que ha sido calificado por actores que luchan contra la corrupción, como el centro principal de construcción de impunidad. El Congreso Nacional fue uno de los actores políticos que más obstaculizó el trabajo anticorrupción de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la – Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC). A continuación, se presenta un cuadro con el marco jurídico nacional de la impunidad que ha construido el Congreso Nacional bajo la conducción de Mauricio Oliva.
| Acción legislativa | Implicación para la lucha anticorrupción |
| La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la “Ley de Secretos”, Decreto 408-2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de marzo de 2014. | Pueden ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar y/o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional (artículo 3)[17]. |
| Reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Modificación por adición del artículo 10-A al Decreto Legislativo 363-2013. | Con esta reforma los congresistas se blindan de cualquier acción penal, civil y administrativa por cualquier decisión adoptada en su condición de parlamentarios. |
| La Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales (Decreto Legislativo 116-2019). | Según esta Ley, en su artículo 16, la auditoría e investigación por el uso de estos recursos públicos es una responsabilidad única del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), evadiendo, de esta manera, la acción penal. También incluye a fundaciones y organizaciones no gubernamentales. |
| Reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Las reformas de los artículos 5, 86, 50 y otros. | Blindan a los funcionarios públicos de la acción penal (en su lugar, se crea un auditor interno en cada dependencia gubernamental supeditado al TSC), se limita el acceso a información del Ministerio Público y del Instituto de Acceso a la Información, entre otras[18]. |
| Aprobación y ratificación del nuevo Código Penal, que entró en vigencia del 25 de junio de 2020. | Reduce las penas a delitos relacionados con la corrupción. |
Hay que agregar, que el Congreso Nacional jugó un papel de primer orden para que el Poder Ejecutivo que dirige Juan Orlando Hernández no renovara el convenio de la MACCIH. El Congreso Nacional envió a Juan Orlando Hernández un informe de evaluación de la MACCIH, recomendando que el convenio con la OEA no fuera renovado.
A lo anterior hay que agregar que Mauricio Oliva directamente ha sido señalado de estar implicado en casos de corrupción. En enero de 2018, la MACCIH dio a conocer que se estaba investigando a una red de al menos 60 diputados corruptos, entre los que citó a Mauricio Oliva. Oliva procedió a solicitar ante la Sala Constitucional, que se suspendiera el proceso de investigación en su contra por supuestos actos de corrupción ligados al saqueo de fondos públicos, mientras no fuera informado sobre las causas de su investigación. La acción legal fue admitida con suspensión del acto reclamado[19]. Después de estos hechos, no se volvió a conocer nada sobre la investigación por supuesta corrupción al presidente del Congreso Nacional.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Sociólogo, profesor de sociología en la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH) e investigador del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD).
[2] Ebal Díaz desmiente polémico video y asegura que la oposición lo editó, El Heraldo, 9 de octubre 2020 https://www.elheraldo.hn/pais/1414439-466/ebal-diaz-desmiente-polemico-video-declaraciones-pandemia
[3] Fernando Maldonado, “Más de 20 millones de lempiras habría desviado Nasry Tito Asfura”, El Heraldo, 27 de octubre de 2020, https://www.elheraldo.hn/pais/1418330-466/nasry-asfura-antejuicio-honduras-impuestos-corrupcion
[4] Héctor Silva, “Otro político acusado de corrupción quiere ser presidente de Honduras”, Insight Crime, 6 de noviembre de 2020, https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/politico-corrupcion-presidente-honduras/
[5] Marilin Pastrana, “Desde 2019 se investiga al alcalde Tito Asfura, asegura Luis Javier Santos, jefe de la UFERCO”, Radio HRN, 27 de octubre de 2020, https://www.radiohrn.hn/elecciones-honduras-desde-2019-se-investiga-al-alcalde-tito-asfura-asegura-luis-javier-santos-jefe-de-la-uferco
[6] “Las turbias transferencias del alcalde de Tegucigalpa Tito Asfura”, Expediente Público, 2 de noviembre 2020 https://expedientepublico.org/las-turbias-transferencias-del-alcalde-de-tegucigalpa-tito-asfura/
[7] Ley de Municipalidades (Honduras: Poder Legislativo, 1993) artículo 28 según reforma por decreto 127-2000. https://portalunico.iaip.gob.hn/portal/ver_documento.php?uid=NTc5MTg5ODkzNDc2MzQ4NzEyNDYxOTg3MjM0Mg==
[8] “Las turbias transferencias del alcalde de Tegucigalpa Tito Asfura”, Expediente Público.
[9] Reitoca es uno de los municipios más pobres ubicado en el sur del departamento de Francisco Morazán.
[10] Ibíd.
[11] Jonathan Girón, “Abogados de Tito Asfura solicitan ampliación para entrega informe de antejuicio”, Once Noticias, 30 de noviembre 2020, https://www.oncenoticias.hn/abogados-de-tito-asfura-solicita-ampliacion-para-entrega-informe-de-antejuicio/
[12] CNA, Cien años de corrupción e impunidad en Honduras, 2017.
[13] Oscar Estrada, “Miguel Pastor, el final de un clan político” El Pulso, 27 de septiembre de 2019, https://elpulso.hn/?p=34028
[14] “Ministerio Público realiza operativos en instituciones del Estado donde se investigan actos de corrupción”, Criterio, 27 de julio 2018, https://criterio.hn/ministro-publico-realiza-operativos-en-instituciones-del-estado-donde-se-investigan-actos-de-corrupcion/
[15] “Trans-450 comenzará a funcionar en el 2020”, El País, 18 de septiembre 2018, https://www.elpais.hn/tag/trans-450/
[16] “En 2020 comenzará a operar el Trans-450 en Tegucigalpa”, La Prensa, 16 de septiembre de 2018, https://www.laprensa.hn/honduras/1216883-410/trans-450-tegucigalpa-honduras-bus-prestamo-
[17] Las Categorías de clasificación son: Reservada, Confidencial, Secreta y Ultra-Secreta, en relación con el grado de protección que se requieran […] (Artículo 4). Las clasificaciones… corresponderán única y exclusivamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad […] (Artículo 5). Los periodos para la desclasificación van desde los cinco (5) años hasta los veinticinco (25) años que, además, pueden ser prorrogables […] La solicitud de desclasificación debe ser presentada ante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad única y exclusivamente por Fiscal General de la República quien se excusará en la discusión de dicha solicitud, así como en la votación de la misma (Artículo 7). La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida popularmente como la Ley de Secretos, Decreto 408-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 07 de marzo de 2014.
[18] CESPAD, “Indiferencia estatal ante la demanda ciudadana de renovación de la MACCIH”, 2019.
[19] “Corte ordena suspender investigación contra Mauricio Oliva”, Criterio, 13 de septiembre 2018 https://criterio.hn/corte-ordena-suspender-investigacion-contra-mauricio-oliva/
