Análisis | Desafíos 2021: desbloquear las reformas legales e institucionales en materia electoral

José Ochoa, analista del CESPAD
16 de enero, 2021

El año 2020 ha dejado en Honduras un marco legal e institucional electoral en tensión que se explica, en parte, por la transición de un modelo conducido por el bipartidismo a otro multipartidista, en el cual es más complicado alcanzar e implementar acuerdos aunque sí garantiza más pesos y contrapesos.

A continuación se hará un repaso de la coyuntura actual en estos ámbitos, a partir de los acontecimientos del año recién pasado y sus desafíos para 2021.

1. Tensiones en la reconfiguración tripartita de organismos electorales.- En 2020 ha iniciado la reconfiguración real de la institucionalidad electoral, pues a la estructura del bipartidismo histórico (Liberal y Nacional) se ha sumado ahora personal del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), por su importante caudal de votos. Dichos cambios no han garantizado aún el mejor funcionamiento ni la transparencia en las instituciones responsables de las elecciones, cuyos males endémicos y cultura organizacional prevalecen. No obstante, a diferencia del pasado donde había complicidad para distribuirse y ocultar las malas prácticas, ahora hay contrapesos, disensos y salen a la luz los diferentes intereses.En el Consejo Nacional Electoral (CNE), por ejemplo, el reto mayor a corto plazo es resolver la tensión entre una nueva visión antifraude de sus nuevas Consejeras y la que mantienen las estructuras del anterior Tribunal Supremo (TSE), responsables de las tan cuestionadas últimas dos elecciones. Otro desafío ha sido y será la independencia del nuevo Tribunal de Justicia Electoral (TJE) para que tenga un funcionamiento efectivo, pues no ha tenido apoyo presupuestario del Poder Legislativo ni ha contado con oficinas propias, aunque sí con un equipo humano que, en principio, se ha organizado bien para sobrevivir en su primer año de funcionamiento.
2. Un censo actualizado aunque persisten inconsistencias.- El Registro Nacional de las Personas (RNP) ha sido, por su parte, la institución que más problemas ha tenido en 2020, especialmente por la complicada tarea de depurar la base del censo nacional electoral al tiempo de dotar a la ciudadanía de un nuevo documento nacional de identificación (DNI). Aún y cuando se ha logrado avanzar en la depuración censal (como la eliminación de defunciones y personas migrantes), el propio CNE y todos los partidos políticos -tanto los que forman parte del RNP como los de menor caudal electoral- han llamado la atención sobre los errores, las irregularidades y los resultados de este proceso de enrolamiento.Tarde o temprano, la clase política tendrá que enfrentar el reto de despartidizar la gestión del RNP, es decir, que su personal directivo deje de ser nombrado y de responder a lineamientos de los partidos, lo cual será fundamental para corregir los actos de corrupción que le han acompañado. La institución debe ser más técnica que política pues su función, que va más allá de los cálculos electorales, es fundamental para la gestión de datos de la ciudadanía y para la seguridad nacional. Todavía cuenta, para ello, con funcionarios registrales que tienen experiencia en la materia. Mientras tanto, a corto plazo deberá el RNP resolver las inconsistencias del censo y enrolar a quienes haga falta antes de las elecciones de noviembre próximo.
3. Inscripción de partidos no significa más democracia sino mayor fragmentación.- El CNE ha inscrito 3 nuevos partidos en el año 2020, con lo cual suman 14 los que están legalmente inscritos para participar en las elecciones generales, aunque no tendrán primarias por no contar con estructuras suficientes. Tal cantidad de partidos significará, a corto plazo, una dispersión de votos y cierta confusión en el electorado con tantas opciones en los diferentes niveles de elección (por ejemplo, la boleta de diputaciones en Cortés y Francisco Morazán tendrá casi 300 fotografías), lo cual beneficiaría al partido mejor organizado y con más recursos. A mediano plazo, una Cámara Legislativa más fragmentada tendrá dificultades para articular consensos y, en el contexto hondureño, el riesgo de que sean controlados los diputados de bancadas minoritarias.Paradójico es concluir que Honduras no es más democrática hoy, con 14 partidos, que cuando tenía cinco hace una década. En vista de ello, se constituye en un desafío para el CNE y el TJE, cada cual en las materias de su competencia, apoyar a todas las organizaciones políticas, garantizar los derechos políticos de sus militantes pero también cancelar la personalidad jurídica a los partidos que no funcionen realmente. Uno de los retos es que todos ellos sean realmente plataformas para facilitar una mayor participación política de la mujer y de grupos excluidos, reflejen diferentes intereses e ideologías y contribuyan a la democratización del Congreso.
4. ¡Campaña abierta! Convocatoria electoral para marzo de 2021.- A la clase política hondureña, caracterizada por su peculiar forma de hacer campañas con propaganda mesiánica y caudillista, no le ha frenado el COVID-19, ni las emergencias por las inundaciones, ni las denuncias de corrupción y se ha enfrascado en una abierta lucha interna, entre movimientos de los partidos políticos que participarán en las elecciones de este 14 de marzo. En los últimos 5 meses de 2020, esta precampaña ha contribuido al entusiasmo del voto duro de los partidos y a creer que las elecciones son la respuesta a los problemas del país, pero también se ha realizado mítines y pequeñas concentraciones sin respetar distanciamiento social ni medidas de bioseguridad (las sesiones presenciales del Congreso, en cambio, han sido suspendidas desde el 7 de abril de 2020 dizque para evitar contagios).La importancia de las elecciones primarias e internas radica en que estos tres partidos suman más del 90 por ciento de votos para diputaciones y cargos municipales en las elecciones generales. Por tanto, es altamente probable que de aquí surjan las candidaturas ganadoras para presidente de Gobierno, diputadas, diputados, alcaldes y alcaldesas. Surge de aquí, entonces, el importante desafío de garantizar la transparencia y la integridad también de estos comicios, a lo cual debería apuntar la institucionalidad con el apoyo de veeduría ciudadana, en tanto son elecciones realizadas con fondos públicos. Asimismo, será una oportunidad para renovar o confirmar a los comités, consejos y directivas de ámbito nacional, departamental y municipal de los partidos políticos mayoritarios.
5. Consensos, disensos y bloqueos para la nueva legislación electoral.- Uno de los mayores logros de la élite política hondureña en 2020 ha sido consensuar reformas electorales pero que es, al mismo tiempo, una de las mayores decepciones porque no se ha aprobado en la Cámara Legislativa. Al 30 de diciembre de 2020, la discusión de la nueva Ley Electoral se dejaba en el artículo 249 de 328 en total y a eso se añade que varios artículos no se han tocado y están «pendientes» para consensuarse después. La bancada nacionalista, dueña absoluta de la agenda legislativa aún sin ser mayoría en el pleno, ha gestionado magistralmente casi 4 meses de deliberaciones y, con las excusas de la pandemia, de las inundaciones y de los proyectos urgentes del Poder Ejecutivo, tiene en cámara lenta los temas electorales a pesar de los consensos previos entre P. Nacional, LIBRE y P. Liberal.Frente a estos retrasos y vacíos provocados por no aprobar la nueva legislación, el Congreso ha optado por un decreto «especial» que habilita al TJE a emitir por sí mismo, reglamentos o manuales de procedimientos jurisdiccionales relacionados con las elecciones partidarias. Uno de los desafíos a corto plazo, al respecto, es aplicar el mecanismo de alternancia de género en las planillas de los partidos, para garantizar una mayor participación de la mujer. Por otro lado, iniciar de inmediato con la retrasada aprobación de la Ley Procesal Electoral, como instrumento para avanzar en el ejercicio de los derechos políticos.

En esta materia, para lo que sí ha existido celeridad y acuerdo entre el P. Nacional y una facción de la bancada liberal es en aprobar una contrareforma (reformar algo ya reformado) a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, que faculta a los movimientos de los partidos a designar cualquier persona -que puede ser diferente al candidato presidencial- para recibir contribuciones de personas naturales o jurídicas y aperturar cuentas bancarias, a nombre de dicho movimiento. Esta iniciativa, que fue cuestionada por LIBRE y PINU por ir contra la transparencia y favorecer a la corriente rosenthalista del P. Liberal, fue introducida de imprevisto y aprobada por mayoría simple.

A manera de conclusión, lo cierto es que las reformas normativas e institucionales en material electoral implican un proceso a largo plazo, que debe ir más allá de las próximas elecciones. En tanto la voluntad política dista de corresponder con las expectativas sociales y el panorama pre-electoral genera desconfianza ciudadana, también requerirá mayor influencia de la sociedad civil, tanto en el ámbito nacional como territorial.

 Hechos relevantes sobre normativa e institucionalidad política en 2020