Presidente de Honduras ¿a las puertas de una acusación formal en New York?

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Por Alessandra Bueso
periodista del CESPAD
Parte I de II

No son solo las declaraciones de Geovanny Fuentes las que desnudan la vinculación de Juan Orlando Hernández con la narcoactividad. La declaración de Fuentes, catalogado como un narcotraficante violento a gran escala, es apenas una de muchas y variadas evidencias que durante años ha recolectado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y que, según conocedores de tema, indican que el presidente de Honduras podría estar a las puertas de una acusación formal por ligues con el narcotráfico.

En la mayoría de las declaraciones de personajes del mundo del narcotráfico que han sido extraditados desde Honduras, en poder de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, se le señala como CC-4 (Co Conspirador cuatro), pero se deduce que se trata de Juan Orlando Hernández por el contexto en el que se cita y, más en específico, porque que se le describe como hermano de Juan Antonio Hernández Alvarado, entre otros elementos. Pero son varios los procesos en los que aparece mencionado CC4, como autor principal de toda la trama de drogas en Honduras y quien desde antes de ser Presidente, según revelan los documentos de la Fiscalía Neoyorquina, cuadraba a la perfección su esquema de operación con el narcotráfico, apoyado por su hermano Tony Hernández a quien se le conoce popularmente como TH, y quien se volvió el intermediario de los carteles hondureños, desde el año 2013.

Por ese contexto, para el exdirector Operativo Internacional de la Agencia para la Administración del Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Mike Vigil, “sí se puede presentar el caso judicial en Estados Unidos, si no es que ya está formulado y permanece como documento sellado en los expedientes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.

Con el documento presentado el 8 de enero, al Juez Kevin Castel, se devela cómo se cooptó toda la institucionalidad en el país y que, incluso, las fuerzas del orden llamadas a dar seguridad a los hondureños, se volcaron para proteger los cargamentos de droga de los narcos y esto solo evidencia, según analistas, que la administración de Juan Orlando Hernández ha convertido a Honduras en un narcoestado.

“Desde la detención de su hermano Tony Hernández en Estados Unidos y su posterior condena, se revela cómo la estructura tuvo la institucionalidad a su servicio. Del Presidente Hernández, identificado por la Fiscalía como Co-Conspirador cuatro o CC4, hay mucha información de cómo protegió al narcotráfico, los aviones que están aterrizando en La Mosquitia, lanchas y barcos llegando a Honduras”, afirmó el exdirector operativo de la DEA al CESPAD.

Desde que Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, reveló a los Fiscales de Nueva York sus nexos con el Cártel de Sinaloa y habló del financiamiento que el mismo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido como “El Chapo” Guzmán, dio para la campaña de Juan Orlando Hernández, se evidenció que ese millón de dólares fue parte de los sobornos y de los pagos que los narcotraficantes hondureños capturados y extraditados le dieron para su carrera política y peculio personal.

Mike Vigil, exdirector Operativo Internacional de la Agencia para la Administración del Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).
Mike Vigil, exdirector Operativo Internacional de la Agencia para la Administración del Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Los datos del documento 224, del expediente Case 1:15-CR-00379, evidencian cómo Geovanny Fuentes Ramírez, hondureño capturado en el mes de marzo del 2020, en Miami, usó las ganancias de las drogas para financiar la campaña política de Juan Orlando Hernández entre y para sobornar a políticos, al menos a un juez y también a las fuerzas del orden público: Policías y Militares.

Se teje la acusación

Transcurren dos años desde aquel noviembre del 2018, cuando Tony Hernández fue detenido en el aeropuerto de Miami. Desde entonces, la Fiscalía neoyorkina ha recopilado abundante información sobre CC4. No sólo son las declaraciones de Fuentes Ramírez, quien señala los negocios que sostuvo con Tony Hernández y con su hermano, el presidente de Honduras, también varios narcotraficantes han declarado que “financiaron su campaña, que los protegió, que les prometió no extraditarlos, que les dio seguridad y que, inclusive, les solicitó la venta de empresas para el blanqueo de capitales”.

Esa es parte de la información que ha salido a luz a través del juicio de TH, de los memorándum de sentencia en otros procesos como el de Fredy Renán Nájera Montoya, pendiente de una sentencia que está programada para el 5 de marzo de este año y ahora en el MOTIONS IN LIMINE, que presentó la Fiscalía de Nueva York al Juez Castel, y que explica por qué debe ser incluía la evidencia propuesta por la Fiscalía en el caso.

“Está cerca la acusación contra Hernández. Entre más tiempo más testigos salen y cuando hay más detenciones de narcotraficantes que han tratado con el Presidente Hernández u oficiales, al ser capturados buscan salvar su pellejo y declaran contra los corruptos”, agrega el entrevistado.

Vigil dice que no duda de las declaraciones que han dado los narcotraficantes, ni de la evidencia, porque una tan sola mentira de los narcos “les bota” cualquier acuerdo con la Fiscalía. “Ellos saben que si se quieren salvar tienen que colaborar y todo lo que dicen debe ser 100 por ciento creíble. No dudo de las declaraciones de esta persona; si mienten sabe que les afectará, saben que tienen que declarar y decir la verdad”, insiste en afirmar.

Lo mismo opina Jesús Esquivel, corresponsal de la Revista Proceso de México en Washington. Él ha seguido de cerca los procesos judiciales de grandes capos mexicanos en Estados Unidos como el de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Conoce la forma, dice, en la que la Fiscalía hilvana las investigaciones para presentar en los juicios, evidencia contundente para no perder el caso.

Jesús Esquivel, corresponsal de la Revista Proceso de México, en Washington.
Jesús Esquivel, corresponsal de la Revista Proceso de México, en Washington.

“La Fiscalía está recopilando la información para presentar un caso judicial. Una vez que tenga todas las personas y las pruebas, actuarán. Al Gobierno de Estados Unidos no le va a importar si es Presidente o no. Si un gran jurado recibe las evidencias que lo acusan, no importa que sea Presidente o no. Lo pueden encauzar desde ahora y no importa cuánto le falta. Recordemos el caso de Noriega. El sistema judicial norteamericano por eso sella los encauzamientos, para asegurar las capturas”, explicó Esquivel.

El ejemplo más claro que da el periodista de PROCESO a CESPAD, es el caso del General Salvador Cienfuegos Zepeda, militar y político mexicano (titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, del periodo 2012 al 2018), acusado de usar su rango elevado para ofrecer una protección a miembros de un cartel de drogas, alertándoles sobre operaciones militares contra ellos y dirigiendo el ejército y sus recursos contra otros rivales. También fue acusado de crímenes de narcotráfico, de recibir sobornos millonarios, y de introducir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana a los Estados Unidos.

La acusación de Cienfuegos estaba sellada, pero una vez que el militar llegó a territorio estadounidense fue detenido. Era un caso sellado, se abren una vez que tienen a la persona en su poder o que va a ser extraditado, agrega Esquivel.

Vigil, por su parte, dice que la posición territorial de Honduras convirtió al país en “un trampolín”, especialmente de cocaína y que aunque pasen meses o años se hará justicia.  “A Estados Unidos no se le olvidan los delitos cometidos y tarde o temprano llega la justicia”.

Juan Orlando Hernández y las alianzas con el narco

El último documento presentado por la Fiscalía de Nueva York, como MOTIONS IN LIMINE, previo al juicio de Geovanny Fuentes Ramírez, demuestra cómo la institucionalidad ha estado al servicio del narco. Cada hondureño extraditado, capturado o que se ha entregado de manera voluntaria, repite lo mismo: “operamos bajo protección de las autoridades, nos prometieron no extraditarnos, financiamos la campaña política y dimos sobornos”.

El documento detalla las acciones que acontecieron en el año 2013, cuando se estableció que Fuentes se asoció directamente con CC4, (Político de alto rango identificado en el documento como el hermano de Tony Hernández, en otras palabras, Juan Orlando Hernández Alvarado). “En ese momento, CC-4 buscaba ser electo Presidente de Honduras como miembro del Partido Nacional de Honduras (el «Partido Nacional»). Leonel Rivera testificará que ellos y otros narcotraficantes estaban pagando sobornos masivos a CC-4 a cambio de protección de las fuerzas del orden y de la extradición a los Estados Unidos”, dice el escrito de los fiscales.

El documento de la Fiscalía es sobre el testimonio del acusado y es claro: Juan Orlando Hernández asistió a reuniones con el acusado, en una empresa del Departamento de Cortés, que se identifica en el documento como (“Business-1”). Que el propietario de ese negocio es señalado como («Propietario-1»), quien era uno de los más grandes aportantes financieros del Partido Nacional, del cual Fuentes tenía una relación de larga data tanto con la empresa como con el Propietario1. En esa empresa Fuentes “lavó las ganancias del tráfico de drogas”.

En 11 años, del 2004 al 2015, Geovanny Fuentes proporcionó grandes cantidades de dólares a los empleados de Business-1 que, siguiendo las instrucciones del Propietario-1, depositaban en las cuentas bancarias de la empresa. A cambio, Fuentes recibiría cheques de Business-1.

Durante las reuniones en la empresa Business-1, estuvo presente CC-4 (Juan Hernández), Hernández (Tony) y el Propietario-1. En más de alguna ocasión, señala la Fiscalía, fueron observadas por un testigo (“Testigo-1”) que describe que CC-4 le solicitó grandes contribuciones para la campaña a la empresa de la costa norte de Honduras.

“CC-4 también habló sobre la corrupción pública que él mismo generaba. Explicó que utilizaba dinero de ayuda proporcionado por Estados Unidos, el que se canalizaba a través de Organizaciones No Gubernamentales de  fachada y así desviaba los recursos que, incluso, eran del Sistema de Seguridad Social de Honduras”, dice el documento. Así, CC-4 recibió cheques de la empresa Business-1, por montos de aproximadamente 250.000 lempiras en cada ocasión que se reunía en la empresa.

Según la Fiscalía, Geovanni Fuentes entregaba a Juan Hernández, aproximadamente decenas de miles de dólares a cambio de “una promesa de protección por parte de CC-4, de la Policía y también de contar con el apoyo militar para operar libremente en sus actividades de narcotráfico”. Pero el interés de Hernández también era el acceso al narcolaboratorio que Fuentes tenía en Omoa, Cortés, porque era un punto muy próximo al principal puerto de Honduras: Puerto Cortés.

Sabía que era accesible y por eso acordó utilizar a las Fuerzas Armadas de Honduras como seguridad, para las actividades de narcotráfico que realizó Geovanny Fuentes.

Materiales y equipo encontrados en el laboratorio de cocaína que, de acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, era de interés para Juan Orlando Hernández por su cercanía con Puerto Cortés, el puerto de envío clave y más importante de Honduras, ubicado en la costa norte.
Encuentran narcolaboratorio en la comuniadad de Cerro negro montaña el merendon, entre los municipios de choloma y Omoa departamento de cortes. Foto archivada el 29 de Julio de 2,015 fotos Jose Cantarero.

CC-4 dijo que el Fiscal General de Honduras ayudaría a proteger las actividades de narcotráfico del acusado; (iv) CC-4 dijo que Tony Hernández manejaba actividades de narcotráfico en Honduras, que Fuentes debía reportar directamente a Tony Hernández todas las actividades de narcotráfico, y CC-4 le proporcionó al acusado el número de teléfono de Tony Hernández; y (v) CC-4 dijo que quería que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico, pero que iba a eliminar la extradición y meter las drogas en las narices de los gringos, refiriéndose a inundar los Estados Unidos con cocaína”, dice de forma literal el documento de la Fiscalía de Nueva York.

Un apoyo de ese nivel solo generó en Fuentes emoción; estaba contento de contar con la protección de CC4 y por eso acordó trabajar con él y su hermano para importar cocaína a los Estados Unidos.

Así comenzó a recibir el apoyo de miembros de alto rango del ejército hondureño. “Por ejemplo, en varias ocasiones el imputado portaba un fusil verde que, según dijo, le fue entregado por (“CC-13”), entonces comandante de la 105 Brigada Militar. El acusado también recibió otro equipo del ejército, incluida una caja que contenía uniformes militares, chalecos antibalas e insignias de la policía. La caja contenía una nota que decía “Geovanny Fuentes” con un sello de la 105 Brigada Militar”, refiere el escrito.

Tony Hernández fue el enlace de los narcos, el que recibía las solicitudes de ayuda que ocupaban los carteles y el que canalizaba también los sobornos, los pagos que por esa “protección” daban los narcos a Hernández. Así operaron. Eran las reglas del juego que manejaron hasta que un 23 de noviembre, la DEA detuvo a Tony y “la olla” comenzó a destaparse.

Quién es Geovanny Fuentes?

Geovanny Fuentes Ramírez es considerado por la Fiscalía de Nueva York como un narcotraficante a gran escala y violento. Hombre de negocios que se asoció con altos funcionarios públicos, aseguró que siempre operó bajo la protección de los líderes del Partido Nacional, así como las autoridades: Policía Nacional y el Ejército hondureño.

Estableció alianzas con varios narcotraficantes y dos de ellos, pertenecientes a la agrupación  Los Cachiros, son los testigos cooperantes en su contra, que han develado los sobornos masivos que pagó a cambio de protección. Su juicio está previsto para el 8 de marzo del 2021, a las 9:30 am.