Luchas de alto riesgo: lo que enfrentan las mujeres que deciden defender sus territorios

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Foto Claudia Mendoza.

Por Claudia Mendoza
Periodista del CESPAD

No hay un dato exacto que indique cuántas mujeres en Honduras, en el 2020, libran luchas en sus comunidades y territorios. Lo que sí se sabe es que son cientos de mujeres que han pasado a formar parte de una dinámica que las ha convertido en defensoras de sus ríos, tierras y territorios pero, también en sujetas perseguidas, criminalizadas y judicializadas, y, en muchos casos, despreciadas por la sociedad.

Estaba con su particular musue (pañuelo, en garífuna) enrollando su cabeza y su dunigu (bata), ataviando su cuerpo. Al entrar a su oficina, en Tegucigalpa, el recuerdo de Berta Cáceres, la lideresa indígena, defensora de los territorios Lencas, asesinada en el 2016, nos acompañó durante el tiempo que duró la entrevista. Yéssica Trinidad ha decorado la sede de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, con semillas, plantas, frutos secos, fotografías, más un altar en honor a Berta, porque su corazón se ha entregado a la lucha por la defensa de derechos humanos y a acuerpar la lucha de cientos de mujeres que en Honduras, se han convertido en defensoras de sus propios derechos humanos.

El concepto quizás aún resuene lejano, distante, para muchos sectores de la sociedad. En el interior de muchas comunidades de Honduras, el rol de defensoras de derechos humanos que han adoptado muchas mujeres es poco conocido y lleno de vicisitudes. “El papel que jugamos las mujeres en defensa de la vida es una cosa tan importante como saber que si un río deja de correr, cambia totalmente la forma en cómo la comunidad convive”, se adelanta en decir al respecto, Yéssica.

Esta mujer, quien es la coordinadora de la Red de Defensoras y también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), conoce con propiedad del tema. Ella misma ha estado al frente de luchas en las que también ha sido receptora de discriminación, persecución y amenazas. “En diferentes ocasiones he estado en riesgo por la labor que hago en defensa de la vida y por el acompañamiento; el hecho de acompañar a defensoras de derechos humanos es, en sí, un riesgo que me ha dejado amenazas”, dice esta mujer que se define como Garífuna y dirige una organización que aglutina a unas 27 organizaciones del movimiento social, organizaciones feministas y de defensa de derechos de las mujeres y de la comunidad Lésbico-gay, entre muchas más, al igual que a defensoras a título individual.

La Red de Defensoras mantiene en su sede un altar en honor a Berta Cáceres, la lideresa Lenca que fue asesinada en el 2016 en Honduras, por la lucha contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Gualcarque en la comunidad de Río Blanco, Intibucá.

Un país que avanza con fuerza en la concesión inconsulta de sus territorios

Según el estudio Territorios en Riesgo II, Minería, generación de eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, en el país había un total de 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía que se han emitido, hasta julio del 2018. De ese total, 47 eran concesiones mineras y 25 proyectos de generación de energía estaban dentro de áreas protegidas. Por otro lado, y no menos preocupante, de acuerdo con el documento Situación de la Generación de la Energía Eléctrica a través de Energía Fotovoltaica en Honduras Julio 2015 – Marzo 2018”, unos 16 proyectos de generación de energía fotovoltaica se ejecutan actualmente en Honduras, en particular en algunos departamentos del occidente y sur del país (Santa Bárbara,  Choluteca y Valle).

La embestida de la concesión inconsulta y arbitraria de territorios, en particular para el extractivismo, ha sido fuerte en el país en los últimos 10 años, desatando una serie de conflictos socio-territoriales en los cuales la protagonista (en muchos casos con un número superior al de los hombres), es la mujer.

No por gusto, el informe Luchas de alto riesgo: las mujeres en primera línea en defensa de la tierra y el territorio, realizado por We Effect, destaca que América Latina está entre las regiones más peligrosas del mundo para las personas que defienden derechos, pero también está considerada como la región más peligrosa para las mujeres. Y de hecho, basta sumergirse en el mundo de las redes sociales o del mundo ciberespacial, en general, para darse cuenta que en conflictos famosos como el de Guapinol (en Tocoa), el de Río Blanco (en Intibucá), el de ADEPZA (en Valle), o el de La Unión (en Copán), muchas mujeres hondureñas son las protagonistas de luchas por la defensa de la vida, pero lo hacen a un costo sobre el cual se debe meditar.

“Ser defensor privilegia a un hombre… a una mujer la desprestigia”

Para sostener las acciones en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, muchas comunidades han tenido que hacerle frente a quienes invaden sus tierras, con la instalación de campamentos en las zonas en pugna. Yéssica hace la analogía entre las luchas que libran los hombres y las mujeres al destacar que a un hombre que defiende su territorio se le considera líder, un hombre de valor, consciente, afincado en el ideal del bienestar colectivo de las comunidades, de sus hijos, etc. Sin embargo, en pleno siglo XXI, la mujer que se suma a estas luchas con las mismas circunstancias que un hombre, aún se enfrenta a estereotipos que la consideran “haraganas o malas madres” porque dejan botado su hogar, o prostitutas porque se vinculan con muchos hombres.

“A nosotras nos desprestigian por el rol que está establecido para nosotras las mujeres y que tiene que ver con el cuidado del hogar desde una mirada patriarcal y machista de las sociedades”, agrega Trinidad.

Sin embargo, más cruel que lo anterior resulta la violencia y el acoso sexual que en lo interno de las propias estructuras de defensa de derechos humanos y/o territoriales se teje en silencio y en contra de las propias defensoras.

Yéssica expone este problema con un ejemplo vivido por otra defensora que pidió ayuda a la Red. “Hubiese preferido estar bajo la bota de Miguel Facussé (terrateniente que por años, y hasta antes de su muerte, usurpó las tierras de muchos grupos indígenas y campesinos en Honduras). Una está, en cierto sentido, preparada para enfrentar la violencia del enemigo, de la empresa extractiva. Pero es muy difícil reaccionar al acoso sexual de tus propios compañeros de lucha”, critica.

Y es que para esta lideresa, la palabra de la mujer aún atraviesa procesos de deslegitimación. “Se pone en cuestionamiento lo que diga la mujer, pero no lo que afirma el hombre. Tiene que ver con el patriarcado pero también con el discurso de la unidad. Entonces, ¿somos responsables de la desunión de un movimiento?…eso debe cambiar”, dice con contundencia.

Yéssica Trinidad es la Coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, una organización que aglutina a unas 27 organizaciones que defienden derechos humanos en el país.

Es decir, el machismo organizacional y el hostigamiento que se genera dentro de las estructuras que luchan por defender los derechos de la colectividad, muchas veces desdibuja con situaciones que las defensoras muchas veces callan por el temor a las represalias.

Las agresiones, los asesinatos y la condición de ser mujer para una defensora

Siguiendo con el informe Luchas de alto riesgo: las mujeres en primera línea en defensa de la tierra y el territorio, resultan preocupantes los datos que indican que “Solamente en el 2019, 304 personas defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente fueron asesinadas a nivel global. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en América Latina. Gran parte de las personas asesinadas eran de las zonas rurales, campesinas e indígenas, a quienes les quitaron la vida por defender su derecho a la tierra y el territorio. El modelo de desarrollo dominante es devastador y los desafíos en el trabajo son evidentes”.

La Red de Defensoras también tiene datos nada halagadores. El documento, La normalidad siempre ha sido el problema. Informe de agresiones a defensoras de derechos humanos en Honduras. Enero a julio 2020, establece que “Las mujeres defensoras tienen como promedio 43 años y son las más agredidas aquellas que defienden la tierra y el territorio, seguidas por aquellas que defienden los derechos relacionados con el cuerpo y autonomía de las mujeres, que incluye los derechos sexuales y reproductivos y el de una vida libre de violencia”.

Según la Red, entre marzo (mes en el que se registró el primer caso de coronavirus en Honduras) y septiembre del 2020, se documentaron unas 530 agresiones a defensoras, de las cuales 100 fueron agresiones personales, 425 colectivas y a 5 institucionales. “Muchas veces las mismas defensoras no reconocen las agresiones, no están interesadas en nombrarlas o simplemente dejan este registro para un después que no llega. A veces tenemos que perseguirlas para que nos cuenten sus incidentes y, en muchas zonas donde solicitan, no alcanzamos a llegar. Por eso estos datos son preliminares, porque cada agresión registrada ocurrió, pero hay un sub-registro que a lo largo del año intentamos reparar”, dice.

Sin embargo, las que deciden hablar dan cuenta de situaciones desagradables que tienen que ver exclusivamente con su condición de mujer y su cuerpo. “A un hombre no lo van a intentar violar, no lo van a amenazar con que le van a abusar de sus hijas. El hombre vive con el temor que su hija es víctima de acoso sexual porque está en la lucha. Cuando lo detiene la policía, el hombre no tiene que taparse para evitar que le toquen el pene o los testículos. A nosotras nos manosean; las mujeres nos enfrentamos a las amenazas, agresiones y persecución a este tipo de violencia que no le pasa a los hombres”, afirma Trinidad.

En lo que van del 2020, la Red documenta el asesinato de siete defensoras de derechos humanos. Sin embargo, preocupa el de las cuatro que pertenecían a la comunidad Lésbico-gay, por la saña con la que se les quitó la vida. “Signos de abuso sexual, ahorcadas. Es diferente. Es raro que encuentres a un defensor de derechos humanos al que le hayan cercenado los senos, como sí ha pasado con compañeras”, dice la entrevistada, mientras agrega que esta es una situación muy preocupante para la organización que dirige.

Por otro lado y no menos preocupante, esta organización documentó en un estudio que en el año 2018, 682 mujeres fueron llevadas a los tribunales de justicia de Honduras, la mayoría judicializadas por delitos como usurpación de tierras. “En varios de los informes, las defensoras de tierra y territorio son las más perjudicadas y perseguidas; tiene que ver con las políticas de despojo que hay en el país”, agrega la entrevistada.

La remilitarización, las luchas territoriales y su efecto en las mujeres defensoras

En las últimas dos administraciones gubernamentales (Gobierno de Juan Orlando Hernández), Honduras ha vivido lo que entendidos en el tema llaman la re-militarización del país, concebida como un retroceso democrático y una de las amenazas más peligrosas para que se consolide en el país un régimen político autoritario y dictatorial. Ese fenómeno es evidente en los territorios en disputa entre las comunidades y las empresas, particularmente en donde acontece la instalación inconsulta de empresas mineras o proyectos hidroeléctricos.

En las zonas en conflicto, la presencia militar es evidente y las agresiones que muchas mujeres defensoras de los territorios han sufrido se han hecho públicas. “Nosotras mismas nos hemos enfrentado a grupos de militares, armados, educados para matar. No es lo mismo enfrentarse a un guardia de seguridad que cuida los proyectos extractivos y que tiene un arma. La concepción de un militar es de muerte, terror, eso significa. El uniforme les permite hacer cualquier cosa con la vida de una personas”, acota Trinidad.

La entrevistada cuestiona la evidente confabulación que hay desde el Gobierno Central con la presencia militar en las zonas y los ataques que sufren las defensoras y defensores de los territorios. “¿Cómo es que no van a saber o a controlar lo que los militares están haciendo al intimidar, asesinar o presionar a los pueblos? Lo saben, claro que lo saben, tienen toda esa información, el problema es que están vinculados con las empresas extractiva. Es muy difícil que hagan algo en contra de estas empresas si ellos tienen sus tentáculos allí”.

Consecuente con la valoración de la entrevistada, el informe de We Effect, que se basa en la situación de 12 organizaciones locales, aliadas de la organización en Guatemala, Honduras y Colombia, dice que “Las autoridades públicas, policías, militares, grupos armados ilegales, guardias de seguridad y/o empresas privadas son quienes amenazan e impiden el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de las activistas. En dos países centroamericanos, Honduras y Guatemala, todas las organizaciones dijeron vivir bajo amenazas constantes a causa de su lucha por disponer y decidir sobre sus propias tierras y territorios. Las mujeres indígenas y campesinas son las más vulnerables, siendo objeto de hostigamientos, humillaciones, amenazas y abusos sexuales. 5 de las 12 organizaciones dijeron que su membresía se ha visto obligada a huir de sus hogares debido a la violencia y los ataques de que son objeto”.

En Honduras no hay un estimado de cuántas mujeres son defensoras de Derechos Humanos, sin embargo, Yéssica afirma que cada vez más rostros femeninos se hacen visibles en lo público, demandando el respeto de sus derechos. “Es muy difícil dar ese dato porque se trata de muchas organizaciones que forman parte de la Red, en nuestro caso, y que, a la vez, tienen en su haber hasta 200 comunidades. ¿Cómo calculamos cuántas mujeres se han sumado a la lucha en esas comunidades?, imposible”, agrega.

Pero sí se podrían escribir libros enteros con la diversidad de riesgos y situaciones que ponen en precario la integridad física y psicológica de las defensoras en este país centroamericano, en donde las mujeres se han ido abriendo a pulso, el camino para la vindicación de sus derechos y el de sus comunidades.

“Somos defensoras y no nos van a detener”, reza el lema de la Red de Defensoras. Y con esa expresión por delante, esta lideresa afirma que continuarán el trabajo hasta que los cambios se gesten desde la base de las comunidades y de la sociedad misma, y se respete a las mujeres de forma integral.