Colocando en el centro de discusión las diversas situaciones de violencia que enfrentan las mujeres, las medidas promovidas por las organizaciones de mujeres y feministas en Honduras, en el contexto COVID19, al igual que los avances sobre la aprobación de marcos jurídicos que solo han sido posibles con la incidencia y demanda activa del movimiento feminista, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), hace público el cuarto informe de monitoreo de la gestión pública, en el marco de la pandemia del COVID19, titulado “Las mujeres y la emergencia sanitaria en Honduras: una nueva lucha en contra de la histórica invisibilización de sus derechos”.
El documento hace énfasis en que ante la falta de atención y respuesta social del Estado de Honduras, las organizaciones de mujeres han creado estrategias para la atención de la crisis que enfrentaban las mujeres, sus familias y comunidades en lo interno de las organizaciones. El informe-monitoreo, que se realizó en el marco del proyecto “Veeduría ciudadana anticorrupción y el legado de la MACCIH”, financiado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC) y OXFAM, propone recomendaciones al Estado de Honduras, para apoyar las acciones de las organizaciones ciudadanas a articular a la sociedad en su capacidad para promover y alimentar el debate público en tiempos de pandemia.
Las violencias contra las mujeres y el impacto durante la pandemia
Si bien el documento destaca las diversas situaciones de violencia que enfrentan las mujeres desde que comenzó la pandemia, al igual que la falta de una respuesta oportuna y pertinente desde el Estado y Gobierno de Honduras, más en específico, el análisis que se hace en el monitoreo enlista y define problemas estructurales que evitan la vindicación de sus derechos: la exclusión en el diseño y aplicación de políticas públicas de emergencia; la precaria producción de información para asegurar la igualdad de oportunidades; la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la restricción para realizar trabajo de defensoría, la violación de las garantías judiciales y la desigualdad en el acceso a tecnologías. Cada una de estas categorías se analiza ampliamente en el informe.
Este apartado concluye trayendo a colación que las diferentes alertas y propuestas hechas por las organizaciones de mujeres y feministas, respecto al aumento de la violencia contra las mujeres, han sido enfáticas desde el inicio de la pandemia y desde que se decretaron las medidas de confinamiento autorizadas por el gobierno. Es decir, afirma el documento, “en el debate político público el tema ha estado posicionado sin que las autoridades del gobierno le den la importancia requerida”.
Recomendaciones por parte de los organismos internacionales
Relacionado con el abordaje de género en medio de la pandemia, el informe-monitoreo despunta las recomendaciones que algunos organismos internacionales han hecho para evitar la violencia contra las Mujeres, al Estado y gobierno de Honduras. La Organización de Naciones Unidas – Mujeres, para el caso, destaca la necesidad de “Garantizar que las regulaciones de cuarentena o de restricciones de movilidad contengan excepciones para las mujeres víctimas/sobrevivientes de violencia y sus hijas/hijos; fortalecer los mecanismos de alerta de emergencia, para facilitar los reportes en casos de urgencia, al igual que la identificación y la atención a la violencia de género por parte del sector Salud. Asimismo, garantizar que los servicios policiales y judiciales prioricen la respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas, durante y después de la crisis debida al COVID-19 y que sigan investigando, procesando y sancionando a los agresores, para facilitar el acceso a la justicia, a través de mecanismos virtuales y alternativos.
No menos importante, se pide “priorizar y reforzar el financiamiento de refugios/albergues/casas de acogida para mujeres que enfrentan alto riesgo de violencia; elaborar campañas, mensajes comunicacionales e intervenciones dirigidos a los hombres, recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre la violencia contra las mujeres y niñas durante la crisis, para orientar las políticas, las medidas de prevención y atención durante y después de la crisis, al igual que las soluciones”, entre otras.
Trabajo colectivo y de incidencia, frente a la individualidad de la pandemia
Un componente importante que destaca el informe, es que ante la falta de atención y respuesta social del Estado de Honduras, las organizaciones de mujeres han creado estrategias para la atención de la crisis que enfrentaban las mujeres, sus familias y comunidades en lo interno de las organizaciones. Con acceso a fondos de la cooperación internacional, se reorientaron recursos para ampliar la capacidad de atención legal y psicológica a víctimas y sobrevivientes de violencia.
En ese sentido, las mujeres adultas y jóvenes que pertenecen a diversas estructuras de las organizaciones de mujeres, han participado en los procesos de formación política y han liderado procesos de incidencia con los Comités de Desarrollo Municipal (CODEM), y los Comité de Desarrollo Local (CODEL) y las municipalidades, para exigir el uso coherente de recursos destinados a las mujeres.
Todas las acciones de contingencia han contribuido a atender algunas de las necesidades de las mujeres, a prevenir y reducir la violencia. Sin embargo, son los gobiernos los que tienen la obligación de proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos humanos con el objetivo de asegurar el derecho a la vida, es por ello que todas estas acciones colectivas, han sido acompañadas de acciones de incidencia política nacional, cuyo principal objetivo durante el mes de julio de 2020, fue el de la creación y aprobación de una ley de emergencia que permitirá la prevención y atención de violencia contra las mujeres y las niñas, así como del acceso a la salud pública, con enfoque de género.
Una política pública a favor de las Mujeres
El documento destaca el trabajo de las organizaciones de mujeres, como el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras-CEM-H), la que luego de un exhaustivo trabajo de incidencia, en coordinación con la Comisión de Género del Congreso Nacional (30 de julio de 2020), logró que se aprobara una Ley de Emergencia que permitirá la prevención y atención de violencia contra las mujeres y las niñas, así como del acceso a la salud pública, con enfoque de género.
Para las organizaciones de mujeres esto representa un hito porque es el resultado que emerge de un proceso de análisis e incidencia desde las mismas organizaciones y porque es urgente que se considere una prioridad para las trabajadoras domésticas remuneradas, madres solteras, mujeres garífunas e indígenas, atacando así una histórica doble discriminación basada en género y clase, la que, de manera sistémica, alimenta a la feminización de la pobreza.
Entre otros aspectos, el documento plantea una serie de rrecomendaciones al Estado de Honduras relacionados siempre con acciones tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres y femicidios; el empoderamiento económico integral Derechos sexuales y reproductivos; el trabajo doméstico remunerado; el fortalecimiento del trabajo que realizan las defensoras de derechos humanos de las mujeres; presupuesto sensible al género, participación política y ciudadana de las mujeres y, el respeto de los derechos de las trabajadoras de la maquila.
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