Por Alessandra Bueso, periodista del CESPAD
28 noviembre 2020
Estaban acusados de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude, soborno doméstico, cohecho, entre otros. Y aunque la UFERCO y el Ministerio Público presentaron evidencia de cómo utilizaron la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE, para sobrevalorar contratos hasta en 149% más, el valor del mercado, el Tribunal que llevaba el caso alegó insuficiencia de las pruebas y los 9 implicados en el caso Patuca III, fueron absueltos.
Todo comenzó el 18 de marzo del 2019, la UFECIC y la MACCIH llevaron a los tribunales a 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por valor de varios millones de lempiras. Pero el Tribunal que llevaba el caso alegó insuficiencia de las pruebas presentadas en el caso Patuca III, y ahora todos están libres.
“Absueltos”, así titulan la mayoría de los medios locales el caso denominado “Patuca III”, luego de que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción, alegara “insuficiencia de las pruebas” presentadas por el Ministerio Público en el caso Patuca III, por lo que, al no tener la certeza necesaria para encontrar la responsabilidad penal para los nueve acusados, decretó un fallo absolutorio.
Un fallo que duró dos horas
La lectura del fallo que se extendió por casi dos horas, determinó que para Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Juan José Villeda Mejía, Luisa Sofía Figueroa, Claré, y Elia Virginia Medina Zúñiga había absolución de responsabilidad penal, con base en lo que establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
En el caso del delito de fraude, que fue imputado a Juan José Villeda Mejía, Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizeth Salgado Pérez, Ada Amalia Puerto y Suyapa Lorena Rivera, también el Tribunal los absolvió. De igual manera, por el delito de soborno doméstico se les declaró sin responsabilidad penal a Francisco Arturo Mejía, Waldina Lizeth Salgado y Roberto Arturo Mejía.
Y a Juan José Villeda Mejía, acusado del delito de cohecho, también se le dejó libre de todo cargo. El Tribunal de Sentencia, también ordenó revocar de forma inmediata la medida de prisión preventiva a Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado y Waldina Lizeth Salgado Pérez. Asimismo, revocar también las medidas cautelares sustitutivas impuestas a Renán Alexis Maldonado Rodríguez, Juan José Villeda Mejía, Luisa Sofía Figueroa Claré, Elia Virginia medina Zúñiga, Ada Amalia Puerto Ramírez y Suyapa Lorena Rivera, en virtud del fallo absolutorio. El Tribunal de Sentencia señaló la audiencia para lectura de sentencia el lunes 14 de diciembre a las 10:00 am.
Antecedentes
Este caso fue presentado el 18 de marzo del 2019, inicialmente por la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción de la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC‐MP), y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), contra 10 ciudadanos acusados de defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por valor de varios millones de lempiras.
El proceso, que fue retomado por la Unidad Fiscal Especializada Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), presentó pruebas documentales, periciales y testificales para demostrar cómo los acusados fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado de Honduras utilizando a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE.
Cómo se fraguaba todo
En este caso, las pruebas mostraban cómo entablaron una red de corrupción que utilizó a la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UEPER) de la ENEE. El fraude, según las investigaciones, se producía al girar la invitación para presentar ofertas en el equipamiento de la unidad de viviendas del Campamento Base en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III. Esas invitaciones se giraban a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignando contratos millonarios sobrevalorados, obviándose procedimientos.
La investigación evidenció irregularidades en el proceso de adjudicación, sobrevaloración de bienes-objeto del contrato de suministro que en algunos casos eran hasta de un 149% del valor que tenían en el mercado, esos bienes. Incluso hubo falsedad en la recepción de bienes, donde se adjudicaban valores con los que fueron pagados sin que existiera una entrega real de los mismos.
Al final, el Tribunal determinó que no había fuerza probatoria para evidenciar los hechos que en su momento acreditó el Ministerio Público.
Es así como casi ha sido procesado, hasta el momento, por el sistema de justicia el caso Patuca III, el que junto a la Caja de Pandora, Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Caja Chica del Hermano, Licitación Fraudulenta del Seguro Social, Arca Abierta, Fraude sobre el Gualcarque, Aseguramiento de Bienes de la Caja Chica de la Cama y Narcopolítica, dejó como herencia el binomio MACCIH-UFECIC, y que ahora la UFERCO dirime ante el Sistema Judicial de Honduras.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
