Por Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD.
25 de noviembre, 2020
En enero del 2020 concluyó el convenio que daba vigencia a la Misión de Apoyo contra la Corrupción en Impunidad en Honduras (MACCIH), porque el Gobierno rechazó su continuidad. De esta manera, la Misión, que en el último año había conquistado la simpatía ciudadana, se fue del país. Con la salida de la MACCIH se fue también parte de la esperanza por avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El consenso en torno a la salida de la MACCIH, de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), constituyó una demostración evidente de los obstáculos grandes que enfrenta la lucha contra la corrupción en Honduras.
El 2020 ha sido un año favorable para las redes de corrupción e impunidad. Han estado beneficiadas por tres procesos. El primero, el debilitamiento de la institucionalidad anticorrupción, tras la salida de la MACCIH y la clausura de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Desde el Estado, queriendo minimizarse el hecho de la salida de la MACCIH, se construyó un nuevo discurso contra la corrupción. Así, los titulares de los poderes estatales anunciaron “un nuevo sistema de lucha contra la corrupción en Honduras”[1]. Mientras, el Fiscal General, Óscar Fernando Chinchilla, anunciaba que combatiría de frente la corrupción y el crimen organizado, a pesar de las conspiraciones que enfrentaría[2]. Pero eran más discursos vacíos, sin la más mínima voluntad política. Lo rescatable, en términos de institucionalidad anticorrupción en el contexto pos-MACCIH, es la creación de la Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción (UFERCO), instancia mucho más débil que la UFECIC, pero que tiene voluntad política y está dando continuidad a los casos de corrupción que construyó la MACCIH.
Con la salida de la MACCIH, la desarticulación de la UFECIC y el debilitamiento de la institucionalidad anticorrupción, las élites gobernantes demostraron que están dispuestas a actuar desoyendo el clamor y las demandas de actores como los partidos políticos de oposición, actores empresariales, instituciones religiosas y, sobre todo, las organizaciones de la sociedad civil y amplios sectores de la ciudadanía. Estamos ante élites políticas y redes de corrupción que no sólo actúan de espaldas a la ciudadanía, sino que incluso actúan en contra.
Diferentes actores de la sociedad hondureña, históricamente han depositado sobredimensionadas esperanzas en la influencia y presión de la cooperación internacional para que los gobiernos hondureños asuman su responsabilidad sobre el respeto y defensa de los Derechos Humanos, la transparencia y rendición de cuentas, y el acceso a la justicia de la ciudadanía. Pero la salida de la MACCIH demostró, una vez más, los límites de la cooperación internacional como actor determinante de los cambios nacionales.
Aunque varios actores de la cooperación internacional expresaron su apoyo a la continuidad de la MACCIH, durante el momento en que el Gobierno decidió por un NO a su continuidad, en su mayoría se llamaron al silencio y, hasta hubo quienes expresaron su apoyo al sistema integral de transparencia anunciado por el Gobierno. La lección que debemos aprender es que la cooperación internacional es un actor clave, un aliado estratégico para la movilización de conocimiento, experiencias, apoyo técnico y recursos, pero no hay que esperar presión política directa.
Estados Unidos es el país que más influencia tiene en las élites políticas hondureñas. Pero en relación con la MACCIH y la lucha contra la corrupción, surge la pregunta, ¿por qué los Estados Unidos finalmente se mostraron complacientes y tolerantes con la salida de la Misión? Una hipótesis poco reflexionada, no investigada, pero plausible, es que la salida de la MACCIH fue negociada por la firma de los acuerdos de “Tercer país Seguro” entre Estados Unidos y Honduras. Sin embargo, con la derrota de Donald Trump y el triunfo de Joe Biden, se ha producido un cambio. No es un gran cambio para países como Honduras, pero es un cambio importante. Hay que destacar el compromiso que Biden ha expresado para la lucha contra la corrupción en los países del norte de Centroamérica e, incluso, como medidas y mecanismos anticorrupción, propone:
- Revocar las visas estadounidenses y congelar los activos de personas corruptas de El Salvador, Guatemala y Honduras.
- Aumentar la presencia de los agregados de los Departamentos de Justicia y Tesoro de los EE.UU., en nuestras embajadas en Centroamérica con el fin de combatir mejor el crimen organizado y la actividad ilícita, y crear una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, para investigar la corrupción en el Triángulo Norte.
- Priorizar fondos adicionales para capacitar a fiscales en políticas y procedimientos anticorrupción especializados.
- Apoyar los mecanismos anticorrupción existentes, mientras se trabaja con aliados para crear una comisión regional, con el fin de combatir la corrupción, construir instituciones nacionales más sólidas y ayudar a los fiscales locales a perseguir la corrupción. Para garantizar la sostenibilidad y el éxito a largo plazo, Biden también contará con el apoyo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya tienen en marcha esfuerzos contra la corrupción[3].
Honduras carece de una institucionalidad anticorrupción real, que desempeñe las funciones para la cual fue creada. Existe una vieja institucionalidad constituida por la Corte Suprema de Justicia, La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esta institucionalidad ha demostrado ser ineficiente y carecer de independencia, situación que la imposibilita para llevar adelante la investigación y llevar ante la justicia a las redes de corrupción.
En el contexto de la MACCIH emergieron partes de una nueva institucionalidad, injertas en la vieja institucionalidad. Así surgió la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), como un injerto dentro del Ministerio Público; los juzgados anticorrupción como parte de la Corte Suprema de Justicia y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los partidos políticos y sus candidatos (conocida como Unidad de Política Limpia), como parte del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral (CNE). La UFECIC y los juzgados anticorrupción, que se constituyeron con personal reclutado y certificado con participación de la MACCIH, tuvieron un buen desempeño. Mientras que la Unidad de Política Limpia, que fue integrada bajo la vieja práctica de la negociación y repartición partidaria, ha tenido, hasta el momento, un desempeño irrelevante. En el contexto pos-MACCIH ha emergido la UFERCO, como parte del Ministerio Público, en sustitución de la UFECIC; entró en vigencia el nuevo Código Penal y se creó la Secretaría de Transparencia.
El segundo proceso, el fortalecimiento del “pacto de impunidad” que ha permitido avanzar en la protección de las redes de corrupción. Este “pacto de impunidad” se ha fortalecido con acciones como la reducción de las competencias investigativas del Ministerio Público. En el 2020, en plena pandemia Covid-19, el Congreso Nacional arremetió un golpe al Ministerio Público al reformar los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal Penal[4].
El contenido original del artículo 217 establecía que los objetos y documentos relacionados con el delito que pueden ser importantes para la investigación deberán ser presentados y entregados al requerimiento del Ministerio Público o, en su defecto, ser secuestrados[5]. Mientras que el contenido en el artículo reformado establece que “es condición obligatoria la petición de entrega formal, escrita y motivada por parte del Ministerio Público”[6].
En el texto original del artículo 220 se establecía que los objetos o documentos debían ser entregados en custodia[7]. Mientras que el contenido reformado establece que “deberán, bajo pena de nulidad, ser puestos de forma inmediata a la orden del juez, para efectos de ser periciados bajo la figura y formalidades del medio de prueba denominado dictamen de peritos”[8].
El Ministerio Público reaccionó con un comunicado, como casi siempre lo hace, sin contundencia, de acuerdo a la dimensión del problema y sin ir más allá. El MP sostiene que la medida aprobada en el Congreso Nacional representará una piedra en el camino durante el proceso investigativo de casos de corrupción. La medida, al contrario de ayudar a las investigaciones de hechos ilícitos, viene a obstaculizar la lucha contra la corrupción[9].
El 25 de junio entró en vigencia el nuevo Código Penal, el cual, según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una de las organizaciones que se ha dedicado a analizar el impacto de este nuevo instrumento jurídico en el tema de la corrupción y la impunidad, no debió entrar en vigor por adolecer de defectos de forma y de fondo, y por contravenir la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por Honduras[10].
En el tema de corrupción e impunidad, según el CNA, este instrumento jurídico (nuevo Código Penal) está moldeado para generar mayor impunidad y tratar con “guantes de seda al corrupto”, evidenciándose esa intensión con la reducción de penas en los delitos contra la administración pública. En tal sentido, esto permite la posibilidad de escenarios en los que el funcionario público que comete actos de corrupción se beneficie al hacer uso de esta herramienta. Más recientemente se creó la Secretaría de Transparencia, que instituye funciones y competencias paralelas a las ya establecidas en la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y el CNA.
La cohesión de este “pacto de impunidad” no es algo abstracto, produce resultados de impunidad muy concretos. Basta mencionar los más recientes en el contexto pos-MACCIH: la orden judicial de que se repita el juicio en el caso de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo; el sobreseimiento a 22 imputados en el “Caso Pandora” (políticos diputados y ex diputados), la orden de archivar el Caso Pacto de Impunidad”, entre otros. Es decir, estamos ante un retroceso grande de los tímidos avances que dejó la MACCIH. El Gobierno ha continuado produciendo impunidad y no parece tener límites.
Y el tercer proceso, la pandemia COVID-19 y las tormentas tropicales ETA e IOTA han permitido aprobar recursos para ser manejados de manera discrecional por el Ejecutivo. Al inicio de la COVID-19, el Gobierno de Juan Orlando Hernández aprobó, a través de Decretos del Poder Ejecutivo y anunció a través de conferencias de prensa y de la página oficial de la Presidencia de la República, miles de millones de lempiras que deberían ser utilizados para atender la emergencia sanitaria por el coronavirus y el dengue; la compra de equipo e insumos médicos y de bioseguridad para apoyo a los microempresarios; atender a adultos mayores y personas con discapacidad, adquisición de alimentos, fortalecimiento del servicio de agua, reactivación del sector productivo, bonos del sector productivo y bonos del sector cafetalero, para el sector transporte y para apoyo a las empresas del sector social de la economía, entre otros.
El monto global de los recursos comprometidos por el Gobierno en el contexto de la pandemia anda por los 88,131 millones de lempiras[11]. Sin embargo, ha tenido que recurrir a préstamos con organismos internacionales y, en menor medida, ha recibido recursos en concepto de ayuda.
Hasta septiembre del 2020, el Gobierno había recibido en préstamos y donaciones unos 643.08 millones de dólares[12]. También, hasta ese mes, según la Secretaría de Finanzas, se habían entregado y ejecutado 5,516.59 millones. Dentro de la estructura del Estado, Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), es la institución que más recursos ha recibido, llegando a un total de 2,087 millones de lempiras[13].
Sin embargo, es también INVEST-H, la institución a la que más denuncias de corrupción se le han atribuido por compras sobrevaloradas de ventiladores, mascarillas y de equipo médico y de bioseguridad en general. Pero la crisis de INVEST-H estalló tras el conocimiento de la compra dudosa y llena de irregularidades de siete hospitales móviles por 47.5 millones de dólares. Esto llevó a la renuncia de Marco Bográn, director de INVEST-H, el 27 de junio[14].
El escándalo por los supuestos actos de corrupción de INVEST-H terminó sacudiendo las estructuras de la Secretaría de Finanzas, cuya titular, Rocío Tábora, se vio obligada a renunciar sin dar ninguna explicación, tras hacerse público un mensaje de voz (vía WhatsApp) que la ministra envió a Marco Bográn, a través del cual le informaba que Juan Orlando Hernández estaba de acuerdo en canalizar todos los recursos para enfrentar la COVID-19, a través de INVEST-H[15].
La FETCCOP presentó dos requerimientos contra el exdirector de INVEST-H, el primero por el delito de malversación de caudales públicos y, el segundo, por violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública. Marco Bográn y Alex Moraes (administrador de INVEST-H), fueron a prisión el 05 de octubre tras presentarse a la audiencia de declaración de imputado y recibir detención judicial. Sin embargo, el 08 de octubre se determinó que los funcionarios se defenderían en libertad, acusados por el delito de malversación de caudales públicos, tras haber autorizado que cuatro funcionarios de INVEST-H, que regresaban de San Pedro Sula de supervisar el terreno donde se ubicarían los hospitales móviles, estuvieran en cuarentena en un hotel de lujo, dejando un perjuicio para las arcas del Estado por un monto de 101,199.44 lempiras. “La cuarentena VIP”, le llamó la prensa local a ese incidente[16].
El 19 de octubre, el Ministerio Público logró auto de formal procesamiento contra Bográn por un segundo requerimiento, en el que se le acusa de haber otorgado un contrato de supervisión a su tío Napoleón Bográn. El ex funcionario de INVEST-H deberá cumplir las mismas medidas sustitutivas a la prisión que se había decretado anteriormente[17]. Hasta el momento, este es el único caso llevado a los tribunales de justicia por el mal manejo de los recursos que están destinados al combate de la COVID-19 y el dengue.
No se puede dejar de mencionar en este balance, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. La ciudadanía ha ido comprendiendo, poco a poco, el nivel alto de corrupción y otros ilícitos, en que están implicadas las élites gobernantes de los últimos años (un poco más de una década); ha ido entendiendo la construcción de impunidad desde el Estado y también, cómo la corrupción afecta sus derechos y condiciones de vida. El tema de la lucha contra la corrupción cada vez está más presente en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos escándalos de corrupción no fueran conocidos por la población hondureña, si no fuera por el trabajo de investigación y denuncia de las organizaciones de la sociedad civil.
A partir de lo dicho en las páginas anteriores, es posible llegar a algunas conclusiones como las siguientes:
- En los últimos años, durante los gobiernos del Partido Nacional, se ha construido un andamiaje jurídico institucional favorable a las redes políticas de corrupción e impunidad. Se han fortalecido los mecanismos jurídicos de impunidad y se ha debilitado la institucionalidad anti-corrupción. Desde este contexto, la lucha anticorrupción se presenta en condiciones bastante desfavorables para las fuerzas políticas y sociales que buscan combatirla.
- La Unidad Fiscal Especial contra las Redes de Corrupción (UFERCO), constituye el legado más significativo de la MACCIH/UEFECIC para continuar desde la institucionalidad estatal la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la UFERCO, comparativamente con la UFECIC, es mucho más débil y trabaja en condiciones difíciles. Necesita fortalecerse con personal, tecnología y logística en general, también apoyo político claro y contundente por parte de los diferentes actores de la sociedad hondureña para que no sea desarticulada por el poder que tienen las redes políticas de corrupción en Honduras.
- Grandes conglomerados de la población están sometidos al deterioro de sus condiciones materiales de vida, profundizados en este año 2020 con las consecuencias de la COVID-19 y con las tormentas ETA e IOTA. Estas condiciones tienen un impacto negativo en la ciudadanía social y en la movilización política. Sin embargo, la conciencia ciudadana para luchar contra la corrupción ha ido creciendo. La corrupción aparece ahora como uno de los tres problemas principales de la sociedad hondureña.
- Aunque no estemos asistiendo a movilizaciones masivas contra la corrupción, como las marchas de las antorchas del año 2015, no se puede desconocer que se tiene una sociedad civil más activa en la lucha anticorrupción y una ciudadanía con mayor capacidad de indignarse ante los actos reñidos con la ley.
- El cambio político en Estados Unidos, con la derrota de Donald Trump y de los Republicanos, y el triunfo de Joe Biden y de los Demócratas, puede significar cambios mínimos a favor de la lucha contra la corrupción en los países del norte de Centroamérica, pues Biden ha planteado como uno de sus mecanismos de apoyo, la creación de una comisión regional para la lucha contra la corrupción, que tendría participación de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OE), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Referencias
[1] Hernández anuncia nuevo sistema de lucha contra la corrupción en Honduras, CNN Español, 22 de enero 2020. https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/22/alerta-hernandez-anuncia-nuevo-sistema-de-lucha-contra-la-corrupcion-en-honduras/
[2] Eugenio Sosa, “Un Fiscal General en su caverna combatiendo sombras y fantasmas del crimen y corrupción”, CESPAD, 10 de junio 2020. https://cespad.org.hn/2020/06/10/analisis-un-fiscal-general-en-su-caverna-combatiendo-sombras-y-fantasmas-del-crimen-y-la-corrupcion/
[3] Biden Harris, “Plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en la colaboración con los pueblos de Centroamérica”. https://joebiden.com/es/el-plan-de-biden-para-fortalecer-la-seguridad-y-la-prosperidad-en-colaboracion-con-los-pueblos-de-centroamerica/ consultada el 22 de noviembre 2020.
[4] “Interpretación al Código Procesal Penal por el CN, burocratiza secuestro de documentos”, Proceso Digital, 22 de mayo 2020. https://proceso.hn/legislativo-interpreta-articulos-del-codigo-procesal-penal-sobre-secuestro-de-documentos/
[5] Código Procesal Penal (Honduras: Poder Judicial, 1999) http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/CodigoProcesalPenal-IncluyeReformaOct98-2017.pdf
[6] “Interpretación al Código Procesal Penal”, Proceso Digital, 22 de mayo 2020
[7] Código Procesal Penal (Honduras: Poder Judicial, 1999)
[8] “Interpretación al Código Procesal Penal”, Proceso Digital, 22 de mayo 2020
[9] Interpretación de artículos 217, 219 y 220 obstaculiza lucha contra la corrupción, 25 mayo 2020
[10] CNA, “Nuevo Código Penal. Estudio y análisis. Decreto Legislativo No. 130-2017”, Mayo 2020, https://www.cna.hn/wp-content/uploads/2020/05/ESTUDIO-FINAL-Y-ANA%CC%81LISIS-AL-DECRETO-LEGISLATIVO.pdf
[11] Datos obtenidos de: Decretos del Poder Ejecutivo PCM: 005/2020, 030/2020, y 061/2020, Decreto Legislativo 31/2020, Página Oficial de la Presidencia de la República https://presidencia.gob.hn/
[12] Datos obtenidos de BCIE, USAID, PCM-030/2020, PCM-034/2020, PCM-046/2020, Página oficial Casa de Presidencial https://presidencia.gob.hn/
[13] Secretaría de Finanzas, Transparencia COVID-19, septiembre 2020 http://www.sefin.gob.hn/covid-19/
[14] Cronología: Honduras entre el colapso sanitario, la corrupción galopante y la oportunidad política, CESPAD, 2 de julio 2020, https://cespad.org.hn/2020/07/02/cronologia-honduras-entre-el-colapso-sanitario-la-corrupcion-galopante-y-la-oportunidad-politica/
[15] “La reveladora comunicación de Ministra de Finanzas a Marco Bográn”, Proceso Digital, 17 de julio 2020. https://proceso.hn/audio-la-reveladora-comunicacion-de-ministra-de-finanzas-a-marco-bogran/
[16] “En libertad se defenderán Marco Bográn y Alex Moraes, exfuncionarios de Invest-H, El Heraldo, 08 de octubre 2020. https://www.elheraldo.hn/pais/1414131-466/libres-marco-bogran-alex-moraes-invest-honduras-hospitales
“[17] Dictan formal procesamiento contra exdirector de INVEST-H”, El Tiempo, 19 de octubre 2020, https://tiempo.hn/formal-procesamiento-exdirector-invest-h-marco-bogran/
