Por Claudia Mendoza
Periodista y analista del CESPAD
Luis José Ulloa está acusado de ser uno de los tres abusadores sexuales de Alejandra, una niña de 16 años que, de acuerdo con el testimonio de la propia menor, fue violada por él y dos muchachos más. Ulloa anduvo huyendo siete meses hasta que se presentó ante los juzgados hondureños, dando inicio a un proceso judicial lleno de irregularidades y retrasos. La próxima semana, el sistema de justicia de este país se pondrá a prueba: decidirá si Ulloa sale libre o se le abre juicio formal.
En el mes de abril del 2019, Honduras se vio convulsionada con el escándalo que ocurrió en el Hotel Palma Real, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, norte del país. Alejandra se encontraba departiendo junto a su familia en ese complejo turístico donde fue violada por Manuel Gómez Castejón, por un segundo jovencito de quien se omite su nombre porque aún es menor de edad y por Luis Ulloa Hernández.
La madre de Alejandra, Flor de María Sosa, hizo público el abuso sexual con base en el testimonio de su hija, las circunstancias y los testigos que rodearon el hallazgo de la niña el día de los hechos. “Mamá escuchame por favor, yo te voy a decir lo que pasó. Escuchame por favor. Ellos me dijeron que se me iba a olvidar. No dejes que me duerma”, fue la advertencia que Alejandra le hizo insistentemente a su madre, después de que fue encontrada por varias personas ajenas a la niña, y de haber sido drogada con metanfetamina por los tres acusados, de acuerdo con los resultados de los exámenes médico forenses.
Luis Ulloa es el único de los implicados que guarda prisión porque Juan Manuel Gómez Castejón, el segundo acusado, anda huyendo desde el momento en el que ocurrieron los hechos. Al tercer inculpado, un menor de edad, el pasado 11 de marzo del presente año le fue modificada la medida de detención, por lo que fue puesto en libertad y entregado a sus padres, quienes fungirán como responsables. Los juzgados tomaron esa decisión debido a que el juicio no se llevó a cabo dentro de los 6 meses que la Ley establece como plazo. En la actualidad su caso se encuentra en suspenso mientras se dilucida un amparo en la Corte Suprema de Justicia.
El caso es conocido en Honduras como “Todos somos Alejandra”, debido a la consigna que utilizaron y posicionaron públicamente las organizaciones de mujeres y feministas, al igual que cientos de pobladores de la zona norte y de diversas regiones, que desde que ocurrieron los hechos han evidenciado su apoyo a la familia Sosa, para que se haga justicia. Sin embargo, y pese a que Flor Sosa es Abogada y Jueza de los Tribunales en los que se dirime el caso de su hija, el juicio ha estado impregnado por una serie de irregularidades que han retardado su avance.
¡Un año de prisión, sin ningún avance sustantivo!
El pasado 1 de noviembre del 2020, Luis José Ulloa Hernández cumplió un año de su presentación voluntaria ante los Juzgados en La Ceiba. Su caso se dirime, concretamente, en el Juzgado de Letras de lo Penal. Ulloa está acusado por el delito de violación especial. Sin embargo, y de acuerdo con denuncias y fuentes consultadas, “el padre de Luis es empresario y socio de la asociación de Palmeros del Valle del Aguan y en la zona, nadie desconoce que su familia es cercana a reconocidos diputados del Partido de gobierno. Incluso, a uno de ellos Luis le llama padrino”.
Ulloa es oriundo de la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, una zona en donde se afirma que su familia es poderosa y con contactos suficientes que podrían explicar el por qué su caso avanza lentamente. Es así que luego de la cancelación, en cinco oportunidades, la audiencia preliminar por fin se llevó a cabo el 12 de noviembre.
“Esta audiencia es muy importante”, dice Sosa, porque la jueza que lleva el caso deberá resolver si a Ulloa se le dicta sobreseimiento definitivo o provisional, o si su caso se eleva a auto de apertura a juicio. De acuerdo con las leyes, la jueza tiene cinco días para emitir una resolución.
Un caso que llama la atención de la comunidad internacional
La dilación en el Caso Alejandra ha despertado la atención y la preocupación de los organismos internacionales que defienden derechos humanos. El pasado 23 de octubre, y en el marco de las consecutivas cancelaciones de la audiencia preliminar, la organización Abogados sin Frontera Canadá (ASFC), publicó en su cuenta de twitter lo siguiente:
“La audiencia contra uno de los supuestos responsables del ataque a Alejandra suspendida por quinta vez. Alejandra, su familia y las mujeres hondureñas continúan esperando justicia…”
El mensaje iba acompañado de una infografía que registra un dato preocupante alrededor de los abusos y las violencias que viven las mujeres en Honduras.
El mensaje fue re-tuiteado por la cuenta de la Embajada de Canadá en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, exteriorizando preocupación por la falta de acción en un caso de violencia, basada en género. En el mensaje, además, se pidió a las autoridades hondureñas que busquen justicia para Alejandra y para todas las mujeres que han sufrido violencia. Y con la expresión “Ni una más”, se cerró.
La preocupación por las constantes dilaciones que ha tenido el proceso en contra de los acusados en el caso Alejandra, también llamó la atención de Margarette Macaulay, la abogada jamaicana, especialmente conocida como defensora de los derechos de las mujeres, que fue elegida Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sosa se reunió con Macaulay, quien se mostró preocupada por un caso que presenta debilidades en el debido proceso y fuertes indicios de estar orientado a favorecer a los imputados.
