Autor: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
Introducción
El siguiente análisis busca puntualizar los elementos más importantes que han marcado la coyuntura territorial en Honduras, en el marco de la pandemia generada por el Covid19, e identificar los posibles escenarios que enfrentará el movimiento socio-territorial en un contexto post-pandemia. En el primer apartado se exponen los puntos centrales de la coyuntura desde un enfoque territorial, analizando el impacto de las elecciones primarias en los territorios, las consecuencias de la rehabilitación y creación de nuevos marcos normativos extractivistas; la reactivación inteligente de la lucha territorial y la remilitarización de los territorios en resistencia.
En el segundo apartado se desarrolla la idea de cómo la contraofensiva extractivista, en tiempos de Covid19, por un lado, ha generado puntos de inflexión que registran nuevos cercamientos extractivistas y militares en los territorios; la constitución de un nuevo ecologismo que promueve el movimiento socio-territorial y, por otro lado, el desarrollo de cuatro escenarios que podrían marcar la lucha territorial en el país, en un contexto post-pandemia. Y, por último, en el tercer apartado, se puntualizan una serie de recomendaciones para que el movimiento socio-territorial se posicione estratégicamente en el actual contexto de país y avance en una propuesta política que abra paso a la transición post-extractivista en Honduras.
I. Puntos centrales de la coyuntura en Honduras desde un enfoque territorial
- La contienda electoral y sus repercusiones en la lucha territorial
En Honduras, las elecciones políticas constituyen uno de los eventos que moviliza masivamente a la población y una de las principales estrategias de la élite política del poder para mantener sus intereses de sector privilegiado. La actual coyuntura, marcada por la pandemia del Covid19, ha desembocado en un manejo autoritario de la crisis, la remilitarización de la sociedad, la expansión de las redes políticas de corrupción, la profundización de las desigualdades y el endeudamiento interno y externo.
En ese contexto, las elecciones aparecen como uno de los principales métodos de la oposición para disputarle a las élites el poder y la dirección del país. De ahí que lo que esté en juego sean dos proyectos políticos: el proyecto autoritario, neoliberal y militarista de la élite del poder y un posible proyecto democrático, social e incluyente de la oposición. Si bien es cierto, que las elecciones se presentan como una oportunidad, desde una mirada y análisis territorial plantean una serie de limitantes ya que no recogen las apuestas estratégicas de las organizaciones territoriales que se disputan el acceso y control del territorio con la élite dominante.
En la actual coyuntura se presentan algunos ejemplos que dan cuenta de las contradicciones que genera en los territorios, el actual proceso electoral. Primero, las elecciones han desplazado mediáticamente a las luchas territoriales y, políticamente, las primeras les han restado importancia a las segundas. En los programas de las fuerzas políticas en contienda electoral no existe una propuesta contundente y objetiva para hacerle frente al proyecto extractivista. Segundo, el proselitismo electoral refuerza las políticas asistencialistas, produciendo coaptación del liderazgo, el cual fragmenta a las organizaciones y divide a las comunidades. Tercero, las fuerzas políticas en contienda electoral desvían la atención a la crisis territorial y, por encima, imponen un populismo electoral que legitima a los extractivismos, en nombre del desarrollo y del empleo, generando un círculo vicioso que niega su impacto en las comunidades.
- La revitalización y la creación de nuevos marcos normativos extractivistas
A diferencia de otros acontecimientos históricos (Huracán Mitch, Golpe de Estado), en el marco de la crisis del Covid19, la política extractivista está encontrando su punto más álgido y conllevando a distintas ecorregiones a una nueva etapa de (mal) desarrollo, bajo el paraguas de la lógica extractiva.
Los marcos normativos que se han revitalizado han sido el extractivismo minero, mediante la emisión de licencias ambientales de manera digital, reformas a la Ley de Minería, que promueven beneficios fiscales a sectores del poder económico y la aprobación de una serie de contratos para la generación de energía eléctrica. Por otro lado, se han creado nuevos marcos normativos que regulan una serie de extractivismos a gran escala, para el caso, los PCMs agrícolas (030 y 041-2020) y la emisión del Reglamento de las ZEDES que da vida a Ley Orgánica de las ZEDES. Los marcos normativos refuerzan y renuevan la economía de enclave, generan mayor dependencia al capital transnacional, promueven nuevas formas de control político y cultural en los territorios y profundizan la precarización de la vida de las personas.
Sin embargo, esta revitalización y creación de nuevos marcos normativos es producto de un proceso más amplio que surge en un contexto marcado por tres elementos. Primero, la recomposición económica del capitalismo mundial golpeado por la crisis del Covid19 y apresurado por reactivar la producción extractivista, para la dinamización de las grandes economías capitalistas. Segundo, la reconfiguración económica de las élites locales y regionales que, ante la crisis, presionan a los Estados para que se implementen medidas para atraer la inversión extranjera y facilitar la inversión nacional. Tercero, un aspecto de carácter ideológico, el cual tiene que ver con la forma en que las políticas extractivas buscan cerrar el debate sobre la posibilidad de promover formas alternativas de desarrollo al capitalismo y a los extractivismos, negando de esa forma las demandas del movimiento socio territorial.
- Reactivación inteligente de la lucha socio territorial
Antes de la pandemia, la lucha socio-territorial experimentaba un fuerte proceso de expansión y visibilización mediática. En el marco de la pandemia y con la suspensión de las garantías constitucionales, la lucha pasó de la visibilidad pública al confinamiento político, el que se ha sabido romper inteligentemente, abriendo nuevos campos de lucha y resistencia territorial.
La reactivación inteligente de la lucha socio-territorial se disputa en el espacio comunitario y en el espacio virtual, y se caracteriza por tener: un carácter político, carácter táctico y carácter estratégico. En lo político, las organizaciones territoriales posicionan críticamente la forma en la cual el surgimiento del Covid19 está enraizado en la insostenibilidad ecológica del modelo capitalista, en relación con la naturaleza y la forma en la cual los impactos del proyecto extractivo en las comunidades, encrudecen la actual crisis sanitaria, humanitaria y alimentaria.
En lo táctico, el espacio de la red ha aparecido como el principal centro de disputa y resistencia, donde se desarrollan campañas, posicionamientos, denuncias y eventos virtuales que visibilizan problemas y movilizan propuestas de transformación. En lo estratégico, la presión virtual se acompaña de una repolitización de la cuestión ambiental, la que ha generado un proceso de presión mediática y diplomática hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández, ante la ola creciente de violencia y terror que golpea a los territorios en resistencia.
Ese proceso de reactivación inteligente de la lucha socio territorial, en el fondo es motivado por tres elementos. Primero, la re-comunalización de la vida social, forjándose nuevas formas de solidaridad y colectividad que reactivan los procesos de resistencia. Segundo, el fortalecimiento de las autonomías, reconfigurando las formas de poder territorial, radicalizando la democracia directa. Tercero, la despatriarcalización, desracialización y descolonización de las relaciones, creando nuevas formas de re-existir (transformar y reconstruir las humanidades negadas) en comunidad y democracia, practicando políticas centradas en la reapropiación de los bienes colectivos y el cuidado de la vida.
- Militarización y desmovilización del movimiento socio territorial
La pandemia del Covid19, como laboratorio de represión social, se ha instaurado con fuerza. El Estado de excepción (ausencia de garantías constitucionales) ha abierto una nueva ola de violencia en los territorios contra el liderazgo territorial. En un monitoreo desarrollado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), de marzo a octubre del 2020, se registraron 8 asesinatos de líderes y lideresas; 3 desapariciones forzadas, 80 acciones de criminalización y más de 20 acciones de persecución penal.
Detrás de los ataques perpetrados por las fuerzas policiales, militares y actores no estatales (seguridad privada de las empresas y crimen organizado), existe una clara intención de desmovilización que tiene como apuesta política y estratégica, debilitar y desaparecer los actuales procesos de lucha y resistencia territorial. Para avanzar en ese proceso de desmovilización se ha utilizado el marco legal, se instalan amplios comandos policiales y militares en los territorios, detenciones ilegales; se recurre a prácticas de persecución e intimidación, campañas de desprestigio por redes sociales y se asesina al principal liderazgo territorial.
La remilitarización de los territorios ha venido acompañada de tres elementos. Primero, el manejo político de la pandemia, el cual se caracteriza por la instalación de una serie de herramientas de control hacia las personas en los territorios, por encima de la atención a la crisis sanitara y humanitaria. Segundo, la contraofensiva extractivista, que en tiempos de pandemia sigue su apuesta económica y las empresas siguen laborando en los territorios bajo la tutela Estatal y el resguardo militar y policial. Tercero, el debilitamiento de institucionalidad de derechos humanos, que en tiempos de pandemia se ha visto relegada, sistemáticamente, por la labor de vigilancia y persecución de las fuerzas policiales y militares.
II. Puntos de inflexión y nuevos escenarios desde un enfoque territorial
i. Tres puntos de inflexión motivados por la pandemia del Covid19
La pandemia es un evento histórico que marcará un antes y un después en la dinámica de la política extractivista y en el desarrollo del movimiento socio-territorial. En ese sentido, la actual coyuntura ofrece una serie de elementos para indagar sobre la idea de que nos encontramos ante tres puntos de inflexión.
¿Nueva frontera extractivista? La revitalización y creación de nuevos marcos normativos que promueven el desarrollo de los extractivismos a gran escala, conlleva, inevitablemente, a una nueva delimitación ecorregional del territorio, mediante el avance de una nueva frontera extractivista que, en un contexto de contraofensiva del capitalismo mundial y reconfiguración económica nacional, arremete con cercar los territorios y despojar a las comunidades de sus bienes comunes.
¿Nuevo ecologismo en el movimiento socio territorial? La experiencia hondureña indica que cuando los extractivismos se renuevan, las luchas socio-territoriales se reactivan y surgen nuevas resistencias. En la actual coyuntura el movimiento socio-territorial ha posicionado con fuerza dos temas transcendentales: la justicia ambiental y la justicia política comunitaria. Un nuevo ecologismo, más político y más subalterno, está resurgiendo en el seno de las actuales luchas que marcarán la dinámica de las luchas territoriales por la existencia, la vida y el ambiente, en un contexto post-pandemia.
¿Nuevo ciclo de contrainsurgencia militar en los territorios? En el marco de la actual pandemia, en América Latina la criminalización y el asesinato de líderes y lideresas que defienden sus territorios se ha disparado considerablemente y en Honduras no es la excepción. Detrás de los actuales ataques existe un proceso más sofisticado y agresivo de contrainsurgencia en los territorios y el número elevado de casos de criminalización y asesinatos da cuenta de eso. Este punto de inflexión indica que a medida que la resistencia territorial se reactive, el cercamiento estatal y no estatal de los territorios se irá acrecentando, con algunas características en el nuevo ciclo de contrainsurgencia.
ii. Nuevos escenarios desde un enfoque territorial
Partiendo de los tres puntos de inflexión arriba mencionados, el movimiento socio-territorial se enfrenta a cuatro escenarios que se van posicionando en el marco de la pandemia del Covid19.
Escenario A: Nuevos cercamientos extractivistas: Zonas de sacrifico
Este escenario significa que los extractivismos seguirán siendo prioridad en la política económica de la administración Hernández. En un reciente informe, el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), señala que existen aproximadamente 43 solicitudes en estado de exploración para la explotación minera metálica y no metálica en territorios indígenas. Lo anterior indica que, en el corto y mediano plazo, el país estaría experimentando un avance significativo en relación con la expansión extractivista.
De igual forma, los nuevos cercamientos están marcados por la instalación de las ZEDES y posiblemente encontrará su punto más álgido, alrededor de las concesiones en el marco de los PCMs agrícolas. En ese contexto, la visión que las comunidades tienen sobre sus territorios como zonas de vida, sería desplazada por la lógica de los territorios como zonas de sacrificio, donde el despojo y la mercantilización de los bienes comunes serían el modo operandi de la política extractiva en tiempos de post-pandemia.
Escenario B: Nuevos cercamientos militares y policiales en los territorios: Zonas del no ser.
El cercamiento extractivista traería consigo nuevos cercamientos militares y policiales en los territorios en disputa y resistencia. Este escenario significa el recrudecimiento del proceso de contrainsurgencia política que se ha abierto en los territorios, en el marco de la pandemia del Covid19, trayendo consigo mayor violencia, terror y miedo, con el objetivo de desaparecer todo signo de resistencia y de lucha territorial.
De las zonas de vida pasaríamos a las zonas del no ser, donde las cosmovisiones, culturas y modos de vida comunitarias serían relegadas por la cultura de la violencia y la falta de reconocimiento de derechos humanos y derechos territoriales. Arrojar a las comunidades a las zonas del no ser, implicaría que la conflictividad en los territorios será desplazada por un tipo de normalidad extractiva que, en nombre del desarrollo, se impondría sin resistencia y sin presión comunitaria.
Escenario C: La re-articulación del movimiento socio territorial: Zonas de reivindicaciones.
En ese contexto adverso y desafiante sobresale la idea del proceso de re-articulación del movimiento socio territorial. La articulación se considera un proceso estratégico de acción política que tiene como objetivo principal lograr la unidad y cohesión del movimiento socio-territorial en tres niveles, en lo político: la acción estratégica, la acción colectiva y la acción hegemónica.
La acción estratégica hace referencia a la naturaleza de la articulación y prioriza la construcción de un objetivo común compartido, el cual, a la vez, genere las condiciones para la constitución del momento político de la acción estratégica (construcción del bloque social de resistencia). La acción colectiva prioriza los niveles de la articulación y busca establecer los horizontes sobre los cuales se debe realizar la apuesta estratégica del bloque social de resistencia. Los procesos de articulación pueden pensarse en tres niveles: local, regional y nacional.
Y, por último, la acción hegemónica, que se refiere a los alcances de la articulación y la acción estratégica. Es decir, la materialización de los objetivos en común, traducidos en demandas políticas de transformación. Esta acción es un esfuerzo por avanzar más allá de la resistencia y de la oposición, como formas tradicionales de lucha territorial, para dar un paso adelante en los esfuerzos por pensar alternativas emancipadoras a la política extractivista. En ese sentido, los territorios se convertirían en zonas de reivindicaciones, a través de apuestas estratégicas que pondrían el territorio en el centro, como espacio de vida.
Escenario D: Transiciones post- extractivistas: Zonas de esperanza.
Ante la crisis económica, política, sanitaria y humanitaria que golpea los territorios, las organizaciones han emprendido una serie de acciones comunitarias encaminadas a darle respuesta a los problemas y necesidades básicas de las personas. Las acciones han girado alrededor de iniciativas de control territorial, seguridad alimentaria, uso de medicina ancestral y comunicación comunitaria alternativa.
El actual momento de país exige al movimiento socio-territorial realizar un replanteamiento sobre propuestas alternativas para responder estratégicamente a la actual crisis, en los esfuerzos por perfeccionar una propuesta política consistente, que contenga los principales elementos y marque el camino a seguir para abrir un proceso de transición a los distintos extractivismos que se desarrollan en el país.
Bajo la figura de transiciones post-extractivistas y alternativas emancipadoras, se deberá poner en cuestión el carácter depredador, racista y patriarcal del actual proyecto extractivo. Lo anterior puede pensarse alrededor de los siguientes elementos generales. Primero, transformar radicalmente la normativa existente en materia extractivista, procurando que las comunidades sean las que gestionen y controlen democráticamente el territorio. Segundo, avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad ambiental y de derechos humanos que resguarde los derechos de la naturaleza y de las comunidades. Tercero, obligar a las empresas extractivistas a reparar los daños ambientales y humanitarios que se presentan en los territorios mediante proyectos sostenibles a largo plazo. Cuarto, paralizar los proyectos extractivos y realizar estudios científicos y técnicos que den cuenta sobre la viabilidad del extractivismo en el país, partiendo de su aporte a la economía, protección al medio ambiente, desarrollo comunitario y protección de los derechos humanos y territoriales.
III. Hacia un nuevo accionar estratégico
Desde el CESPAD consideramos que el actual episodio político que está abriendo la pandemia del Covid19, ofrece una serie de oportunidades para que el movimiento socio-territorial se reposicione estratégicamente en la actual coyuntura y se convierta en un ente capaz de movilizar las demandas de las comunidades, en los esfuerzos por avanzar en la democratización de los territorios y comunidades rurales.
Repolitización de la cuestión socio-ambiental. Es importante seguir profundizando la construcción de un discurso que reposicione en el imaginario social y político la cuestión indígena, garífuna, campesina, urbana y rural, como punto de partida para el debate de ideas sobre los problemas que genera el proyecto extractivista: des-acumulación de capital, despojo ancestral, pobreza, cambio climático, inseguridad alimentaria, racismo, violencia de género, destrucción ambiental, pérdida de biodiversidad, migración, desplazamientos forzados, violencia y crimen organizado, etcétera.
La rearticulación del movimiento socio territorial. A medida que avanza el proyecto extractivista, van surgiendo nuevas organizaciones comunitarias que luchan por la defensa de sus bienes comunes, pero, de igual forma, la represión estatal y no estatal va expandiéndose. De ahí la importancia de la articulación a niveles locales, regionales y nacionales, en los esfuerzos por avanzar en la constitución de un bloque social de resistencia territorial que se plantee el accionar táctico y estratégico del movimiento.
El debate de las ideas y la construcción de la transición post- extractivista. Hasta ahora la protesta ha sido la única alternativa de las comunidades para hacerle frente a la ofensiva extractivista; es importante la construcción de redes de saberes y espacios de pensamiento desde el movimiento socio-territorial, como punto de partida para el debate de las ideas y la construcción de las alternativas no capitalistas al proyecto extractivista. Se propone tomar, también como punto de partida, las acciones que las organizaciones emprenden en las comunidades en el marco de la pandemia y avanzar en la construcción de alternativas, desde una mirada de género y desde lo étnico.
Repotencializar la autodefensa territorial. En el actual contexto de remilitarización de los territorios, es de suma importancia repotencializar los procesos de autodefensa (auto consultas comunitarias, cabildos abiertos, observatorios de derechos humanos, denuncias, radios comunitarias, etcétera), para resguardar y preservar la autonomía territorial y la integridad física de los y las integrantes de las comunidades.
Replanteamiento de los procesos de incidencia política. El movimiento socio-territorial se ha caracterizado por su capacidad de diálogo y negociación con actores públicos y privados. En el actual contexto, existen distintas oportunidades para la incidencia (local, nacional e internacional) que son necesarias repensar y retomar para ir solucionado los problemas de fondo que genera el proyecto extractivista. El Acuerdo de Escazú y las recientes recomendaciones del Consejo de los Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), son frentes de presión e incidencia que se han abierto en el marco de la pandemia del Covid19.
Los aspectos que se plantean deberán proporcionar insumos para lograr, en el corto plazo, tres aspectos importantes: principios básicos para la articulación, agenda de lucha común y un plan estratégico de acción política. Las experiencias de movimientos socio-territoriales en México, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Chile, dan cuenta de la sostenibilidad y persistencia de la lucha territorial cuando se encuentran y complementan esos tres aspectos básicos.
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