Las mentiras del Programa Agrocrédito 8.7%

Por: Danelia Bueso

Periodista y analista del CESPAD

El Gobierno de Honduras anunció a Agrocrédito 8.7, como un “programa integral de crédito, de garantía, asistencia técnica y con condiciones para generar acceso e inclusión financiera para los productores del agro”, con miras a llegar “tierra adentro”. Sin embargo, miles de campesinos y campesinas siguen al margen del acceso a los fondos que pone a disposición dicho programa, pese a que el gobierno afirma que ese programa tiene un capital de tres mil millones de lempiras en créditos para hacer producir la tierra.

Han pasado casi 9 meses desde que el Gobierno de Honduras decretó emergencia en el agro por la llegada del coronavirus al país, en el mes de marzo del 2020. Desde entonces, miles de millones de lempiras en proyectos se aprobaron, entre estos Agrocrédito 8.7, una iniciativa de financiamiento a un interés del 8.7%, como su nombre indica.

Sin embargo, “nos quedamos con los planes de inversión, con los presupuestos y no logramos ser incluidas para acceder al fondo del programa Agrocrédito 8.7. Piden requisitos que las mujeres no podemos cumplir”, dice Yasmín López, al ser consultada sobre el tema, pues ella es lideresa del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), una organización que aglutina a unas seis mil mujeres campesinas a nivel nacional.

“Esos préstamos no son tan accesibles; es más la propaganda y la campaña. Esto está dirigido para el que tiene tierra e inversión, pero no para las mujeres que no tenemos ni tierra ni inversión”, agrega Yasmín con frustración, al recordar que dos grupos de mujeres de los departamentos de Copán y Santa Bárbara, intentaron buscar apoyo financiero a través de ese fondo. Pero todo fue en vano, pues se quedaron con los planes de inversión en sus manos.

Pero, ¿por qué ocurre eso?

La afirmación de Yasmín fue punto de partida para indagar más acerca del tema e ir hilvanando las trabas, que en la cotidianeidad enfrentan las y los pequeños productores del campo para hacer producir la tierra con fondos desde el Estado. La historia se repite en otras zonas del país. Muchas mujeres y también grupos campesinos e indígenas se sienten excluidos porque no aplican al programa crediticio.

En principio, las políticas de acceso al crédito se dirigen a actividades productivas fundamentales,  el agro, el turismo y transversalmente, a los pequeños productores en el campo y la ciudad. A través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANPROVI) el gobierno afirma que este programa tiene un capital de tres mil millones de lempiras para créditos, de los cuales, para el año 2020, ya están disponibles más de 2,400 millones, para el sector agroalimentario, con un interés del 8.7% y sus financiamientos podrán hacerse a través de cooperativas o la banca nacional.

Este nuevo modelo de crédito, asegura el Gobierno que tiene un financiamiento al alcance de los medianos y pequeños productores, según la circular No. PE-05/2020, de fecha 19 de febrero de 2020.

Sin embargo, la opinión de mujeres, campesinos, pequeños productores e indígenas es que se sigue favoreciendo y promoviendo los intereses del sector agroindustrial y agroexportador, tal como se estipula en el PCM 030-2020, el que en su artículo número uno dice: “Se declara prioridad y necesidad nacional, así como de interés público estratégico para la nación, el sector productor y de procesamiento de alimentos. El Poder Ejecutivo, el sector agroindustrial alimentario, el sector financiero, el sector de transporte  y demás sectores relacionados deben reorientar sus esfuerzos en el sentido de asegurar que el país cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria y sanitaria que afecta a la Nación, priorizando mantener las cadenas productivas y de distribución de alimentos activas en todo momento; acciones que deben ser sostenibles en el tiempo para paliar los efectos posteriores a las crisis”.

Pero, a lo largo de siete meses, estos sectores aseguran que Agrocrédito 8.7 no les está ayudando, que siguen vulnerables, que no encuentran respuestas para producir, que todo queda en discursos y la frustración priva. Yasmín dice que “lo pintan maravilloso pero la realidad es otra cosa. No tenemos opciones; por más que hagamos propuestas, planes de inversión nos quedamos con los esfuerzos y la gente en las comunidades cree que les mentimos”.

Así como las mujeres de CODIMCA, hay alrededor de cuatro millones de campesinos y campesinas, según estadísticas de La Vía Campesina Honduras (LVC-H), de los cuáles el 50% son mujeres. Del total de campesinos, 300 mil familias son de pequeños y medianos agricultores y de ellos solo el 11% accede a programas de créditos en el país.

Las mentiras detectadas por los campesinos y campesinas

La experiencia de los campesinos aglutinados en la Central Nacional de los Trabajadores del Campo (CNTC), evidencia cómo intentaron aplicar a los fondos de Agrocredito 8.7. Sin embargo, luego de varios días de trabajo para estructurar sus propuestas y ser elegibles en el programa, no tuvieron acceso. Ni el hecho de estar organizados pesó para que los tomaran como sujetos de crédito. Para ellos todo quedó en papel y en promesas, porque llegado el momento de presentar la aplicación para los fondos, se les respondió que no cumplen con los requisitos, que no tienen garantías y que no pueden obtener los recursos para producir la tierra.

“Es una mentira más y de las más grandes. Para empezar, no podemos aplicar a esos fondos porque es la misma metodología sobre las garantías, sobre el rubro, y llegamos a un punto que todo tiene que ver con clima, la tierra, seguridad jurídica y por lo general, no aplicamos la mayoría de familias o personas independientes de nuestra organización a este fondo”, relató Franklin Almendares, Secretario General de la CNTC.

Los campesinos dicen que se les piden estudios de factibilidad y estudios socio-económicos para acceder a los préstamos. Pero se trata de estudios que se realizaron a costa “del bolsillo” del mismo productor o campesino, los que hicieron esfuerzos para conseguir el dinero, porque no tienen recursos. Ese fue el primer obstáculo que encontraron para optar al crédito. “Se volvió una odisea, los pequeños y verdaderos productores no tenemos acceso”, dijo frustrado Almendares.

Los campesinos pensaron que por estar organizados y bajo la sombrilla de la CNTC, las cosas serían menos complicadas. Sólo la CNTC aglutina a más de 11 mil familias que esperaban optar al crédito. “Hicimos la propuesta en BANRURAL, pero allí nos dijeron que antes teníamos que ir a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para que se nos extendiera una constancia para ver si podíamos tener acceso”, contó el líder campesino.

Pero allí no culminó el periplo burocrático. Hicieron el trámite anterior y después les dijeron que tenían que ir al Instituto Nacional Agrario (INA), para pedir un registro y comprobar si las tierras donde invertirían los fondos, tenían título de propiedad. “Hasta allí llegamos, porque el 80 por ciento de las familias afiliadas no tiene título, están en proceso desde hace 40 años. Ese fue el primer parón”, agregó el entrevistado.

Pensando que a nivel regional las cosas serían menos difíciles, optaron por hacer solicitudes,  pero tampoco se pudo. La última carta que se jugaron fue hacerlo de forma independiente: unos lo lograron y otros no. “Al que tenía ganado a pequeña escala, les dijeron sí, le podemos ayudar, pero le pedían certificación del ganado. Por tal razón comprobamos que es un crédito excluyente, discriminatorio y es para los mismos agroindustriales”. Así fue la experiencia que vivieron los trabajadores del campo en la CNTC.

En el oriente del país, Jorge Varela, un campesino del Municipio de El Paraíso, Departamento de El Paraíso,  vivió una experiencia similar. “Es un grupo reducido el que se beneficia y que está en otro nivel. A ellos sí les dan el crédito. Se supone que nos están apoyando a los pequeños y vemos que sólo le están dando a grupos seleccionados”, dice Varela, al narrar que en su zona se ha beneficiado con Agrocrédito 8.7 a pocos campesinos independientes, pero que cuentan con al menos 30 manzanas de tierra legalizadas y que tiene otro perfil.

Otros cuentan que en sus comunidades han organizado comités de productores locales, regionales y, nada, no han podido tener acceso a Agrocrédito. “Es que los pequeños productores no contamos. Si solo tenemos cuatro o cinco manzanas no aplicamos y menos si estamos en tierras alquiladas o prestadas; tenemos menos posibilidades”, sigue diciendo el Secretario de la CNTC.

A nivel de la CNTC, aunque estén 60 familias afiliadas en un grupo campesino, no pueden ser sujetos de créditos, porque no tiene garantías. “Es altamente complicado; este programa es una mentira más. Tenemos probado, con fechas, dónde hicimos las solicitudes y nos decían esta es la opción, pero lo que nos recomendaron no funcionó. Por eso reclamamos al Gobierno, porque no tenemos facilidades y respuestas, sino que más bien problemas fue lo que nos generaron para solicitar el fondo y vimos que ese fondo no es para nosotros”, agregó Almendárez.

Los requisitos que establece el programa Agrocrédito, para quienes soliciten un préstamo son: garantías hipotecarias, mobiliaria, fiduciaria, fondo de garantías recíprocas y/o de garantía, certificados de garantía o combinación de las anteriores.

Sin beneficios

Por años, tanto mujeres, indígenas y campesinos han sido excluidos de este tipo de iniciativas. Sus demandas han ido orientadas a una política de desarrollo integral, porque gran parte de campesinos son micro y pequeños productores, fundamentalmente de granos básicos y hortalizas. El movimiento LVC-H, asegura que no hay ningún programa agrícola privado o público que beneficie o vaya encaminado a beneficiar y fortalecer la pequeña y mediana agricultura, sea esta para mujeres, indígenas o campesinos. “Agrocrédito, es un fondo que dicen que el Estado impulsa para garantizar los créditos agrícolas, pero no está orientado a fortalecer el micro y pequeño agricultor. Agrocrédito, son créditos para el sector agroindustrial”, refutó Rafael Alegría.

LVC-H considera que Agrocrédito se creó pensando en los grandes productores. Es decir, los que tienen tierra en abundancia, maquinaria, asistencia técnica y que es a ellos a quienes el Estado les dice “sí, hay un fondo” y con esa seguridad lo colocan en la banca privada. “Eso da la dimensión de que no son préstamos de 10 mil o 15 mil lempiras para una manzana, ni de 100 mil para cinco manzanas. Está encaminado a fortalecer a los grandes y sustituir a los pequeños y medianos agricultores”, adicionó.

Desde esta perspectiva y bajo el modelo neoliberal, ese crédito asegura que no contribuye en nada a la economía del país, porque a mujeres, campesinos e indígenas, los excluye. “Es una burla total, peor ahora que en pandemia el Estado se ha declarado en quiebra”, critica Alegría.

Medianos productores también son excluidos

Pero, para mostrar que los medianos productores también son excluidos está el testimonio de un maestro de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, quien pidió al CESPAD, no develar su identidad. Su relato sorprende, porque afirma que ni para los medianos está dirigido Agrocrédito. “Puedo dar fe que esos préstamos no son ni para los medianos agricultores; sólo es para los grandes. Fui con un proyecto de 300 mil lempiras, lleve un plan de inversión, presupuesto, garantías y me dijeron que era muy pequeño, que no calificaba porque para que sea rentable el monto deben andar de los 10 millones hacia arriba”, narró el docente al ser consultado.

Los campesinos y agricultores consideran que para la Banca ellos no son rentables, sus pequeños proyectos no cuentan. “Dicen que hay mucho esfuerzo, mucha mano de obra y que no es rentable”,agregó Alegría.

Un fondo amarrado a requisitos

Con la expresión popular “se están pidiendo peras al olmo”, comenzó graficado el problema de los pequeños agricultores y campesinos hondureños con Agrocrédito, Rodulio Perdomo, economista de profesión, expresa, “No es que los bancos sean malos, sino que a los bancos les impiden tomar riesgos y esto deja por fuera a los agricultores, campesinos, indígenas y mujeres. Aquellos cafetaleros que son grandes, que tienen contabilidad, dominio pleno de posesiones y puedan presentar estados financieros, son los sujetos de crédito”, dijo.

El problema es mayúsculo, dice Perdomo, porque el poco crédito del sector privado solo es para los grandes productores de café, caña, palma, camarón y cítricos. “Los demás debieran ser atendidos por la Banca de Desarrollo Estatal, pero esa banca estatal está quebrada desde hace 20 años y en sustitución sería BANHPROVI”, dijo.

BANHPROVI dice que, hasta la fecha, desde que se lanzó, en febrero de este año, el Programa Agrocrédito 8.7, ha desembolsado 1,266.8 millones de lempiras, con los que se ha capacitado a más de dos mil funcionarios de los intermediarios financieros y que ha brindado atención directa a más de mil gestiones de consultas de instituciones y clientes en 16 departamentos de Honduras.

Desde que se lanzó Agrocrédito, se esperaba una reactivación económica. Los sectores se quejaban de que no tenían dinero y que los intereses eran altos y con el 8.7%, Rodulio Perdomo considera que, en un país como Honduras, debería servir para atender a los más pequeños. “De esos 8.7%, son dos bancos, los más grandes, los que tomaron dos mil millones de lempiras, y de ese dinero le tocaron 28 millones a la Cooperativa Elga; hablamos que prácticamente fue menos del uno por ciento”, dice.

La estrategia que en los últimos dos años ha desarrollado BANHPROVI, dice que es para incorporar nuevos intermediarios financieros y así atender el agro, entre ellos las Cajas Rurales, Cooperativas de producción, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Casas Comerciales que distribuyen el esquema.

Pero en la realidad, pese al acceso o cercanía que tengan para tramitar los préstamos, los productores y campesinos aseguran que para ser sujetos de crédito de los fondos de Agrocrédito, deben estar fuera de la central de riesgo porque, pese a que el Gobierno dice que va a generar un fondo de garantías, quienes no las tengan, no accederán, porque el Estado solo dará un 50, 70 u 80% de garantías y el resto lo tendrán que poner los que quieran tomar el crédito. “El fondo de garantía está amarrado a los requisitos que se dan desde Suiza a Honduras, en otras palabras, para acceder a los fondos de garantía, no hay que estar en central de riesgos”, dijo Perdomo.

Las autoridades de BANHPROVI, por su parte,  explicaron que tienen un componente que busca que el productor o productora acceda a una garantía que les permita con ello obtener financiamiento. “Con el Fondo de Garantía complementaria se puede cubrir hasta un 70% del monto solicitado. No solo se trata de que tengan o no garantías, sino también un plan de negocios sustentable en el tiempo. El acceso al crédito debe ser acompañado por un proceso de activación de cadenas de valor, lo cual garantiza que agregamos valor a la producción y con ello lograr un justo precio y calidad del producto”, explicó Mayra Falck,  Presidenta Ejecutiva de BANHPROVI.

La realidad

BANHPROVI informó que intermedian recursos a los productores del agro; que tienen períodos de gracia, plazos y tasas a la medida del sector. “El programa financiero Agrocrédito 8.7 busca transformar el agro, lograr elevar no solamente la producción, sino también la productividad, por medio de sistemas que permiten dar sostenibilidad a los sistemas productivos y varias cosechas por año, haciendo que su adaptación al cambio climático sea real”, explicó la Presidenta de BANHPROVI.

Hasta el 17 de septiembre, BANHPROVI informó que se han desembolsado 1,266.0 millones de lempiras y que han sido distribuidos en más de 20 líneas de crédito por un monto de 600 millones de lempiras, que han dado más de dos mil redescuentos normales, que la cobertura se ha generado en 16 departamentos y que se ha dado atención a mujeres y hombres productores.

“Se busca atender toda la cadena de valor dentro de la cual se encuentran los exportadores. Quienes han demandado mayor cantidad de créditos son productores que solicitan préstamos para rubros tales como: sistemas de riego, café, renovación de fincas y valor agregado, maquinaria agrícola, arroz, maíz, ganadería de leche y engorde, palma africana y hortalizas”, dijo Falck.

BANHPROVI pone de ejemplo una Cooperativa de Ahorro y Crédito que, en el Occidente del país, en dos líneas de crédito del Programa Agrocrédito 8.7, logró financiar cerca de mil productores/afiliados a la cooperativa con créditos que van desde 16 mil hasta cinco millones de lempiras, con los que aseguran, apoyaron a la mujer productora y a los jóvenes productores. Y también mencionaron otro ejemplo, el de la cooperativa Montaña Verde en Santa Bárbara, donde financiaron a un grupo que produce café orgánico que aglutina a 157 afiliados y que exportan café a Europa y Canadá.

En conclusión, Banhprovi aseguró al CESPAD que se han realizado más de 300 operaciones de financiamiento entre líneas de crédito y redescuentos normales que beneficiaron a más de tres mil proyectos o iniciativas, en 16 departamentos de Honduras. Esto permitió la generación de empleo y se estima que cada operación oscila entre 4 a 10 empleos directos y 10 a 15 empleos indirectos.

Asistencia Técnica

La asistencia técnica es uno de los pilares del programa, explicó BANHPROVI. “De preferencia los proyectos financiados bajo este producto financiero deberán ser acompañados de su respectiva asistencia técnica. Para esto se podrá incluir en el plan de inversión o presupuesto el monto de la asistencia técnica que se requiera”.

Pero en la realidad, los pequeños, los excluidos de siempre, no tienen fondos para el pago de una asistencia técnica y por eso la banca estatal, el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), era clave en estos créditos, sostiene Rodulio Perdomo. “En buen cristiano si no hay una banca estatal de desarrollo que trabaje con economistas agrícolas, que den asistencia a los pequeños productores no funciona. Prácticamente no hay banca estatal en el país y la que hay, no tiene dinero ni tiene extensionistas”.

Valoraciones finales

Agrocrédito 8.7, se creó con la tesis de transformar el agro, aportar al crecimiento de la producción para fortalecer el esquema de seguridad alimentaria y nutricional y también para incluir a los sectores más pobres por medio de cajas rurales, cooperativas de producción y de ahorro y crédito. Pero los sectores campesinos hoy dicen que el programa no es accesible ni para mujeres, ni indígenas, ni campesinos, ni pequeños productores.

Mientras los grupos de mujeres de CODIMCA reclaman que no fueron incluidas, que para ellas no hay créditos, también los grupos de la CNTC, aseguran que, pese a que cumplieron los requisitos, la falta de garantías los excluyó y los campesinos de LVC-H, piensan que el programa fue pensado en la Agroindustria.

“La comida que se comen los hondureños no la hacen las grandes agroindustrias, la hacen los pequeños agricultores. Están poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población, acrecentando mayores índices de pobreza, migración de mujeres rurales y la desnutrición en la niñez porque no vamos a ser capaz de generar ingresos y comprar alimentos, lo que nos puede salvar de la crisis es un comercio local comunitario”, dijo Wendy Cruz, dirigente campesina.

“Es más la propaganda y la campaña. Esto está dirigido para grandes, para las mujeres que hacemos la milpa con tierra prestadas y alquiladas, no hay dinero. Hay una brecha; Agrocrédito no es viable”, concluyó diciendo Yasmín López.

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