Escrito por Mirna Flores, investigadora del CESPAD
14 de octubre, 2020
En los regímenes democráticos las instituciones policiales son las encargadas de mantener el orden y la seguridad pública en el marco del Estado de Derecho y garantizando la protección de los derechos humanos. Por lo que no debería existir conflicto entre los derechos humanos y labor policial cuando se asume que los derechos humanos son la columna vertebral de la función policial. En las democracias, las fuerzas de seguridad no eluden su responsabilidad ante las denuncias y hechos de violaciones a los derechos humanos, los enfrenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El régimen actual, ha decidido mantener el orden y la estabilidad con control y represión, al margen de la protección de los derechos humanos, fortaleciendo la remilitarización de la policía con la creación de una Policía Militar de Orden Público, dejando la conducción de la Secretaria de Seguridad en manos de militares y fortaleciendo un modelo de seguridad antidemocrático que se sostiene bajo el paradigma militar sobre la seguridad.
Ese modelo antidemocrático, que reproduce un patrón proclive a las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad ha quedado confirmado en los dos informes elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras que plantean la situación de los derechos humanos en el contexto del proceso electoral de 2017.
La OACNUDH, en su informe sobre la observación a las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto pos electoral de 2017, denominado ¨Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras¨ [1] constata la existencia de un patrón de actuación de las fuerzas de seguridad que desemboca en violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los ciudadanos. Establece además que, en el marco del proceso electoral de 2017, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar las protestas y que al menos 16 personas murieron como consecuencia del uso de la fuerza letal en violación a los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad, de manera que las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Militar de Orden Público no cumplen con el principio de precaución en el uso de la fuerza. También señala que al menos 23 personas murieron en el contexto de las protestas, la mayoría relacionadas con el papel de la Policía Militar de Orden Público y/o el ejército. Y agrega que la Policía Nacional no ha brindado información sobre investigaciones abiertas en relación con lesiones sufridas por los manifestantes o transeúntes.
En enero de 2020, nuevamente la OACNUDH en su informe ¨ Responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos¨ [2] deja planteado el estado de impunidad en que se encuentran las acciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el contexto del proceso el electoral 2017. El informe sostiene que la mayoría de las investigaciones graves de derechos humanos incluidas las ejecuciones sumarias o e extrajudiciales, torturas o desaparición forzada continúan bajo investigación y no han dado como resultado la responsabilidad judicial de los autores y la aplicación de justicia para las víctimas. También establece que, en muchos más casos de violaciones al derecho a la integridad física o la libertad contra la tortura y los malos tratos, el Ministerio Público no ha tomado ninguna medida y no se ha abierto ninguna investigación.
La OACNUDH insta al gobierno a abstenerse de desplegar las Fuerzas Armadas y la Policía Militar de Orden Público en las protestas y manifestaciones; así como a no recurrir a la intervención militar en tareas de orden público; acelerar la reforma de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad; mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos; y, promover la transparencia y rendición de cuentas de los sectores de la defensa y la seguridad mediante la reforma de la ley de clasificación de la información pública sobre cuestiones de seguridad y defensa.
La Coalición contra la Impunidad (CCI) que aglutina a las organizaciones de derechos humanos, respalda los informes de la OACNUDH. En el boletín no. 7 que aborda el escenario pos electoral[3], afirma el reclamo ante la violación de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad. A la vez que identifica patrones de comportamiento de los cuerpos de seguridad en el escenario de la crisis, entre estos: disparos a bala viva como regla general en todas las represiones efectuadas; lanzamiento de gases lacrimógenas dentro de las casas de habitación como práctica repetida; allanamientos ilegales en casas y negocios de personas vinculadas a la movilización ciudadana con el propósito de intimidar o realizar detenciones ilegales; aplicación de castigos y humillaciones públicas contra los manifestantes; empleo de instrumentos policiales y militares no autorizados (especie de toletes más grandes, cadenas con ganchos, armas de electrochoques, etc.); empleo de vehículos particulares para la vigilancia, persecución y hostigamiento de los y las personas manifestantes; agentes de seguridad con identificación oculta y/o sin identificación.
El informe en referencia concluye afirmando que la movilización social y las manifestaciones pacíficas han sido gravemente reprimidas, incluso con fuerza letal o bala viva disparada al cuerpo de los manifestantes. El saldo de muertes violentas en estos hechos afecta a 33 personas manifestantes y 3 agentes policiales, sumando decenas de heridos, centenares de detenidos y más de 100 personas judicializadas o criminalizadas. Los autores materiales que ejecutaron estas graves violaciones a derechos humanos, han sido la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y Dirección Policial de Investigación.
La desmilitarización y el cambio del modelo policial militar, dos tareas urgentes
Es importante enfatizar que estos patrones de actuación de las fuerzas de seguridad se producen en el contexto sociopolítico actual donde se ha fortalecido la militarización y un proceso de depuración policial que no ha podido responder a los problemas de la poca confianza ciudadana en la Policía Nacional ante los altos niveles de corrupción, penetración del narcotráfico, abusos policiales para enfrentar la conflictividad social e impunidad.
El informe 2020 de la OACNUDH, deja establecido que es urgente proceder a la desmilitarización de la seguridad pública e impulsar la reforma de la Policía Nacional. Sin desmilitarización y sin reforma policial no se puede constituir una fuerza policial democrática que realice su función en el marco del Estado de Derecho y con apego al respeto de los derechos humanos.
La posición de la OACNUH ha sido respaldada por las organizaciones de derechos humanos quienes han sostenido una posición crítica hacia un proceso de depuración policial debido a los altos niveles de impunidad policial y militar y a falta de investigación y judicialización de los casos de miembros de las fuerzas de seguridad que han incurrido en abusos a los derechos humanos.
La percepción de la corrupción y la persistencia de abusos policiales con el uso excesivo de la fuerza son los dos problemas estructurales que tienen que enfrentar las fuerzas policiales cuando con voluntad política se proceda a cambiar el modelo militarizado por un modelo democrático de gestión de la seguridad pública.
Desde la perspectiva de muchas organizaciones de los derechos humanos y de la sociedad civil, la depuración policial no solo ha sido limitada e insuficiente; ha respondido más al interés del régimen actual de cambiar la imagen de una policía altamente violenta y corrupta, sin proceder a hacer transformaciones profundas al modelo policial militar reactivo, jerárquico, proclive a mantener los patrones de abuso a los derechos humanos.
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[1] OACNUD. 2018. Informe ¨Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras. Recuperado de: file:///C:/Users/DELL/Desktop/INFORMETEM%C3%81TICO2017Enero2020.pdfhttps://www.ohchr.org/Documents/Countries/HN/2017ReportElectionsHRViolations_Honduras_SP.pdf
[2] OACNUD.2020. Informe: Responsabilidad por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos¨. Recuperado de: file:///C:/Users/DELL/Desktop/INFORMETEM%C3%81TICO2017Enero2020.pdf
[3]Coalición contra la Impunidad. 2017. Escenario post electoral, 2017. Edición No. 18 de diciembre de 2017. Recuperado de: https://assets.documentcloud.org/documents/4367540/Informe-Monitoreo-De-Violaciones-a-DDHH-en.pdf
