El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el Segundo Informe de Monitoreo a la Gestión Pública en el marco de la pandemia del Covid19, intitulado “¿Sobre quiénes recaen los casos del impacto de la pandemia del Covid19 en el sector de la maquila? El documento hace una radiografía y un análisis de la situación y las condiciones en las que miles de empleados y empleadas de la industria de la maquila enfrentan la pandemia, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿ha desarrollado el Estado hondureño una gestión eficiente y equitativa para minimizar los daños de la pandemia y evitar que los efectos favorezcan a la parte empresarial sobre obreras(os) maquileras? ¿La acción estatal y las decisiones de los empresarios de las industrias maquiladoras y de la Asociación de Maquiladoras de Honduras (AMH), han protegido los derechos humanos y laborales de las trabajadoras(es) de la maquila?
Cómo ha gestionado el Gobierno el impacto del COVID 19 en la actividad maquilera en Honduras
Desde el pasado 13 de marzo, el Gobierno de Honduras anunció la emisión de un conjunto de medidas destinadas a proteger el empleo y la actividad productiva, algunas de las cuales involucraban directa o indirectamente a las industrias maquileras. El informe contrapone las acciones y decisiones gubernamentales, para no paralizar o reiniciar la actividad productiva en este sector, con la valoración de las y los empleados de la maquila, y de las organizaciones sindicales y de defensoría de derechos laborales del rubro.
En el documento se señala que desde el inicio de la pandemia, las empresas maquiladoras pujaron intensamente para que sus actividades productivas no se detuvieran, a pesar de las obligadas exigencias de confinamiento. Sin embargo, en esa reapertura, las medidas de bioseguridad han sido el “talón de Aquiles” en el tema. Aunque las empresas aseguran que se han adoptado las medidas pertinentes para evitar el avance de la pandemia del coronavirus, los dirigentes sindicales y representantes de los operarios han denunciado que las estadísticas sobre contagios en el rubro se ocultan y que, por otro lado, hay una serie de derechos humanos y laborales violentados. Se denuncia, para el caso, que pese a los contagios, muchos empleados solo son despachados y en el interior de las maquilas no se realizan cercos epidemiológicos y “al día siguiente, otro operario ocupa su silla de trabajo sin, aparentemente, ser desinfectado antes”.
El texto rescata que esta situación ha originado resistencias por parte de las y los trabajadores, algunas de las que terminaron en protestas o paros, ya que se negaron a acatar el toque de queda y presentarse a trabajar sin equipos de protección individual o medidas de distancia social. En ese contexto, también denuncian, la insuficiente supervisión de las condiciones y el respeto de los derechos de las y los empleados, por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STSS).
Para la elaboración del documento se tomó también en consideración la valoración que sobre este problema han hecho entidades como el Colegio Médico de Honduras (CMH), la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y la Dirección del Seguro Social del norte del país. Estos entes encendieron, en algún momento de la reapertura de este rubro, un estallido de reclamos que pedían el cierre de la producción maquilera, porque era el sector en el cual se concentraba la mayoría de los contagios, pese a datos publicados por entidades estatales como la Región Departamental de Salud, mediante los que se afirmaba que los operarios de las maquilas eran el segundo sector que más casos de COVID-19 presentaban en Cortés, solo por debajo de las amas de casa.
El informe también recoge los contrapuntos alrededor de entes como el Equipo de Monitoreo Independiente Laboral (EMI), organización que trabaja a favor de la defensa de derechos laborales de las obreras y obreros de la maquila, que ha evidenciado situaciones de “amontonamiento” de los y las trabajadoras, sin los protocolos de bioseguridad, al momento de abordar los buses contratados por las empresas. Mientras, por otro lado, la versión de la Comisión de Auditoría de la STSS, la que informó haber supervisado el 60 por ciento de empresas maquiladoras, asegurando que daban cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, incluyendo la revisión de los medios de transporte.
Aunque los temas alrededor de la reapertura y operación de la maquila en Honduras se siguen discutiendo y la representación del sector obrero se apresta a presentar una propuesta integral sobre estos asuntos, el documento concluye, entre otros aspectos, que en el manejo de la pandemia en el rubro de la maquila carece de una estrategia integral en el abordaje de la seguridad laboral, que se aplique tanto dentro como fuera de la empresa, considerando, sobre todo, que miles de trabajadores se movilizan en el servicio del transporte público, espacios que no están siendo controlados y facilitan contagios que posteriormente pueden expandirse hacia el interior de las maquilas.
El documento ahonda en muchos otros aspectos del problema social y plantea una serie de recomendaciones tendientes a abonar en el respeto de los derechos humanos y laborales de los miles de empleados y empleadas del rubro, al igual que a evitar la propagación del virus en el país. Este segundo informe es una publicación que forma parte del proyecto: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y OXFAM.
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