Por: Alessandra Bueso
Periodista del CESPAD
No hay sustento legal y claro que justifique por qué soldados y policías custodian y vigilan las 24 horas, los 365 días del año, los proyectos mineros e hidroeléctricos en Honduras. Pero, desde el año 2010 a la fecha, la presencia policial y militar, custodiando proyectos privados se ha acrecentado, generando intimidación, hostigamiento y represión en contra de líderes y lideresas de las comunidades que se oponen a la arbitraria instalación. Pero, ¿por qué los militares y policías se han convertido en guardias de seguridad de los proyectos extractivos?
¿Qué dicen las leyes?
El analista político hondureño, Raúl Pineda dice que no hay sustento legal y claro del accionar de los militares y policías. Su argumento se fundamenta, agrega, en el artículo 272 de la Constitución de la República que reza: “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”.
Es al amparo de ese párrafo que elementos militares y policiales no solo justifican su presencia en los proyectos privados, sino también los ataques con armas letales y detenciones que se registran y que se han acentuado desde el año 2010. Pero Pineda insiste en decir que no existe ninguna ley que autorice a las Fuerzas Militares o Policiales a realizar ese tipo de seguridad. “Ellos se cubren con la atribución de que cooperan en actividades que tienen que ver con el desarrollo del país. El problema es que parte de la fuerza policial y militar se ha visto privatizada; los destinatarios de esos servicios les pagan por participar en esto”, afirma.
Aunque las funciones de las Fuerzas Armadas están definidas para la preservación de la soberanía y el orden público, no hay una normativa que autorice que sus actuaciones brinden seguridad a las empresas privadas. Lo que ocurre en el país, abunda Pineda, es que generalmente son disposiciones que se toman a nivel interno de la misma institución, justificando el valor estratégico que tienen para el país, como por ejemplo las transnacionales bananeras, mineras, y es cuando aducen la necesidad de estar en estas zonas para evitar que haya armas en manos de civiles”.
Pineda continúa diciendo que los militares crean destacamentos especiales que, bajo el uniforme, hacen labor de seguridad privada. Rememora que hace algunos años la Policía tenía una Unidad de Servicios Especiales para brindar seguridad a instituciones bancarias, a empresas mineras como El Mochito en Santa Bárbara, al igual que a las empresas hidroeléctricas a las que cuidan para que generen energía. “Xatruch”, cita como ejemplo, es una fuerza de tarea especial para combate de drogas y el bosque que se instaló en la región del Aguán (Departamento de Colón), pero no tienen que ver con actividad de provecho privado, sin embargo, en algún momento los militares han servido para cuidar los cultivos de palma”, agregó.
Que sea legítimo o no, eso no está claro. Pero según expertos, es imposible asegurar que tanto militares y Policías desarrollen una labor enmarcada en la ley porque lo que hacen es realizar labores de seguridad de bienes jurídicos de empresas privadas y a la vez atacan a la población indefensa que lucha por proteger su patrimonio.
Pero, ¿cómo surgen y cómo se ejecutan las órdenes?
Un alto oficial del Ejército hondureño, quien por seguridad personal solicitó al equipo del CESPAD obviar su nombre, dice que las órdenes para que el personal militar y policial resguarde proyectos privados, se emiten sobre la premisa de mantener la seguridad, “y vienen del más alto nivel”.
De hecho, afirma que es desde la Presidencia de la República o desde el Consejo de Defensa y Seguridad que se ordena el resguardo de los proyectos extractivos y de otra índole. Un primer paso es el envío de una nota a través de la que se justifica que es “en aras de proteger la inversión extranjera”. Luego, se designan equipos con cierta cantidad de hombres “y se mandan a la misión”. La empresa corre con los gastos de alimentación del personal, pero pagan mucho más por el servicio. Sin embargo, “lo que le llega al personal solo es la alimentación y alguna logística como tiendas de campaña, camas, combustible”, sostiene el entrevistado.
“Los policías y militares van y no saben ni en qué andan”
De acuerdo con la fuente consultada, la mayor parte del tiempo, los elementos policiales y militares no tienen noción alguna de por qué resguardan un proyecto privado. “Mandan un oficial y muchas veces ni los jefes departamentales o de Brigada saben. Incluso, en el caso de la Policía, hasta el mismo Director Nacional de la policía lo ignora. Es al más alto nivel; no todo mundo puede tener acceso a ese tipo de servicios”, explicó.
El 2017, refiere el oficial, la crisis post electoral, con la relección ilegal y arbitraria de Juan Orlando Hernández, fue el detonante para que la Policía dejara de observar los procedimientos que se establecen en el Manual de Uso de la Fuerza, que regula la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.
Los Policías han obviado estos procedimientos y las Fuerzas Armadas nunca los han aplicado, afirma. Porque les ordenan que “de un solo tiren gas”. Al final, agrega, “tanto Policías como Militares se vuelven víctimas porque o se adaptan al sistema o son desechados, sino cumplen la orden para cometer arbitrariedades”. Es una estrategia política tácita en la que se inobservan los procedimientos y el que se opone es marginado, señalado, acosado o despedido.
Esta versión también la confirma el excapitán Santos Rodríguez Orellana, quien explica que todo lo que ocurre es por autorización del Presidente de la República. “No hay ley, nada es legal. Cuando estuve en las Fuerzas Armadas, el Presidente enviaba nota al Ministro de Defensa y este al Jefe del Estado Mayor Conjunto, luego la remitía al Comandante del Ejército y la giraba a la Unidad de Brigada para instruir la Seguridad en determinadas áreas, fueran estas empresas de palma, mineras o hidroeléctricas”, afirma Orellana.
Pero el ex militar agrega, Incluso, que el 21 Batallón de Policía Militar del Orden Público (PMOP), se dedica, exclusivamente, a brindar seguridad a muchas empresas privadas. “Sólo en San Pedro Sula se tenían asignados a más de 200 soldados de Fuerzas Especiales dando seguridad a empresarios. No es a cualquier persona y todo bajo una orden del Presidente y había que cumplirse”, sostiene.
El apoyo del gobierno de Honduras a las empresas extractivas
En el encuentro Internacional “Berta Cáceres Vive”, que se realizó en el mes de abril del 2016, Tomás Gómez, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), explicó cómo las fuerzas, tanto militares como policías, se habían convertido en empleados de las empresas. “La empresa ha exigido al Estado que dote de equipo técnico y logístico a la Policía y el Ejército porque ahí se ve donde tienen toda la logística, tienen suficientes carros para poderse movilizar y cuidar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Cada uno de los militares y policías les dan mil lempiras por cada día, aparte de darles la comida. La Policía Nacional, Policía Militar y Ejército se convierten en empleados de la empresa. Se ve como la policía y los sicarios, impunemente pueden actuar frente a ellos y no hay decisión de quitarle nada. Vemos que en este país, los poderes los tiene el poder económico y político, o sea la empresa privada y los políticos que son títeres”, dijo en el evento el líder indígena. Esto ocurrió un mes antes del asesinato de Berta Cáceres.
Y es que el pueblo Lenca de Río Blanco y la lucha por evitar la instalación de la empresa hidroeléctrica Agua Zarca, de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue el caso que evidenció con mucha claridad la utilización tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía, como apoyo del Estado y Gobierno de Honduras en la imposición de los proyectos extractivos, los que sin debidos procesos de consulta entre las comunidades, se han promovido en el país desde el año 1992.
Edy Tábora, miembro del “Gabinete de justicia para los Pueblos” dice que las Fuerzas Armadas se han utilizado para dos propósitos relacionados con el tema de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y la resistencia de las comunidades frente a la imposición de los proyectos extractivos. “Por un lado, vemos cómo los militares disuelven las protestas sociales o atacan los campamentos que instalan las comunidades para hacer la resistencia pacífica a la imposición de esos proyectos”, Cita como ejemplo el ataque, en enero del 2018, contra el campamento de la comunidad Reitoca, sur de Francisco Morazán. Asimismo, los ataques contra el campamento por El Agua y por la Vida de Guapinol, zona en dónde las comunidades de Tocoa tienen varios años luchando contra la instalación de la empresa minera Inversiones Los Pinares, porque ese proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. En esa zona, para el desalojo, se han utilizado militares en diversos desalojos.
Pero, paralelo a los ataques, este abogado defensor de derechos humanos dice que los grupos militares desarrollan campañas de hostigamiento contra los líderes de las comunidades. “Esos militares visitan las comunidades sin razón, van encapuchados con armas de guerra para intimidarlos y luego los vemos prestando seguridad a las empresas, a las oficinas, en total despropósito de que eso intimida a los manifestantes. Eso lo estamos viendo en distintos lugares del país donde hay oposición a los proyectos extractivos”, adicionó.
Los abusos hacia la comunidad de Reitoca
Ramón Andoni recuerda como si fuera ayer, que el 26 de enero del 2019 se encontraba en la aldea Agua Caliente, Reitoca, Francisco Morazán. Varios elementos policiales llegaron al lugar e intentaron llevárselo por la fuerza. Andoni se resistió y como pudo avisó a la comunidad, la que evitó que lo secuestraran. Este líder ambiental se encontraba junto a otras personas, intentando detener una volqueta que iba hacia el plantel del proyecto hidroeléctrico Petacón, que la empresa PROGELSA ha ido construyendo sobre el único río que abastece de agua a las comunidades del municipio de Reitoca.
“Solo queríamos que se retiraran y la Policía los escoltó. La volqueta se arruinó porque la llanta se ponchó. Como éramos solo cuatro, nos encañonaron y nos tomaron por la fuerza. No me golpearon, solo me dieron una pechada, pero no me dominaron”, rememora Andoni, quien finalmente corrió con mejor suerte que dos de sus acompañantes a quienes la policía se llevó.
Andoni dice que no tienen un ente del Estado que les dé protección y que los entes policiales y militares deben entender que sólo están defendiendo sus recursos naturales. “Nos han disparado y gracias a Dios no nos han matado gente”, cuestiona, ya que aunque ha habido enfrentamientos entre esta comunidad y los elementos policiales, el saldo que ha resultado es el de dos habitantes de Reitoca, uno con una bala incrustada en el pie, y otra mujer con una bala en su rodilla.
En la actualidad, la comunidad de Reitoca sigue en pie en lucha porque la empresa no cede y avanza en la construcción de la represa. “Si volvemos a la normalidad, después de la pandemia, la lucha seguirá porque no vamos a permitir que nos destruyan. Por ahora hay personal privado cuidando. La Policía hace roles pero no están permanentes”, dicen este líder de Reitoca, quien afirma que continuará hasta que la empresa hidroeléctrica no se instale y acabe con los pocos recursos naturales que quedan en la zona.
Pinares y la ayuda militar
La situación que enfrenta Reitoca, también la enfrentan varias comunidades del sector Guapinol, en la zona Atlántica. Esas comunidades han sido testigos fieles de los atropellos y abusos cometidos por las fuerzas militares del Estado. En esta zona se han librado las grandes batallas en materia agraria y ahora se libran para no permitir la operación de la empresa minera Los Pinares la que, de acuerdo con serias denuncias, lleva varios años hostigando y persiguiendo a los pobladores.
Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa lo sabe y de tantas batallas libradas dice que hasta perdió la noción de las veces que se han enfrentado con las autoridades, las veces que los han sacado de sus casas y las veces que los han detenido por defender sus recursos naturales. “He perdido un poco la noción de la cantidad de incidentes registrados en los últimos dos años y medio. Ha sido una embestida policial y militar, sobre las comunidades y poblaciones”, comenta.
Tanto López como el resto de la comunidad dicen que es un claro mensaje de la permanente protección que tienen las grandes empresas por parte del Estado en el Aguán, una zona controlada por las estructuras militares y de investigación. “Esa lógica de parcialidad del Estado a través de sus unidades armadas, realmente no nos sorprende pero llama la atención porque es una práctica que se hace cultura, dentro del funcionamiento del Estado”, agrega.
Los pobladores consideran que es la violencia el arma que tiene el Estado para desarticularlos. Una violencia que aseguran, empieza silenciosa para darle la fachada de una acción legal, pero que al final está cargada de la tradicional corrupción e interpretación maliciosa de la ley, la que se construye y dirige para proteger a los grandes sectores empresariales y de Gobierno.
“Sólo buscan favorecer a los terratenientes, a los grandes empresarios dándoles las propiedades, territorios, las concesiones para montar sus grandes empresas. Entonces, esto permite que se dé paso a que las empresas impongan la violencia en los territorios. Es imposible que una empresa de esta naturaleza funcione con normalidad o con respeto. Esas empresas lo que hacen es robarnos la paz, dividir las comunidades, perder la conciencia por los recursos y dejarnos sin nada”, reflexiona este líder.
en el sector Guapinol, Tocoa Colón.
La comunidad de Guapinol sabe que la lucha por la defensa de la Montaña de Botaderos, donde se localizan 34 microcuencas que abastecen los sistemas de agua potable de los municipios de Tocoa, Sabá, Bonito Oriental en Colón, Gualaco y San Esteban en Olancho, así como Olanchito en Yoro, es para evitar que unos 42 mil pobladores se vean afectados.
La acción de defensa de sus recursos naturales, le ha dejado a las comunidades el hostigamiento, la represión y el enjuiciamiento de unas 31 personas, entre hombres y mujeres, acusados de delitos como usurpación, daños, detentación de espacio público, asociación ilícita, incendio, entre otros. “Los compañeros presos están por la fuerza de la violencia ejercida en los Tribunales, fiscales y jueces que interpretan la normativa legal a favor de los grandes capitales”, acotó Juan López.
Los expertos coinciden en que la fuerte presencia de policías y de militares en zonas de conflictos socio-territoriales, es parte de la militarización que persiste en Honduras y que significa fuertes retrocesos democráticos y visos de la consolidación de un gobierno autoritario y dictatorial.
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